La recomendación número 19/2006 que envió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el 6 de abril al procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, por el caso de la desaparición forzada del editor de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas, está dirigida en contra del ex gobernador René Juárez Cisneros y sus colaboradores, Jesús Ramírez Guerrero, Luis León Aponte y Pedro Loyo Malabar.
En el documento oficial la Codehum considera que los ex funcionarios incurrieron en los delitos de “denegación de justicia, ejercicio indebido de la función pública, irregularidades y dilación en la integración de la averiguación previa”.
En el contenido de la recomendación de la Codehum –a la cual El Sur tuvo acceso–aceptada por la PGJE el 11 de abril, no se fundamenta la presunta responsabilidad de Juárez Cisneros, Ramírez Guerrero, León Aponte y Loyo Malabar en la desaparición forzada de Aguilera Lucas y en cambio se pide investigar a un “agente de Inteligencia Militar” vinculado presuntamente con la desaparición del periodista y que fue identificado por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) por medio de una fotografía.
En el documento oficial sólo existen acusaciones de la hermana del periodista desaparecido hace dos años, Ernestina Aguilera Lucas, quien presentó la queja ante la Codehum en contra de René Juárez Cisneros, Luis León Aponte, Jesús Ramírez Guerrero y el ex agente del Ministerio Público y actual coordinador de zona de la Policía Ministerial en Tecpan, Pedro Loyo Malabar.
Ernestina Aguilera declara que su hermano realizó una investigación y publicó algunos datos sobre presuntos actos de desvío de recursos del erario público para la construcción de diversos negocios que presuntamente pertenecen al ex gobernador René Juárez Cisneros en Los Cabos, Baja California Sur, Morelos, Querétaro y Acapulco.
Un día antes de su desaparición, Leodegario Aguilera estuvo en la ciudad de Cuernavaca tomando fotos del restaurante del hotel El Madrigal, propiedad de Juárez Cisneros, y posteriormente en esta capital tuvo una discusión con el ex secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, indica la hermana del editor de la revista Mundo Político.
En el contenido de la recomendación se indica que Ernestina Aguilera no aportó las pruebas que fundamentaran sus señalamientos, mientras que los ex funcionarios excepto Juárez Cisneros, rindieron un informe a la Codehum donde se deslindan de estas imputaciones.
En este sentido, la Codehum recomendó a Murueta Urrutia que continúen las investigaciones respecto “a la hipótesis” sobre el caso de la desaparición forzada del periodista, Leodegario Aguilera Lucas; así como instruir al agente del MP adscrito al juzgado octavo de primera instancia penal del distrito judicial de Tabares que promueva las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de otras personas distintas a los ex funcionarios que han sido señaladas como sospechosos.
Estos son un supuesto agente de Inteligencia Militar que fue señalado por la esposa de Aguilera Lucas, Rosa Velásquez Iñiguez como uno de los participantes en el secuestro del periodista y también fue identificado por agentes de la PIM a través de una fotografía, aunque se desconoce su nombre y su ubicación.
Otro de los sospechosos, según la esposa de Aguilera Lucas es el abogado del periodista, Juan Roberto Zamora Cabrera, quien es acusado de pretender vender el terreno donde se encuentra el hotel del periodista a los dueños del bar El Rodeo.
“Tibia” recomendación de Codehum, opina la hermana del periodista
Ernestina Aguilera Lucas calificó de “tibia” la recomendación de la Codehum.
En entrevista en la redacción de El Sur, el viernes, después de conocer el documento de la Codehum, advirtió que seguirá su lucha por medio de organizaciones internacionales porque, dijo, son las únicas que ejercen presión.
Al gobernador Zeferino Torreblanca le pidió “acabar con la escoria” que hay en una institución como la PGJE; afirmó que apenas el mandatario lleva un año de su administración pero sigue la “podredumbre, lo peor” en esa dependencia y exigió que la limpie.
Llamó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, para que realmente se finque responsabilidades al ex mandatario y miembros de su gabinete porque, cuestionó, cómo es posible que la Codehum resuelva un expediente con las declaraciones escritas que enviaron por separado los señalados.
Por el contrario, criticó que la PGJE sí le fincó responsabilidades a ella cuando su concuña María Rosina Velázquez Iñiguez la denunció porque no permitió que se quedara con la propiedad de su hermano ubicada en calzada Pie de la Cuesta.
A dos años de la desaparición del periodista, Ernestina recordó que agentes del Ministerio Público del fuero común, comandantes de la entonces Policía Judicial bajo el auspicio del entonces procurador Jesús Ramírez Guerrero, el gobernador René Juárez, y el secretario de Gobierno, Luis León, fraguaron un escenario en el que presuntamente a su hermano lo secuestraron y lo quemaron vivo en un predio de la playa Mimosa, y que está cerca del punto conocido como La Curva del Capitán.
Recordó que posteriormente Ramírez Guerrero informó que habían encontrado huesos pero debido a las presiones que hicieron, esos restos fueron enviados con peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) donde confirmaron que se trató de restos de un animal.
Añadió que por ese caso, la PGJE tiene bajo proceso a Alfonso Noel Vargas Baños, El Jhony de 28 años de edad, Alberto Cárdenas Flores de 28, y Juan Carlos Salinas Moreno, El Toro de 18, afirmó que todos ellos son chivos expiatorios quienes enfrentan el juicio en el juzgado octavo penal.
Ernestina llamó a la Codehum y a la CNDH para que realmente emitan una recomendación digna de un cambio; que le indiquen que realmente cambiaron las cosas después del PRI.