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Integran nueve pueblos de Eduardo Neri su Policía Comunitaria con apoyo de las mineras

Casi 2 mil pobladores de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y uno de Tepecoacuilco marcharon ayer en esta población después de que integraron su Policía Comunitaria con el propósito de frenar a la delincuencia organizada en estas localidades que rodean las minas Los Filos/El Bermejal en Carrizalillo y Mezcala que explota la minera canadiense Gold Corp, así como la de Los Guajes/El Limón cerca de Nuevo Balsas, que trabaja la minera, también canadiense, Media Luna.
Habitantes de los pueblos de Carrizalillo, Tenantitlán, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel, Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Liebres, del municipio de Eduardo Neri, así como Colonia Valerio Trujano de Tepecoacuilco, realizaron la Marcha por la Paz del Zócalo de Mezcala a la carretera federal México-Acapulco y en el entronque a este poblado bloquearon de las 12 a la una de la tarde ese tramo carretero.
Allí el comisario municipal de Mezcala, Leonardo Ávalos Ferrer, presentó a los integrantes de la Policía Comunitaria conformada por habitantes de los nueve pueblos del municipio de Eduardo Neri y el de Tepecoacuilco.
Dijo que a partir de este domingo instalarían retenes en la entrada de Mezcala, que es paso obligado a Carrizalillo, en donde se explota la mina Los Filos/El Bermejal, por parte de la minera Gold Corp. Un kilómetro más adelante, hacia Iguala, está la desviación hacia la mina Los Guajes/El Limón que explota la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold.
El comisario justificó la formación de la Policía Comunitaria ante las constantes irrupciones de “gente extraña” a esos pueblos. También denunció que es muy frecuente que irrumpan a Mezcala delincuentes que son perseguidos por el robo de vehículo, además de que dijo que “gente extraña” protagoniza balaceras y que los habitantes del pueblo están cansados de esa situación.
En la movilización participaron personas armadas con playeras blancas con la leyenda “Policía Comunitaria” y abajo del escudo nacional el nombre de la comunidad a la que pertenecen.
También fueron llevados trabajadores uniformados de la minera Gold Corp y de Media Luna, en camionetas de las empresas a participar en la marcha.
Los aproximadamente 2 mil manifestantes que se concentraron desde las 8 de la mañana en el Zócalo de Mezcala marcharon a partir de las 11 y media de la mañana hacia la carretera federal México-Acapulco y a partir de las 12 del día la comenzaron a bloquear la carretera federal México-Acapulco, en el entronque hacia Mezcala.
Los policías comunitarios armados atravesaron un tráiler y también colocaron camionetas Urvan de transportistas de las rutas Mezcala-Chilpancingo y Mezcala-Iguala. Asimismo, utilizaron para el bloqueo vehículos del transporte local.
Durante el cierre de la carretera los manifestantes recibieron el respaldo de los policías comunitarios del municipio de Heliodoro Castillo que apenas se constituyeron en grupo de autodefensa hace dos semanas.
Asimismo, los manifestantes de los 10 pueblos recibieron el apoyo de las mineras, que repartieron comida y agua por medio de trabajadores de las empresas que participaron en la marcha.
El bloqueo a la carretera federal México-Acapulco terminó a la una de la tarde cuando pobladores de las 10 localidades y los policías comunitarios armados se regresaron en marcha a Mezcala.
Al término de la protesta a todos los manifestantes les repartieron en abundancia platos de barbacoa de res y de chivo. También hubo pozole, refrescos y agua. Asimismo, muchos de los manifestantes abarrotaron las tiendas del centro de la población y a lo largo de la calle principal, donde consumieron cervezas, refrescos y botanas.
Mientras tanto, a pesar de que durante la protesta y el bloqueo ningún funcionario de los gobiernos federal y estatal acudieron para dialogar con los manifestantes, después de que terminó la protesta los comisarios de las localidades que participaron en la marcha se reunieron en privado en la comisaría municipal con el delegado de gobierno en la zona, Ignacio Ocampo y el delegado de gobernación Felipe Adame.
Consultado durante la marcha, el comisario municipal de Mezcala, Leonardo Ávalos Ferrer, dijo que “si nos manifestamos es porque últimamente se ha estado metiendo gente de los que roban carros en la carretera y el pueblo teme que en las balaceras alcancen a algún individuo y resulte muerto algún inocente”.
Aseguró que son constantes las persecuciones desde la carretera federal, “los vienen correteando y la gente tiene miedo de que se vaya a soltar alguna balacera fuerte y vaya a morir alguien, a eso le tememos”, dijo.
Agregó que antes de que ocurra eso, es mejor cerrar las entradas al pueblo para que haya más vigilancia y no se vaya a presentar algún suceso que tengamos que lamentar”.
Declaró que decidieron que es necesaria la instalación de retenes con los elementos de la Policía Comunitaria de los pueblos.
“Todos los pueblos de la zona lo están haciendo, el único que estaba quedando es Mezcala, porque es un pueblo pacífico e importante porque es entrada y salida de las demás comunidades”, explicó.
El comisario también argumentó que ya no quieren cansarse en trámites ante los gobiernos federal y estatal pidiendo seguridad, “ya no queremos ir a pedir más seguridad porque resulta cansado estar yendo y yendo, yo creo que no va a haber respuesta. Tenemos muchos años de que esto ha sido así y no creemos que esto cambie con ir a ver a las autoridades”.
Avalos Ferrer informó que la marcha de ayer fue el primer paso que dieron los pueblos de la zona para conformar a su Policía Comunitaria en defensa de los habitantes.
“Sentimos que ésta es la mejor manera de que el gobierno vea que Mezcala y sus pueblos vecinos quieren paz”.
Durante la marcha el resto de los comisarios municipales y comisariados agrarios evitaron encabezar la protesta y evadieron hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Cuando la marcha llegó a la carretera federal, un grupo de policías comunitarios armados, ya habían atravesado un tráiler en la carretera y con Urvan del servicio de transporte foráneo a Iguala y a Chilpancingo cerraron el paso en la carretera.
Los hombres armados, algunos con el rostro cubierto, portaban playeras blancas y en la espalda decía “Policía Comunitaria” rodeando el escudo nacional y en la parte inferior el nombre de la comunidad a la que pertenecen.
Cuando bloqueaban la carretera llegaron cinco camionetas con policías comunitarios del municipio de Heliodoro Castillo, que apenas se constituyeron el 7 de mayo pasado y reforzaron el bloqueo.
Durante un breve mitin en la carretera, el comisario Avalos Ferrer insistió en que es necesaria la existencia de la Policía Comunitaria “porque estamos sabidos de que por aquí es un paso importante y tenemos que evitar que se sigan metiendo por aquí gente extraña, ya ven, por aquí entran y salen y nadie hace nada”.
Añadió que Mezcala va a aprovechar el apoyo que a partir de ayer le dieron los pueblos vecinos para realizar la marcha pacífica y posteriormente levantarse en armas, “eso creemos que es necesario, no se está haciendo por gusto, no podemos permitir que se siga metiendo gente que van correteando a los que roban carros, extorsionan y se afecte a los habitantes que no tienen culpa”.
Después añadió: “no sé cómo le vaya a caer esto al gobierno, pero yo creo que debe ser un alivio porque nosotros seremos los que vamos a cuidar a nuestras familias. Esto no se está haciendo con otra intención más que proteger a nuestros familiares, a nosotros mismos”.
Posteriormente se retiró el bloqueo y los manifestantes regresaron en marcha al centro del poblado, en donde el delegado de la Secretaría de Gobierno, Ignacio Ocampo y el delegado de Gobernación en la zona, Felipe Adame, pidieron dialogar con los comisarios de las comunidades que participaron en la protesta.
La zona donde se encuentran las 10 comunidades que ayer se manifestaron es territorio de disputa entre las bandas criminales de Guerreros Unidos y Los Rojos.
El 17 de enero, un grupo de sicarios atacó a un grupo de policías ministeriales que transitaban por la calle principal y se reportó la existencia de dos personas muertas pero no se localizaron los cuerpos.
El grupo de civiles armados atacó a los ministeriales quienes respondieron a la agresión desatándose un enfrentamiento que se prolongó varios minutos.
Según los vecinos, el resultado de la balacera fue de dos muertos, una patrulla de la ministerial baleada y una motocicleta asegurada, aunque los dos cadáveres no fueron encontrados.

La mina de Cocula no ha suspendido actividades ante el bloqueo de vecinos, afirma Álvaro Burgos

 

El secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera aseguró que los pescadores que mantienen bloqueado un acceso de la minera Media Luna en Nuevo Balsas, Cocula, “han sido atendidos”.
Añadió que la empresa no ha suspendido sus actividades ni ha sufrido pérdidas, “se está atendiendo el tema de los pescadores, ha habido algunas reuniones y se está dando seguimiento por parte del gobierno del estado a este tipo de demandas”.
Aseguró que no se tienen registros de que se hayan detenido los trabajos de la minera, aunque seguía cerrada por vecinos que exigen una indemnización debido a los daños ambientales que provoca, sobre todo al sector pesquero.
Expuso que la Secretaría General de Gobierno es la dependencia que negocia con los afectados, y “ha estado desde el domingo (el día que fue cerrado ese acceso a la mina) pasado en las negociaciones, tanto de la parte empresarial como de los inconformes”.

 

Muere un empleado de la minera Gold Corp en el hospital de Iguala a donde llegó muy golpeado

 

Un empleado de la mina Los Filos de la empresa canadiense Gold Corp, murió la tarde de ayer en el hospital general Jorge Soberón Acevedo de Iguala, a donde llegó fuertemente golpeado.
De acuerdo con fuentes ministeriales, se desconoce dónde y quiénes golpearon a quien se identificó antes de morir, como Héctor Sabino Prado, de unos 30 años.
Se informó que ayer después del mediodía, trabajadores administrativos del hospital general notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al agencia del Ministerio Público que un hombre había fallecido en ese nosocomio.
Al parecer, el empleado minero llegó por sus propios medios al hospital, pero iba vomitando sangre, y cuando recibió atención médica cayó en un paro cardiaco y murió minutos después.
Antes de fallecer informó que había sido golpeado por unos sujetos, quienes lo habían abandonado porque pensaron que estaba muerto.
No alcanzó a informar dónde lo agredieron, y sólo dijo que era empleado de la minera Los Filos, de la empresa Gold Corp, asentada en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
Tras las diligencias, personal de la FGE inició la carpeta de investigación por homicidio en contra de quien resulte responsable, y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.

 

Corresponde al GIEI y a la PGR revisar versiones de vecinos de Carrizalillo, dicen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Procuraduría General de la República (PGR) están a cargo de la investigación de la desaparición forzada de los normalistas y ellos revisarán las versiones señaladas por los vecinos de Carrizalillo.
Los pobladores han insistido en que en las fosas de la banda criminal Guerreros Unidos, halladas en la zona, podrían estar enterrados los estudiantes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
De la Cruz ratificó que los padres no van a buscar a los normalistas en las fosas de Carrizalillo, porque los primeros días de búsqueda fueron a la región y no hubo información de su paradero.
Estimó que continuarán los hallazgos de fosas y muertos, pero corresponde a las instancias de justicia hacerse cargo de la investigación, es decir, la PGR y el GIEI. Por medio de ellos, los padres recibirán información de resultados científicos.
Dijo que la información de las fosas surgió de pronto, tras la detención de policías federales y un supuesto integrante de Guerreros unidos por vecinos de Carrizalillo, cuando pretendieron llevarse al presidente del Comisariado Ejidal, quien renta sus tierras a la minera Gold Corp.
En este sentido, señaló que tienen muchas dudas y desconfianza de la posibilidad de que en las fosas estén los desaparecidos de Ayotzinapa, ya que el gobierno está muy interesado en mantener la versión de que los normalistas están muertos y que la delincuencia organizada perpetró los crímenes.
Pero aclaró que los padres saben que los hechos de Iguala constituyen un crimen de Estado y de lesa humanidad, y si la delincuencia organizada participó fue en segundo término.
Demandó que el gobierno mexicano dé todas las facilidades a los expertos para que inicien a trabajar en su segundo periodo de mandato, que comenzó a su llegada al país, el 4 de noviembre.
Sin embargo, denunció que las autoridades están retrasando la entrega del expediente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, como se acordó con los expertos el 19 de octubre en Washington previo al informe del primer periodo de mandato en la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).
Aclaró que mientras el expediente siga en la SEIDO los expertos no pueden entregar su plan de trabajo, porque desconfían en los funcionarios de esa oficina.
En relación con Carrizalillo, puntualizó que los padres se reunieron con el GIEI el jueves en la Ciudad de México, y ellos les dijeron que iban a encargarse de toda la investigación, “porque para eso vienen a México, para decirnos la verdad, y nosotros confiamos en su trabajo”.
A las autoridades reiteró el llamado a que les den todas las facilidades para que realicen su labor, y que busquen vivos a los desaparecidos, ya que la nueva versión de que pueden estar en fosas de Carrizalillo, parece una forma de deslindarse de responsabilidades.