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Festejan ejidatarios de Agua de Correa que ganaron el litigio de 12 años por playa Larga



Ejidatarios de Agua de Correa, en Zihuatanejo, festejaron en Playa Larga el haber ganado el litigio que durante más de 12 años sostuvieron contra el particular Alejo Maldonado Cuevas, por la posesión de 6.2 hectáreas de tierra en ese balneario.
A la celebración asistieron ejidatarios, avecindados, dirigentes de colonias populares irregulares, pescadores, lancheros, así como funcionarios de la actual administración municipal, además del alcalde Silvano Blanco Deaquino y los ex alcaldes Amador Campos Aburto y Armando Federico González Ramírez.
Durante el breve acto protocolario que se hizo antes de dar paso a la fiesta, el comisariado ejidal de Agua de Correa, Bernardo Solís Radilla, recordó la lucha que emprendieron “para defender lo que nos pertenece” y destacó que “gracias a la intervención de la Unión Campesina Democrática pudimos evitar que de aquí nos sacaran muertos, porque estábamos dispuestos a defender con nuestras vidas estas tierras”.
Agregó que “el señor Alejo Maldonado intentó comprar autoridades pero al final la justicia prevaleció y aquí estamos, en circunstancias completamente diferentes a las que anteriormente nos juntamos para defender con palos y piedras estas tierras que nos querían quitar con juicios y sentencias amañadas”.
Solís agradeció el apoyo que la UCD, mediante su dirigente nacional, José Durán Vera le brindó al ejido de Agua de Correa, quien a su vez, anunció “lo que sigue ahora, es desarrollar estas tierras a través de una vocación turística-ecológica”.
Dijo que ya hay negociaciones para que en playa Larga, los ejidatarios y posesionarios echen a andar una Unidad de Manejo Ambiental para la cría de iguanas y cocodrilos, así como un desarrollo turístico.

Denuncian ejidatarios que autoridades de Coyuca de Benítez usan cuenca como basurero




Basura, plásticos, cartón, fierro, plumas de aves, vidrio, desechos tóxicos y escombro son arrojados a una cuenca del municipio de Coyuca de Benítez, donde luego son quemados al aire libre, afectando con sus contaminantes a los vecinos de cinco ejidos del municipio.
Los ejidatarios de ese municipio, apoyados por la ambientalista Robin Sidney, denunciaron que desde hace más de 12 años, las autoridades coyuquenses han utilizado una cuenca como basurero municipal, en el que van a depositar todo tipo de desechos, sin que las autoridades ambientales hagan algo al respecto.
La cuenca está ubicada entre los límites ejidales de Coyuca de Benítez y El Embarcadero, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo. En un recorrido por el lugar se pudo observar una desviación que da hacia el basurero, en el que se encontraron varias toneladas de desechos entre botes y bolsas de plástico, fierro oxidado, colchones, plumas de aves, desperdicios de comida, vidrio, llantas, latas, cartón, tejas, los cuales, no conforme con depositarlos a cielo abierto, son quemados las 24 horas del día.
Entrevistado al respecto, el comisario del ejido El Embarcadero, Carlos Tornez Valdovinos, denunció que son las autoridades de Coyuca de Benítez, quienes ocupan esa cuenca natural como basurero municipal.
Detalló que la cuenca fue rellenada, en gran parte, con los desechos que se han ido acumulando desde hace ya 12 años.
Sin embargo agregó que aún queda otra parte de la cuenca en la que las autoridades coyuquenses siguen llevando los desechos. Incluso dijo que hay versiones de que hospitales del municipio de Acapulco llevan sus desechos tóxicos paras ahí incinerarlos.
Señaló que esta situación ya la han denunciado reiteradas veces, tanto con el ex presidente de Coyuca de Benítez, Rafael Ariza Bibiano como con el actual, Alberto de los Santos Díaz, pero que no les han hecho caso pues “son ellos quienes hacen uso de esa cuenca para tirar la basura”.
Ante tal situación relató que se han visto obligados a hacer un frente común entre todos los ejidatarios para exigir que den solución al problema.
Y es que el basurero está afectando a los ejidos de El Embarcadero, El Bordonal, La Gloria, El Rancho del Santo, Yetla y Colonia Brasilia, y con ellos a unos 5 mil habitantes, mencionó.
El 15 de mayo pasado presentaron una denuncia ante la Profepa indicando la situación que predomina “pero es fecha que no recibimos solución alguna”, anotó.
Lamentó que debido a la quema de la basura y las pestilencias que se desprenden del lugar, habitantes de El Bordonal se han enfermado de las vías respiratorias como tos, anginas, gripa además de infecciones en la piel como hongos y ronchas, padecimientos que en la mayoría de los niños, se prolongan hasta por ocho meses.
Además de los problemas de salud que se han generado por el basurero a cielo abierto, también se está contaminando la laguna de Coyuca de Benítez, pues según el presidente de la Cooperativa Pesquera La Ilusión del Pescador, Macario Lemus López, indicó que en tiempo de lluvias los residuos van a dar hacia la laguna, provocando que el agua se contamine y haya mortandad de peces “y a nosotros nos afecta en nuestra economía, porque somos más de mil familias que vivimos de la pesca”.
Por tal motivo los ejidatarios exigieron a las autoridades tanto del municipio como a las ambientales, que el basurero municipal se reubique pues “es un foco insalubre que trae como consecuencias mucha contaminación ambiental y afecta la salud de nosotros, por eso queremos que busque otro lugar que sí cumpla con las normas ambientales, ecológicas y salubres”, destacó Tornez Valdovinos.
Por su parte el comisario suplente, Víctor Manuel Castañeda Zavala, comentó que de llegarse a reubicar el basurero municipal, se hagan además acciones de saneamiento en el área.
“Queremos que una vez que se reubique el basurero, en este lugar se le apliquen algunas sustancias químicas que contrarresten la contaminación que quedó asentada, para que no siga provocando contaminación al manto acuífero y no siga provocando daños a nuestra salud”, aseveró.

De cómo y en cuánto se llevaron a los acarreados a la marcha con Zeferino, según los opositores




Comuneros de los anexos de Cacahuatepec y ejidatarios de La Palma, Dos Arroyos y Los Huajes, dieron su visión de cómo fueron trasladados los manifestantes a la marcha que encabezó el martes 9 el gobernador Zeferino Torreblanca.
De La Palma fueron 10 ejidatarios a la marcha de Torreblanca, encabezados por una líder del PRI, afirma el profesor José Nava Luna, y agrega que se maneja que les pagaron de 200 a 500 pesos por persona, les enviaron camiones para el traslado y les dieron comida y refrescos.
Este ejido se encuentra en el municipio de Juan R. Escudero, y en su cabecera municipal, Tierra Colorada, tuvo lugar la marcha encabezada por el gobernador.
Comenta que el presidente municipal, Héctor Varela, que es del PRD, se ha mantenido neutral en el conflicto por La Parota, pero según dijo a los opositores, participó con el gobernador porque se sintó comprometido y presionado.
De Parotillas fueron a la marcha con Torreblanca sólo tres o cuatro personas, encabezadas por el supuesto presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Simón Cruz Saligán, a quien los opositores y otro grupo que está a favor de la presa no reconocen, indica el comunero Nemesio Valeriano Moreno, y cuenta que les pagaron 100 pesos.
Un comunero de El Cantón dice que a la marcha de Zeferino Torreblanca asistieron tres personas de este lugar, y que dijeron que les pagaron 100 pesos a cada uno.
De Cruces de Cacahuatepec, dicen los vecinos –de los cuales 25 estuvieron en la manifestación de ayer– que fueron ocho a la marcha que encabezó el gobernador, que mandaron camiones que los recogieron en Agua Caliente, y que allá les dieron de beber cervezas, que regresaron borrachos, y que les pagaron 200 pesos a cada uno.
Del ejido Dos Arroyos “fueron los vendidos”, afirma el opositor Mario Quiñones, y dice que iban como 15 o 20, entre ellos los que integran la planilla de partidarios de La Parota que quieren ocupar el nuevo comisariado ejidal. Dijo que cuando regresaron, ese martes, estaban tomando bebidas alcohólicas en el pueblo, y se supo que les pagaron de 200 para arriba.
De Los Huajes fueron con Zeferino Torreblanca unos 20 o 25, y se habla de que les pagaron de 200 a 300 pesos, y los líderes van ganando más, de a 500 pesos, afirma el opositor Julián Blanco.
–Si fueron unos cuantos de los ejidos y comunidades a la marcha en Tierra Colorada, de dónde salieron los demás –se le pregunta.
–Por ejemplo, venían ocho camiones del centro de Acapulco, llevaban gente de Jardín Mangos, de La Zapata y de otras colonias, pura gente acarreada –responde.
De Oaxaquillas fueron cinco a Tierra Colorada, dice el opositor Adrián Gabino Hernández, agrega que mandaron camiones por ellos, y les pagaron 400 pesos, y llenaron con gente de las colonias de Acapulco y de Tierra Colorada.
Critica a Torreblanca por haber encabezado esa marcha, con el líder de la CNC Evencio Romero, a quien califica de “corrupto”, y que haya aparecido al lado del presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, Jesús Crisanto, “que no tiene el reconocimiento del pueblo”, y opina: “Un gobernador no debe andar en marchas y plantones que dividen a la gente”.

Toman ejidatarios un predio destinado para un parque ecológico en Pungarabato



Israel Flores Ciudad Altamirano

Un grupo de 40 ejidatarios de Pungarabato tomaron un terreno en la colonia Morelos de Ciudad Altamirano de aproximadamente una hectárea, propiedad del municipio y destinado para un parque ecológico.
El grupo de ejidatarios se apoderó del espacio y montaron una guardia, entre las personas que apoyaron la toma, estuvieron el ex director de Agua Potable, Valentín Juárez Mastache, y el médico Leodegario Correa, quien disputó con el actual alcalde Víctor Mójica Wences, la candidatura por el PRD a la presidencia municipal.
La comisaria María de la Luz Pérez Mariano dijo que el terreno se encontraba a préstamo desde hace más de 20 años para que el municipio hiciera un parque ecológico, pero dicho espacio no se utilizó y por estar en zonas ejidales la asamblea decidió tomarlo.
El lunes en la mañana, una comisión de ejidatarios llegó al Palacio Municipal para entrevistarse con el alcalde, con la intención de conocer si el municipio tiene papeles del terreno. La comisaria advirtió que en caso de que el Ayuntamiento demuestre la propiedad del terreno, se retirarán.
La versión de las autoridades municipales, es que si existen documentos de propiedad y que en esta administración hay planes de construir una plaza pública en el lugar, con canchas deportivas.
Sin embargo, la comisaria nos dio la versión que el terreno ya estaba repartido entre los mismos ejidatarios, “entre los más necesitados”. El terreno era propiedad de Félix Pascual Núñez y en más de tres ocasiones ha enfrentado conflictos parecidos.
Los ejidatarios expusieron que el terreno está abandonado y es refugio de maleantes en las noches, pero reconocieron que si el municipio demuestra la propiedad, será liberado para que se construya el parque ecológico.
Vecinos de la colonia Morelos juntaron firmas y entregaron un documento al alcalde, en donde piden que el terreno sea utilizado para la construcción del espacio de área verde, como estaba pensado.

Con 10 años de atraso, paga la SCT la afectación a ejidatarios de Agua de Correa



Brenda Escobar Zihuatanejo

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregó al ejido de Agua de Correa un cheque de 3 millones 169 mil 582 pesos, del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, por la afectación a 12 hectáreas por la construcción del bulevar Zihuatanejo-Aeropuerto. La dependencia federal adeudaba esa indemnización al ejido desde 1996.
El comisariado ejidal de esta comunidad, Bernardo Solís Radilla, dio a conocer que la entrega de este dinero se hizo el martes 2 y que el pago fue parcial, pues la dependencia federal todavía adeuda 292 mil 715 pesos por el mismo concepto.
Agregó que además, los ejidatarios emplazarán a la SCT para que indemnice al ejido por la afectación de 15 hectáreas de terrenos por el paso de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo que data desde 1970, “porque ni siquiera existe el decreto expropiatorio”.
Abundó que los campesinos decidieron también emplazar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque cuatro líneas de conducción de alta tensión atraviesan el ejido en la parte norte, “hay torres que atraviesan nuestras tierras y la CFE nunca ha pagado un solo peso al ejido por la afectación y en este caso tampoco hubo un decreto expropiatorio, sino que fue de manera arbitraria”.
Recordó que “hace años, las dependencias federales podían cometer cualquier irregularidad y cualquier atropello en contra de los campesinos porque había el temor de alzar la voz para hacer valer nuestros derechos, pero ahora las cosas han cambiado y sabemos que nos tenemos que defender para exigir que nos retribuyan tantas afectaciones que se hicieron al ejido de manera arbitraria”.
Indicó que ya se asesoran con sus abogados para proceder contra las dos dependencias federales; “queremos hacerlo por la vía legal y pacífica, sólo que esperamos que no tengamos que llevarnos años de lucha en estas dos peticiones”.


Promueve Semarnat la siembra de enervantes y el saqueo de madera, acusan ejidatarios

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

Ejidatarios de la región de la Costa Grande y Tierra Caliente denunciaron ayer que funcionarios de la delegación estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), promueven la siembra de enervantes y el saqueo de madera en la sierra de los municipios de Coahuayutla, La Unión, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
El presidente de la asociación civil denominada Alianza Campesina de Guerrero (Alcagro), Moisés Valle Obregón abundó que las autoridades federales están rechazando todas las solicitudes de permiso que presentan los campesinos para el manejo forestal sin explicación alguna.
“De esta forma evitan que los dueños de los bosques se beneficien con los programas federales para el aprovechamiento forestal sustentable, la captación de carbono o pago por servicios ambientales y ordenen los terrenos ejidales para delimitar las áreas de conservación, de aprovechamiento, de agricultura y ganadería”, señaló.
En conferencia de prensa, el ejidatario y dirigente de la asociación civil acusó al jefe del departamento de Servicios Ambientales de la Semarnat, Edson Ojeda Sotelo de asumir una actitud burocrática y rechazar sin explicación alguna los estudios técnicos que presentaron para que la dependencia federal autorice el permiso de manejo forestal.
Dijo que esta acción no sólo evita que los ejidatarios se organicen para proteger los bosques y los recursos como el agua, sino que confirma que la única alternativa que tienen los campesinos del Filo Mayor de la Sierra del estado para obtener dinero y poder comer es por medio de la siembra de enervantes, la venta clandestina de maderas preciosas y la migración hacia los Estados Unidos.
En este sentido, Valle llamó a las autoridades federales y estatales para que atiendan la necesidad de los ejidatarios de la Costa Grande y la Tierra Caliente, sobre todo ahora que el narcotráfico está mostrando su lado más violento en las ciudades.
El dirigente de Alcagro lamentó la actitud de los funcionarios de la Semarnat porque sólo lucran con los permisos de manejo forestal, porque se quedan con más de 28 mil pesos, cantidad que cuesta el trámite para obtener la autorización del estudio técnico que presentan los ejidatarios que pretenden organizar su bosque.
Dijo que la actitud de la Semarnat sólo demuestra que pretende que en la Costa Grande y la Tierra Caliente persistan las mismas formas de desarrollo, es decir orillar a los campesinos a sembrar amapola y marihuana; situación que sólo beneficia a los empresarios de la madera que extraen lo que quieren de manera clandestina resguardados por corporaciones policiacas, aseveró.

Piden comuneros de San Juan Totolcintla parar el Procede; no se nos consultó, dicen

Teresa de la Cruz Chilpancingo

Comuneros y ejidatarios de San Juan Totolcintla, municipio de Apango, pidieron ayer al gobierno del estado su intervención ante el delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Fernando Jaimes Ferrel, para que detenga la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), pues afirmaron que éste ha provocado que en esa zona surjan conflictos por linderos.
El vocero de los inconformes, Melquiades García Ríos dijo ayer que el pasado 25 de febrero, uno de los líderes sociales que hay en esa localidad, Fortino Cazares Cabrera convocó a una asamblea para informar acerca del Procede y además advirtió que de aceptarlo no perderían el beneficio del Procampo.
García Ríos indicó que para el 28 de ese mismo mes, Cazares Cabrera solicitó a la delegación de la PA, que enviara una comisión de técnicos para que comenzara a medir los terrenos, pues “habían dado su anuencia los ejidatarios”, aunque precisó que fueron sólo 23 de los 167 que debieron participar en la asamblea.
En conferencia de prensa, señaló que además de un generalizado rechazo por parte de la mayoría de los ejidatarios, “porque el recorrido sobre los limites no fue avalado”, lo que ha ocasionado la PA es el surgimiento de una serie de conflictos agrarios en esa zona, “tenemos problemas con nuestros vecinos”.
Acompañado del presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, Domitilo Bernabé Romero, García Ríos pidió al gobierno y en particular al subsecretario para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca intervenga ante el delegado de la PA, para que detenga los trabajos técnicos del Procede en esa localidad “porque no hay información clara y tampoco están todos los ejidatarios que pueden avalar esa medida, ya que han emigrado”.
El vocero se quejó de que Jaimes Ferrel no haya tomado en cuenta su inconformidad y sí en cambio haya continuado aplicando el Procede, dijo que a éste han enviado dos oficios en los que piden la suspensión del Programa “porque la asamblea estuvo manipulada, pero hasta ahorita no hemos obtenido respuesta”.
Luego mencionó que la negativa de los comuneros y ejidatarios a pertenecer al Procede es “porque éste no garantiza nada, ni resuelve nada y más bien lo que hace es dividirnos, entonces no se vale que por que somos indígenas nahuas que apenas si hablamos el español, se quieran burlar de nosotros”.

Denuncian ejidatarios de Ampliación Llano Largo que los quieren despojar de 117 hectáreas

 

 El Tribunal Unitario Agrario y el Fonhapo amenazan con desalojarlos el lunes 7 de junio. Acusan a la magistrada López Díaz de complicidad con ese fondo de vivienda, el cual fue creado en 1974 y ellos son poseedores desde 1939, dicen los afectados

 Karina Contreras

Ejidatarios de la Ampliación Llano Largo efectuaron una protesta afuera del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 para denunciar que los quieren despojar de 117 hectáreas ejidales a favor del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), ya los amenazaron con desalojarlos el próximo lunes.

Alrededor de las 11 de la mañana, unos 30 ejidatarios llegaron al TUA para instalarse en plantón por algunas horas para exigir la destitución de la magistrada Luz Mercedes del Carmen López Díaz, a quien acusan de que en complicidad con Fonapo les quieren arrebatar sus tierras.

Durante la protesta los ejidatarios colocaron mantas donde se leía: “Los ejidatarios de Llano Largo exigimos la destitución de la magistrada Luz Mercedes del Carmen López Díaz por corrupta”   o “Fonapo se dedica a quitar mañosamente la tierra a los ejidos aquí en Guerrero donde no hay certeza jurídica en la tenencia de la tierra. La magistrada del TUA 41 se vendió por un peso”.

El ejidatario Noé Benítez Nava dijo que ellos están pidiendo una revisión de toda la documentación que tiene el tribunal, en la cual se demuestra que la tierra es del ejido, porque  el TUA y Fonhapo les han enviado un documento donde les informan que serán desalojados el 7 de junio, debido a que las tierras pertenecen a esa dependencia.

Benítez Nava dijo que ellos son los dueños de la tierra desde 1939, pero que mañosamente se las quieren quitar; aun cuando en un pleito, en los tribunales de la ciudad de México, en 1996 la sentencia fue a favor del ejido. Exigió el diálogo con las autoridades agrarias y Fonhapo, porque de lo contrario van a provocar un enfrentamiento, pues no van a dejar que es quiten algo que es de ellos y que lo comprueban con documentos oficiales como planos y la declaración en el Diario Oficial.

Insistió en que quieren que revisen la documentación porque la magistrada del TUA, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, se ha confabulado con Fonapo para desalojarlos de las 117 hectáreas que están habitadas por cerca de 600 familias.

Acusó el ejidatario que no es posible que ahora les quieran revertir la sentencia con el argumento mañoso de que Fonapo es dueño de las tierras, cuando tienen posesión desde 1936, y el fondo se creo en 1974.

Finalmente, Noé Benítez dijo que no van a permitir el desalojo de las tierras, y exhorta a las autoridades al diálogo porque de lo contrario va haber enfrentamiento, pues los van apoyar varios ejido como El Podrido, Lomas de Chapultepec, Cayacos,  Icacos, entre otros.

Retiran ejidatarios el plantón en el Tribunal Agrario y lo trasladan a la ciudad de México

 

 Se plantarán afuera del Tribunal Superior Agrario y ratificarán su denuncia contra la magistrada López Díaz en la PGR, anuncian los representantes en conferencia de prensa

 Karina Contreras

 Los ejidatarios inconformes con la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, retiraron el plantón que mantuvieron durante 14 días afuera de ese edificio, y anunciaron que los trasladarán al Tribunal Superior Agrario (TSA) en la ciudad de México.

Informaron también que hoy a las 10 de la mañana acudirán a la Procuraduría General de la República (PGR) para ratificar su denuncia contra la magistrada López Díaz, interpuesta la semana pasada por incurrir en delitos contra la administración de justicia, al desviar el contenido de la ley para favorecer a empresarios.

Lo anterior fue anunciado en una conferencia de prensa en el Zócalo, por el asesor legal, Humberto Sevilla García; Félix Castellanos Hernández; el ex comisariado de El Cayacos, Alberto Ávila González; el comisariado del Cayacos, Pablo Ávila; la líder de la colonia Fuerza Aérea, Rosario Merlín García, y una veintena más de ejidatarios.

El abogado Humberto Sevilla García manifestó que la decisión de trasladarse a la ciudad de México es porque no han obtenido respuesta del TSA sobre las 19 quejas que fueron entregadas al magistrado supernumerario, Alfonso Galindo Becerra, contra la magistrada López Díaz, sobre las anomalías en sus resoluciones que han perjudicado gravemente a los ejidos.

Señaló Sevilla García que esperan que se les dé una respuesta satisfactoria a sus quejas contra la magistrada y que ésta sea destituida de su cargo. Nuevamente hizo un llamado al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, para que se den soluciones a los problemas de tierra que existen en el municipio.

Mientras tanto el ex diputado federal, Félix Castellanos Hernández, dijo que a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se llevará un punto de acuerdo para que los tribunales pasen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues insistió que es necesario, porque los tribunales agrarios del país responden a los grupos de poder y políticos de los estados.

Durante la conferencia de prensa pasaron el video donde el diputado federal del PT, Joel Padilla Peña, presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se investigue a la magistrada López García sobre las acusaciones en su contra por campesinos de varios ejidos de Acapulco.

Ejidatarios llevaron al Aca Fest su protesta contra la magistrada

 

 Se quejan de la indiferencia de los gobiernos estatal y municipal para atender su reclamo

 Magdalena Cisneros

 Ejidatarios del Frente de Defensa Campesino (FDC) se manifestaron por tres horas afuera del Centro Internacional Acapulco (CIA) para exigir la destitución de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, y para reclamar por “la indiferencia “ del gobierno del estado en el caso.

El sábado alrededor de las 11 de la mañana llegaron los ejidatarios con pancartas exigiendo la destitución de la magistrada y pidiendo la intervención del gobierno del estado. Ahí, recibieron una llamada telefónica de un funcionario de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del gobierno del estado, quien envió de la Dirección de Gobernación a Elda Domínguez Bello, “que manifestó que sí va a intervenir el gobierno del estado”, según el ex presidente del comisariado ejidal de Cayaco, Alberto Ávila, quien dijo que “le reclamamos la indiferencia que nos han dado desde el 12 de mayo que iniciamos el plantón, no han intervenido los de Asuntos Agrarios, ni del gobierno municipal”. Acordaron que el lunes exhibirán afuera del tribunal un video, y que en la semana acudirán a la ciudad de México al Tribunal Supeior Agrario para “actuar de otra manera”, porque vino un visitador pero no ven resultados.

Justificó su manifestación afuera del CIA, justo el día de la clausura del Aca Fest, porque “no vimos respuesta, a ver si nos veían y nos escuchaban, se desbordó por la falta de atención”.

Desde el 12 de mayo, los ejidatarios mantienen un plantón afuera del Tribunal Unitario Agrario en Acapulco para exigir la destitución de la magistrada por “favorecer con sus resoluciones a los empresarios y perjudicar a los ejidos”.