Lourdes Chávez
Chilpancingo
Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), comisarios de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, con abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tuvieron el primer acercamiento con autoridades del gobierno del estado, de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Electoral del Estado, en reuniones separadas.
Consultado vía telefónica, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suastegui, aclaró que con el anterior secretario General de gobierno, Marcial Ludwig Reynoso Núñez, nunca les contestó una llamada para atender las exigencias de este movimiento.
Aclaró que ayer no vieron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, como se anunció, pero en la sede del poder ejecutivo estatal fueron atendidos por la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y los titulares de Bienestar, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de Capaseg y Cicaeg.
“A las 11 de la mañana ya nos estaban esperando (en el ex Palacio de Gobierno), a 35 comuneros, representantes de 30 comunidades y cuatro abogados de Tlachinollan. El gobierno del estado ratificó su alianza con el Cecop, de que La Parota no va, que es un proyecto enterrado y que no le van a abonar más conflictos a Cacahuatepec, quieren un ejido sin más sangre derramada de los campesinos”.
Enfatizó que la posición estatal es que no quieren un Cecop perseguido ni amenazado, o reprimido por las instituciones, “a nosotros nos sorprendió mucho la instrucción de la gobernadora de llevar paz social, desarrollo y proyectos”.
En la Fiscalía, dijo que el fiscal, Zipacná Jesús Torres, y en el Tribunal Superior de Justicia, al presidente, Casarrubias Vázquez, ofrecieron revisar cada uno de los casos de los presos políticos y las órdenes de aprehensión contra vecinos de Cacahuatepec e integrantes del Cecop.
Destacó la asistencia de las comisarías de Salsipuedes, Las Cruces y San Pedro Cacahuatepec, de Los Hilamos, que participan en el Cecop, que ahora tiene autoridades constitucionales en su territorio.
Entre los compromisos del estado, indicó que Capaseg va a revisar el proyecto de agua que hizo la alcaldesa Abelina López Rodríguez, de Cacahuatepec a Barrio Nuevo.
Sagadegro se comprometió a gradualmente ir bajando el consumo de maíz transgénico, y los felicitó por la idea de no usar semillas transgénicas, y en esta ocasión enviarán semillas criollas para los productores. Asimismo, van a revisar la colocación de sistemas de riego a lo largo del río Papagayo.
Ofrecieron apoyar y asesorar la constitución de una cooperativa de los bienes comunales, para la producción de semillas.
Retomaron además el censo de las parcelas hecho por el Cecop para entregar los primeros apoyos el próximo viernes en Cacahuatepec, Huamuchitos y Apalani.
Indicó que se firmó una minuta de acuerdos para dar celeridad a los acuerdos, “nosotros pusimos en la mesa la exigencia, ellos el diálogo y los acuerdos. Es una buena señal, esperamos que ese diálogo no se rompa y los acuerdos se cumplan”.
Aclaró que los pueblos aceptaron la construcción de un puente propuesto por las autoridades, pero no donde propuso el Ayuntamiento en El Carrizo, sino frente al poblado de Cacahuatepec, en el paraje de El Fraile, y se harían los estudios técnicos pertinentes.
En materia de seguridad, dijo que acordaron que se respete a la Policía Comunitaria de los Bienes Comunales, y que el gobierno del estado respalde a los cuerpos comunitarios para no caer en la confrontación, como ocurriera en 2018, cuando murieron seis policías comunitarios a manos de policías estatales.
Destacó la autorización de la pavimentación de los caminos de terracería, los tramos Cortés-Barrio Nuevo, San Juan-Las Minas, Santuario-Apalani, hasta llegar a la cabecera de Cacahuatepec, exigencias del Cecop desde hace más de 10 años.
Calificó como un “éxito”, el encuentro con autoridades estatales, que expresaron tener las puertas abiertas para el Cecop, “es importante que el diálogo no se rompa, que se siga en esta dinámica de hablar con la verdad”.
Indicó que el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo, dijo que hará recorridos para revisar las viviendas devastadas en su totalidad por Otis, y que se va a ampliar el padrón de afectados que no habían sido considerados, “los que viven en la montañita alta de Cacahuatepec”.
En la Fiscalía General del Estado, indicó que hablaron de su preocupación porque la vez pasada quienes asesinaron a sus compañeros fueron policías ministeriales, y el gobierno estatal que envió a su Policía Estatal, donde hubo un enfrentamiento que terminó con la muerte de 11 comuneros de Cacahuatepec, encarcelación de 25 del Cecop e integración de más de 30 órdenes de aprehensión, el 7 de diciembre de 2018.
Se acordó acelerar el procedimiento para que los presos políticos del Cecop tengan un proceso adecuado. “No pedimos impunidad, pedimos justicia”.
Precisó que, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, ya habían hablado en un par de ocasiones.
Ayer, en las instalaciones del Poder Judicial, les dijo que se va a revisar caso por caso, para dar todas las garantías, especialmente en los casos de Maximino Solís Modesto y Rodrigo León Jacinto, acusados de delitos graves.
Aclaró que sienten esperanza, pero esperan poder encontrar a su hermano Vicente con vida y liberar pronto a sus compañeros y se castigue a los responsables del derramamiento de sangre en Cacahuatepec.