No han resuelto las demandas de los ministeriales discapacitados, se quejan agentes de la FGE

 

Ayer, unos 20 agentes ministeriales discapacitados se quejaron porque no hay avances por parte del fiscal general, Xavier Olea Peláez, para la regularización del salario que les fue recortado a cinco trabajadores, el pago de seguro de vida y de incapacidad a 200 ministeriales discapacitados.
Los inconformes se congregaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE) para ser atendidos por funcionarios de la dependencia para atender las demandas laborales sobre 200 ministeriales discapacitados y para resolver sus peticiones.
Los inconformes comentaron que fueron atendidos por trabajadores de Recursos Humanos de la dependencia y acordaron que en la próxima semana resolverán sus peticiones y advirtieron que en caso de no ser atendidos intensificarán sus movilizaciones.
Rey David Cortés Flores  (vinculado al ataque a normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol) comentó que han solicitado desde el pasado 4 de febrero que se resuelva el caso de cinco policías a quienes les fue recortado su salario y ninguna autoridad ha explicado el motivo del descuento.
Argumentó que a los 200 policías ministeriales incapacitados están siendo vigilados por instrucciones de la dependencia para investigar si tienen algún tipo de discapacidad, incluso interrogan a vecinos, familiares y amigos para ser beneficiados.
Cortés Flores pidió que se reconozca su incapacidad por las autoridades, “y en caso de que haya ministeriales que estén siendo investigados por otras cuestiones lo deberán resolver de manera personal.
Dijo que estarían dispuestos a dejar sus plazas en la FGE siempre y cuando se les liquide conforme a la ley, “porque pretenden hacer un despojo de un derecho que ganaron en el servicio público”.
“Nos han dicho que el fiscal (Olea Peláez) declaró en los medios que quiere las plazas de los incapacitados, nosotros le hemos dicho que se las damos, siempre y cuando cobremos nuestro seguro y finanzas nos liquide de acuerdo a la ley”, finalizó.
El 16 de enero, ex policías ministeriales denunciaron que el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, giró una orden para que se investigue a más de 200 agentes de la FGE que están discapacitados, hecho que consideran injusto pues la mayoría trabajan en otros lugares porque la pensión que les dan es muy poca.

Pedirá Murueta a Zeferino que se contrate a más MPs y ministeriales




El procurador General de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia informó que buscará esta semana una reunión con el gobernador Zeferino Torreblanca para manifestarle la necesidad de abrir más plazas para policías y agentes del Ministerio Público, pues ahora buena parte de éstos se encuentran en actividades de prevención, más que de investigación y persecución de los delitos.
Dijo que para cumplir con las expectativas de la ciudadanía ante la creciente inseguridad por los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada el gobierno debe contratar a más agentes del Ministerio Público y policías para que se enfoquen exclusivamente a la investigación de los delitos graves que se han cometido.
Consultado en su oficina, Murueta señaló que la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones policiacas “es una realidad”; sin embargo, dijo que la PIM es en general una corporación saneada aunque reconoció que podría haber agentes vinculados al narcotráfico.
“Tenemos un problema pero no lo consideramos grave porque ante el cambio varios agentes ministeriales simplemente dejaron de presentarse o renunciaron y en general éstos están cambiando su mentalidad porque hemos aumentado los salarios para agentes del Ministerio Público y policías”, dijo el procurador.
Destacó que en la PGJE hacen falta más policías investigadores porque el trabajo, que está rezagado, supera la capacidad de la dependencia para enfocarse de manera particular, sobre todo ahora que nuestros agentes están participando en los dispositivos para prevenir el delito, expresó.

Denuncian trensadoras de Caleta que ministeriales amenazan con detenerlas

Daniel Velázquez Olea

Trensadoras y masajistas de Caleta y Caletilla pidieron al subsecretario general del Ayuntamiento, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, que intervenga en las playas porque agentes de la Policía Ministerial “fuertemente armados” las han amedrentado.

Las trensadoras también acusaron a los abogados David y Darío Cisneros Chegüe de amenazas, pues les dijeron que los policías ministeriales las iban a detener y les “sembrarían” droga para que fueran consignadas por delitos federales.

Las trensadoras llegaron desde las 10 de la mañana al Ayuntamiento del parque Papagayo en espera de que acudiera el procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, pues les dijeron que estaría allí y ante él querían hacer la denuncia.

El asesor jurídico de la Asociación de Trensadoras y Masajistas de Caleta y Caletilla, Rubén de Jesús Suástegui, explicó que las amenazas que han recibido sus representadas se deben a que hace unos días se enfrentaron a golpes con otras personas que no pertenecen al grupo.

El pleito se debió a que la asociación de trensadoras y masajistas no permite que en la temporada turística entren personas ajenas a las playas para ofrecer los mismos servicios.

De Jesús Suástegui pidió al procurador que vigile el trabajo de la Tercera Agencia del Ministerio Público de Costa Azul y no permita que se inicien averiguaciones previas por delitos fabricados ni se utilice a los policías para espantar a las personas que sí trabajan.

Una de las trensadoras pidió al alcalde Félix Salgado Macedonio que intervenga porque aceptaron la petición de uniformarse para dar un mejor servicio al turista, pero consideran injusto que lleguen otras personas sin uniforme ni incluidas en un padrón a dar los mismos servicios.