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Toman protesta líderes de colonias en nueva agrupación filoperredista en Acapulco

Líderes de diferentes colonias de Acapulco tomaron protesta como delegados y delegadas del Parlamento de Acuerdo Social (PAS), organización que tiene como objetivo empoderar a los ciudadanos, indicó el presidente del mismo, Carlos Payán Cortinas.

En la sesión solemne, que se realizó en el salón La Cartuja, la secretaria general del PRD Nacional, Beatriz Mojica Morga, quién se congratuló de nueva formas de organizaciones ciudadanas y el alcalde, Evodio Velázquez Aguirre.
Antes de empezar la sesión se tomó protesta a 30 delegados y delegadas que representan a vecinos del mismo número de colonias, y se presentó la mesa directiva que la encabeza el asesor del alcalde y consejero nacional del PRD, Carlos Payán; dos vicepresidentes que son Verónica Ruiz Morán y Florentino Hernández Galván; cuatro secretarios que son diputados ciudadanos: Luis Alberto Cahua López, Jovita Gómez Morales, Arturo Cristino Abarca y Jutidh Téllez Núñez. Además de siete vocales.
Unos 500 vecinos de diferentes colonias de Acapulco y Coyuca de Benítez llegaron al salón en camiones urbanos y camionetas combi, que los llevaron a la sesión y la mayoría de ellos dejaron el salón después de la intervención del alcalde.
Carlos Payán expuso que el PAS nace ante la situación de violencia, corrupción e impunidad que se vive, como una alternativa de organización ciudadana y social para empoderar los liderazgos de las localidades. El PAS tiene como principios la lealtad, solidaridad, compromiso y acompañamiento. Expuso que la estructura es de abajo hacia arriba y anunció que van a ir a localidades en busca de nuevos liderazgos, además de nombrar los enlaces en los diferentes municipios, así como generar los temas que se discutan en el parlamento, como parte de la vida interna del mismo.
En declaraciones a reporteros, Payán Cortinas aseguró que esta organización no estaba vinculada con el PRD, que los invitados especiales fueron porque el PAS se conduce con la idea del humanismo y comparte esa filosofía.
Dijo que buscan generar mejores condiciones para los representados, y ofrecen una dinámica distinta a otras organizaciones. Aseguró que en el PAS participan 2 mil personas.
Al preguntarle si no es una organización que sólo funcionará para que puedan obtener candidaturas o espacios públicos, el consejero del PRD dijo que no negaría tener aspiraciones políticas y que el PAS era para empoderar a los ciudadanos. “Si esto puede generar que Carlos Payán se empodere, de eso se trata el parlamento de acuerdo social, de empoderar a los ciudadanos y yo soy un ciudadano”.
La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica resaltó que dichas organizaciones se deben de aprovechar para que las cosas mejoren en Guerrero, lo que se tiene que hacer con trabajo, platicando con la gente en sus territorios, en sus colonias.
Recordó que con Payán Cortinas se conocen desde la adolescencia, lo consideró un hombre comprometido, al igual que otros de los integrantes del parlamento, que dijo son personas que quieren sacar adelante al municipio.
Felicitó a los asistentes por el esfuerzo de organizarse, porque sólo poniéndose de acuerdo dijo es como se podrá lograr la paz, para retomar el poder caminar por las calles. Deseó que el diálogo que se inicia en dicho parlamento vaya a construir menores condiciones de vida para todos en el estado.
En su intervención, el alcalde Evodio Velázquez expuso que con organizaciones como la que se conformó es como le pueden hacer llegar a los gobiernos las necesidades de la población.
Recordó que junto con Carlos Payán les tocó andar colgando lonas, reconoció el trabajo de su familia, de quien sabe dijo desde 1988 trabajaron en el gran frente de ciudadanos de izquierdas y deseó suerte a los que forman parte “de este esfuerzo ciudadano”, para que se vaya multiplicando.
Insistió en que son más los ciudadanos que quieren paz, armonía y progreso para Acapulco, por eso se está trabajando para el desarrollo.
Informó de lo que están haciendo en su administración como el hacer cabildos abiertos, para escuchar a la gente más allá de los partidos políticos, así como que se hizo un reglamento de participación ciudadana. Ello para que las obras se hagan donde se necesitan, escuchando a la población.
Indicó que está “a punto” de funcionar el rastro TIF, que a los campesinos se les apoya con la escuela campesina y se les da el fertilizante gratuito, además de que se busca mejorar la comercialización de los productos.

 

Piden que acabe el ambiente hostil y haya respeto a los trabajadores de los medios

 

Ante el incremento de las agresiones, amenazas y hostigamiento a periodistas en las últimas semanas, reporteros de la entidad emplazaron este domingo a los tres poderes del estado para que frenen el ambiente hostil y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
En un recuento que abarca del 13 de mayo al 27 de junio, se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, en las que 21 periodistas se vieron agraviados.
Las cifras se dieron a conocer en la asamblea extraordinaria de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), en donde comunicadores de distintas regiones del estado contaron sus testimonios del ambiente de violencia en el que realizan su trabajo.
Mientras tanto, representantes de organismos civiles de derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales, expresaron su respaldo a los comunicadores.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, propuso elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para que sea enviado al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque dijo que “es importante que los organismos internacionales de derechos humanos volteen su mirada al trabajo periodístico” de Guerrero.
Los periodistas convocaron a representantes de organismos civiles de derechos humanos y a dirigentes de organizaciones sociales, a su asamblea extraordinaria, que se realizó en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo, en donde demandaron que estén observantes y el respaldo ante el clima hostil que se está generando hacia su labor.
“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego; gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas pareciera que nos tienen bajo la mira”, dice el pronunciamiento final de los comunicadores.
“En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos”, citan en el texto al periodista Tomás Eloy Martínez.
Y agrega: “El encuentro de hoy con ustedes (los representantes de organismos civiles y organizaciones sociales), es precisamente un acto de sensatez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas”.
Subrayan que en un recuento del 13 de mayo al 27 de junio pasado se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que 21 reporteros se vieron agraviados.
Destacan los casos de Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, quienes el 13 de mayo fueron privados de su libertad cerca de Acapetlahuaya por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban.
Otro de los casos que citan es el de Marcela de Jesús Natalia, quien fue atacada a balazos en Ometepec el 3 de junio, cuando salía de su turno laboral y que sigue restableciéndose.
Mencionan, además, los casos de Ruth Tamayo, Noé Aguirre, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, quienes el 19 de mayo sufrieron hostigamiento verbal por el presidente municipal de Zihuatanejo, Gustavo García. Además, presentaron el caso del corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores quien el 11 de junio, denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
Dos casos más que denunciaron fueron los de las reporteras de El Sur, Brenda Escobar, quien sufrió hostigamiento y amenazas por familiares del presunto responsable del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo, y el de María Avilez, quien sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, “quien fue complaciente con su subalterna”.
Otro de los casos fue el del reportero Héctor Briseño, a quien el 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE le impidieron realizar su labor “y después, justificaron su acción con el aspecto sudoroso del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra”. A la lista de agravios sumaron los dos periodistas asesinados en los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Altamirano, en marzo pasado. “El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”, anotaron los reporteros en su pronunciamiento.
“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección, simplemente el cese de la impunidad y el castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”, dice el escrito.
Los reporteros emplazaron al gobernador Héctor Astudillo, “responsable de lo que pasa en Guerrero”, y a los poderes legislativo y judicial, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
“A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores, para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad”, dice el escrito.
Durante las intervenciones, el corresponsal de El Sur en Tierra Caliente, Israel Flores, quien había confirmado su asistencia a la reunión, vía telefónica explicó que no pudo asistir “por lo complicado para salir de la región” y que “nos sentimos amenazados”.
Reconoció que, en esa zona, por la violencia se han perdido ya todas las garantías, incluida la de libertad de expresión, porque los reporteros recurren a la autocensura como mecanismo de protección.
En cambio, Luís Daniel Nava, corresponsal en Chilapa, otra de las zonas violentas, dijo que a pesar del ambiente hostil en que trabajan los reporteros no cuentan con protocolos de seguridad, “nos cuidamos por instinto”, y luego agregó:
“Ésta es nuestra labor y vamos a continuar, no permitiremos que gane la corrupción, la impunidad ni la barbarie”.
La reportera de Zihuatanejo, Hercilia Castro, denunció que en esa región los periodistas se ven amenazados lo mismo que por sicarios, que por funcionarios públicos o por burócratas. Expuso la necesidad de que se instale una casa refugio de seguridad para los periodistas que se sientan en riesgo, además de la elaboración de un plan emergente y estrategias de seguridad más eficaces por parte de las autoridades.
Carmen González, corresponsal de El Sur en Tlapa, explicó que en La Montaña el riesgo no es por la violencia del crimen organizado, sino porque las organizaciones sociales aún no saben diferenciar lo que es un periodista que igual puede ser linchado por una confusión o simplemente porque alguien lo pida en una manifestación de inconformes.
A su vez Antonia Ramírez, también corresponsal de este periódico en Tlapa, agregó que ser reportera es un doble riesgo; por ser periodista y por ser mujer, porque dijo que en una zona machista es más difícil que las mujeres ob-tengan información de sus fuentes.
Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación (API), reconoció que en la zona Norte, por el temor, los reporteros han caído en la autocensura por el riesgo que implica escribir algo que incomode a los grupos de poder o al crimen organizado, sobre todo después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al encuentro asistieron representantes de organismos civiles de derechos humanos, como el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz. Así como dirigentes de organizaciones sociales como Nicolás Chávez, de la Asamblea Popular de los Pueblos Guerrero (APPG), el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán.
Los representantes de organismos civiles ofrecieron su respaldo a los periodistas. Barrera Hernández consideró que se debe elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la CIDH.
Olivares Hernández dijo por su parte que “es necesario que defensores y periodistas unan fuerzas para enfrentar la embestida del Gobierno del Estado”. En tanto, el director del CCTI, Díaz Taboada, dijo que se pretende con este ambiente de agresiones a la prensa miedo para que se recurra a la censura y Chávez Adame pidió que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales se unan para defender la libertad de expresión.
Presidieron la asamblea los reporteros de La Jornada Sergio Ocampo y Margena de la O, y el corresponsal de El Universal, Arturo de Dios Palma y asistieron entre otros Jesús Guerrero, Beatriz García, Jonathan Cuevas, Kau Sirenio, Hercilia Castro, Yener de los Santos, Ulises Domínguez, Vania Pigeonutt y Marlen Castro.

 

Proponen redes estatales y una nacional para detener los ataques a la prensa


Integrantes de Agenda de Periodistas se dieron un plazo de dos meses para tener una calendarización de acciones, luego de sistematizar los resultados de las mesas de análisis de agresiones, condiciones laborales y otros temas sobre libertad de expresión, donde participaron 381 periodistas, académicos y sociedad civil.
Entre las propuestas está la creación de redes estatales aglutinadas a una nacional, para definir prioridades, como la capacitación, y frenar los ataques a la prensa.
Guillermo Osorno, director del Centro Horizontal, uno de los medios convocantes, explicó que aún no está definida la organización que se conformará luego del ejercicio de tres días que surgió tras el asesinato de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa; sin embargo, adelantó que “la próxima semana discutiremos la forma de organizarnos. Una vez que esté conformada la agenda y la organización, habrá un esfuerzo para ir a crear capítulos estatales, y por lo menos a generar adhesiones en los 32 estados”.
Puntualizó que en un periodo de dos meses la Fundación Ciudadano Inteligente, que moderó las seis mesas de discusión en el Palacio Postal los días 14, 15 y 16 de este mes, trabajará con los participantes en la sistematización de la información y la construcción de un plan de acción con metas al 2020 y 2022. El resultado se presentará en las 32 entidades.
“Las 50 organizaciones convocantes discutirán el tipo de organización que dará seguimiento a las metas y garantizarán fuentes de financiamiento para el inicio de su operación”, dijo.
“Al mismo tiempo que parece descubrirse una guerra nacional contra el periodismo, se detonó un proceso de organización gremial inédito en nuestro país. En menos de cuatro semanas se organizó un ejercicio de deliberación colectiva, al que se registraron 600 personas de manera preliminar, para hablar de las causas de la violencia contra la prensa y sus posibles soluciones”, explicó.
Ixchel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), reclamó: “¿Qué se necesita en este país para que el gobierno mexicano rinda cuentas? Si se mata a personas, se mata a periodistas, se vigila a periodistas, desaparecen 30 mil personas y el gobierno sigue diciendo que no pasa nada. Creo que tenemos un problema súper grave que no está solucionado”.
Consideró que la organización contribuirá a defender el derecho a las audiencias de estar informadas, concientizar a la sociedad de por qué cuando matan a un periodista se rompen varias redes de ayuda. Pero hay que empezar “exigiéndole al gobierno que respete a las y los periodistas de este país”.
De las mesas: Riesgos, atención en casos críticos y respuestas inmediatas; Alternativas para combatir la impunidad; Organizaciones sociales y vías para fortalecerlas; Solidaridad gremial, derechos laborales y publicidad oficial; Reacciones de seguridad pública; El significado social de las agresiones contra periodistas, “surgieron avances que el periodismo no había tenido durante al menos 40 años”, aseguró Ignacio Rodríguez Reyna, fundador de la revista Emeequis.
Del lado académico, Federico Mastrogiovanni, coordinador del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, consideró que “la organización, la capacitación nos sirven para no cometer errores, debemos tomarnos el tiempo de reflexionar lo que estamos haciendo, lo que estamos contándole a la gente, porque muchas veces, y esto es un problema que es un poco complicado admitir, no nos damos cuenta de que reproducimos narrativas hegemónicas, narrativas dominantes, narrativas del Estado, sin siquiera saberlo, sin cuestionar lo que estamos haciendo”.
Agregó: “Una de nuestras responsabilidades justamente es tratar de observar nuestro trabajo, nuestras perspectivas y empezar, eventualmente, a cambiar nuestra postura y hacernos un poco más críticos como profesionales de la comunicación”.
Francisco Sanabria, del Semanario Ríodoce, dijo que la agenda debe servir para que los periodistas de los estados sepan que no están solos “esta agenda nos ha construido una red de solidaridad, donde el periodista de cualquier parte del país ya no está solo. Ahora la agresión que le ocurra a un compañero de Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, le ocurre a todos”.
En próximos días, los organizadores enviarán a los participantes un correo electrónico con la explicación de cómo será la discusión en línea y colectiva, que moderará la organización chilena Ciudadano Inteligente, para delimitar los parámetros de la organización que se formará a partir de las mesas.

Dan postura sobre espionaje

Integrantes de Agenda de Periodistas exigieron al gobierno investigar el espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos, documentado en The New York Times.
Ixchel Cisneros criticó la respuesta de la Presidencia, luego del reportaje que evidencia cómo el gobierno mexicano compró un software para intervenir telecomunicaciones de periodistas y activistas, entre éstos Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui.

El evento de motos, benéfico para la economía de Acapulco, dice el diputado Ernesto González

 

El diputado local y presidente de la Comisión de Turismo, Ernesto González Pérez, afirmó que el Aca Moto es un evento benéfico para la economía de Acapulco, aunque reconoció que hubo fallas en la organización pero no fueron del gobierno municipal.
En declaraciones después de una reunión privada, el diputado pidió a la federación y al gobierno del estado que se revise la estrategia de seguridad en Tierra Caliente, por el reciente asesinato del ex alcalde y ex diputado local Elí Camacho; “siguen los decesos y no hay forma de pararlos”, lo que consideró una mala señal ante las próximas campañas electorales.
Expuso que él no está a favor de que la derrama económica deje de llegar al municipio, y señaló que el Aca Moto se ha constituido como uno de los actos que dan flujo financiero a Acapulco.
Coincidió con el alcalde Evodio Velázquez en someter a consulta pública el Aca Moto, y con relación al exhorto en el Congreso, por parte de la fracción del PRI, para no dar continuidad a la congregación de motociclistas, indicó que “antes de pedir cualquier otro actor político que se elimine cualquier evento, creo que primero debemos de consultar”.
El legislador perredista sugirió que se consulte también a los empresarios, prestadores de servicios turísticos, entre otros, que se beneficien de forma indirecta del Aca Moto.
En referencia a su compañero Samuel Reséndiz, quien el miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local presentó el exhorto para el cese del acto anual, González Pérez pidió que se tome en cuenta la ocupación hotelera que superó el 90 por ciento; “no solamente por la ocurrencia de algún político que pide que un evento de esta magnitud se lleve a cabo, creo que no está priorizando el bienestar de los acapulqueños”.
Señaló que se politizó el Aca Moto y llamó a los partidos políticos a no hacerlo, “recordemos que la avenida Costera está desolada, no había nada, las cortinas estaban abajo, 10 de la noche y la Costera estaba sola, no queremos un Acapulco así”.
Consideró como mejorable al Aca Moto y crítico que las estrategias de seguridad tienen que corregirse: “tuvo sus detalles por exceso de los motociclistas, no fue error de las autoridades, no es culpa del gobierno municipal que el motociclista haya andado en estado de ebriedad a las 5 de la madrugada y a alta velocidad”.
González Pérez indicó que se debe mejorar la seguridad ampliando la presencia policiaca y contar con la colaboración de Policía del Estado.

Incesantes los asesinatos en Guerrero

El integrante de Grupo Guerrero en el PRD lamentó el asesinato de Elí Camacho y precisó que no era perredista, sin embargo pidió a la federación y al gobierno del estado que se revise la estrategia de seguridad en Tierra Caliente porque continúan los asesinatos “y no hay forma de pararlos”.
Fidel González expresó que como ser humano era una pérdida lamentable el crimen al asesor del gobernador; “no sentimos una baja del PRD que ya había renunciado hace algunos años a este instituto político”.
De los homicidios a tres políticos en Tierra Caliente en menos de dos meses: el suplente del diputado local priísta con licencia, Saúl Beltrán, Modesto Carranza Catalán, el pasado 10 de abril; el ex diputado local perredista Roger Arellano, el 9 de abril y el martes Elí Camacho, consideró que es una “mala señal para el inicio del periodo electoral, pésima señal que arranca en septiembre y un mal mensaje”.

No hay comités de Morena en 80 secciones electorales por la violencia, dice dirigente

 
El secretario general de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, se reunió con militantes de su partido en Acapulco y les informó sobre la reunión del Consejo Nacional que se llevó a cabo el sábado en la Ciudad de México, en la que se dijo que por la violencia no se han podido constituir comités de ese partido en 80 secciones electorales del estado.
Rodríguez Saldaña, encabezó reuniones con militantes de ese partido en Acapulco y anunció que por la tarde se reuniría en Mochitlán y Chilpancingo, también para informar sobre el Consejo Nacional de Morena.
En un salón del hotel Las Hamacas, se reunieron unos 180 simpatizantes, ante quienes se anunció la incorporación de José Luis González Suástegui, quien antes militó en el desaparecido PARM, además del PRD, PT y hasta en el PRI, con Manuel Añorve Baños, quien dijo que se debe avanzar en el camino contra la corrupción y la impunidad.
En su mensaje Marcial Rodríguez dijo que no es tiempo de candidaturas, sino de organización y de trabajo. “Es tiempo de trabajo no de promoción de personas, nos estamos preparando para una gran contienda”.
En la reunión, el secretario general también invitó a los asistentes a acudir el próximo 6 de mayo a Chilpancingo, donde estará Andrés Manuel López Obrador, para la firma del Acuerdo de Unidad por la Prosperidad de México y por la Regeneración del País.
Recordó que Morena se opuso a la reforma energética y a la privatización del petróleo, que quedó demostrado que esa reforma no disminuyó los precios de los energéticos como la gasolina, la luz y el gas.
También señaló que fue López Obrador quien impulsó el programa de Ayuda a Adultos Mayores y que uno de los compromisos de Morena es, que en caso de ganar la Presidencia de la República en las elecciones de 2018, duplicará el monto que actualmente reciben los ancianos.
El secretario de Organización, Juan Carlos Manrique García, informó que en la reunión se habló sobre los resultados del Consejo Nacional de Morena, en donde se dijo que Guerrero está al 90 por ciento en la integración de sus comités seccionales.
Explicó que el problema de la inseguridad es lo que ha impedido que en Guerrero se logre el 100 por ciento en la integración de los comités seccionales, “no hay condiciones para estar generando comités en algunos puntos, por motivo de la violencia”.
En Guerrero hay 2 mil 749 secciones electorales y la meta es integrar un comité por cada sección electoral, lo que significa que faltan 274 comités por integrar en Morena Guerrero, pero la realidad es que son 80 secciones electorales donde ese partido no tiene comités, aseguró Manrique García.
En el resto de las secciones, lo que falta es completar la cantidad mínima de integrantes, que es de ocho, porque algunos sólo tienen cinco miembros.
Las regiones donde no han podido instalar comités son Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica.
Manrique García demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores que ponga paz y orden en el estado, porque ese fue su lema de campaña.
En la reunión también se convocó a los militantes de Morena que tengan familiares en Estado de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila, para que llamen a sus familiares en esos estados y que voten por los candidatos de Morena en esas entidades.
En declaraciones y a pregunta expresa sobre el acercamiento de los ex presidente del PRD con el presidente del Comité Estatal de Morena, Pablo Amilcar Sandoval, Rodríguez Saldaña indicó que la invitación es a los militantes de base, para que se sumen al proyecto de López Obrador, porque “no va haber alianza con las burocracias de los partidos”.

Toma una organización las oficinas del INAES en la capital para que libere fondos para proyectos

 

Integrantes de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss) tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), para exigir la liberación de 15 millones de pesos para proyectos productivos para el estado.
A las 12 del mediodía, unos 40 integrantes de la organización tomaron las oficinas del INAES; portaron pancartas en las que leía “Exigimos la liberación de proyectos”, “UNIMOSS exigimos solución a los proyectos”.
En el lugar se habló con el coordinador estatal de la Unimoss, Miguel Ángel Hernández Garibay, quien dijo que acudieron al INAES para exigir la liberación del presupuesto, porque desde el 31 de agosto el comité técnico regional de la zona Centro autorizó 15 millones de pesos para proyectos productivos para el estado, pero sólo han liberado 17 proyectos de los 51 autorizados.
“Este miércoles venimos a exigir a la delegación que haga el puente con la coordinación nacional del programa, para que no nos olviden; no puede ser que se haya liberado el presupuesto y no se entregue, porque el recurso que no es ejercido es regresado a la federación”, resaltó Hernández Garibay.
Expresó que los integrantes de la Unimoss temen porque en dos meses termina el ejercicio fiscal, y exigieron que se entregue el dinero para que en la próxima convocatoria sea tomado en cuanta Guerrero. Unas 200 personas están en el programa de proyectos productivos comerciales, ganaderos y agrícolas, quienes saldrían perjudicadas si se va el presupuesto.
Los trabajadores del INAES solicitaron a los inconformes que integraran una comisión para hablar sobre sus peticiones.
A las 2:30 de la tarde salió la comisión, informaron que las autoridades se comprometieron a que la liberación del presupuesto será dentro de 15 días, y de no cumplirse el acuerdo nuevamente los manifestantes acudirán a las oficinas del INAES a exigir, “no vamos a permitir que ese dinero se regrese a la federación”, concluyó Hernández Garibay.