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Desde 1960 el gobierno usa el asesinato y la desaparición forzada, dicen familiares de víctimas

Familiares de desaparecidos de la década de 1970 denunciaron en un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que el gobierno desde los años 1960 utiliza el asesinato y la desaparición forzada cuando hay problemas en el estado, y reclamaron la falta de resultados en las búsquedas de sus parientes.
Durante el foro Pasos por la memoria y la verdad y la justicia, el señor Gregorio Fernández Brito (quien debería ser Hernández pero hubo un error en su acta de nacimiento cuando fue registrado), hermano de Victoria Hernández Brito una joven estudiante desaparecida el 11 de noviembre de 1976 en Iguala, expresó “desde los 60 a la fecha han querido resolver los problemas del pueblo matando al pueblo”.
Mencionó al gobernador Raúl Caballero Aburto con la matanza contra los estudiantes en Chilpancingo en 1968, al ex gobernador Raymundo Abarca Alarcón y la represión y matanza contra los manifestantes e integrantes la Asociación Cívica Guerrerense en 1962 en Iguala, a Rubén Figueroa con la matanza de Aguas Blancas, y a Ángel Aguirre con la matanza de El Charco.
Dijo que la desaparición de su hermana debe de estar presente en las nuevas generaciones porque su lucha fue para defender el acceso a la educación. En aquel año el gobernador Rubén Figueroa se opuso al funcionamiento de la Escuela de Agricultura en Iguala, y el Ejército y los policías del estado la tomaron por asalto en 1975.
Esto originó una resistencia entre alumnos y campesinos que llevó al descontento del gobernador priista, que lanzó una persecución contra los estudiantes, por el movimiento hubo encarcelados y personas desaparecidas, algunos estudiantes y campesinos secuestraron a empresarios y a cambio de la libertad de estos exigían la libertad de sus compañeros.
El 11 de noviembre de 1976 su hermana Victoria fue secuestrada de su casa, hombres que afirmaron ser compañeros de la joven llegaron y pidieron que saliera, esa fue la última vez que don Gregorio vio a su hermana. Pese a su lucha dice que no ha encontrado eco a su exigencia en el gobierno.
Por eso denunció que “el Estado protege a los secuestradores, lo sabemos, no hay seguridad en las calles pero están protegidos. Quisiera no seguir denunciándolo, sí da miedo pero más miedo si nos dejamos”, expresó ante unos diez alumnos y profesores en el auditorio de la facultad.
Dio a conocer que dos campesinos desaparecieron junto a su hermana, Crispín Bahena, originario de la comunidad de El Tomatal, y Eupidio Campo.
En el mismo panel la señora Celia Piedra, esposa del profesor Jacob Nájera Hernández egresado de la Normal de Ayotzinapa, compartió la desaparición del 2 de septiembre de 1974 en San Jerónimo, cuando policías llegaron a buscarlo y detenerlo.
Denunció que pese a la aguerrida lucha y exigencia a los presidentes que han pasado, ninguno le hace caso, incluso tratan de convencerla de desistir de su lucha, la buscan para decirle que tiene un recurso destinado con el que podría cambiar la forma en la que vive, pero se opone porque su esposo no se vende y lo seguirá buscando.
La fundadora de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que se separó de ella cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se incorporó, dijo que su esposo fue desaparecido por el Estado que lo relacionó con la guerrilla en los años 70. Después fundó el Colectivo Huella de la Memoria, que documentó más de 500 desapariciones de aquellos años en el país.
Contó que muchas familias ante la falta de respuesta de las autoridades han desistido de seguir en los movimientos. Una de las anécdotas que rememoró fue cuando por debajo de la puerta de Palacio Nacional metieron las fotografías de los desaparecidos, luego de que el ex presidente Vicente Fox se negó a atender a las familias.
En declaraciones coincidió con Gregorio que el gobierno mata al pueblo para resolver los problemas.
De su esposo dijo que fue buscado en la Normal y en su casa por los agentes del Estado, y pide a las autoridades que le digan donde está.
Una de las asistentes al foro dijo que la Universidad debe de alzar la voz por sus más de 30 desaparecidos documentados en 1970.

 

 

Que se consulten en las escuelas los temas del Consejo Universitario, piden al rector

Colectivo disidente llama a Javier Saldaña a que elabore una iniciativa de reforma al reglamento electoral para flexibilizar los requisitos para que se inscriban los candidatos a rector de la UAG

El Colectivo Insurgencia Universitaria que forman estudiantes y maestros de distintas escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), acordó exigir al rector Javier Saldaña Almazán que promueva que los representantes del Consejo Universitario consulten en las instituciones los temas que se analizarán en las sesiones, antes de que éstas se lleven a cabo, para que lo que acuerde o apruebe el Consejo corresponda al sentir de los universitarios
Además exigirán a la administración central que las sesiones se transmitan en tiempo real mediante Radio UAG, que se graben y los videos estén disponibles en las páginas de Internet oficiales.
Este sábado los integrantes del colectivo Román Ibarra Flores, el ex rector Arquímedes Morales Carranza, Alejandro Millán Vega, Santiago Jiménez Benítez, Olga Delia Vivar Flores, Ernesto Gálvez Reyes, Pavel Sierra Martínez, Silvia Alemán Mundo, Andrés y Leonel Nájera Hernández se reunieron en la explanada de la escuela de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria Sur en Chilpancingo.
En la reunión de las 10:30 de la mañana a las 2 de la tarde, los integrantes del colectivo discutieron acerca de
su principal propuesta, que Saldaña Almazán “en uso de su facultad de proponer cambios legales” elabore una iniciativa de reforma en la que proponga la derogación de la fracción VI del artículo 78 del estatuto general y del inciso C, fracción III del reglamento electoral.
Ahí se establece como requisito para los candidatos a rector que deben acreditar que cuentan con el apoyo de 40 consejeros universitarios, consejeros académicos de 20 escuelas o 150 consejeros de unidades académicas, lo cual “constituye un obstáculo verdaderamente grave, que nunca había existido en la universidad”.
Según el colectivo, la reforma es necesaria “para que haya condiciones de igualdad en la próxima elección de rector y evitar una crisis política en la universidad”.
Según integrantes del colectivo, que fueron consultados al término de la reunión, en los próximos días presentarán la solicitud por oficio a la reforma en los reglamentos de la UAG, antes de que comience el proceso electoral.
Aunque el problema principal que discutieron los universitarios fue “la afectación a la democracia con la costumbre de los consejeros de no consultar previamente a los maestros y estudiantes que representan en cada escuela, para votar los diversos temas en el Consejo Universitario”.
Para que los debates de las sesiones del Consejo lleguen íntegros a la comunidad universitaria, el colectivo acordó pedir que se graben y transmitan en vivo.
También discutieron el déficit financiero de la UAG de 270 millones de pesos en este año, la falta de espacios para que se acepte a más estudiantes en las áreas de la salud y el hecho de que Radio UAG no cuenta con la concesión correspondiente, entre otros temas que desarrollarán en sus siguientes encuentros para proponer soluciones. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).