Encarcelan a 12 de los 26 detenidos en el desalojo del predio en Metlapil

 

Aseguran que no son invasores y que se encontraban celebrando el día de la Santa Cruz

 Jorge Nava La madrugada de ayer policías ministeriales internaron en la cárcel ubicada en la colonia Las Cruces a doce de los 26 detenidos porque el resto fue dejado en libertad.

A disposición del juez octavo penal quedaron Marcelo Villanueva Genchi, Miguel Angel Arteaga Hipolito, Vidal Herrera Cruz, Policarpo Chavez García, Gabriel Leal Alvarez, Timoteo Barrientos Vinalay, León Felipe Leal, Miguel Angel de la Cruz Zavaleta, Inocencio Navidad González, Francisco Salinas Clemente, Concordio Jacobo Sánchez y Rodimiro Ramírez Román.

Todos ellos ingresaron al penal a las 6 de la mañana, luego de que los trasladaron en cuatro automóviles de la Policía Ministerial, que eran encabezados por el coordinador regional, Alfredo Camacho Millán, quien a su vez era acompañado de 15 policías.

A las 3 de la tarde, en el juzgado se comenzó a tomar la declaración inicial de los doce procesados por la causa penal 79-2/2004, en las dos secretarías de acuerdos adscritas a ese juzgado.

Los procesados acusados de despojo y lesiones aseguraron que nunca se posesionaron del predio de 14 hectáreas, ubicado en el poblado de Metlapil, pues afirmaron que año con año, se celebra el día de la Santa Cruz, y que por eso fueron invitados a convivir en ese lugar.

Indicaron que la fiesta duró hasta el amanecer, y que fue en ese momento cuando fueron detenidos, por lo que no reconocieron las declaraciones que rindieron al Ministerio Público.

En la diligencia, el fiscal adscrito a ese juzgado, Héctor Alarcón Alemán, pidió que el juez octavo, Víctor Alejandro Arellano Justo, tome en cuenta el artículo 177, en el que se señala que con dos personas o más, se comete el delito de despojo.

Abogados de los detenidos pidieron la ampliación del término constitucional de 72 horas para aportar pruebas, antes de que el juez resuelva si los declara formalmente procesados o no.

En la diligencia, Marina Salinas Morales, hija del procesado, Francisco Salinas Clemente de 70 años, cuestionó el que hayan dejado en libertad a varios detenidos, y que a gente que no tiene que ver con el asunto se le encerró en la cárcel.

Explicó que en el caso de su papá, que se dedica a la albañilería, se quedó en el predio desalojado ese día porque otros amigos de él lo invitaron a beber cervezas. Enojada, se quejó de que ahora tuvo que contratar un abogado personal porque su papá está encarcelado sin que sepa por qué lo detuvieron.

El perredista dejado en libertad, Juan Carlos Muñoz Leal, informó que se integró un grupo de abogados para defender a sus compañeros que fueron encerrados, para que en lapso de la ampliación del término constitucional se aportaran las pruebas de que son inocentes.

Luego de señalar que el Ayuntamiento está en la libertad de presentar una denuncia contra los desalojados, aclaró que ellos no fueron los agresores ni invadieron el predio, pues aseguró que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), no ha acreditado la propiedad de las 14 hectáreas que fueron ocupadas “por gentes que necesitan de una vivienda digna”.

Denuncian policías preventivos por lesiones a los detenidos en Metlapil

Por otro lado, se informó que los policías preventivos del Gobierno del Estado, Aníbal Cipriano García, Gilberto Ortiz Sánchez, y Narciso Dorantes Vargas, acudieron al MP a presentar una denuncia contra los detenidos en el predio en Metlapil.

Cipriano García señaló que sufrió una lesión en la mano derecha, y Ortiz Sánchez acusó que le dieron una pedrada en el ojo izquierdo; mientras que Dorantes Vargas dijo que fue lesionado con otra pedrada en el lado izquierdo de la espalda.

Encarcelan a 12 de los 26 detenidos en el desalojo del predio en Metlapil

 

 Aseguran que no son invasores y que se encontraban celebrando el día de la Santa Cruz

 Jorge Nava La madrugada de ayer policías ministeriales internaron en la cárcel ubicada en la colonia Las Cruces a doce de los 26 detenidos porque el resto fue dejado en libertad.

A disposición del juez octavo penal quedaron Marcelo Villanueva Genchi, Miguel Angel Arteaga Hipolito, Vidal Herrera Cruz, Policarpo Chavez García, Gabriel Leal Alvarez, Timoteo Barrientos Vinalay, León Felipe Leal, Miguel Angel de la Cruz Zavaleta, Inocencio Navidad González, Francisco Salinas Clemente, Concordio Jacobo Sánchez y Rodimiro Ramírez Román.

Todos ellos ingresaron al penal a las 6 de la mañana, luego de que los trasladaron en cuatro automóviles de la Policía Ministerial, que eran encabezados por el coordinador regional, Alfredo Camacho Millán, quien a su vez era acompañado de 15 policías.

A las 3 de la tarde, en el juzgado se comenzó a tomar la declaración inicial de los doce procesados por la causa penal 79-2/2004, en las dos secretarías de acuerdos adscritas a ese juzgado.

Los procesados acusados de despojo y lesiones aseguraron que nunca se posesionaron del predio de 14 hectáreas, ubicado en el poblado de Metlapil, pues afirmaron que año con año, se celebra el día de la Santa Cruz, y que por eso fueron invitados a convivir en ese lugar.

Indicaron que la fiesta duró hasta el amanecer, y que fue en ese momento cuando fueron detenidos, por lo que no reconocieron las declaraciones que rindieron al Ministerio Público.

En la diligencia, el fiscal adscrito a ese juzgado, Héctor Alarcón Alemán, pidió que el juez octavo, Víctor Alejandro Arellano Justo, tome en cuenta el artículo 177, en el que se señala que con dos personas o más, se comete el delito de despojo.

Abogados de los detenidos pidieron la ampliación del término constitucional de 72 horas para aportar pruebas, antes de que el juez resuelva si los declara formalmente procesados o no.

En la diligencia, Marina Salinas Morales, hija del procesado, Francisco Salinas Clemente de 70 años, cuestionó el que hayan dejado en libertad a varios detenidos, y que a gente que no tiene que ver con el asunto se le encerró en la cárcel.

Explicó que en el caso de su papá, que se dedica a la albañilería, se quedó en el predio desalojado ese día porque otros amigos de él lo invitaron a beber cervezas. Enojada, se quejó de que ahora tuvo que contratar un abogado personal porque su papá está encarcelado sin que sepa por qué lo detuvieron.

El perredista dejado en libertad, Juan Carlos Muñoz Leal, informó que se integró un grupo de abogados para defender a sus compañeros que fueron encerrados, para que en lapso de la ampliación del término constitucional se aportaran las pruebas de que son inocentes.

Luego de señalar que el Ayuntamiento está en la libertad de presentar una denuncia contra los desalojados, aclaró que ellos no fueron los agresores ni invadieron el predio, pues aseguró que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), no ha acreditado la propiedad de las 14 hectáreas que fueron ocupadas “por gentes que necesitan de una vivienda digna”.

Denuncian policías preventivos por lesiones a los detenidos en Metlapil

Por otro lado, se informó que los policías preventivos del Gobierno del Estado, Aníbal Cipriano García, Gilberto Ortiz Sánchez, y Narciso Dorantes Vargas, acudieron al MP a presentar una denuncia contra los detenidos en el predio en Metlapil.

Cipriano García señaló que sufrió una lesión en la mano derecha, y Ortiz Sánchez acusó que le dieron una pedrada en el ojo izquierdo; mientras que Dorantes Vargas dijo que fue lesionado con otra pedrada en el lado izquierdo de la espalda.

Los policías tienen derechos, por eso metimos la denuncia: López Rosas

 Explica la demanda ante el MP contra 26 desalojados del predio de Metlapil

 Magdalena Cisneros

El alcalde Alberto López Rosas dijo que el Ayuntamiento presentó la denuncia en el MP contra los 26 detenidos en el desalojo en Metlapil, porque “cada policía es un ser humano que tiene sus derechos garantizados, no puedo impedir que al verse lesionados, agredidos, actúen como personas agraviadas; están en su derecho y espero que esta etapa se supere”.

Consultado después de la entrega de camionetas Pick up a policías de la Secretaría de Protección y Vialidad, López Rosas insistió que apoyarán estas acciones si el gobierno municipal es requerido por la autoridad competente.

“En ese sentido, el gobierno municipal se deslinda de la forma en que se planeó la operación, sólo fuimos en apoyo y seguiremos actuando aunque no seamos los responsables directamente, siempre y cuando haya una denuncia formal”, indicó.

Ayer por la mañana, Alberto López Rosas entregó 25 camionetas Pick up a la Secretaría de Protección y Vialidad, con un costo de 3 millones 200 mil pesos, además anunció que en unas semanas darán los uniformes a los policías y que ya está en trámite la adquisición de armamento –para el cual ya se depositaron 5 millones de pesos– para “estar a nivel y combatir la delincuencia”.

A los policías que estuvieron en la explanada de la dependencia pidió estricto cumplimiento a los principios de disciplina, porque en una dependencia donde está como principio fundamental la disciplina y se rompe “se vulnera la autoridad y no hay quien garantice a la sociedad su seguridad y tranquilidad”.

Precisó que así como exige disciplina también cuida que los policías no sean sujetos de acciones arbitrarias o de excesos, “por lo mismo sabremos que se buscarán equilibrios para que sus derechos estén garantizados”.

En declaraciones con reporteros, indicó que luego del exhorto del síndico Fernando Donoso a policías para que denuncien si les venden uniformes, se designará una persona de la sindicatura para vigilar la entrega de los uniformes y reporte cualquier anomalía.

Por su parte, Valenzuela Valdés explicó que las camionetas aumentarán el número que tiene la dependencia, pues actualmente hay 60 vehículos, además de 35 que están en reparación y seis que serán dados de baja.

Al acto asistieron el síndico procurador Fernando Donoso Pérez; los secretarios de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdés; Finanzas, Fernando Aragón Gómez; el secretario Francisco Javier Larequi Radilla; el subsecretario de Finanzas, Adrián Alarcón; el director de la Policía Preventiva, Roberto Abizaid Gracián, y el presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Manuel Muñuzuri.

Protestan en el Zócalo precaristas desalojados del predio en Metlapil

 Exigen la libertad de los 12 detenidos. Comenzarán hoy un plantón afuera de las oficinas del Invisur

 Karina Contreras

Precaristas que fueron desalojados el martes pasado de manera violenta por policías municipales y estatales, de un predio de 14 hectáreas, ubicado en Metlapil, y que pertenece al Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), protestaron en el Zócalo porteño para exigir la libertad de 12 personas de los 26 detenidos en el desalojo, y que la madrugada del jueves fueron trasladadas al Cereso de Las Cruces quedando a disposición del juez octavo.

Los inconformes llegaron al Zócalo alrededor de las 11 de la mañana y ahí permanecieron durante una hora, mientras gritaban consignas como “¡Justicia, Justicia!”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Presos políticos, libertad”.

Mientras, familiares de los detenidos alzaban pancartas donde se leía: “Añorve Baños, ya estarás contento. Sabemos que tú eres el autor intelectual”, “Invisur, no abuses en tu carácter de gobierno para atropellar al pueblo golpeándolos y robándoles”, “Señor gobernador. Exigimos la inmediata liberación de los detenidos por el desalojo del predio de Plácido Domingo” o “Señor gobernador. Ya basta de represalias y abuso de poder”.

Por su parte, el dirigente de La Sabana, Juan Carlos Muñoz Leal, detenido durante el desalojo del martes pasado en el predio de Metlapil, acusó a los policías de actuar de manera abusiva contra los colonos en el percance, y señaló que cuando fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público central los mantuvieron incomunicados todo el día y no le permitieron tener abogados de confianza, así como no comer alimentos ni tomar agua.

Aseguró que durante esas horas los policías judiciales ingresaban a los separos para torturarlos física y sicológicamente diciéndoles que les “iban a partir su madre” porque se habían metido “en terrenos peligrosos, que eran instrucciones del gobernador partirnos la madre”.

Señaló que exigen la libertad de los 12 detenidos y que el Invisur se desista de la denuncia por despojo, pues el único delito que cometieron las personas es “exigir e implorar un pedazo de tierra donde vivir, y por cual se cometió una gran injusticia al desalojarlo”.

Se le preguntó su opinión sobre la denuncia que también interpuso el Ayuntamiento porteño, a través del Departamento Jurídico de la Secretaría de protección y Vialidad (SPV), por el delito de lesiones y daños, a lo que Juan Carlos Muñoz respondió: “lo cierto es que, desgraciadamente, tenemos a veces una autoridad ciega y quieren justificar su acción”.

Recordó que a los desalojados ni siquiera se les dio la oportunidad de desocupar el lugar, pues fueron agredidos brutalmente por los policías quienes llegaron de manera violenta; y agregó que al alcalde López Rosas se le informa que si hay policías heridos es porque agredieron a los colonos y éstos tenían que defenderse.

Adelantó que así como los están demandado, ellos también preparan denuncias penales contra el director de la Policía Municipal, Roberto Abizaid Gracián; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima, y contra el delegado de la procuraduría, Efrén Suástegui Mayo, por lesiones y robo, “porque ellos encabezaron la acción violenta”.

Hoy, a las 8 de la mañana, los colonos  comenzarán un plantón afuera del edificio donde se encuentran las oficinas de Invisur, para exigir que la dependencia se desista de la denuncia interpuesta en la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojo.

En Metlapil hubo resistencia a la autoridad: López Rosas

Magdalena Cisneros El alcalde de Acapulco Alberto López Rosas afirmó que las lesiones que hubo durante el desalojo de un predio en Metlapil son consecuencia de la “resistencia a un cumplimiento de autoridad” y señaló que el Ayuntamiento “afrontará las consecuencias” sobre las quejas que presentaron familiares de los detenidos y lesionados en la Comisión de Derechos Humanos, contra policías del gobierno municipal que participaron en el desalojo.

Luego de terminar la celebración del aniversario de la Batalla de Puebla, López Rosas fue consultado por reporteros sobre el desalojo del terreno en Metlapil ocurrido el martes en la madrugada, donde según el reporte de los precaristas hubo nueve lesionados y 26 detenidos.

Reiteró que el gobierno municipal acudió como apoyo por una solicitud “fundada” que no pudo evadir, y explicó que el gobierno municipal interviene cuando dicha solicitud “resulta procedente” porque no puede estar “ajeno a lo que ocurre en el municipio y si hay un mandato de autoridad sería un grave error no acatarlo, “porque entonces es responsabilidad para la autoridad, somos autoridades coadyuvantes, somos autoridades auxiliares y si hay una petición fundada tenemos que hacerlo”.

Al respecto de las quejas que presentaron ante la Codehum los precaristas lesionados durante el desalojo, el alcalde expresó: “Adelante, lo menos que podemos hacer es quedarnos paralizados por miedo, nosotros somos gobierno que va siempre adelante en la problemática y por tanto afrontaremos las consecuencias”, indicó.

–¿Hubo exceso?– le preguntó un reportero.

–Hasta donde tengo entendido hubo resistencia, hay detenidos, tres elementos de la corporación lesionados, es consecuencia de una resistencia a un cumplimiento de autoridad y por tanto tenemos que afrontar esas consecuencias.

Sobre las críticas de la presidenta del PRD municipal, Beatriz González Hurtado por el uso de violencia durante el desalojo, López Rosas respondió que “se actúa como gobierno”, y dijo que respeta las expresiones de su partido “y de cualquier otro partido, pero no podríamos eludir o evadir una responsabilidad como la que tenemos al ser gobierno y al habernos solicitado de manera formal nuestra posibilidad”.

Precisó que en los desalojos que hace el gobierno municipal “no tenemos golpeados, en ninguno de los desalojos que hemos hecho hemos incurrido en excesos”.

–¿Entonces los culpables son los que organizaron el operativo?

–Yo no busco causantes, no; señalo que nosotros acudimos en vía de apoyo, no estuvo a nuestro cargo (el desalojo).

No se retractará el Invisur de la denuncia ante el MP en contra de los precaristas

“Nos recibían con piedras y machetes”: López Salgado

Asegura el delegado que se avisó en dos ocasiones a los invasores que debían salir del predio en Metlapil

Karina Contreras El delegado del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Alejandro López Salgado, dijo que “de ninguna manera” se va a retractar de la denuncia que interpuso por despojo contra los paracaidistas del predio de Metlapil, pues tiene que servir como “precedente a los líderes infractores que han utilizado la invasión de terrenos como su modus vivendis”.

En declaraciones telefónicas, López Salgado, informó que ayer acudió a la quinta agencia del Ministerio Público especializada en despojo para ampliar las declaraciones, y “perfeccionar” su denuncia por ese delito, la cual está bajo la averiguación previa Tab/V/073/2004.

A las 5 de la madrugada del martes, unos 500 agentes de las policías Motorizada y Judicial del Estado y de la Preventiva municipal, desalojaron a precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas propiedad de Invisur, ubicado en el poblado de Metlapil.

El desalojo violento dejó 26 detenidos, nueve heridos y una niña desaparecida, además de ocho golpeados, según informaron ambos bandos. El enfrentamiento duró una hora y hubo golpes, gases lacrimógenos y macanazos.

Se le preguntó si se justifica la violencia ejercida en el desalojo de los precaristas a lo que López Salgado respondió: “nosotros acudimos a notificar al predio en dos ocasiones, y fuimos recibidos de manera violenta con machetes y piedras. Se comportaron de manera agresiva y retadores”.

Dijo que “no va haber perdón” contra los invasores y se aplicará la ley contra los infractores “para que sirva como precedente a los líderes infractores que han utilizado la invasión de terrenos su modus vivendi”.

Al preguntarle si no es algo raro que en 19 horas le hayan dado entrada y ejecución a su demanda en el MP, cuando hay varios predios invadidos a los que la dependencia no les hace caso, el funcionario dijo que “no puedo opinar por los demás. Yo puedo decir que siempre he encontrado un buen trato (del MP) y de los más rápidos cuando he pedido el apoyo”.

Al cuestionar nuevamente sobre la veracidad de la posesión del predio de Metlapil por el Invisur, dado que los paracaidistas señalaron que sobre éste tiene intereses Manuel Añorve Baños, el funcionario respondió: “En la agencia del MP están todos los antecedentes que confirman que es propiedad de Invisur, y por eso solicitaba que se actuara contra los invasores”.

–¿No participa ni como prestanombres?, se le inquirió.

–Está es una institución muy seria. Las escrituras están en el Registro de Propiedad, y sólo así le dieron trámite a la demanda. Los comentarios (de que Manuel Añorve tiene interés en el predio) son puras historias para justificar una acción ilegal.

López Salgado dijo que se aplicará la ley así como se hizo con las agresiones de los colonos del Frente Popular Tierra Digna: “No habrá tolerancia, no se permitirá que la gente abuse de la tolerancia del gobierno de René Juárez Cisneros”, dijo.

Sobre las manifestaciones de protesta anunciadas por los desalojados, López Salgado dijo que “pueden protestar ante las instancias que gusten, incluso, en Invisur, siempre y cuando no afecten a terceros”. Insistió que el terreno de Metlapil es una reserva territorial del gobierno del estado para casas de interés social, y no se puede lotificar “para cualquier gente”.

Plantón de familiares en la PGJE por la libertad de los 26 detenidos

Están incomunicados, dice uno de sus abogados

Jorge Nava Familiares de los 26 detenidos en el desalojo de precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, se plantaron afuera de la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar su liberación.

Se congregaron 100 manifestantes, que fueron apoyados por la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), habitantes de Tres Palos, el presidente de Comité Ciudadano de la colonia precarista Lomas del Valle, Juan Enciso Martínez, y en la que gritaron consignas en contra del gobernador del estado, René Juárez Cisneros y el fiscal regional de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Los manifestantes portaban pancartas de color verde fosforescente, en las cuales escribieron consignas como “No daremos ni un paso en reversa, hasta no lograr la libertad de todos los detenidos por el desalojo violento”.

Otras criticaban la “actitud y cerrazón de los encargados de impartir justicia”. Incluso hubo algunas que invitaban a los transeúntes a que reflexionen su voto, porque el candidato del PRI Héctor Astudillo está vinculado a Rubén Figueroa.

Con los manifestantes se encontraban los abogados, Alvaro Díaz Castro y Manuel Baltazar Avila Sierra.

La Fiscalía Regional fue resguardada por policías ministeriales que vinieron de todas las comandancias adscritas a esta región, a quienes los manifestantes los acusaban de “represores”, de robarse sus pertenencias en el desalojo de la madrugada del martes, cuando todos dormían. Les reclamaban por los golpes que sufrieron.

En ese momento, Sara Adame Bello llamó a los reporteros para que vieran a su hijo de dos años, Emanuel Zabriga Adame, que tenía una mancha de sangre coagulada y una herida en el ojo izquierdo por los golpes de los policías. La mujer indicó que aún ayer no había acudido con algún médico.

Otra mujer, Fortunata Guadalupe Estrada, mostró moretones en su brazo izquierdo, y en la espalda.

Vianey Solís Ramírez, esposa del detenido Tiomoteo Barrientos Vinalay, se quejó porque después que lo revisaron paramédicos de la Cruz Roja, en lugar de curarlo, le dieron una receta de medicamentos para que se recupere de los golpes.

En la protesta, Alvaro Díaz afirmó que la PGJE mantenía incomunicados a los 26 detenidosy y que habló con el delegado Efrén Suástegui, quien lo mandó que tratara eso con el titular del Ministerio Público (MP) de la Quinta Agencia, especializada en delitos por despojo. Aseguró que le pidió al funcionario que consignara a la cárcel a los detenidos para que pudieran hablar con los familiares. Díaz pidió la destitución de Suástegui porque se cometió un abuso de autoridad, robo y daños en agravio de sus defendidos. Reconoció que cometieron una irregularidad los colonos al posesionarse de un predio, pero indicó que el hecho no es para que la autoridad se conduciera con violencia.

Agregó que sus clientes esperaban que el gobernador René Juárez fuera “tolerante” y resolviera el problema. Cuestionó por qué no se ha procedido de esa manera contra los precaristas del PRI, que se posesionaron de un predio ubicado en el Crucero de Cayaco, –el cual encabeza Miguel Terrazas Sánchez–.

Por otra parte, el presidente del Comité municipal de la UTD, Rogelio Pérez Marcial, al hablar sobre el desalojo, opinó que se solidarizaba porque entre los detenidos se encuentra el asesor de esa organización, Juan Carlos Muñoz Leal. Acusó que se cometió un delito en agravio de los colonos, por eso indicó que se encontraban allí, para que el gobernador no se burle de los agraviados.

El representante de la colonia irregular, Lomas del Valle, Juan Enciso, manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en que se efectuó el desalojo, porque se violaron los derechos humanos y garantías que la ley establece para las personas. Sugirió que antes se debió entablar diálogos con los colonos, pues criticó que se procedió peor que contra los delincuentes.

Por la tarde, Alvaro Díaz informó que los abogados de los detenidos integraron tres comisiones, una que buscará una mesa de trabajo entre la fracción parlamentaria del PRD y el director del Invisur, MarcoAntonio Castrejón Lobato; otra que se encargará de vigilar cuando los detenidos sean trasladados a la cárcel de Las Cruces, con el fin de asistirlos cuando rindan su declaración preparatoria con el juez penal que sean consignados. Y la tercera buscará hablar con el procurador Jesús Ramírez Guerrero.

Denuncia Protección y Vialidad por daños y lesiones a los 26 detenidos en Metlapil

Tres patrullas y dos camiones de traslado fuereon atacados: Salgado

Los presos no están incomunicados, pues los vio la presidenta del PRD, Beatriz González Hurtado, dice el delegado de la PGJE Efrén Suástegui

Jorge Nava Dos días después del desalojo de colonos que tomaron un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, el Departamento Jurídico de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) integró una denuncia contra los 26 detenidos por los presuntos delito de lesiones y daños.

El jefe del Departamento, José Salgado Sotelo, explicó que la mañana de ayer acudieron policías a declarar al Ministerio Público contra los detenidos la madrugada del martes en el desalojo.

Dijo que desconocía en ese momento los nombres de los policías, pero agregó que en el caso de los daños, era porque tres patrullas y dos camiones de traslado de policías, resultaron dañadas ese día.

El funcionario recomendó consultar al respecto al director operativo de la Policía Preventiva, Humberto Hernández, quien argumentó que no tenía los nombres de los policías de esa corporación que resultaron heridos porque los tenía la guardia.

En la guardia, se dijo que los policías son Juan Ignacio Coronado, Cristóbal Cisneros, Rufino Urías y Leonardo Nava Bello.

Un día después de los hechos, la SPV, informó del “desalojo” en su boletín diario, en el que destaca que el agente determinador de la quinta agencia del Ministerio Público, José Antonio Clavel Díaz, le solicitó a esa dependencia el apoyo de la policía municipal, “para llevar a cabo una diligencia en un inmueble ubicado en el poblado de Metlapil”.

Se indica que en esa acción participó la Policía Preventiva municipal, con cinco comandantes de sector, 100 policías y ocho vehículos, que iban al mando del capitán Humberto Hernández García, jefe operativo de esa corporación.

Se explica que por la Policía Preventiva del estado participaron 200 policías y once vehículos que iban al mando subsecretario de Seguridad Pública del estado, capitán César Gallegos y Torre. En el caso de la Policía Ministerial, se precisó que participaron 100 policías y 20 vehículos, que iban al mando del coordinador ministerial, Alfredo Camacho Millán.

En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se indicó que participaron 12 agentes del Ministerio Público y diez vehículos a cargo del fiscal regional, Efrén Suástegui Mayo; mientras que por Invisur se aclaró que fueron 25 empleados de esa dependencia, con dos vehículos al mando del delegado Alejandro López Salgado.

Según la dependencia, en la operación, resultaron lesionados los policías preventivos municipales, Juan Ignacio Coronado Gonzaga, quien presentó una herida en el lado derecho del rostro; Cristóbal Cisneros Martínez, con una herida en la boca; Rufino Urías Rodríguez, terminó con una herida en la rodilla derecha y Leobardo Nava Bello, que presentó una herida en el pómulo izquierdo y otra en la mandíbula.

La dependencia informó que con daños quedaron cinco vehículos, dos tipo Cherokee, dos camiones de traslado de policías y una camioneta tipo Silverado.

Se agrega en el boletín que dicha diligencia inició a las 4 y media de la mañana, en la que se “desalojaron a 200 personas, aproximadamente”.

Se indica que finalizó a las 6 y media de la mañana del martes, con 26 detenidos. Asimismo que se aseguraron once automóviles y una motocicleta, los cuales fueron puestos a disposición de las agencias del Ministerio Público del fuero común Sector Central y asuntos especiales.

En el párrafo final del boletín se añade que a las 7 y media, se presentó en esa dependencia la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, acompañada de la regidora municipal, Alejandrina Javier Santiago, sin abundar con qué objetivo.

Por su parte, el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Efrén Suástegui Mayo, declaró que los 26 detenidos, se encontraban en los separos de la Policía Ministerial adscrita al Ministerio Público del Sector Central, porque en ese lugar tienen cerca peritos y médicos legistas.

Aclaró que no hay menores de edad detenidos y que hoy jueves se vence de 5 a 7 de la mañana la situación jurídica de los 26 detenidos, con relación a la averiguación previa Tab/V/073/2004, que presentó el Invisur contra los que tomaron su terreno.

Negó que mantuviera incomunicados a los detenidos, como fueron las denuncias de los familiares en la protesta y de su abogado, Alvaro Díaz Castro, pues argumentó que el martes acudió al medio día la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, para que precisamente se les brindara atención médica a los heridos y otros hablaran con sus familiares.

Agregó que los familiares no podían estar entrando constantemente a hablar con los detenidos porque “no se encontraban en un día de campo”.

El funcionario mantuvo la postura de que no fue un desalojo de los colonos que ocuparon el predio de Invisur, pues aclaró que fue una restitución al propietario de ese predio, que no es de los colonos.

Agregó que éstos presentaron una posición violenta cuando se les pidió que salieran del predio, por lo que actuaron las diversas corporaciones policiacas.

Efrén Suástegui añadió que no ha habido presión por parte de nadie en este caso. Con respecto a la presidenta local del PRD, afirmó que no es la primera vez que tratan estas cuestiones por invasión de predios, y que ella sabe que “la ley es la ley”.

Denuncia Protección y Vialidad por daños y lesiones a los 26 detenidos en Metlapil

Tres patrullas y dos camiones de traslado fuereon atacados: Salgado

 Los presos no están incomunicados, pues los vio la presidenta del PRD, Beatriz González Hurtado, dice el delegado de la PGJE Efrén Suástegui

 Jorge Nava Dos días después del desalojo de colonos que tomaron un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, el Departamento Jurídico de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) integró una denuncia contra los 26 detenidos por los presuntos delito de lesiones y daños.

El jefe del Departamento, José Salgado Sotelo, explicó que la mañana de ayer acudieron policías a declarar al Ministerio Público contra los detenidos la madrugada del martes en el desalojo.

Dijo que desconocía en ese momento los nombres de los policías, pero agregó que en el caso de los daños, era porque tres patrullas y dos camiones de traslado de policías, resultaron dañadas ese día.

El funcionario recomendó consultar al respecto al director operativo de la Policía Preventiva, Humberto Hernández, quien argumentó que no tenía los nombres de los policías de esa corporación que resultaron heridos porque los tenía la guardia.

En la guardia, se dijo que los policías son Juan Ignacio Coronado, Cristóbal Cisneros, Rufino Urías y Leonardo Nava Bello.

Un día después de los hechos, la SPV, informó del “desalojo” en su boletín diario, en el que destaca que el agente determinador de la quinta agencia del Ministerio Público, José Antonio Clavel Díaz, le solicitó a esa dependencia el apoyo de la policía municipal, “para llevar a cabo una diligencia en un inmueble ubicado en el poblado de Metlapil”.

Se indica que en esa acción participó la Policía Preventiva municipal, con cinco comandantes de sector, 100 policías y ocho vehículos, que iban al mando del capitán Humberto Hernández García, jefe operativo de esa corporación.

Se explica que por la Policía Preventiva del estado participaron 200 policías y once vehículos que iban al mando subsecretario de Seguridad Pública del estado, capitán César Gallegos y Torre. En el caso de la Policía Ministerial, se precisó que participaron 100 policías y 20 vehículos, que iban al mando del coordinador ministerial, Alfredo Camacho Millán.

En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se indicó que participaron 12 agentes del Ministerio Público y diez vehículos a cargo del fiscal regional, Efrén Suástegui Mayo; mientras que por Invisur se aclaró que fueron 25 empleados de esa dependencia, con dos vehículos al mando del delegado Alejandro López Salgado.

Según la dependencia, en la operación, resultaron lesionados los policías preventivos municipales, Juan Ignacio Coronado Gonzaga, quien presentó una herida en el lado derecho del rostro; Cristóbal Cisneros Martínez, con una herida en la boca; Rufino Urías Rodríguez, terminó con una herida en la rodilla derecha y Leobardo Nava Bello, que presentó una herida en el pómulo izquierdo y otra en la mandíbula.

La dependencia informó que con daños quedaron cinco vehículos, dos tipo Cherokee, dos camiones de traslado de policías y una camioneta tipo Silverado.

Se agrega en el boletín que dicha diligencia inició a las 4 y media de la mañana, en la que se “desalojaron a 200 personas, aproximadamente”.

Se indica que finalizó a las 6 y media de la mañana del martes, con 26 detenidos. Asimismo que se aseguraron once automóviles y una motocicleta, los cuales fueron puestos a disposición de las agencias del Ministerio Público del fuero común Sector Central y asuntos especiales.

En el párrafo final del boletín se añade que a las 7 y media, se presentó en esa dependencia la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, acompañada de la regidora municipal, Alejandrina Javier Santiago, sin abundar con qué objetivo.

Por su parte, el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Efrén Suástegui Mayo, declaró que los 26 detenidos, se encontraban en los separos de la Policía Ministerial adscrita al Ministerio Público del Sector Central, porque en ese lugar tienen cerca peritos y médicos legistas.

Aclaró que no hay menores de edad detenidos y que hoy jueves se vence de 5 a 7 de la mañana la situación jurídica de los 26 detenidos, con relación a la averiguación previa Tab/V/073/2004, que presentó el Invisur contra los que tomaron su terreno.

Negó que mantuviera incomunicados a los detenidos, como fueron las denuncias de los familiares en la protesta y de su abogado, Alvaro Díaz Castro, pues argumentó que el martes acudió al medio día la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, para que precisamente se les brindara atención médica a los heridos y otros hablaran con sus familiares.

Agregó que los familiares no podían estar entrando constantemente a hablar con los detenidos porque “no se encontraban en un día de campo”.

El funcionario mantuvo la postura de que no fue un desalojo de los colonos que ocuparon el predio de Invisur, pues aclaró que fue una restitución al propietario de ese predio, que no es de los colonos.

Agregó que éstos presentaron una posición violenta cuando se les pidió que salieran del predio, por lo que actuaron las diversas corporaciones policiacas.

Efrén Suástegui añadió que no ha habido presión por parte de nadie en este caso. Con respecto a la presidenta local del PRD, afirmó que no es la primera vez que tratan estas cuestiones por invasión de predios, y que ella sabe que “la ley es la ley”.

Plantón de familiares en la PGJE por la libertad de los 26 detenidos

Están incomunicados, dice uno de sus abogados

 Jorge Nava Familiares de los 26 detenidos en el desalojo de precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, se plantaron afuera de la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar su liberación.

Se congregaron 100 manifestantes, que fueron apoyados por la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), habitantes de Tres Palos, el presidente de Comité Ciudadano de la colonia precarista Lomas del Valle, Juan Enciso Martínez, y en la que gritaron consignas en contra del gobernador del estado, René Juárez Cisneros y el fiscal regional de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Los manifestantes portaban pancartas de color verde fosforescente, en las cuales escribieron consignas como “No daremos ni un paso en reversa, hasta no lograr la libertad de todos los detenidos por el desalojo violento”.

Otras criticaban la “actitud y cerrazón de los encargados de impartir justicia”. Incluso hubo algunas que invitaban a los transeúntes a que reflexionen su voto, porque el candidato del PRI Héctor Astudillo está vinculado a Rubén Figueroa.

Con los manifestantes se encontraban los abogados, Alvaro Díaz Castro y Manuel Baltazar Avila Sierra.

La Fiscalía Regional fue resguardada por policías ministeriales que vinieron de todas las comandancias adscritas a esta región, a quienes los manifestantes los acusaban de “represores”, de robarse sus pertenencias en el desalojo de la madrugada del martes, cuando todos dormían. Les reclamaban por los golpes que sufrieron.

En ese momento, Sara Adame Bello llamó a los reporteros para que vieran a su hijo de dos años, Emanuel Zabriga Adame, que tenía una mancha de sangre coagulada y una herida en el ojo izquierdo por los golpes de los policías. La mujer indicó que aún ayer no había acudido con algún médico.

Otra mujer, Fortunata Guadalupe Estrada, mostró moretones en su brazo izquierdo, y en la espalda.

Vianey Solís Ramírez, esposa del detenido Tiomoteo Barrientos Vinalay, se quejó porque después que lo revisaron paramédicos de la Cruz Roja, en lugar de curarlo, le dieron una receta de medicamentos para que se recupere de los golpes.

En la protesta, Alvaro Díaz afirmó que la PGJE mantenía incomunicados a los 26 detenidosy y que habló con el delegado Efrén Suástegui, quien lo mandó que tratara eso con el titular del Ministerio Público (MP) de la Quinta Agencia, especializada en delitos por despojo. Aseguró que le pidió al funcionario que consignara a la cárcel a los detenidos para que pudieran hablar con los familiares. Díaz pidió la destitución de Suástegui porque se cometió un abuso de autoridad, robo y daños en agravio de sus defendidos. Reconoció que cometieron una irregularidad los colonos al posesionarse de un predio, pero indicó que el hecho no es para que la autoridad se conduciera con violencia.

Agregó que sus clientes esperaban que el gobernador René Juárez fuera “tolerante” y resolviera el problema. Cuestionó por qué no se ha procedido de esa manera contra los precaristas del PRI, que se posesionaron de un predio ubicado en el Crucero de Cayaco, –el cual encabeza Miguel Terrazas Sánchez–.

Por otra parte, el presidente del Comité municipal de la UTD, Rogelio Pérez Marcial, al hablar sobre el desalojo, opinó que se solidarizaba porque entre los detenidos se encuentra el asesor de esa organización, Juan Carlos Muñoz Leal. Acusó que se cometió un delito en agravio de los colonos, por eso indicó que se encontraban allí, para que el gobernador no se burle de los agraviados.

El representante de la colonia irregular, Lomas del Valle, Juan Enciso, manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en que se efectuó el desalojo, porque se violaron los derechos humanos y garantías que la ley establece para las personas. Sugirió que antes se debió entablar diálogos con los colonos, pues criticó que se procedió peor que contra los delincuentes.

Por la tarde, Alvaro Díaz informó que los abogados de los detenidos integraron tres comisiones, una que buscará una mesa de trabajo entre la fracción parlamentaria del PRD y el director del Invisur, MarcoAntonio Castrejón Lobato; otra que se encargará de vigilar cuando los detenidos sean trasladados a la cárcel de Las Cruces, con el fin de asistirlos cuando rindan su declaración preparatoria con el juez penal que sean consignados. Y la tercera buscará hablar con el procurador Jesús Ramírez Guerrero.