El periodismo en Guerrero está entre las bandas “delincuenciales” y las “institucionales”, dice

En una misa celebrada en la catedral en la capital para conmemorar la 51 Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales, el obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, monseñor Salvador Rangel Mendoza, dijo que en Guerrero no es fácil ejercer el periodismo, ya que por una parte a “las bandas delincuenciales” no les gusta que se publique “la ropa sucia”, y por otra parte, “las bandas institucionales” impiden que se informe la verdad.
Rangel Mendoza encabezó la misa y en su mensaje recordó al periodista de Tierra Caliente, Cecilio Pineda Birto, asesinado el 2 de marzo pasado en Ciudad Altamirano; y al periodista de Novedades Acapulco, Martín Méndez Pineda, que según consta en medios de comunicación solicitó asilo político en Estados Unidos tras recibir amenazas.
El obispo expresó que “cuando se asesina a un periodista o se le hace callar, nos están negando a nosotros el derecho a la información, porque si los periodistas no nos informan, ¿quién nos va a informar?”. Aseguró que las instituciones “son puras alabanzas” y dedican a declarar que “no pasa nada en Guerrero, todo está en orden. 15 descabezados en Chilapa, pero todo está en orden, allá los señores de la Tierra Caliente, Los Tequileros, haciendo de las suyas pero todo está en orden y ya no me quiero meter en eso porque me molesto”.
Señaló que “el detalle” es apoyar a los periodistas, “por una parte las bandas delincuenciales, por otra parte las bandas institucionales, se oye feo ¿no? Bueno, las instituciones, cómo a veces cuántos periódicos están pagados”.
Por otra parte, Rangel Mendoza también criticó a los reporteros que piden recursos a cambio de no publicar determinada información y a los que prefieren “no más por malvados, a mí en lo personal me han tirado un montón en ocasiones, pero no más por la nota periodística, porque los pobres también tienen que comer y si no sacan notas de esas interesantes ni quién les compre el periódico”.
Dijo que en los puestos de venta de periódicos “el estante está chorreando de sangre, son puros destripados, descabezados”. Sin embargo, insistió en que se debe apoyar a los reporteros, porque “las mismas instituciones son las que más persiguen a los periodistas”.
Por otra parte, Rangel Mendoza dijo que el mensaje del Papa Francisco por la 51 Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales para los periodistas y medios de comunicación es que “no debemos perder la esperanza, tenemos acontecimiento no muy gratos, negativos, que a veces vamos caminando por caminos difíciles, pero no matemos la esperanza, la situación social, política y económica, de inseguridad en Guerrero, dice el Papa, no nos maten la esperanza”.
Continuó: “la segunda idea del santo padre, es la confianza, tenemos que confiar en Dios, que nunca nos va a dejar”.
Después de la misa, en conferencia de prensa en las oficinas parroquiales, Rangel Mendoza dijo que considera que los medios de comunicación “amarillistas” promueven el “morbo” en la sociedad y que los niños que ven los periódicos, replican las acciones negativas con juegos con pistolas o bien juegan al secuestro, por lo que es necesario que se encuentre un punto medio y que también se difundan “noticias positivas”.

Llama Artículo 19 al gobierno federal a que frene la violencia contra los periodistas

 

La organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 México señaló que es preocupante la ausencia de garantías para ejercer el periodismo en Tierra Caliente, luego del asesinato del periodista Cecilio Pineda Birto y de la retención, robo y amenazas de muerto contra siete periodistas en esa zona.
Expuso que lo acontecido refleja la ausencia del Estado, lo que agravia a la población en el lugar.
Por separado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó la agresión a los periodistas en la carretera frente a Acapetlahuaya ocurrida este sábado, y manifestó que permitir que grupos armados intimiden, agredan o violenten a los periodistas obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que cumplan con garantizar la seguridad de la población y el ejercicio de la libertad de expresión en México.
“Un grupo de siete periodistas conformado por Sergio Ocampo corresponsal de La Jornada, Ángel Galeana reportero de Grupo Imagen, Alejandro Ortiz del portal Bajo Palabra, Jair Cabrera colaborador de La Jornada, Jorge Martínez de la agencia Quadratín, Hanz Musielik de Vice y Pablo Pérez de Hispano Post, fueron privados de su libertad por algunos minutos y despojados de una camioneta, de sus equipos de trabajo, de teléfonos celulares, identificaciones y dinero en efectivo, además de recibir amenazas de muerte en su contra”, relata Artículo 19 en la alerta que emitió sobre los hechos en la carretera, cuando los periodistas regresaban de cubrir bloqueos en municipios de Tierra Caliente, a un kilómetro de un retén del Ejército.
En 2016 la organización documentó en su informe anual 26 agresiones contra la prensa en Guerrero.
La alerta emitida abunda que el 3 de marzo fue asesinado el periodista Cecilio Pineda en la misma zona de Tierra Caliente.
Resalta que “con los hechos ocurridos es preocupante la ausencia de garantías para ejercer el periodismo que impera en la región de Tierra Caliente. No podemos soslayar que la situación padecida por la prensa es un reflejo de la ausencia del Estado que agravia a la población de la zona”.
Expone que resultan preocupantes las afirmaciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) hechas a los periodistas involucrados, al no comprometerse a garantizar su seguridad y la de sus familias.
Hace un llamado enérgico al gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto a que lleve a cabo las acciones necesarias para frenar la ola de violencia en contra de las y los periodistas, asegurar su protección y acabar con la impunidad que impera en los delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Sostiene que el reciente cambio de titular en la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debe demostrar que se trata de un verdadero compromiso por mejorar un contexto adverso para el ejercicio periodístico en México.
También demanda al nuevo titular, Ricardo Sánchez del Pozo, que instruya a su personal que haga las diligencias correspondientes, identificar y llevar a la autoridad judicial a los responsables.
Advierte que es fundamental que la FEADLE como el Mecanismo de Protección a Periodistas se coordinen, para que en el ámbito de sus competencias brinden las condiciones de seguridad a los periodistas agredidos a fin de realizar las denuncias correspondientes y estar en posibilidad de dar el debido seguimiento.
También exige al gobierno del estado garantice la seguridad de los periodistas que habitan y laboran en la zona.

Guerrero es una de las entidades más peligrosas para los periodistas, advierte la CNDH

Mientras que en un comunicado la CNDH señala que “los periodistas, que viajaban en dos camionetas, fueron agredidos por hombres armados quienes les sustrajeron sus pertenencias y materiales de trabajo como celulares, cámaras y documentos personales, tarjetas bancarias y pasaportes, así como una de las camionetas en las que se desplazaban, además de amenazarlos”.
Indica que como organismo nacional de defensa de derechos humanos tuvo de inmediato comunicación con el secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa Éric Chavelas para ofrecer las acciones y el acompañamiento necesario a los periodistas agredidos.
Abunda que Guerrero es una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México, por lo que es necesario que las autoridades establezcan las condiciones necesarias para garantizar que la labor de las y los periodistas pueda realizarse sin ningún tipo de afectación, por parte de servidores públicos o particulares.
Afirma que por ningún motivo puede permitirse que grupos armados intimiden, agredan o violenten el material de trabajo de las personas que ejercen el periodismo en el estado o en alguna otra región del país, que obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que cumplan con garantizar la seguridad de la población y el ejercicio libre de la libertad de expresión en México.