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Bloquean choferes dos calles de Iguala;exigen detener a tres vehículos pirata

 Las unidades prestan servicio irregular en la colonia Renacimiento, denuncian los integrantes del BOSTEG

 Oracio Lagunas Iguala Concesionarios y choferes del Bloque de Organizaciones del Servicio de Taxis del Estado de Guerrero (BOSTEG) bloquearon por casi dos horas las avenidas Vicente Guerrero y Emiliano Zapata, para exigir la detención de tres vehículos pirata que dan servicio de manera irregular en la colonia Renacimiento.

Pero el líder de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), Octaviano Gervasio, y quien encabeza a las unidades pirata, pidió a los transportistas de la BOSTEG y al delegado de transportes en la Zona Norte, Solón Serrano Vargas, comenzar “una purga del transporte público urbano y suburbano” y que retiren por lo menos 100 unidades que trabajan con permisos y números económicos dobles.

El bloqueo a la calle Emiliano Zapata empezó poco después del mediodía e impidió el transito en las calles Miguel Hidalgo y Costilla y Juan Ruiz de Alarcón; participaron taxis, combis y pipas de agua.

A los pocos minutos Solón Serrano conminó a los transportistas inconformes a instalar una mesa de diálogo y desbloquear las avenidas.

A nombre de los transportistas, Abraham Rodríguez Cruz, presidente de la BOSTEG, informó al delegado de Transportes en la Zona Norte que hace un mes descubrieron que tres carros particulares prestan servicio urbano en la colonia Renacimiento, como si fueran públicos.

“Pero no tienen número económico, no portan permiso temporal y mucho menos placas del servicio público, sólo la leyenda de una organización social”, refirió.

Incluso amagaron con retener a las unidades pirata en caso de que personal de Transporte no lo haga, y responsabilizaron a Solón Vargas, al director de Transportes, René Morales Barrientos, y al gobierno estatal en caso de haber agresiones.

En respuesta, Serrano Vargas pidió un plazo de 15 días para detener a las unidades y sancionar, conforme a derecho, a quienes hacen función de transporte público sin tener la concesión correspondiente.

Luego del acuerdo, los transportistas trasladaron su bloqueo a la avenida Vicente Guerrero, a la altura de Palacio Municipal, donde pidieron al director de Tránsito comenzar un programa de bacheo por toda la ciudad, e instalar topes sólo en lugares cercanos a escuelas, hospitales e iglesias.

Comerciantes de Iguala anuncian rondines de vigilancia contra asaltos

 

 Avalan la medida autoridades estatales y del Ayuntamiento. Sólo hay seis patrullas en el municipio, recuerda el director de la Policía Preventiva

 Oracio Lagunas Iguala

Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y de Comercio en Pequeño (Canacope) acordaron hacer rondines de prevención por el centro de Iguala, para evitar nuevos robos a negocios.

La propuesta fue avalada por funcionarios del gobierno estatal y municipal, durante una reunión en la sala de Cabildo, a la que asistieron una docena de comerciantes del Centro.

Ahí, los comerciantes establecidos se quejaron de la falta de seguridad para sus negocios, independientemente de si son miembro de una cámara o no, “porque a final de cuentas es comercio y genera empleos”.

Ante ello, el director de la Policía Preventiva Municipal, Víctor Manuel Taboada Miranda, dijo que la seguridad para los igualtecos dependía de seis patrullas, las cuales recorren toda la ciudad y las colonias de la periferia.

“Lo extraño del caso, o por lo menos que a nosotros nos parece extraño, es que parte de los robos se efectuaron a muy poca distancia de Palacio Municipal, donde hay una guardia de 24 horas y esos policías nunca se enteraron o no quisieron enterarse. ¡no es posible que no escucharan el ruido de cinceles y martillos o esmeriles en la tranquilidad de la noche, no es posible!”.

También solicitaron al delegado de la PGJE, Victorino Díaz, que proporcione avances de las investigaciones de las demandas por robo a comercios establecidos en las avenidas Guerrero, Alvarez, Juárez, Obregón, Galeana, Morelos, Aldama y Bravo.

En respuesta, el funcionario informó que de los más de 20 robos reportados sólo la mitad de los propietarios de los establecimientos habían presentado denuncia formal.

Pese a ello –indicó– los avances son casi nulos, “pero estamos trabajando”.

Los comerciantes pidieron mayor seguridad y propusieron un nuevo acercamiento con el presidente municipal, Lázaro Mazón Alonso, los síndicos y la totalidad de regidores, “porque este problema es grave y se tiene que detener”, aseguraron.

Indicaron que integrarán un grupo que recorra el primer cuadro de la ciudad entre la medianoche y las 6 de la mañana, que es cuando se han registrado el robo a sus negocios.

Los comerciantes lamentaron la inasistencia a la reunión del presidente municipal, el síndico procurador y del regidor de Seguridad Pública, “con ello se demuestra la poca atención e interés que le ponen al comercio local”.

A la reunión asistieron los regidores Francisco Román Jaimes, Jesús Vergara Meza y Esteban Albarrán Mendoza; el director de la Policía Preventiva Municipal, Víctor Manuel Taboada Miranda; el delegado de la Procuraduría General de Justicia en la Zona Norte, Victorino Díaz, y comerciantes encabezados por el presidente de la Canacope, Felipe de Jesús Adán Ramírez.

Ganaderos, por el cese del director de Desarrollo Rural de Iguala

Horacio Lagunas

Iguala

Unos 30 ganaderos exigieron al presidente municipal Lázaro Mazón Alonso la renuncia del director de Desarrollo Rural, Cándido Echeverría Rubio, por su probable participación en la desaparición de medio centenar de animales, con un valor superior al medio millón de pesos.

Sin embargo, la petición fue rechazada de manera tajante por el alcalde, con el argumento de que el trabajo de su director de Desarrollo Rural es bueno y él “no responderá a la demanda de carácter político, porque tras ese grupo hay otras personas interesadas en provocarle problemas”, pero se negó a dar nombres.

Los ganaderos, encabezados por José Isabel Arines Hernández, se reunieron en la sala de Cabildo con Echeverría Rubio; el contralor interno municipal, Romel García Martínez, y los regidores Irineo Peralta Martínez y Gerardo Román Chávez, quienes escucharon con atención los planteamientos de los inconformes.

Allí entregaron un documento donde solicitan que “… (se) esclarezca el paradero de los animales, propiedad de José Isabel Arines Hernández y José Nava Carreto, capturados por la patrulla ganadera y desaparecidos del mismo corral, esto de acuerdo con testimonios de otros dueños y socios del ganado”.

También se pidió una investigación ministerial a petición de la Asociación Ganadera, y que se castigue a los responsables porque el ganado no puede desaparecer de la noche a la mañana, y menos si fue levantado por la patrulla de la Ganadera.

El documento indica que desde la puesta en marcha de la operación para la captura del ganado que deambula por calles de la ciudad y carreteras, “se ha suscitado el robo descarado, lo que motiva al delito de abigeato de que hemos sido víctimas los productores de ganado vacuno, porcino, caprino, asnal y equino; desapariciones que van en aumento y de manera alarmante, atentando contra el patrimonio y sustento de muchas familias”.

Por ello exigieron la destiución de los integrantes de la Patrulla Ganadera.

A lo largo de casi cuatro horas, los ganaderos insistieron en la salida del director de Desarrollo Rural, quien en algún momento ofreció pagar el ganado desaparecido pero con cargo al municipio, lo cual fue rechazado por los ediles, quienes dijeron que de hacerlo así la administración municipal sería copartícipe del delito de abigeato en caso de darse o comprobarse el paradero de los animales.

Durante la mayor parte de la reunión hubo acceso a los medios de información, pero cuando se abordaban las soluciones al problema, por instrucciones de Echeverría Rubio se cerró la puerta y ya no se permitió el acceso.

Fallo favorece a tres despedidos del ayuntamiento azuetense

Reporta Canaco de Iguala pérdidas de 2 millones de pesos por robos a comercios

 

 Han sido atracados 25 comercios y sólo se denuncia el 50 por ciento de los asaltos, dice Alejandro Valladares

 El presidente de la delegación de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Iguala, Alejandro Valladares Robledo, informó que el comercio establecido registró pérdidas superiores a los 2 millones de pesos, ocasionados por el robo de mercancías a 25 establecimientos en lo que va del gobierno del alcalde Lázaro Mazón Alonso, según datos registrados por dicha cámara y por la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Valladares Robledo señaló que “lo más grave” es que sólo en el 50 por ciento de los casos se han presentado denuncias, y si en el resto de los casos no se denuncia es por el excesivo burocratismo del Ministerio Público, donde te piden comprobar que además de ser el propietario del negocio, muestres las facturas de la mercancía robada, de lo contrario no se puede proceder por falta de elementos”.

Valladares Roledo señaló que, desde su punto de vista, “los robos siguieron un plan previamente diseñado, porque empezaron en la calle Vicente Guerrero y luego se fueron a Juan N. Álvarez; continuaron en Benito Juárez, luego enfilaron hacia Álvaro Obregón, de ahí pasaron a Mariscal Galeana y José María Morelos y Pavón, y fueron a concluir en Nicolás Bravo”.

El dirigente agregó que durante éstos últimos 16 meses, periodo de la actual administración municipal, fueron robadas farmacias, tiendas de ropa, mueblerías, tiendas de aparatos musicales, perfumerías, las mismas oficinas de la Canaco y el Mega Elektra, hasta sumar 25 casos.

Por su parte, Felipe de Jesús Adán Ramírez y Gabriel Díaz, dirigentes de la Canacope, insistieron en que “si el robo es un delito del fuero común y se persigue, por qué la parte investigadora no hace lo correspondiente”.

Según los líderes, los robos fueron registrados entre las cuatro y las seis de la mañana y que los ladrones caminaron por las azoteas o tejados, rompieron sofisticados candados y en ocasiones subieron las cortinas de negocios “que hacen mucho ruido”, sin que las unidades policiacas 066 actuaran o aportaran indicios de los robos.

Adán Ramírez detalló el robo de su tienda de ropa, ubicada frente al Palacio Municipal: “mi negocio fue robado una madrugada del mes de diciembre, subieron la cortina y sustrajeron ropa con valor superior a los 40 mil pesos, pero lo raro del asunto es que enfrente de mi negocio está, en la planta baja del Palacio Municipal, una guardia de policías, porque ahí es sede de la Dirección de Seguridad Pública, pero no se dieron cuenta de nada o por lo menos no lo reportaron sino hasta el día siguiente”, refiere.

Adán Ramírez y Gabriel Díaz indicaron que en más de una ocasión han planteado su queja personalmente y como miembros de los organismos de comerciantes al presidente municipal Mazón Alonso, pero que éste “no les hace caso”.

“En ocasiones hasta nos hace pensar mal, porque en el periodo de Juan Muñoz Caballero, lo que más se dió fue el robo de autos. Estuvieron imparables, incluso hubo autos robados en Tránsito Municipal, por lo tanto no dudo que ahora se trate de una banda que muy probablemente reciba seguridad de las corporaciones policiacas”, dijeron.

Los tres dirigentes recordaron que a principios de este año, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, presentó el programa “Vecino Vigilante”, el cual prevé hacer disminuir los delitos, pero que hasta el momento “los recursos de seguridad pública fluyen pero no los vemos”, concluyeron.

Padres de familia y estudiantes del CREN de Iguala toman el ex Ineban en la capital

 Reiteran su exigencia de que salga el director

 Padres de familia y estudiantes del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala, llevaron a cabo ayer bloqueos intermitentes cerca del paso elevado del  boulevar René Juárez Cisneros, y tomaron las instalaciones de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro (ex Ineban), para exigir al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, la salida “inmediata” del director Pablo Hernández Aguilar, así como la entrega de plazas para los egresados, además del edificio que esta siendo reparado desde hace varios años.

Cerca del medio día unos 200 padres de familia y estudiantes del CREN de Iguala, hicieron bloqueos intermitentes cerca del paso elevado del boulevar René Juárez Cisneros, para exigir al titular de la SEG, la salida “inmediata” del director Pablo Hernández, por “mal administrar” los recursos de esa institución, aseguró la dirigente estudiantil, María del Carmen Mojica Salgado.

Explicó que los estudiantes y padres de familia –que desde el 16 de febrero mantienen tomadas las instalaciones del CREN de Iguala–, han dialogado con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG, Esteban Espinosa Peza, por el caso del director impugnado, “pero sólo nos dice que está en proceso”.

Otra de los razones del bloqueo, dijo Mojica Salgado, es la entrega de 128 plazas para igual número de egresados, y es que hasta hoy “sólo nos han entregado 10” y mientras que el resto no obtuvo los nombramientos en esta segunda remesa de plazas que entregó la SEG”.

La estudiante normalista también pidió a Pano Cruz el pago de las 300 becas que adeuda a los estudiantes del cuarto grado, con las cuales deben realizar sus prácticas, ya que desde el inició del ciclo escolar “no les han pagado nada”.

Asimismo demandó la entrega “inmediata” del edificio que desde hace más de un año está en reparación, ya que las aulas provisionales donde hasta hace 44 días recibían clases “no son las propicias”.

Más tarde el contingente de normalistas y padres de familia tomaron las instalaciones de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro (ex Ineban) –ubicadas a casi 100 metros de donde hacían el bloqueo. Ahí los trabajadores que habían quedado dentro de las oficinas, unos brincaban las rejas y otros empujaban el portón del estacionamiento provocándose un leve jaloneo y reclamos.

Trasladan a tres presos políticos de Coyuca de Catalán a Iguala y Chilpancingo

* Denuncian familiares que es una medida de represión

Tres presos políticos originarios de la comunidad de Monte Grande, en la Tierra Caliente, fueron trasladados de la cárcel de Coyuca de Catalán a Iguala y Chilpancingo, según sus familiares, como parte de la represión que han sufrido desde hace casi seis años.

Los presos afectados son Custodio Gómez Salvador, Stalislao Gutiérrez González y Aurelio Díaz Milián, trasladados este jueves en la noche, informó la hija del tercero, Marisol Díaz Gutiérrez, vía telefónica a la redacción de El Sur.

Denunció que a Stanislao Gutiérrez y a Custodio Gómez los tienen incomunicados en Chilpancingo, sin que se les permita ver a sus familiares, a manera de castigo, sin alguna razón para ello.

Señaló que pidió explicación al director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Coyuca de Catalán sobre el motivo del traslado, pero el funcionario no dio respuesta; primero dijo que era por problemas de soprepoblación en ese reclusorio, pero eso no es posible porque los únicos traltadados fueron los tres y con ellos no se resolvería el problema de sobrecupo; después sólo dijo que es una decisión del consejo técnico, sin explicar el motivo.

En nombre de la familia, la joven manifestó la petición del regreso de los presos a Coyuca de Catalán, y afirmó que la única razón del cambio a reclusorios alejados de sus familias y de la comunidad que los apoya, es seguirlos castigando injustamente, dificultando su defensa y el movimiento de sus familiares, como parte de la represión que han sufrido por su participación en defensa de los derechos del pueblo de Monte Grande, municipio de Coyuca de Catalán.

Recordó que la represión contra los tres presos viene de la familia Montúfar (de la que el más destacado de sus integrantes es el ex director de la Policía Judicial del Estado y actual secretario de Seguridad Pública en Chilpancingo, Erit Montúfar Mendoza), a cuyos miembros consideran como los principales caciques de esa región, y no descartan que en la decisión del traslado esté la mano de los Montúfar.

Custodio Gómez Salvador, Stanislao Gutiérrez González y Aurelio Díaz Milián están en la cárcel desde junio de 1998, acusados de una emboscada en diciembre de 1997 en la que murieron tres miembros de la familia Montúfar: José Montúfar, su hija Diocelina, y su nieto Ángel de Jesús Balderas Montúfar.

Los tres presos están sentenciados a 30 años de cárcel, pero esperan en poco tiempo el resultado de una demanda de amparo que interpusieron contra la sentencia, pues demostraron que los testigos de la acusación en la que se basó la condena son falsos, informó Marisol Díaz.

Dijo que la familia teme que en la cárcel de Chilpancingo los presos sufren más hostigamiento, porque ahí se encuentra recluido un miembro de la familia Montúfar, Ramiro Montúfar Burgos, quien fue trasladado de una cárcel de Estados Unidos, donde está acusado de delitos de narcotráfico.

Las familias de los presos de Monte Grande señalan que los Montúfar siempre han afectado a los habitantes de esa comunidad, y se refieren como caso reciente al asesinato de Perfecto Benítez Gutiérrez, el 7 de septiembre de 2003, del que señalan como responsable a Abel Montúfar. (De la Redacción).

Toman colonos por ocho horas la delegación de Transportes en Iguala

 * Exigen permisos de combi y la renuncia de Solón

 Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * Integrantes de la Organización Guerrerense de Comerciantes Fijos y Semifijos Francisco Villa, y vecinos de la colonia del mismo nombre, tomaron por más de ocho horas las oficinas de Transportes en la Zona Norte y encerraron al personal que ahí labora, para exigir la salida del delegado Solón Serrano Vargas, además de la entrega de dos permisos para combis de la ruta Mercado-colonia Francisco Villa.

Los más de 200 colonos y comerciantes, en su mayoría mujeres y niños, se concentraron afuera de las oficinas de la delegación de Transportes desde poco antes de las 10 de la mañana, y con pancartas demandaban la salida de Serrano Vargas por negarse a entregar dos permisos de la organización “Francisco Villa”, acordados desde el 23 de junio de 2003.

El presidente de la Organización Guerrerense de Comerciantes Fijos y Semifijos Francisco Villa, Nicolás Guerrero González, informó que su presencia se debía al incumplimiento de una minuta por parte del delegado de Transportes en la zona Norte, asimismo para denunciar arbitrariedades de cuatro choferes de combis que laboran en la ruta Mercado-colonia Francisco Villa, ubicada al norte de la ciudad.

Refirió que desde 26 de agosto de 2002 solicitaron a la Comisión Técnica de Transporte la entrega de dos concesiones para el servicio urbano de la colonia, “y a nosotros se nos ha discriminado, pues a otras organizaciones (sin mencionar nombres) se les otorgaron tres permisos ¿por qué no nos van a dar?”.

Debido a que el delegado Serrano Vargas no se encontraba en su oficina, los colonos decidieron esperarlo hasta el mediodía, pero advirtieron que de no presentarse desalojarían a los trabajadores del inmueble y lo ocuparían ellos, lo que finalmente ocurrió.

En ese momento, la asesora jurídica de la dependencia, Alma Delia Román Delgado, encaró al líder de la organización y pidió al resto de los inconformes que abandonaran la oficina, pues eran horas de trabajo.

A las 3 de las tarde, cuando los empleados, principalmente las secretarias y la misma asesora jurídica pretendieron retirarse, los colonos lo impidieron con el argumento de que cuando ellos les pidieron que se fueran se negaron, y “ahora se aguantan hasta que llegue Solón Serrano”, pero hasta las 6 de la tarde el delegado no aparecía.

Observaciones de Contraloría por más de 8 millones a obras de Iguala

* Diversas deficiencias en el ejercicio de 2003

 Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * La Contraloría General del Gobierno del Estado encontró irregularidades por más de 8 millones de pesos en obras del año anterior en este municipio. Algunas de ellas no han iniciado, otras están a medio construir o fueron reportadas como concluidas al cierre del ejercicio 2003, pero presentan diversas deficiencias.

Por lo tanto, la dependencia sugiere a la administración municipal hacer las correcciones correspondientes a las 60 obras revisadas en el primer mes del año en curso.

De acuerdo con el reporte de 19 hojas, se encuentran sin ningún avance la ampliación de una línea eléctrica en El Naranjo; estudios y rehabilitación de la planta potabilizadora (módulo de concreto); conservación de la carretera Joya de Paintla-Zacacoyuca; pavimentación de la calle Kariña, en la colonia 24 de Febrero; ampliación de la red de electrificación del sistema de bombeo de la ciudad y la rehabilitación con asfalto de las avenidas Vicente Guerrero, tramo Manuel Negrete-Juan Ruiz de Alarcón; Juan N. Álvarez-Bandera Nacional y Juan N. Álvarez y Mariano Herrera.

También se encuentran en el documento la construcción del sistema de agua de Ceja Blanca; construcción del tanque de almacenamiento de la colonia PPG; rehabilitación del pozo de la colonia Ejidal; rehabilitación de un pozo profundo de la ciudad; rehabilitación del pozo y equipo de bombeo del poblado de Coacoyula; rehabilitación   del sistema (caja de operación) en la avenida del Ferrocarril de la colonia Adrián Castrejón y la rehabilitación del sistema de conducción de agua de la colonia Villa de Guadalupe.

Otras dos obras no menos importantes, señaladas por la Contraloría con irregularidades, se encuentran en la colonia del Fovissste y la colonia 24 de Febrero.

Las observaciones indican: “Avance físico del 0%. Obra no iniciada”. Se sugieren hasta 7 requisitos para su solventación, entre ellos: terminar la obra al 100 por ciento; constancia de conclusión de la obra, donde se mencionen los conceptos realizados, volumen, precio unitario e importe y total que fueron realizados al 100 por ciento,avalado por el comité de obras, autoridades municipales y Copladeg; la bitácora de la obra; acta de entrega recepción y el expediente técnico validado por la dependencia normativa, entre otros.

Obras como la rehabilitación de la Calle Ignacio Maya; un aula del Colegio de Bachilleres, en el plantel de Santa Teresa; estudios y proyectos de rehabilitación de la planta potabilizadora (modulo de acero) y la rehabilitación de la calle Zapata-Juan N. Alvarez-Europa, presentan avances de entre el 6 y el 7 por ciento. Las recomendaciones inmediatas son concluir las obras de acuerdo al ejercicio del año anterior.

Así también, obras como la red de electrificación de Zacacoyuca; la conservación del camino del asentamiento Grupo Colosio al Periférico Sur; un aula en la colonia Unidos Por Guerrero y pavimentación de la calle Rubí de la colonia Esmeralda, tienen avances que van entre el 11 y el 60 por ciento.

Observaciones se hacen, asimismo, a la construcción de 12 aulas del Centro Regional de Educación Normal (CREN), obra que los estudiantes han incluido en su pliego de demandas. El que no esté concluida a la fecha ha propiciado que en casi mes y medio no se tengan clases.

Por lo que corresponde a las obras reportadas como concluidas al 100 por ciento y ya en operación, se indica que muchas de ellas aún les falta el acuerdo para la ejecución de la obra por administración directa, oficio de anexo de aprobación de obra por el Copladeg y recibo oficial de reintegro, en caso de haber sobrado recursos para devolverlos a la tesorería.

De estas últimas obras reportadas al 100 por ciento y ya en operación, se encuentran las cinco supervisadas por la mayoría de ediles el jueves 18 de la semana anterior. Detectándose que muchas de ellas presentan serias deficiencias en su construcción.

Los resultados de esta revisión se darán a conocer en el transcurso de esta semana y tras una probable comparecencia del director de Obras Públicas, Hernán Cepeda Castro ante el pleno del Cabildo.

Aunque sabe no revela quienes lo agredieron y mataron a su esposa

 * Caso del judicial Bernardino Diego

Jorge Nava * El policía judicial destacado en Iguala, Marco Antonio Bernardino Diego, pidió castigo para aquellos que mataron a su esposa Josefina Venancio García, aunque reconoce quienes son sus agresores no quiso revelar la identidad de los mismos al Ministerio Público de Barrios Históricos.

Personal de esa representación social informó que, en la tarde de ayer, acudió Bernardino Diego a declarar con relación al tiroteo, en el cual murió su esposa, la madrugada del jueves en la curva de la playa La Angosta.

El judicial iba ese día con su esposa, a bordo de un taxi con número económico 3629, placas 4629FFC, modelo Volkswagen, que tomaron en una calle de la colonia Progreso. Fueron seguidos presuntamente por dos sujetos que se desplazaban en una camioneta color rojo, que, al llegar a la curva de la playa La Angosta, le cerró el paso al taxista, descendiendo un desconocido dispararando                   contra los pasajeros.

Informaron que el judicial esta a disposición de ellos porque la pistola calibre 9 milímetros con que repelió la agresión, no cuenta con permiso de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Señalaron que el judicial de no atreverse a revelar la identidad de sus atacantes, complica la investigación.

Asimismo, se informó que el dueño del taxi acudió a pedirles el regreso de su unidad. Pero se le informó que será en una semana aproximadamente cuando se lo devuelvan. Mientras los péritos de esa dependencia recaban pruebas que pudiesen encontrar en el volkswagen, que recibió 25 impactos, entre disparos entrantes y salientes.

Descubren ediles irregularidades en construcciones de Iguala

* Supervisan obras en varios puntos de la ciudad

Oracio Lagunas Ramírez, corresponsal, Iguala * Ediles y funcionarios del Ayuntamiento igualteco supervisaron obras sociales en diversos puntos de la ciudad, y comprobaron serias irregularidades en su construcción, defectos que deberán ser corregidos lo antes posible.

En similares circunstancias se encuentran otras 10 obras, las cuales serán revisadas a más tardar la semana próxima, apuntaron regidores del PRI y PRD.

Desde las 9 de la mañana de ayer, y en atención al acuerdo de Cabildo del miércoles, la comisión de ediles encabezada por el alcalde Lázaro Mazón Alonso; el síndico procurador Isaac Carachure Salgado, y los regidores del PRI, Esther Orea Vargas, Francisco Román Jaimes, Esteban Albarrán Mendoza, Gerardo Román Chávez y Leticia Márquez Ocampo; los perredistas Teresa Ramírez Delgado, Jesús Vergara Meza, Rolando Erdosay Salgado, Joaquín Moreno Saldaña, Irineo Peralta Martínez y Esteban Cayetano Hernández, y los panistas María Teresa Alanis Domínguez y Arturo López Facundo, supervisaron cinco obras en total.

Se trata del bacheo de la calle Benito Juárez, con una inversión de 100 mil pesos; la calle principal de la colonia Agua Zarca o Solidaridad, hecha por el comité de obra, pero que tiene observaciones de la Contraloría del Estado tras una revisión y que no pasará hasta en tanto no se corrijan las fisuras existentes y la red de drenaje en la colonia Guadalupe.

“Encontramos que la obra está terminada, pero las tapaderas de registros de las hoyas, se encuentran en mal estado. Son tapas de mala calidad porque se están rompiendo solas y son un peligro para quienes transitan por esa calle”, informó Vergara Meza.

Versión similar dio Román Jaimes, al indicar que encontraron graves irregularidades en el concreto presurizado de la calle Justo Sierra, con fracturas de principio a fin, y en el acceso principal al panteón de El Tomatal, donde la obra está reportada como concluida y sólo tiene gravilla.

“En la mayoría de las obras revisadas encontramos graves errores que señalamos de manera puntual y que el director de obras públicas, Hernán Cepeda Castro, tuvo que aceptar y corregir o en su defecto rehacerla la obra totalmente”, añadió el regidor priísta.

Lo más grave del asunto, insistió, es que al no existir asfaltado ya está surgiendo pasto por todos lados y la obra está reportada como terminada, no así inaugurada, pero se debe de hacer otra vez.

“En todas las obras no se cumple con el grosor del cemento. Prácticamente las obras tienen un ocho centímetros de espesor y el expediente técnico te habla de 15 centímetros de grosor”.

Según los regidores las obras se deben corregir y en algunos casos volver a hacerse pero ya no con recursos del municipio sino de la constructora o fincar responsabilidades a quienes se les tenga que fincar.

La revisión de obras molestó de sobremanera al alcalde Lázaro Mazón Alonso, quien instruyó de inmediato al director de Obras Públicas, Hernán Cepeda Castro, a resolver el problema lo antes posible.