Justicia por los crímenes en Guerrero para alcanzar la paz, exigen en foro en la Loyola

Ramón Gracida Gómez

Durante el foro de justicia y seguridad que se realizó este sábado en la Universidad Loyola de Acapulco, organizaciones sociales, familiares de víctimas y académicos exigieron justicia a las autoridades por los crímenes que se perpetran en Guerrero, para alcanzar la paz.
El padre Jesús Mendoza Zaragoza dijo que se debe “construir la paz con justicia social” y atender las necesidades de las víctimas, recuperar los territorios controlados por los grupos criminales, así como crear “instituciones proporcionales al tamaño de esta herida nacional”.
La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, señaló que “si en verdad es que estamos en una transformación real de la vida política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda de justicia con las víctimas”.
La esposa del desaparecido Vicente Suástegui, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Samantha Colón, dijo que los familiares buscan la verdad y la justicia por sus propios medios y son revictimizados cuando buscan a las instituciones.
El representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros, aseguró que en el territorio donde operan no hay inseguridad gracias a esta organización, que va a seguir trabajando “en los hechos”, a pesar de los últimos reveses judiciales.
El foro forma parte de otros eventos similares, que se han realizado en los últimos meses, en varios estados, a propuesta de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Conferencia de Superiores Mayores de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, como respuesta al asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en la sierra tarahumara, en junio del año pasado y a la violencia generalizada en el país.
Después de un performance cultural del grupo escénico La Gruta, sobre los desaparecidos, que impactó a los asistentes, el párroco del poblado La Sabana, Jesús Mendoza, planteó “construir la paz con justicia social”, trabajando en algunos puntos, entre los cuales está la urgencia del acompañamiento a las víctimas de la violencia, cuyas necesidades son la verdad, la justicia y la reparación de daños, es decir, una “sanación integral”.
Dijo que “es necesario que el Estado provea instituciones proporcionales al tamaño de esta herida nacional. Es necesario ver cómo estas instituciones tengan el presupuesto y personal que se requiere para atender estas situaciones tan dolorosas”.
Urgió a “la recuperación de los territorios controlados por las bandas criminales y urge la presencia suficiente de las instituciones del Estado, sobre todo, las que tienen que ver con seguridad y justicia”, además, también tienen que ser atendidos los temas de salud, educación y economía.
El también articulista de El Sur, aseguró que “el tejido social está desgarrado por todas partes, en parte por el control territorial de las bandas criminales, también por rencillas comunitarias, por el individualismo que se ha ido imponiendo, por la ausencia del Estado de derecho, y por la impunidad”.
Asimismo, se debe reconstruir la economía “desde abajo, al neoliberalismo hay que hacerle frente desde arriba y desde abajo. Donde la delincuencia va prosperando es donde hay dinero”, explicó.
Después participó la integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Javiera Donoso, quien planteó que existe una “violencia endémica” en algunas colonias de Acapulco, y particularmente en la periferia, donde no hay cohesión social, porque las nuevas poblaciones están conformadas por los desplazados de la violencia que no se conocen entre ellos.
El evento continuó con la mesa Justicia Cotidiana, donde Sabás Aburto, resumió el origen de la CRAC-PC después de los hechos de inseguridad que se vivían en las regiones de Costa Chica y Montaña, antes de su creación en 1995.
Aseguró que actualmente en la zona donde opera la policía comunitaria, “no sabemos de secuestros, los maestros no cierran escuelas por miedo a que los asalten o los extorsionen. No hay cierre de centros de salud, los productores de campo van a trabajar todos los días, sin miedo, uno transita en vehículos particulares, taxis, u otro tipo de vehículos tranquilamente, trayendo ahora su dinero, su reloj. Antes no andábamos así, antes de 1995”.
Lamentó que el ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores presentó una iniciativa “para sacarnos de la Ley 701, él y su secretario general, Florencio Salazar, y es lo que hace poco volvieron a validar o rectificar los del Congreso del Estado, y finalmente hace poco, un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó lo que hicieron ellos, sin consultarnos realmente a los pueblos indígenas, como debe ser, según el marco jurídico internacional”.
Sin embargo, “seguimos nosotros como CRAC-PC, cuidándonos nosotros mismos en los hechos”, aseveró Aburto Espinobarros y denunció que la actual fracción de Morena, está “alineada mayoritariamente con lo que marca la fracción del PRI, la fracción del PRD”.
Samantha Colón recordó que Vicente Suástegui fue desaparecido hace casi dos años, el 5 de agosto de 2021, y dijo que fue por su participación en la defensa de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, “que tuvo que ver el Estado y participaron también la Policía Estatal en la desaparición de mi esposo y que estuvieron involucrados también gente que estaba en la Fiscalía en ese momento”.
La también integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, dijo que esta desaparición forzada no es un hecho aislado e indicó que los familiares son revictimizados, “yo en lo particular cuando me acerqué a la Fiscalía a poner la denuncia de mi esposo, lejos de que me ayudaran, me revictimizaron como no tienen idea, me trataron de la peor manera las personas que estaban encargadas en ese momento”.
“Entonces ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que tocar puertas, tenemos que ir a buscar verdad y justicia por nuestros propios medios. Por nuestros propios medios tenemos que buscarles, tenemos que ir a tocar las puertas, tenemos que bloquear una calle para luego ser reprimidos, para después quizás ser amenazados o quizás ser desaparecidos también”, expuso.
Nicomedes Fuentes, uno de los cinco comisionados de la Comisión de la Verdad (Comverdad), dijo que los territorios donde se perpetró la contrainsurgencia del Estado, contra los movimientos sociales, eran pacíficos antes de estos crímenes y que las guerrillas son producto de la violencia de Estado.
Indicó que todavía no hay una cifra final de desaparecidos porque hay varias listas que se repiten, se entrecruzan, pero sobre todo “no se termina porque todavía existe el terror en la gente de no acercarse a nadie, de los organismos que participamos en la búsqueda”.
Señaló que la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento (Coveh), creada por el actual gobierno federal, “está funcionando lento, el problema es el Ejército todavía. Creo que se requiere voluntad política para que nos digan dónde están nuestros compañeros”.
Hugo Ozuna, del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), indicó que la tortura “es generalizada y sistemática”, además de que mitad de las desapariciones del país son de 2018 a la fecha.
Luego siguió la mesa de Seguridad Ciudadana, donde la representante de la OCSS, Norma Mesino, leyó un pronunciamiento colectivo de varias organizaciones sociales, con el que recordó las masacres perpetradas en Guerrero desde 1960 hasta la actualidad, como Aguas Blancas, así como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de diversos luchadores sociales, entre ellos, la de su hermana Rocío.
Norma Mesino dijo que “el dolor que representa este calendario manchado de sangre nos une a los familiares, a sobrevivientes, a organizaciones sociales de derechos humanos, para plantear a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como al Congreso de Guerrero, la necesidad de establecer una agenda que contemple el esclarecimiento de los crímenes y la impartición de justicia para todas las víctimas de la violencia”.
“Si en verdad es que estamos en una transformación real de la vida política de nuestro estado, tiene que saldarse esta deuda de justicia con las víctimas”, exclamó.
El doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Omar Villarreal, indicó que para entender la violencia criminal de los últimos años se tiene que entender la violencia política del pasado. “Los agentes represores son, en realidad, los primeros ejecutores de las empresas criminales que hoy conocemos como crimen organizado o cárteles”, expuso.
También participaron el ex fiscal especializado en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, Víctor Parra, quien comentó que no hay recursos suficientes para atender todas las desapariciones, que han aumentado exponencialmente, y el director de Quadratín Guerrero, Ricardo Castillo, quien dijo que Guerrero es el segundo estado más peligroso para ejercer el periodismo.
La última mesa fue Tejido Social, en donde artistas y promotores culturales expusieron el trabajo artístico que se realiza en Acapulco y cómo eso ayuda a construir paz. El fundador del grupo La Gruta, Manuel Maciel Campos, planteó la necesidad de trabajar con los niños, porque es un sector vulnerable a ser cooptado por el crimen organizado.
El escultor Jorge Alfaro y el fotógrafo Luis Arturo Aguirre contaron cómo crearon los espacios de arte, el primero con El Fortín y el segundo en la calle Quebrada, ante los recortes al presupuesto destinado a este sector y la escasez de lugares similares.
El evento, que duró alrededor de seis horas, fue organizado por la Universidad Loyola, Fundación para la Paz en Guerrero, Iniciativa Guerrero es Primero y el Grupo de Estudios para el Desarrollo del Sur (Gedesur). Asistieron unas 80 personas, entre activistas sociales e integrantes de colectivos de víctimas, como Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
También estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Óscar Chávez Rendón; el director de Gobernación del Ayuntamiento de Acapulco, Ramón Montiel Mejía, y la directora de la Mujer, Sandra Yolanda Rodríguez Zaragoza.

 

Desconfía el gobierno de los ciudadanos, resignados a la violencia: Jesús Mendoza

El padre Jesús Mendoza Zaragoza en entrevista en la iglesia San Isidro Labrador del poblado de La Sabana en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

El párroco Jesús Mendoza Zaragoza opinó que la difusión de un mapa sobre la presencia de grupos delictivos en la entidad es el reconocimiento de cómo se han repartido el territorio. En contraste la estrategia de seguridad de las autoridades ha sido insuficiente pues se necesita vigilancia de calidad, pero también acciones que mejoren el tejido social, el cultural y el desarrollo económico.
En entrevista en la parroquia de San Isidro Labrador de La Sabana, Mendoza Zaragoza consideró que el tener un mapa que identifique en qué regiones del estado operan los grupos de violencia es “un avance”.
El lunes 3 de abril se publicó en El Sur un mapa en el que se identifican 16 grupos delictivos que operan en Guerrero. Uno de los grupos dominantes es La Familia Michoacana, con presencia en Tierra Caliente, zona Norte y Costa Grande; Los Tlacos en la región Centro, zona Norte y la Montaña,y Los Ardillos que operan en la región Centro, Montaña y Costa Chica. En Acapulco, sólo se mencionan a los grupos Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) y Los Rusos.
El padre Jesús Mendoza reflexionó que los grupos delictivos operan donde pueden obtener dinero y los ciudadanos que están en la indefensión sólo tienen la opción de someterse para preservar su integridad a costa de afectar su salud mental con el miedo y la frustración. “Si no hay una estrategia que vincule a la sociedad con los gobiernos vamos a seguir estacionados” en el problema de la violencia.
Señaló que hay una descomposición en la entidad debido a que hay desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades y de las autoridades hacia los ciudadanos y eso provoca que el problema de la violencia y la inseguridad esté estacionado y a las autoridades “les parece aceptable cuando sigue desarrollándose”.
–¿Qué opina de este mapa que habla de 16 grupos delictivos en la entidad?
–Yo creo que al menos el gobierno del estado reconoce la existencia de una serie de grupos que se han repartido el estado y que en ocasiones son generadores de diferentes tipos de violencia, y al menos que hayan reconocido eso es un avance y el hecho de que también reconozcan que implícitamente hay territorios, aunque no lo hacen explícitamente, territorios que están bajo su control. Zona Norte, La Sierra, son los ms castigados, también Tierra Caliente pues tienen control territorial.
–¿Qué significa que haya 16 grupos delictivos en Guerrero?
–Creo que esto es resultado de la política gubernamental desarrollada ante el narcotráfico y ante las drogas. Yo creo que por ahí viene esa dinámica. Los Estados Unidos han desarrollado el prohibicionismo, de alguna manera ha llevado que grandes cárteles tengan mucho poder y que el gobierno mexicano con esa misma política prohibicionista la haya emprendido con la guerra con los cárteles. Como resultado de esa guerra se ha desarrollado toda una fragmentación de los mismos al grado de que todos estos grupos son herencia de algunos grupos que en el pasado, Cartel de Sinaloa, Cartel de Beltrán Leyva, tuvieron el control del terreno, pero ahora ya se fragmentaron y ahora es más complicado porque cada grupo tiene ya su propia estructura, sus propias dinámicas y sus propias rutas. Este es el resultado de todas esas dinámicas que se han llevado hace mas de 20 años.
–¿Este reconocimiento que hace el gobierno de estos grupos, cómo lo debemos entender?
–Es bastante complicado y complejo en el sentido de que hay espacios donde el Estado no actúa. No está presente y hay espacios donde hay serias sospechas de que autoridades del estado están involucradas en algunas regiones.
Puso como ejemplo lo ocurrido en El Parotal, en la sierra de Petatlán que llevaban a elementos de La Familia Michoacana disfrazados de policías. “Eso hace pensar a la población de que el gobierno no es confiable, por eso la población busca salidas a esta situación de capos y contrarios. Los grupos que se arman en la sierra o los grupos desplazados que llegaron a Tecpan, entonces cada quien va a resolver su situación por sí mismo. Hay una seria desconfianza. Los ciudadanos no confían en el Estado y las autoridades no confían en la población, por eso no permite que la población intervenga mas allá de una denuncia.

Las autoridades desconfían entre sí

–¿Cómo entender la existencia de 16 grupos delictivos en la entidad, no los combaten, permiten que se expandan?
–Tengo entendido que los equipos de inteligencia que tiene el Ejército y quizá también la Guardia Nacional son suficientes como para reconocer la presencia de estos grupos, para detectarlos, para definir sus movimientos, sus dinámicas. Ahora, no sé qué tanto estas fuerzas armadas compartan la información con los gobiernos estatales y estos a su vez compartan la información con los gobiernos municipales y en particular entre policías. Creo que en el ámbito político no hay una suficiente confianza entre ellos para que haya una verdadera coordinación. Dicen que hay Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz pero yo no creo que no tengan entre ellos la suficiente confianza para manejar la información. De tal forma que en cada municipio las policías actúan de acuerdo a instrucciones de los presidentes municipales, que son de distinto carácter, y entiendo que en los municipios hay autoridades digamos sometidas, que no tienen margen porque la delincuencia tiene más poder en cuanto a las armas, y también hay municipios en que al parecer las autoridades han sido puestas de acuerdo con los grupos delincuenciales. Hay una relación muy diferenciada, municipio por municipio y región por región y eso hay que tomarlo en cuenta en las distintas formas como se dan están relaciones entre los policías, Ejército y los distintos grupos de población.
–Esta desconfianza que hay entre autoridades y ciudadanos, habla de una descomposición…
–Desde luego hay una descomposición política y a esa le juntamos la descomposición social que tenemos, porque en la misma sociedad hay segmentos que viven de la economía del narcotráfico o de la delincuencia organizada o que viven sometidos y que asumen ese sometimiento. Por ejemplo, cuando los delincuentes llevan a los comerciantes o a los transportistas a hacer manifestaciones públicas, están sometidos y de alguna manera reciben un beneficio, el beneficio de la protección. En ese sentido yo veo que hay una descomposición política y social y de la descomposición política no se habla. Tienen sus mesas de coordinación pero es evidente que no hay confianza entre las distintas autoridades y se ha visto en algunas ocasiones en las que la federación actúa en algún estado y ni siquiera avisa.

La descomposición social es tremenda

–¿Qué hacer con la descomposición que hay?
–En el ámbito político es muy complicado. Yo no podría decir gran cosa de lo que sucede allá y lo que tendrían que hacer porque corresponde a una estrategia que ya se ha definido y no la van a querer cambiar. En el ámbito social es posible hacer caminos, es decir que todos los sectores que de alguna forma se sientan afectados, llegue al momento en que confluyan en una plataforma social para dar pasos. La descomposición social es tremenda porque en el mismo corazón de la sociedad hay una participación de la delincuencia, la delincuencia se genera en la vida de la misma sociedad y de la mano de autoridades. Toda esa parte tenemos que reconocerla. En los sicarios hay un drama económico y para que esto se resuelva tiene que intervenir el Estado, pero la iniciativa depende de los ciudadanos. En el Estado se ve que están empantanados, ni para adelante ni para atrás, como si se hubieran estacionado en una situación de violencia y ya les parece aceptable cuando sigue desarrollándose. La sociedad se siente abandonada, en la indefensión y cada quien resuelve sus broncas, un taxista, un comerciante la resuelve a su modo.
Un grupo delictivo busca donde hay dinero, donde puede sacar dinero y en ese sentido ensayan digamos mil formas de… donde no hay dinero no llegan entonces si ven una mina de dinero en la producción del campo o en la cuestión forestal o en el comercio o en el transporte o en las ferias de los pueblos y ahí están entonces le quitan a la autoridad competente la responsabilidad y la asumen ellos. Y en muchos casos a las autoridades municipales no les queda de otra, tienen que someterse.
–Los grupos delictivos disputan territorios no solo por la venta de droga, ahora es explotación de recursos naturales, cobro de cuotas, extorsiones y los ciudadanos siguen con ellos. ¿Por qué?
–Porque no les queda de otra. Hay gente que dice, ‘yo no estoy de acuerdo con esto pero está es la opción que tengo para sobrevivir’. Es la situación de indefensión, si tu sabes que nadie te va a proteger, que nadie te va defender, bueno, doblas las manos.
–¿Esto de qué manera repercute en los ciudadanos?
–La salud mental de los ciudadanos va en declive. El miedo, la frustración, todas estas situaciones empeoran la situación de la gente. Después de la pandemia que nos dejó con muchas arañas en la cabeza, toda la situación de la delincuencia sigue permeando el miedo, el miedo está, nomás que a veces lo arrinconamos, pero el miedo ahí está. Luego otro impacto que no es menor, la fragilidad del tejido social. Cada quien busca solucionar las cosas y crece la desconfianza en los vecinos, crece el número de víctimas y el crecimiento de formas de victimizar. El hecho de que haya control de ciertos territorios y ciertas cosas, por ejemplo que en un territorio esté controlado el cobro de piso, que el comercio esté cooptado, que el transporte esté sometido. Esto llega hasta el hecho de que la vida democrática va en declive, las poblaciones pequeñas que tienen ciertas características democráticas hasta ahí se van abajo, porque el que decide es arriba, y esto lo vamos a ver ahora que vengan las campañas electorales, habrá candidatos puestos por ellos (los grupos delictivos).

Las autoridades deben confiar en la gente

–¿Hay trabajo del gobierno en reconstruir el tejido social?
–Creo que la autoridad tiene que confiar en la gente, porque no confía en la gente por eso la abandona y por eso suceden tantas situaciones de conflicto que no se resuelven. Esta situación del tejido social nos toca básicamente a la sociedad, nos toca a nosotros que podamos desarrollar procesos en colonias, en zonas de la ciudad porque no lo vamos a esperar de quienes no confían en nosotros.
–¿Como podemos identificar esta desconfianza de las autoridades en los ciudadanos?
–A nivel federal, a nivel estatal en las mesas de Coordinación de Construcción de la Paz no hay ciudadanos: hay militares, hay Guardia Nacional, hay policías, hay autoridades, pero no hay  gente que represente a la sociedad. ¿Entonces quién es el que lleva la estrategia? Ellos. Los ciudadanos no importan. El ciudadano lo único que tiene que hacer es denunciar pero no denuncia porque sale mal parado, no hay confianza. Para mí esa parte de la estrategia es la que hace que las cosas no funcionen y que estemos estacionados en una situación de violencia que pareciera aceptable.
–En Acapulco hay mucha vigilancia, está la presencia constante de militares, marinos pero siguen ocurriendo asesinatos, no inhiben a los delincuentes.
–Creo que es una estrategia insuficiente. Sí necesitamos vigilancia, vigilancia de calidad, pero esta no es suficiente. Creo que debe haber estrategias de carácter social, cultural, económico. En el asunto económico que bajen las condiciones que dan pie a la inseguridad, que las familias tengan lo que necesitan para comer al menos. El asunto de la redistribución de la riqueza. En lo cultural, el individualismo que tenemos que permea en toda la vida de la sociedad no nos permite eso. El hecho de que cada quien quiera resolver lo suyo nada más. Si en una de estas colonias hay un desaparecido, se resigna y se repliega, nadie le ayuda, se siente señalado, acusado, una victimización tremenda, él tiene que resolver su asunto y lo resuelve recluyéndose en su casa y todos los lazos comunitarios se rompen. Estas historias dan una radiografía de lo que está sucediendo en las familias, en las colonias.
–¿Y en lo social qué se puede hacer para mejorar la estrategia de seguridad?
–Hubo intentos en años pasados en la reconstrucción del tejido social en algunos perímetros de la Zapata, Renacimiento, Jardín, Progreso pero… sé que se gastó mucho dinero pero quedó en nada. Cada gobierno va a lo suyo. Mira solamente hasta tres años y no le interesa lo que suceda después de tres años. Entonces eso no funciona, cuando es la sociedad la que tiene la posibilidad de darle seguimiento, pero si no hay ese vínculo entre sociedad y gobierno todo queda en tiradero de dinero, tiradero de recursos.
De los programas sociales, dijo que están ayudando a contener la pobreza pero no sirven para un proyecto de reactivación económica: “no se han desarrollado respuestas para que la gente se desarrolle a sí misma en el plano económico. Lo que hace el gobierno es dar dinero, eso no resuelve, contiene los niveles de pobreza y resuelve algunas necesidades de subsistencia pero no es igual a desarrollar una economía de la gente”.
Del problema de la violencia en las playas de Acapulco, el párroco deseo que esas ejecuciones no provoquen un problema como el que sucedió en 2011 en el municipio que la Costera estaba vacía y fue cuando inició la operación Guerrero Seguro que no ha terminado.