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Exige PRD a la Fiscalía la búsqueda exhaustiva de los siete jóvenes desaparecidos en Acapulco

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La dirigencia estatal del PRD exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE), en conferencia de prensa, una investigación exhaustiva y la presentación con vida de los jóvenes que desaparecieron el 1 de septiembre en Acapulco, uno de ellos Moisés Tomás Juárez Abarca, Coordinador Estatal de la Diversidad de ese partido.
En nombre de la dirigencia, el presidente del Comité Estatal, Alberto Catalán Bastida, criticó que la estrategia de seguridad de los gobiernos federal y estatal no está dando resultados y pidió que si los funcionarios del gabinete de seguridad del Gobierno estatal no pueden “que renuncien”.
Pidió que se agoten todas las líneas de investigación, pero acotó que por ahora “no podríamos hablar directamente de que es un hecho vinculado al ámbito político, porque los otros jóvenes que desaparecieron no tienen una vinculación directa con partidos políticos”.
Los otros jóvenes desaparecidos son: Brian Josué Vargas Hernández, también integrante de la comunidad LGBTIQ, así como Jesús Arroyo Venegas, Erik Calixto Chávez y Julio Pérez García. A los cinco y a otros dos jóvenes de los que no hay denuncia, se los llevaron civiles armados el 1 de septiembre del Centro de Rehabilitación Renovación Espiritual, ubicado en la colonia Vista Hermosa de Acapulco.
Sin embargo, el dirigente perredista opinó que a días de que se inicie el proceso electoral “es un mal augurio (la desaparición del perredista), y creo que la estrategia de seguridad sigue fracasando, aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, venga y diga que nos rayamos con el gobierno estatal que hoy tenemos. No, la verdad no se ve así”.
Catalán Bastida, encabezó la conferencia de prensa de los miembros de la dirigencia estatal en la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo, junto con la secretaria general Ivette Díaz Bahena, y el presidente del Consejo Estatal, Mario Ruiz Valencia.
Explicó que al conocer la primera versión de que fueron agentes de la Policía Ministerial los que se los llevaron, habló con el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, pero que el funcionario le dijo que no hay evidencias de ello y que por eso se inició la búsqueda.
Agregó que de acuerdo con la información que le dio el funcionario estatal, los testigos sólo comentan que se los llevaron en una camioneta con características similares a las de la Fiscalía, pero que no hay mayores elementos que indiquen que fueron ministeriales los que se los llevaron.
“Sabemos que esto es complicado y tardado, pero exigimos que se haga una búsqueda exhaustiva y que se agoten todas las líneas de investigación”.
En el posicionamiento por escrito que leyó el dirigente, se señala que en Guerrero hay un registro de 4 mil 150 personas desaparecidas, la mayoría en Acapulco con mil 142 casos.
Y reprochó: “Es imperdonable que la tranquilidad se encuentre vulnerada, por lo que condenamos la incapacidad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como del aparato gubernamental para brindar seguridad y bienestar a los guerrerenses”.
El comunicado subraya que es evidente que la estrategia de seguridad “es errada y fallida” y que no han sido capaces de resolver un solo caso.
“Guerrero se encuentra en un reprobable estado de indefensión y fragilidad, convirtiéndose en el estado en donde no pasa nada mientras el número de personas ultimadas o desaparecidas siguen en aumento”.
Ya en la etapa de preguntas y respuestas, añadió que por eso elevan la voz, “para que este (la desaparición de Moisés Tomás Juárez Abarca) no sea uno más de los expedientes que engrose las cajas del archivo muerto”.

“Si no pueden, que renuncien”

En la conferencia de prensa el único que habló fue Catalán Bastida, y a nombre de la dirigencia exigió que, “por el bien de nuestro estado, si no pueden (los funcionarios) que renuncien. Basta ya de simulaciones”.
A pregunta expresa de qué funcionarios debían renunciar, dijo que por lo pronto el Secretario de Seguridad Evelio Méndez Gómez y la Fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Argumentó que la violencia “es un asunto que está costando vidas, y todos los días, desgraciadamente, hay noticias que lamentar de desaparecidos y de personas que mueren en distintas partes del estado”.
Agregó que la violencia se ha recrudecido y ha afectado a todos en general, “se da en todos los espacios, no solamente en los círculos políticos, también en los espacios privados y de figuras que se dedican a actividades económicas”.
Indicó que las cifras de las víctimas de la violencia siguen aumentando en todos los sectores, y que por ello no podrían señalar directamente de que el caso de la desaparición de su compañero es un hecho vinculado al ámbito político, porque los otros cinco jóvenes que desaparecieron con él no tienen una vinculación directa con algún partido político.
Explicó que Moy, como conocían al coordinador de Diversidad de la dirigencia estatal del PRD, era un activista muy conocido en Acapulco, siempre firme en su apoyo a ese grupo vulnerable.
“Yo espero que la FGE investigue exhaustivamente, que nos dé resultados, que nos diga qué está pasando, en donde los tienen y que los presenten con vida”.
Catalán Bastida, destacó la labor “incansable” de Juárez Abarca, “líder y activista excepcional de la diversidad y quien ha defendido los derechos de la comunidad LGBTIQ en cada rincón del estado. Por eso lamentamos que no sepamos nada de él”.
Recordó que durante la visita a Acapulco de la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, “Moy, como siempre acostumbraba, llegó con las banderas que identifican a la comunidad LGBTIQ, lo que mereció una mención hacia él de la senadora por el apoyo que se estaba mostrando”.
“Es un personaje que hacía activismo a favor de la comunidad LGBTIQ pero también activismo político identificado con el PRD, por esta vinculación que tenemos con Moy alzamos la voz y exigimos a las autoridades que los presenten con vida”.
A pregunta expresa, dijo ya son varios casos de perredistas que han quedado en el escritorio, como el del alcalde de San Miguel Totolapan Conrado Mendoza Almeda y su padre el ex presidente municipal de ese mismo municipio, Juan Mendoza Acosta. Así como el ex regidor de Chilpancingo, Oscar Garibay Valdez y el ex secretario de la Juventud en la administración del alcalde Antonio Gaspar Beltrán, Iván Domínguez.
“Todos han quedado en el archivo muerto y, desgraciadamente, al menos a nosotros como partido político no nos han dado información”.
Reprochó que el martes pidieron una reunión con la Fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y les negaron la audiencia, quien los atendió fue el vice fiscal de investigación a quien le pidieron la localización no sólo de Moisés sino también de los otros jóvenes.
El presidente del PRD dijo a pregunta expresa que ven focos rojos con respecto a la violencia en las regiones de Tierra Caliente y Acapulco, así como en los municipios de Chichihualco y Juan R. Escudero, y agregó que a dos días de que inicie el proceso electoral el Gobierno del estado no les ha dado a las dirigencias de los partidos un mapa de riesgo.

Urge Aguirre aplicar el Código Rojo
en la búsqueda de jóvenes desaparecidos

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero demandó aplicar el Código rojo para localizar con vida del grupo de jóvenes desaparecidos, entre los que está el coordinador de la comunidad LGBTIQ del PRD en Guerrero, Moisés Tomás Juárez Abarca.
Este miércoles, mediante la red social X, antes Twitter, Aguirre Rivero difundió tres mensajes. En uno de ellos llamó a que la desaparición del grupo de siete jóvenes no “sea cobijado por la impunidad”.
“Como ex gobernador de mi estado hago un llamado a las autoridades del estado para que se aplique de inmediato el Código rojo”.
El viernes de la semana pasada, llegaron al Centro Rehabilitación Renovación Espiritual, ubicado en la Colonia Vista Hermosa hombres armados con emblemas de la Fiscalía General del Estado y se llevaron a Moisés Tomás Juárez, junto con Brian Josué Vargas Hernández, Jesús Arroyo Venegas, Erik Calixto Chávez, María Perla Guzmán, Andrés Gabriel Delgado y un menor de 15 años.
En los mensajes publicados por el ex gobernador se lee: “Con preocupación doy seguimiento a la desaparición de seis integrantes de la comunidad LGBTQ+ en Acapulco, uno de ellos Dany Moy, integrante de la dirección estatal del PRD y miembro de Izquierda Progresista Guerrerense. De manera firme y respetuosa hago un llamado a las autoridades ministeriales para que intensifiquen las investigaciones para rescatarlos con vida”.
“Es urgente que se tomen las medidas que sean necesarias hasta que aparezcan con vida nuestros compañeros integrantes de la comunidad LGBTQ+, quienes contribuían y participaban en el programa de rehabilitación Sembrando valores. Es perturbadora la versión de que en estos hechos pudieron haber participado presuntos integrantes de la Fiscalía General del Estado, por lo que es necesario que se ofrezca una explicación al respecto”.
“No permitamos que estos y otros hechos similares, sean cobijados por la impunidad y lastimen a las familias de Guerrero. Como ex gobernador de mi estado hago un llamado a las autoridades del estado para que se aplique de inmediato el Código rojo”. (Daniel Velázquez).

Deja un presunto delincuente muerto y dos policías federales heridos un enfrentamiento en Chilapa

Como resultado de un enfrentamiento entre la Policía Federal y presuntos integrantes del grupo de la delincuencia organizada Los Rojos, un delincuente murió, dos fueron detenidos y dos federale resultaron heridos, reportaron ayer fuentes policiacas.

El enfrentamiento fue reportado a la 1:15 de la tarde de ayer en el barrio de San Juan, cercano al de San José, sólo un día después de que arrancó la Operación Chilapa en la que participan 3 mil 500 militares y 200 miembros de otras corporaciones de seguridad.
De acuerdo con reportes policiacos, los presuntos delincuentes se replegaron en la pozolería El Grano de Oro, ubicada en el Andador 16 Sur.
Según la fuente policiaca, mientras sucedía el enfrentamiento las fuerzas federales tenían rodeado al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, señalado como responsable de las desapariciones de personas en el municipio, que logró escapar. El fiscal Xavier Olea Peláez dio a conocer que Zenén Nava estaba rodeado por fuerzas federales, en entrevista con el noticiero de Radio Fórmula Atando Cabos.
Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, policías federales se enfrentaron a balazos con hombres armados que estaban en una pozolería que se halla a cinco cuadras del Centro.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que, tras el enfrentamiento los policías federales solicitaron refuerzos al Ejército, Policía Estatal y Policía Ministerial.
Asimismo, los reportes indican que luego del enfrentamiento la Policía Federal detuvo a dos presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron un arma larga y dos pistolas, sin especificar el calibre; tampoco se informó de la identidad de los detenidos.
Dos policías federales resultaron lesionados, lo mismo que un delincuente que, según fuentes de la Policía Ministerial, fue trasladado al Hospital General de Chilapa, pero perdió la vida en el camino.
Soldados del Ejército y policías federales sitiaron la zona, desde la avenida Insurgentes y la calle 7 Oriente, hasta la avenida Municipio Libre y todas las cuadras del barrio de San José y la entrada al barrio de San Juan, donde sucedió la balacera.
De acuerdo con testimonios de vecinos, policías federales y soldados catearon varias casas, y por la tarde aprehendieron a otros dos presuntos integrantes de la célula delictiva, hecho no confirmado por las autoridades.
Un uniformado explicó que se declaró “código rojo” en todo el barrio, es decir zona de riesgo ante la posibilidad de que se registrara un nuevo enfrentamiento derivado de alguna reacción de la delincuencia organizada.
Hasta la noche de ayer, militares mantenían la zona cerrada a la circulación vehicular, mientras que policías federales patrullaban y detenía a automovilistas para revisarlos. Asimismo, en las entradas a la ciudad soldados instalaron filtros de revisión.
Horas después del hecho, y cuando la información circulaba en portales de internet y redes sociales, el gobierno municipal publicó un breve comunicado según el cual, los sucesos son parte de los “firmes resultados” de la Operación Chilapa, “a cargo del Ejército, Fuerzas Federales y Estatales, donde participan 3,500 soldados y 200 policías”.
A los vecinos que intentaban ingresar al barrio y que decían vivir en esa zona, los uniformados les explicaban que no podían impedirles el paso, pero su ingreso era “bajo su propio riesgo”.
Todos los negocios que rodean el barrio estaban cerrados y muy pocas personas caminaban en las calles, se trataba de quienes intentaban llegar a sus domicilios que se encuentran justamente en esa zona.
“La neta, carnal, yo sí escuché y vi muchas cosas, pero no te voy a decir nada porque no quiero que me pase algo malo, me vayan a matar”, expresó un comerciante que cuando vio la llegada de este reporteros de inmediato cerró su negocio.
Pese a que en el barrio de San José había una intensa movilización de las diferentes corporaciones de seguridad y que las calles estaban prácticamente vacías, en el centro de Chilapa todo trascurría con normalidad, pues los negocios estaban abiertos, había afluencia de vehículos particulares y del transporte público, y los vendedores ambulantes se mantenían en el Zócalo ofertando sus productos.
Ayer, hasta las 9:30 de la noche ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía General habían fijado una postura sobre lo acontecido en este municipio, tampoco se informó la identidad de los detenidos ni del presunto delincuente que perdió la vida.
En Chilapa, la organización Siempre Vivos tiene un registro de 57 personas desaparecidas entre 2014 y 2015, de las cuales, 16 ocurrieron del 9 al 14 de mayo del año pasado cuando unos 300 comisarios y civiles armados de comunidades del sur del municipio tomaron las calles de Chilapa para exigir que las autoridades detuvieran a Zenén Nava.
En el municipio también han ocurrido constantes ejecuciones que, de acuerdo con las autoridades, son el resultado de la disputa de la plaza entre Los Rojos y el grupo criminal Los Ardillos.
Dos días antes de esta balacera, y en la víspera del despliegue militar contra la delincuencia fue aprehendido Yovani Anastasio Parra El Chivo, identificado por autoridades federales como segundo al mando en la organización delictiva Los Rojos.