La mañana de ayer, policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, ubicado cerca del tutelar de menores de Chilpancingo, para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo, y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Los uniformados que se movilizaron estuvieron en el operativo relámpago, en la región de la Tierra Caliente, hace 19 días ante los bloqueos carreteros e incendios de vehículos en esa región.
En Chilapa, a las 9 de la mañana unos 64 policías estatales pararon labores y se concentraron en la casa del migrante, para exigir respeto su jornada laboral.
Por otra parte, consultado por teléfono, un policía estatal destacamentado en la capital, que se reservó su nombre, comentó que hasta las 8:30 de la noche no hubo ningún acercamiento con funcionarios del gobierno del estado, por lo que continuará el paro de labores en el cuartel, y agregó que sólo tres patrullas harán recorridos y darán atención ciudadana en Chilpancingo.
Informó que durante el paro llegaron a algunos acuerdos con las autoridades, entre ellos vacaciones para 35 uniformados, y que agentes que trabajan siete y ocho días seguidos tomen días de descanso, hoy se hará el cambio de turno en Chilapa y Apango; sin embargo, continuarán en la movilización para apoyar a sus compañeros.
El policía indicó que fueron amenazados con despidos masivos, ante “lo cual intervino el visitador adjunto de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Jesús Romero Hernández”.
Protestan luego de que los encuartelan para enfrentar una marcha que anunció la UPOEG, pero no ocurre
A las 11:30 de la mañana, unos 600 policías se congregaron en la explanada del cuartel para una reunión con mandos de la corporación, en la que exigieron respeto de esta jornada que se suspendió desde hace 20 días ante las operaciones implementadas en la región de Tierra Caliente, porque ahora laboran seis días y sólo descansan tres; además exigen un incremento salarial del 8 por ciento, viáticos y la homologación del bono del Día del Padre, así como la entrega de uniformes de buena calidad.
Asimismo, se quejaron de que ayer fueron encuartelados ante una marcha que había anunciado la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero que se canceló, lo que detonó la protesta porque los uniformados tienen más de seis días sin ver a sus familias.
“Nosotros no vamos seis días a nuestras casas; cuando no hay necesidad de trabajo, para qué nos tienen encuartelados, es un desgaste físico innecesario, y nos exigen trabajar seis (días) por tres (días de descanso), pero queremos tres por tres, que se respete, queremos el bono, respeto de las vacaciones y descansos”, comentó un policía estatal.
Guardias de seguridad impidieron la entrada de los reporteros al cuartel en la capital, pero llegaron unos 50 policías paristas de Chilapa, que permitieron entrar a los comunicadores.
Los agentes estatales se reunieron con un comandante que les ofreció hacer llegar sus peticiones a Almazán Cervantes, pero éstos no aceptaron y le gritaron, “¡Hoy!”, “¡Ahorita queremos que nos atiendan!”, “¡Fuera!”, “¿Que se vaya!”.
Piden también aumentos para viáticos y homologación del bono del Día del Padre con el del Día de la Madre
Un policía estatal que también se reservó su nombre, exigió el pago del bono de riesgo, que es de 3 mil 500 a 12 mil pesos, y que les deberían pagar cada seis meses; desde “hace seis meses no hemos recibido el beneficio, y algunos policías no han recibido el bono”, y agregó que piden el incremento de viáticos de 300 pesos diarios, porque actualmente les pagan 250 pesos.
Explicó que en la entidad hay más de 3 mil policías estatales, y que cada uno de ellos cobra de 4 mil 800 pesos a 5 mil pesos quincenales; sobre los seguros de vida, dijo que cada cambio de gobierno renuevan el beneficio con otra aseguradora, “antes nos ofrecían un millón de pesos, pero con la aseguradora de Banorte no nos han dicho el monto del seguro de vida”.
Otro uniformado que, durante el operativo relámpago en Tierra Caliente, “el 12 de mayo, en Tlalchapa, en un camino de terracería nos atacaron a balazos, algunos compañeros resultaron con rozones y los autobuses con impactos de bala… Cuando estuvimos allá la gente no nos vendían comida porque tenía miedo tras ser intimidada por hombres armados, trabajábamos 12 días y descansábamos cinco, al regresar nos iban a dar días de descanso y un bono, pero no fue así”, indicó.
Comentó que en esa operación participaron 200 policías estatales, “fue por eso que no nos dejaron descansar ni visitar a la familia durante seis días, nos cansamos más y no trabajábamos bien por lo cansado, por eso realizamos esta movilización”.
Explicó que en Chilapa son 64 policías estatales que se encuentran en la casa del migrante desde ayer, que no salieron a trabajar porque no se les respeta la misma jornada laboral, y 50 de ellos se sumaron a la protesta en el cuartel en Chilpancingo.
Además, dijo que en Mártir de Cuilapan (Apango), 14 policías se sumaron a la movilización y suspendieron labores en la cabecera municipal.
Dijo que el nombramiento de Pedro Almazán Cervantes viola la Ley 281, porque en cada coordinación regional nombran a militares para que tomen el cargo, y cometen abuso de autoridad, hostigamiento y violación a los derechos humano de los policías, aunque “la ley dice claro que estos cargos deben ser ocupados por los mismos policías estatales”.
Además exigen la homologación del bono del Día del Padre, que es de mil 500 a 2 mil pesos, con el del Día de la Madre, que es de 8 mil a 10 mil pesos; piden además ser incluidos en el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y caja de ahorro.
“Otras irregularidades son que, a veces metemos oficio de incapacidad, y los días que no laboramos no nos llegan los viáticos, los trabajadores de la Secretaría nos quitan nuestro dinero, y para pedir nuestras vacaciones nos rechazan los oficios y nos aplazan nuestros periodo, nos dicen que hasta nuevo aviso”, denunció.
Además han recibido represalias cuando se manifiestan o paran labores, “por eso los policías no quieren hablar; como castigo nos mandan a Tierra Caliente, a la sierra y a Chilapa, como represalia”.
Por su lado, el policía estatal primero, José Isabel Muñoz Franco se quejó porque el coordinador de la corporación de la región Centro, Édgar Reyna de La Garza no le autoriza un permiso para atenderse a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), porque hace nueve años sufrió un accidente en una patrulla, sufrió lesiones en la columna que le provocan lumbalgia crónica y hernia de disco.
Relató que, el 15 de mayo al estar dando el servicio de seguridad en las oficinas de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en la capital, “un compañero se bajó de su patrulla y me pidió que le diera permiso para entrar al baño; le contesté que le pediría permiso al director del ISSSTE; el agente se molestó y se fue, por esta acción me encuartelaron y después me mandaron al puesto de control en Tierras Prietas, cerca del Hospital General”.
Muñoz Franco señaló que el cambio de su lugar de trabajo ha agravado su salud; sin embargo, en la clínica del ISSSTE le expidieron una licencia médica de tres días, y la corporación no ha autorizado el permiso; agregó que solicitó la intervención de la Comisión estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), con el número de oficio 557/2017.
“En la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, no había tanto maltrato a los policías estatales, pero este señor, Édgar Reyna tienen una recomendación en la Codehum para que atienda mi demanda”, declaró.
A la 1:23 de la tarde, al cuartel central llegaron el subsecretario de Administración de Apoyo Técnico y Capital Humano de la SSP, Edwin Tomás Martínez Godoy, y el jefe de la Unidad Jurídica y Derechos Humanos de la dependencia, Francisco Montesinos Baños, quienes pidieron a los policías estatales que mandaran oficios a los coordinadores regionales de la corporación para que les respeten la jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, pero los inconformes no aceptaron.
Montesino Baños dijo que el estado de Guerrero está pasando por una situación difícil ante las movilizaciones sociales, “es por eso que requerimos su atención para salvaguardar la integridad física de la población, porque son los únicos que han desempeñado bien su papel”.
Sin resolver las demandas de los policías estatales, los funcionarios del gobierno estatal se retiraron del cuartel central.
No será rehén de “chantajes o presiones de grupos radicales o servidores públicos”, advierte Seguridad Pública
La noche de ayer, la SSP difundió un comunicado en el que advierte que el gobierno del estado no será rehén de “chantajes o presiones de grupos radicales o servidores públicos” que, al margen de la ley pretendan imponer sus condiciones, y que si los policías estatales no regresan a trabajar se procederá “conforme a derecho” a su separación y baja definitiva del servicio policial.
En el comunicado expone que los 176 policías estatales de la región Centro que pararon labores en el cuartel central, ubicado en la salida a Chihchihualco, lo hicieron después de “un falso rumor” de que los policías en Chilapa se habían declarado en paro.
En el texto se expone que los policías argumentaron violación a sus derechos laborales, salario insuficiente, ausencia de prestaciones y sobrecargas de trabajo, pero no tienen sustento. Debido a que la policía estatal de Guerrero está entre “las mejores pagadas del país”, además de tener “prestaciones de ley y el pago de viático los 365 días del año, sin importar si se encuentran trabajando, de vacaciones o con incapacidades”, además de que reciben bonos de los días del padre, de la madre y del policía.
