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Se investiga a la Policía Municipal por el linchamiento en Taxco, dice Gobernación

El director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, en entrevista en la sala de juntas de sus oficinas en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director de Gobernación estatal Francisco Rodríguez Cisneros, defendió la participación de la Policía Estatal en el linchamiento de una mujer en Taxco el Jueves Santo, pues dijo que actuó con base a los protocolos, y culpó a la Policía Municipal a la que, según el funcionario, ya está investigando la Fiscalía General del Estado (FGE).
Rodríguez Cisneros declaró que las autoridades estatales no fallaron, “hubo siempre presencia de personal operativo de la Policía del Estado, Policía Municipal y de la Guardia Nacional”, informó, a pesar de que en la conferencia de prensa del martes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guardia Nacional no llegó para evitar el linchamiento.
Entrevistado ayer en su oficina ubicada en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, a ocho días del secuestro y asesinato de Camila, y a siete del linchamiento de Ana Rosa y de la golpiza que recibieron sus hijos Axel y José Ricardo, el funcionario argumentó que “desafortunadamente intervinieron personas ajenas al entorno de la familia de Camila y fueron las que realizaron los actos violentos”.
“Ya la Fiscalía está tomando cartas en el asunto, los actos de investigación le corresponden a la Fiscalía, en el caso del Gobierno del estado hemos cumplido con la parte que nos corresponde; primero al atender desde el primer momento a la familia de la niña secuestrada, desde que se tiene el reporte al 911, con el personal operativo se cubrieron los protocolos y ahora se está haciendo a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), se está dando puntual seguimiento a las víctimas indirectas”, insistió.
–Habla de la presencia permanente de la Policía Estatal, de la Municipal y de la Guardia Nacional, ¿entonces por qué no se impidió a esta gente, que dice que no pertenecía a la familia de la víctima, que sustrajeran a los presuntos responsables y se hicieran justicia por su propia mano?.
–Lo que dicen es que buscaron impedir que se diera esta agresión, sin embargo el personal estaba armado y ante ese tipo de situaciones hay un protocolo de actuación que se tiene que seguir. Sin embargo, lo que hizo la Policía Estatal fue asegurar y preservar la integridad de las personas y los trasladaron de inmediato a recibir atención médica, y los pusieron a disposición de la autoridad, dijo el funcionario en referencia al traslado de Axel y José Ricardo, quienes fueron sacados del área pero ya cuando habían sido golpeados.
“La Policía Municipal hizo lo propio con los resultados que ya tenemos”, indicó en referencia al caso de Ana Rosa que falleció después en instalaciones policiacas.
“La Policía del Estado siguió el protocolo, preservó la integridad de las personas, los aseguró y los llevó a recibir atención médica y ahora están ya a disposición del Juez de Control”.
–Ayer (el martes) el subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio dijo que la Fiscalía Estatal actuó a tiempo, sin embargo no se evitó la muerte de la presunta responsable del secuestro y asesinato de Camila, debido a que la policía no intervino por falta de una orden de aprehensión y de cateo y la gente la sustrajo de su domicilio. Hay abogados que dicen que aún sin orden de aprehensión pudieron haber asegurado a estas personas para impedir el intento de linchamiento.
–Se aseguraron. Los hechos están ahí, desafortunadamente hubo generadores de violencia, sin embargo la Policía del Estado hizo su intervención, aseguró, preservó su integridad y los puso a disposición de la autoridad competente previa atención médica.
“La Fiscalía estaba haciendo su parte y cuando se dan los hechos violentos había personal de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública dialogando con la familia. Estaban en ese momento dialogando con la familia precisamente porque la señora (Magui Díaz, madre de Camila) manifestó que ellos no querían ser generadores de violencia, que no compartían que se estuvieran desarrollando actos violencia”.
El funcionario contó que la madre de Camila les dijo, incluso, que ya habían hablado con sus vecinos para evitar que se dieran actos violentos, “pero es cuando llega este grupo de personas a realizar acciones violentas, iban embozados con la finalidad de generar actos de violencia, con las consecuencias que ya todos conocemos. Pero había un protocolo que se estaba atendiendo y ahí estaba la presencia permanente del Gobierno del estado”, insistió.
–¿Se tienen ubicadas estas personas, se sabe a qué grupo pertenecen?
–Toda esa información, como es parte ya de la investigación de la FGE, corresponde a la propia Fiscalía informar por el debido proceso.
–Hay críticas del por qué se llevaron a Ana Rosa a instalaciones policiacas donde falleció, en vez de llevarla a un hospital donde podría haber recibido atención médica.
–El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública siguió los protocolos, desgraciadamente la Policía Municipal no realizó las cosas de manera correcta. Esto también ya está siendo investigado por la autoridad, ya forma parte de la investigación y será la Fiscalía la que informe sobre la situación.
“Lo que sí insisto mucho es que la Policía del Estado cumplió con el protocolo, aseguró, preservó la integridad y los llevó a recibir atención médica para ponerlos a disposición de la autoridad, y se les mantuvo en resguardo”.
–Ayer el presidente de la República habló de que en este y en otros municipios de Guerrero hay infiltración del crimen organizado en los ayuntamientos, ¿el gobierno del estado tiene indicio de ello, y si estas personas que realizaron el intento de linchamiento son parte de esos grupos?
–Esto ya forma parte de los actos de investigación. Ya tendría que informar la propia FGE.
–¿Como Gobierno del estado no tienen información de ello?
–Como gobierno del estado hemos estado presentes desde el 2023 en Taxco, se han hecho varias intervenciones por parte del gobierno del estado y del gobierno federal. Desde que se dan los hechos violentos en los que se priva de la libertad a los empleados del Ayuntamiento, el 28 de junio del 2023, por instrucciones de la señora gobernadora se designa a personal de la Policía del Estado para que funja como secretario de Seguridad Pública, pero en agosto del mismo año el presidente municipal (Mario Figueroa Mundo) decide removerlo, y nosotros aún así hemos estado de manera permanente”.
Rodríguez Cisneros informó que a principios de este año, cuando se dio una situación de violencia en el sector del transporte, la Mesa de Coordinación Estatal pidió a la gobernadora que se instalara de manera permanente personal de la Guardia Nacional, militares y de la Policía del Estado y dijo que son los que están dando la atención en materia de seguridad en ese municipio.
“Tan es así que bajaron en mucho los hechos de violencia, y con este hecho desafortunado, trágico y grave, la gobernadora estuvo desde el primer momento atendiendo el asunto, ¿por qué no se mediatizó?, porque nosotros optamos por ser respetuosos de la situación, y, además, nunca fue la intención, ni será, revictimizar a las familias”.
Aseguró que la gobernadora ha dialogado de manera personal con las familias de las víctimas indirectas, y que él ha estado en dos ocasiones en Taxco, “hemos estado trabajando de manera permanente, pero no lo vamos a mediatizar porque estamos cuidando la integridad de las familias”.
“Estamos cubriendo todos los protocolos que están previstos en este tipo de casos”, aseguró.
–¿Sabe si hay alguna investigación en contra del presidente municipal por este hecho y por casos anteriores?
–Lo desconozco.
El funcionario llamó a los actores políticos y sociales a que en este como en otros casos trágicos “y lamentables”, actúen con prudencia, con respeto a las víctimas, a la familia y, sobre todo, a que contribuyan a la construcción de la paz y a la gobernabilidad, “porque la reconstrucción de la paz y de la gobernabilidad es una tarea de todos”, dijo sin nombrar al alcalde Figueroa Mundo, con quien el gobierno estatal ha discrepado con respecto a las versiones del caso de la niña Camila.
Se le preguntó si creen que el alcalde está utilizando el caso con fines electorales, como lo han acusado en las redes sociales, pero dijo que eso tendrán que determinarlo los organismos electorales.
Y luego insistió: “Todos tenemos que ayudar, coadyuvar y contribuir, pero sobre todo quienes tenemos una responsabilidad pública, quienes ostentan una responsabilidad política están mas obligados a ser prudentes, a ser respetuosos y a hacer la parte que les corresponde”.

 

Otra vez cierran calles paristas de Chilpancingo; no los recibió Norma Otilia

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Trabajadores del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Chilpancingo que desde hace ocho días cerraron el Palacio Municipal, bloquearon calles céntricas de la capital para denunciar que les aplicaron descuentos a su salario y que la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez no los ha atendido.
Las avenidas bloqueadas fueron Benito Juárez, Juan Álvarez así como las calles Francisco I. Madero y Colón, de 9:30 de la mañana a 7:20 de la noche. Los manifestantes colocaron lonas y pancartas en las que insisten en la nivelación salarial.
Denunciaron que a través del director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, la alcaldesa les ofreció una reunión este domingo 17 a cambio de que liberaran las las calles cercanas a donde se realizaba la entrega de la presea Sentimientos de la Nación, pero incumplió, por lo que de nuevo ayer bloquearon vialidades, además de que mantienen cerrados los accesos del Palacio Municipal.
El dirigente sindical, Domino Salgado Martínez, precisó que el gobierno estatal intervino el 15 de septiembre para solicitarles que mantuvieran la calma porque la alcaldesa les aseguró que tendrían una mesa de trabajo el domingo.
Manifestó que las autoridades municipales les dijeron que no van atender el movimiento ya que la causa del salario mínimo no es algo que está al alcance de ellos.
“Hay un golpeteo a la base trabajadora que solicita 207 pesos al salario base, porque hay trabajadores que ganan 120 pesos diarios, eso no se vale, resaltó Domingo Salgado.
Dijo que la alcaldesa los trata de dividir y está utilizando a los demás sindicatos para decirles que no es un movimiento consolidado de lucha.
Negó que los trabajadores sean obligados a manifestarse, “yo no veo que estén amarrados, los sindicalizados, gritan, marchan y protestan porque saben que luchamos por un salario mínimo”.
El dirigente informó que las autoridades municipales quieren tomar el complemento adicional y ponérselo en el sueldo base, “será una masacre para los trabajadores, porque en lugar de cobrar tres mil 400 pesos les quitarán 300”.
Exigió la mesa de trabajo con la alcaldesa Norma Otilia, para que dé a conocer sus propuestas y criticó que lejos de acercarse a los trabajadores ya inició con las represalias.
Informó que en la reciente quincena, el Ayuntamiento les aplicó descuentos a los aproximadamente mil trabajadores, debido al paro de labores que mantienen desde el 11 de septiembre.
A las 7:20 de la noche los manifestantes se retiraron de las calles, y regresaron a su plantón que mantienen afuera del Palacio Municipal. Adelantaron que este martes continuarán con las protestas.

 

No hace el gobierno obras en Ayahualtempa que ofreció para que no armaran a los niños

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los gobiernos federal y estatal incumplieron con los nahuas de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), con la construcción de la telesecundaria, la pavimentación de calles y la construcción del Banco del Bienestar que se comprometieron a hacer, a cambio de que no armaran a los niños ni los incorporaran a la Policía Comunitaria, denunció por teléfono ayer el dirigente indígena, Antonino Toribio Gaspar.
Informó que en asamblea ayer lunes las autoridades comunitarias y maestros acordaron volver a movilizarse este miércoles con los niños para exigir a los dos órdenes de gobierno el cumplimiento de sus compromisos.
El 6 de enero del año pasado los pobladores de Ayahualtempa; niños y mujeres, marcharon para exigir a las autoridades solución al problema de la violencia provocada por el grupo delictivo de Los Ardillos, también pidieron obras sociales, de lo contrario advirtieron que volverían a armar a los niños para la defensa del pueblo, como ya lo habían hecho el 30 de abril del 2021.
Derivado de ello, el 12 junio del año pasado autoridades federales y estatales se comprometieron a realizar acciones para garantizar la seguridad y también aceptaron realizar obras sociales.
Sin embargo, ayer, el dirigente indígena reconoció que se reforzó la seguridad en la zona con lo que se disminuyó la violencia, pero los gobiernos federal y estatal no cumplieron con las obras prometidas.
Informó que el gobierno estatal no ha construido tres aulas, un baño, la dirección y la cancha de la Escuela Telesecundaria Independencia de México.
Informó que cuando firmaron la minuta, les dijeron que a más tardar en ocho días comenzaría la construcción de la escuela y que también enviarían de inmediato las butacas, pero que ni con eso han cumplido.
Denunció que los 57 niños siguen recibiendo sus clases sentados en piedras y a bajo de un árbol en el terreno donde representantes del Instituto General de Infraestructura Física Educativa (IGIFE) y el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros se comprometieron a construir las aulas.
El dirigente indígena informó que los funcionarios se comprometieron con la remodelación de la Casa de Salud y la pavimentación de 600 metros de la calle principal por parte del gobierno estatal, en tanto que por parte del gobierno municipal pavimentaría 350 metros.
Toribio Gaspar informó que el Ayuntamiento solamente pavimentó 100 metros y le faltan 250, en tanto que el gobierno estatal no ha pavimentado nada.
Agregó que, además, sigue pendiente la construcción del Banco del Bienestar y que en este caso sólo fueron a pedirles los documentos de la donación del terreno, a supervisar y a medir el terreno.
Aseguró que la comunidad cumplió con todos los requisitos pero la obra no inicia, “ya nadie se ha presentado y no sabemos nada, no han dado respuesta”, denunció.
Informó que derivado del incumplimiento ayer se reunieron las autoridades comunitarias con los pobladores y los maestros y acordaron una marcha este miércoles encabezada por los niños de la escuela secundaria para exigir a los gobiernos federal y estatal que cumplan con sus compromisos que firmaron.

Siguen protestas de la Montaña en la capital; no hubo acuerdos con Gobernación estatal, se quejan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Indígenas del Frente Popular de la Montaña ((FPM) continuaron ayer con sus protestas en diferentes dependencias pidiendo respuestas a sus peticiones y el dirigente de la agrupación, Pablo Abad Díaz dijo que desconocieron como interlocutor al director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros por la actitud prepotente que tuvo con ellos en la reunión del lunes.
Indicó Abad Díaz que ante la postura del funcionario decidieron gestionar directamente en las instituciones sus solicitudes para la construcción de redes de agua potable, drenaje, pavimentación de carreteras, escuelas, centros de salud así como la asignación de maestros y médicos.
El contingente de autoridades comunitarias, delegados y representantes de los pueblos me’phaa y tun’savi de la Montaña llegaron en caravana a Chilpancingo el lunes pasado y pretendían instalarse en plantón en las escalinatas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado pero policías antimotines impidieron su protesta.
Ayer el dirigente del FPM, Pablo Abad Díaz informó que el lunes retiraron el bloqueo a los dos carriles del bulevar río Huacapa frente al Recinto del Ejecutivo después de que fueron recibidos en una mesa de diálogo en la Secretaría General de Gobierno, pero denunció que no hubo acuerdos y que este martes decidieron continuar con su movilización.
“Nos reunimos a las 6 de la tarde (del lunes) con el director de Gobernación, (Francisco Rodríguez Cisneros) y la verdad lamentamos la actitud arrogante, de prepotencia del funcionario; nos regañó como a sus hijos, nos dijo que estábamos mal en nuestra lucha que hacíamos, que no era la correcta porque siempre utilizábamos la presión y que por eso la condición de él era: No bloqueos y no marchas a condición de que se apresuraran las mesas de diálogo”, declaró Abad Díaz.
Aseguró que Rodríguez Cisneros les advirtió que si mantenían sus protestas el gobierno estatal actuaría “para quitarnos de donde nos instaláramos”.
Abad Díaz destacó que ante esa postura del funcionario ayer decidieron desconocerlo como interlocutor así como al enlace que nombró con el FPM.
Informó que la noche del lunes decidieron pernoctar en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Chilpancingo (Crea) y a partir de las 8 de la mañana de ayer volvieron a protestar y contó que primero lo hicieron afuera de las instalaciones de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) en donde exigieron la construcción de las carreteras en varios municipios de la Montaña.
También se manifestaron en el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) en donde pidieron la construcción de escuelas y aulas que les hacen falta en esa región.
Abad Díaz denunció que un representante de Rodríguez Cisneros llegó a una reunión que tenían en la Secretaría del Bienestar y trató de romper la mesa de diálogo, pero dijo que las autoridades comunitarias le aclararon que no tenía facultad para intervenir en ese encuentro debido a que tras la reunión del lunes en la tarde en el Recito del Ejecutivo los desconocieron como interlocutores.
Dijo que el enviado de Rodríguez Cisneros también intentó intervenir en las reuniones con funcionarios de la CICAEG y del IGIFE, pero que los comisarios rechazaron la intervención de la Secretaría General de Gobierno.
Explicó que prefieren iniciar “de cero”, a tener que volver a pedir la intervención y mediación de la Secretaría porque hasta el lunes “sólo había servido para boicotear sus gestiones para la solución de sus demandas”.

 

Llegan médico y enfermera a Las Mesas, Petatlán; atienden 2 horas y se van: comisariado

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Habitantes de la comunidad Las Mesas, ubicada en la sierra oriente del municipio de Petatlán que hace nueve días fueron atacados a balazos por presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana informaron que ayer llegó a esa localidad un doctor y una enfermera para dar consultas médicas y medicinas, sin embargo, sólo estuvieron dos horas y de ahí se fueron hacia El Durazno.
Las Mesas y El Durazno se encuentran en un corredor que inicia en Santa Rosa de Lima y termina en este último lugar y que desde diciembre han vivido hechos violentos cuya autoría le atribuyen a La Familia Michoacana.
En las Mesas un adulto mayor fue asesinado la madrugada del pasado 11 de febrero en un ataque a balazos; mientras que en El Durazno, el 11 de diciembre del año pasado siete campesinos, entre ellos un joven fueron acribillados.
Ante el clima de violencia e inseguridad en esa zona, comisarios se reunieron el pasado 8 de febrero con el director estatal de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros a quien expusieron que desde diciembre no han podido cosechar maíz, comercializar la leche, los maestros no han regresado a dar clases y tampoco tienen médico ni medicinas. Ahí, el funcionario anunció que el gobierno del estado llevaría a cabo una serie de acciones.
Ayer el comisariado ejidal de Las Mesas, Guillermo Villa Ávila, comentó que este lunes “bien temprano” llegó el doctor que atiende en el centro de Salud de Santa Rosa de Lima municipio de Tecpan de Galeana, junto con una enfermera y el delegado de Gobierno en la zona sur de la Costa Grande, Juan Méndez para ofrecer consultas médicas.
Recordó que la visita médica es parte de los acuerdos que el 8 de febrero pactaron con Rodríguez Cisneros y en la que estuvo también la jefa de la Jurisdicción Sanitaria 05 en esta región, Paloma Chavarría Rodríguez, debido a que en esa comunidad tienen más de un año y medio sin doctor.
Villa Ávila dijo que la brigada médica llegó poco después de las 8 de la mañana y se retiraron a las 11 hacia El Durazno, donde también van a dar consultas médicas, “fue muy poco el tiempo que estuvieron, le dieron consulta a unas 20 personas a las que también les dieron medicina, pero hubo más gente que se quedó esperando su turno”.
“Ojalá que el gobierno mande pronto un doctor para que se quede aquí de planta porque dos horas nomás no fue suficiente, aunque se agradece que lo hayan mandado, pero necesitamos un doctor y medicinas”, dijo Villa Ávila.
Enseguida aseguró que en su comunidad hay un grupo de militares dando seguridad, “pero nada más en el pueblo, la gente sigue sin poder salir a sus parcelas porque está la experiencia de lo que pasó hace unos días aquí, cuando los soldados acompañaron a unos vecinos a traer su ganado y aquél grupo que anda haciendo maldades se los quitaron”.
“Los soldados salen nomás a andar en las calles del pueblo, se salen tantito y se regresan, es lo que hacen; sí nos sentimos un poco más seguros pero lo mejor sería que hubiera paz en toda esta región, es lo único que pedimos, que haya paz, que haya doctores, medicinas, maestros en las escuelas y caminos en buenas condiciones”, acotó.

 

Restablece sólo una empresa venta de gas en Zihuatanejo pero cancela servicio a domicilio

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Empresarios de Zihuatanejo informaron que este martes sólo una de las tres empresas distribuidoras de gas LP reanudó su venta, pero se suspendió el servicio de las camionetas que lo vendían en las colonias de la ciudad, luego de que los dueños recibieron llamadas de extorsión o cobro de cuota; insistieron que hay incertidumbre por el abasto del producto sobre todo para los hoteles, restaurantes y negocios comerciales como tortillerías que se verían afectados.
Además, el director de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó a El Sur que ya recibieron el reporte de las denuncias por la suspensión de la venta de gas LP y aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional retomarían operaciones para generar condiciones de estabilidad y que los empresarios tengan “certeza y tranquilidad”.
Como lo informó El Sur en su edición de este martes, desde el sábado 4 de febrero las tres principales distribuidoras de gas LP en Zihuatanejo suspendieron su venta por temor debido a que los dueños comenzaron a recibir llamadas telefónicas de presuntos integrantes del crimen organizado en las que les pedían un cobro de cuota o extorsión.
Ayer, consultado al respecto al final del homenaje a la bandera en la explanada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, en Chilpancingo, Rodríguez Cisneros, dijo que ya tenían un reporte de la situación en Zihuatanejo.
En breve declaraciones, Rodríguez Cisneros afirmó que agentes de la SSP en coordinación con los de la Sedena y la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE) retomaron operaciones en Zihuatanejo, con el objetivo de “generar condiciones de estabilidad”.
Sostuvo que la Policía del Estado ha tenido “proximidad social importante y muy buena” en Zihuatanejo, y que la Secretaría General de Gobierno daría seguimiento de las denuncias de empresarios para “generar condiciones de estabilidad social, y que las y los ciudadanos y los empresarios tengan certeza y tranquilidad”.
Sin embargo, ayer contactados vía telefónica empresarios de Zihuatanejo, que por seguridad pidieron no dar a conocer sus nombres, indicaron que de las tres empresas que suspendieron la venta sólo Gas Express Nieto reactivó su servicio, pero Gas Mundial y Global Gas siguieron sin vender al público.
Agregaron que entre el sector empresarial comenzó la preocupación por el abastecimiento de gas LP, pues también se suspendió el servicio de camionetas que lo vendían a domicilio, y en hoteles, restaurantes y hogares comenzó la incertidumbre porque es necesario para las actividades y servicios, lo que afectaría a otros sectores como el de la masa y la tortilla.
Los empresarios indicaron que además, las denuncias públicas a El Sur generó temor entre otros empresarios, y ya muy pocos se atreven a hablar de lo ocurrido por temor a represalias del crimen organizado.
Para el sector turístico, el binomio Ixtapa-Zihuatanejo, es el segundo más importante de Guerrero, sólo detrás de Acapulco, según cifras de la Secretaría de Turismo del estado; este el pasado fin de semana largo (del 4 al 6 de febrero) registró una afluencia de 18 mil 269 visitantes que dejaron una derrama económica de 123 millones de pesos.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, en esta región del estado han disputado el control los grupos delictivos Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana y Cártel Sangre Nueva, que entre otras cosas pelean precisamente el cobro de cuota o las extorsiones, además de que buscan asentarse por su zona geográfica, al ser un puerto y tener conectividad con la Tierra Caliente, la Sierra y el estado de Michoacán.
Zihuatanejo es gobernado por alcalde priista, Jorge Sánchez Allec, quien cumple su segundo periodo en el gobierno municipal, aunque la responsabilidad de la seguridad la retomó el gobierno federal desde el 2 de septiembre de 2022, por diversos hechos de violencia en la ciudad y dejó a la Secretaría de Marina encargada de dirigir los recorridos de prevención junto a policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional.

 

Marchan jubilados de la UAG que exigen bono a Evelyn; estará mañana, informan

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Unos 150 miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en la capital para exigir el pago del bono decembrino y cerraron los dos accesos al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado en donde policías estatales con equipo antimotines los amenazaron con replegarlos.
Los manifestantes salieron en marcha a las 11 de la mañana del monumento a Las Banderas hacia el Recinto del Ejecutivo, donde cerraron los dos accesos principales, para exigir el pago del bono para unos 600 jubilados y pensionados.
El presidente de la Asociación, Justino García Téllez pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que cumpla con su promesa y les pague el bono, porque desde la administración pasada lograron ese benficio para los maestros jubilados de la UAG.
Precisó que este año recibirían 6 mil pesos y al llegar al fin de la administración de Salgado Pineda cobrarían 9 mil pesos que es el monto que otorgan a los jubilados del gobierno del estado, pero por la falta de pago se manifestaron.
García Téllez recriminó que la administración estatal solo reconoce a 532 jubilados, aunque “de acuerdo al padrón del que tiene constancia la Rectoría de la UAG son 600 los que hay hasta diciembre del 2022”, esto debido a que más universitarios se pensionaron.
A la 1:30 de la tarde policías estatales con equipo antimotines se dirigieron a la puerta trasera del Recinto del Ejecutivo y avanzó para replegar a los manifestantes, pero los jubilados debido a su avanzada edad se quitaron.
Unos 40 policías al tener el control abrieron el acceso y los trabajadores que permanecían dentro de las oficinas salieron.
Una comisión fue atendida por el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros. Más tarde informaron que las autoridades estatales les prometieron que les pagarán el viernes 20 de enero, posteriormente se retiraron.

 

Jubilados de la UAG cierran dos horas la sede del gobierno

Para exigir el pago de un bono decembrino de 6 mil pesos para 600 trabajadores, unos 150 marcharon en Chilpancingo y cerraron las dos entradas del ex Palacio de Gobierno, hasta que llegaron policías antimotines que amenazaron con replegarlos y se retiraron. Consiguieron la promesa de que les pagarán el viernes 20. Mientras, el director de Personal de la UAG, Adam Zamora, informó que mil 420 académicos, admi-nistrativos y de intendencia cumplen las condiciones para jubilarse, pero siguen trabajando porque la institución no tiene recursos para liquidarlos. Por otra parte, integrantes del Frente Estatal de Preparatorias Populares bloquearon la autopista, el bulevar y la carretera en Chilpancingo, Acapulco y Marquelia, para demandar a la SEG el reconocimiento oficial de esas escuelas Foto: Jesús Eduardo Guerrero

 

No se jubilan mil 420 porque prefieren esperar a que haya dinero: UAG

Informa el director de Personal, Adam Zamora Olea, que hasta junio de 2022 la máxima casa de estudios registró a mil 55 académicos y 365 administrativos que ya pueden pensionarse, pero que no recibirían su liquidación de inmediato

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) hay mil 420 académicos, trabajadores administrativos y de intendencia que cumplen las condiciones para jubilarse, pero no lo hacen porque no hay recursos suficientes para liquidarlos inmediatamente, informó el director de Personal, Adam Zamora Olea y añadió que esta crisis financiera se complicó más debido a que en dos años de pandemia de Covid-19 fallecieron 112 trabajadores a quienes tienen que liquidar y pagar el seguro de vida a sus familiares.
Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González, contó que están gestionando 200 millones de pesos con el gobierno el estado junto al STAUAG y la Universidad, para solventar la liquidación de los que ya están jubilados desde 2021 y no se les ha podido pagar.
Ayer en entrevista con El Sur en las oficinas de la Rectoría de la UAG, ubicadas en el fraccionamiento Servidor Agrario, en Chilpancingo, Zamora Olea precisó que al corte de junio de 2022 tienen registrados a mil 55 académicos que están en condiciones de ejercer el derecho a jubilarse, de los cuales son 755 hombres y 300 mujeres.
Dijo que en el caso del sindicato administrativo son 214 hombres y 151 mujeres trabajadoras que cumplen las condiciones de edad y años de servicio para retirarse.
Añadió que tanto con el STTAISUAG como con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) formaron comisiones negociadoras “para la gestión financiera que tienen que hacer los compañeros de los sindicatos con la administración”.
Expuso que el rector, José Alfredo Romero Olea, en conjunto con los dos sindicatos han gestionado recursos con el gobierno estatal y federal con lo que se ha solventado la crisis, este problema que se agravó desde hace 4 años debido a que las universidades del país concursaban en un programa para la jubilación que se llamaba Saneamiento Financiero y con éste la UAG se beneficiaba para cubrir estos retiros.
Sin embargo, Zamora Olea argumentó que durante los dos años de la pandemia fallecieron 112 trabajadores lo que agravó aún más el problema financiero, porque ahora tienen que pagar el seguro de vida y la liquidación a los familiares.
Sostuvo que este problema que enfrenta la UAG para pagar las jubilaciones no es privativo de ésta sino que hay una crisis nacional y que incluso este conflicto se ha convertido en estructural.
Contextualizó que en la década de los 70´s la UAG aumentó su oferta educativa y por ende, hubo más trabajadores, aunado a que desde 1992 los universitarios ingresaron al ISSSTE, “ya estamos hablando de 31 años, suficientes para ejercer el derecho a la jubilación exitosa (de los trabajadores que llevan años laborando)”.
Afirmó que la escasez de recursos financieros genera conflicto a quienes ya están por retirarse, cuando anteriormente a los 15 o 30 días de que se retiraban se les cubría su liquidación, e incluso había incentivos para la jubilación, porque les pagaban 42 días por cada año de servicio, y actualmente sólo son 20 días.
Zamora Olea dijo que en la máxima casa de estudios la jubilación aún es voluntaria, y ante la crisis, los trabajadores prefieren esperar hasta que haya recursos para saldar los pagos.
Mencionó que los trabajadores para iniciar su jubilación deben rellenar un formato general con sus datos personales, entregar el último talón de pago, presentar su identificación oficial, constancia de antigüedad, constancia de no adeudo a los dos sindicatos y en caso de una jubilación por compactación deben presentar el oficio de baja de la otra institución donde laboraban y la constancia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Aseveró que durante la pandemia las clases en línea significaron un cambio de la enseñanza tradicional a la educación a distancia, “y muchos compañeros trabajadores que no aceptaron, prefirieron la liquidación”.
El funcionario universitario detalló que sólo en 2021 fueron 100 trabajadores los que se dieron de baja de la Universidad debido a que fallecieron, renunciaron y jubilaron.

Se adeuda liquidación a 40 administrativos: STTAISUAG

También, consultada en Rectoría, Alcaraz González dijo que las jubilaciones se han complicado desde hace cuatro años, en muchas universidades públicas del país.
Expuso que con la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007 y en específico con el artículo Décimo transitorio en el que se establece una tabla sobre la edad biológica y una edad laboral, el STTAISUAG ha detectado que hay trabajadores que ya tienen más de 30 años de servicio y cumplen con los requisitos para retirarse, no obstante, se necesite una cuantiosa cantidad de recursos para pagar las liquidaciones.
Ejemplificó que anteriormente cuando un trabajador se retiraba en dos meses le entregaban su liquidación, “hoy tenemos alrededor de 40 trabajadores (del STTAISUAG) que se han jubilado y que no se les ha podido cubrir su pago de liquidación por jubilación desde el 2021, entonces tenemos ese retraso”.
Afirmó que sus agremiados lo piensan dos veces al jubilarse porque el pago de su liquidación no sería inmediato, aunque resaltó que la Universidad les ha dicho que han tratado de tener finanzas austeras para ahorrar y pagar las indemnizaciones.
Contó que en diciembre pasado tuvieron una reunión los dos sindicatos de la Universidad y funcionarios de Rectoría con el secretario particular de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Raúl Gustavo García García, con quien acordaron mesas de trabajo regresando del periodo vacacional decembrino.
Dijo que en éstas pedirán al gobierno del estado un apoyo de 200 millones de pesos, para poder solventar el pago de indemnización de los trabajadores que ya están jubilados; mencionó que aún está pendiente que les den fechas para las reuniones.
Reconoció que a mediano plazo sólo les queda seguir presionando a través de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) a la que pertenecen, “de manera conjunta con todas las universidades públicas (del país) ante la Cámara de Diputados (federal) para pedir que el programa (del fondo federal) que se venía dando se vuelva a activar (para pagar las jubilaciones)”.
Alcaraz González añadió que como sindicato actualmente tienen mesas de negociación con la UAG para resolver tres emplazamientos a huelga que el anterior Comité Ejecutivo depositó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, una debido a problemas y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), otro en el exigen un incremento salarial del 25 por ciento, y el tercero para revisar el CCT.
“Con base en la reforma laboral que se dio, nos pide legitimar nuestro Contrato Colectivo y queremos terminar la revisión con la administración central (de la UAG) para proceder así como lo establece la ley y entregar un ejemplar a cada uno de los trabajadores, y el trabajador tendrá que determinar si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que se firmó”, indicó.
Reconoció que Romero Olea instruyó a su comisión que de la mejor manera hagan la revisión al CCT y destacó que “lo único que estamos pidiendo que se modifique son las prestaciones que son precisamente las económicas y que se refieren al incremento salarial que nos vayan a dar, que esas prestaciones se tienen que modificar y obviamente vamos a tener la reunión es con ellos esperemos que se sigan instrucción que dio el rector”.
Dijo que hasta el momento no les han propuesto ninguna modificación a sus conquistas laborales “y espero que no se haga y de hacerse tendremos que hacer lo propio como dirigencia para que nuestro contrato siga manteniendo las mismas conquistas que tenemos hasta este momento”.

Marchan jubilados de la UAG que exigen bono a Evelyn; estará mañana, informan

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Unos 150 miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en la capital para exigir el pago del bono decembrino y cerraron los dos accesos al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado en donde policías estatales con equipo antimotines los amenazaron con replegarlos.
Los manifestantes salieron en marcha a las 11 de la mañana del monumento a Las Banderas hacia el Recinto del Ejecutivo, donde cerraron los dos accesos principales, para exigir el pago del bono para unos 600 jubilados y pensionados.
El presidente de la Asociación, Justino García Téllez pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que cumpla con su promesa y les pague el bono, porque desde la administración pasada lograron ese benficio para los maestros jubilados de la UAG.
Precisó que este año recibirían 6 mil pesos y al llegar al fin de la administración de Salgado Pineda cobrarían 9 mil pesos que es el monto que otorgan a los jubilados del gobierno del estado, pero por la falta de pago se manifestaron.
García Téllez recriminó que la administración estatal solo reconoce a 532 jubilados, aunque “de acuerdo al padrón del que tiene constancia la Rectoría de la UAG son 600 los que hay hasta diciembre del 2022”, esto debido a que más universitarios se pensionaron.
A la 1:30 de la tarde policías estatales con equipo antimotines se dirigieron a la puerta trasera del Recinto del Ejecutivo y avanzó para replegar a los manifestantes, pero los jubilados debido a su avanzada edad se quitaron.
Unos 40 policías al tener el control abrieron el acceso y los trabajadores que permanecían dentro de las oficinas salieron.
Una comisión fue atendida por el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros. Más tarde informaron que las autoridades estatales les prometieron que les pagarán el viernes 20 de enero, posteriormente se retiraron.