El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD informó que el próximo miércoles se reunirá con la dirigencia nacional del partido para que ésta sea intermediaria con los legisladores federales y desde el Congreso de la Unión se pida al gobierno federal atención especial para Guerrero por la ola de violencia que priva en la entidad.
También se acordó que para antes de que concluya el año la dirigencia estatal busque acercamientos con los partidos de izquierda, incluido Morena, para comenzar los trabajos de unidad rumbo al proceso electoral de 2018 y defender juntos el presupuesto de 2017.
Este lunes el CEE celebró su sesión semanal en la que se trataron diferentes puntos, entre éstos el de la inseguridad.
Consultado por teléfono, el presidente del CEE, Celestino Cesáreo Guzmán, informó que el miércoles de la próxima semana la dirigencia del partido se reunirá con la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandra Barrales, y con la secretaria general, Beatriz Mojica Morga.
Explicó que la petición que le harán al CEN es que solicite a todos los diputados federales del partido que desde el Congreso de la Unión se llame al gobierno federal a darle un trato especial a Guerrero por la situación que enfrenta en materia de seguridad.
Respecto a que en noviembre hubo 230 asesinatos en Guerrero, que representa un aumento del 36.9 por ciento en comparación con el mes anterior, cuando ocurrieron 168 homicidios, dijo que es necesario replantear la estrategia de seguridad y por ello se pedirá la intervención del CEN.
“Sin duda el repunte de la violencia es preocupación de todos y del PRD también, por lo tanto vamos a llevar ese tema a la dirigencia nacional, creemos que es muy importante que el gobierno federal ponga atención a Guerrero y lo trate como un asunto prioritario y de seguridad nacional, porque es evidente que las instancias del gobierno en el estado tienen muy pocas posibilidades”, expresó.
Dijo que otro de los temas que se abordaron fue el caso del director de la Agencia de Noticias Guerrero (ANG), José Nava Mosso, quien fue demandado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Emiliano Lozano Cruz, por haber difundido un video en el que el funcionario aparece en estado de ebriedad y es detenido por la policía preventiva de Chilpancingo.
Indicó que el partido emitirá una postura pública al respecto en la que se solidarizarán con el periodista.
En un audio compartido por la el área de prensa del PRD, se escucha al dirigente del CEE lamentar la conducta del diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez, quien el domingo acompañó al gobernador Héctor Astudillo Flores en su gira de trabajo en Cruz Grande, donde integrantes de la Coduc, organización que encabeza el legislador, recibió apoyos.
“Lamentamos mucho ese acercamiento, no le ayuda en nada al PRD y evidencia que hay una relación de interés personal, el PRD es el partido opositor en Guerrero, es opositor al gobierno de Astudillo y lo va a seguir siendo”, se le oye decir al líder perredista.
Comentó que si Sebastián de la Rosa ha establecido acuerdos con el gobernador es porque quiere beneficios para su organización, pero aclaró que “el PRD de Guerrero no busca chambas, canonjías, lo que busca es que le vaya bien a los guerrerenses, que haya seguridad, oportunidades, más allá de los intereses personales”.
Por separado, el secretario de Organización, Pánfilo Sánchez Almazán, informó que en la sesión se acordó que antes de que concluya el año la dirigencia buscará acercamientos con los partidos de izquierda, incluido Morena.
Explicó que los diputados federales del PRD y Movimiento Ciudadano sumaron fuerzas para defender el presupuesto federal, por lo que se buscará replicar esa acción en el Congreso local, a fin de lograr una alianza encaminada a que los sectores más vulnerables de la entidad no sean afectados en la aprobación del presupuesto de 2017.
Comentó que el acercamiento es también para iniciar los trabajos de unidad rumbo al proceso electoral de 2018, que comienza formalmente en septiembre del próximo año.
Aseguró que los acercamientos serán con el PT, Movimiento Ciudadano y Morena, a pesar de que el dirigente estatal de este último, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ha reiterado que ese partido no tiene interés de hacer alianzas con el PRD.
Otro tema, comentó, es apoyar en la organización del encuentro estatal de jóvenes militantes del partido, que se celebrará el 9 y 10 de diciembre en Acapulco.
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Pide la Red tipificar en el Código Penal la violencia política contra las mujeres
Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres en Guerrero se congratularon de que el gobernador Héctor Astudillo Flores haya firmado la iniciativa de ley para garantizar la paridad de género vertical y horizontal en la postulación de candidaturas para ayuntamientos, pero manifestaron que es urgente que se legisle para que la violencia política contra las mujeres sea tipificada como delito en el Código Penal.
Indicaron que es necesario tipificar la violencia política contra las mujeres en diversos ordenamientos jurídicos y adoptar medidas legislativas que permitan garantizar una integración paritaria del Congreso del estado y de los demás poderes locales.
En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en una sala del Instituto Municipal de la Mujer de Acapulco, la presidenta de la red de mujeres, Muriel Salinas Díaz, anunció que el 30 de noviembre se llevará a cabo en Chilpancingo un foro de mujeres presidentas municipales, con el objetivo de ver los avances que en la participación de la mujer en la política, pero también las situaciones a las que se han enfrentado.
Salinas Díaz dijo que ven con agrado la iniciativa de ley que firmó Astudillo, mediante la cual se va a instituir en la ley electoral del estado la obligación que tendrán los partidos políticos de garantizar la paridad horizontal en el registro de candidaturas para la integración de ayuntamientos, pues recordó que en el proceso electoral anterior se dio por las impugnaciones que interpusieron integrantes de esa organización y es gracias a ello que hay 21 alcaldesas en el estado.
Agregó que esa firma representa el cumplimiento del gobernador a los compromisos con la red, integrada por mujeres de los diversos partidos, en junio pasado cuando le presentaron la agenda legislativa para la igualdad política, la cual contenía ese compromiso.
Recordó que falta tipificar la violencia política contra las mujeres en diversos ordenamientos jurídicos y la adopción de medidas legislativas que permitan garantizar una integración paritaria del Congreso y los demás poderes locales.
Señaló que esa firma es el resultado de la lucha que han dado desde los partidos y la sociedad civil las mujeres para que se instituyan estas medidas legislativas para garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en el ámbito de la política.
Muriel Salinas agregó que espera que dicha iniciativa sea pronto presentada al Congreso local por parte del Ejecutivo y que el Poder Legislativo asuma la responsabilidad política y democrática para avanzar en este proceso de armonización de la legislación en manteria de igualdad política y derechos políticos electorales de las mujeres.
Insistió en que se debe poner un agravante en el Código Penal por la violencia contra las mujeres, pues en Guerrero hay casos de violencia política grave contra alcaldesas, y ejemplificó con el caso de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz.
Subrayó que por esa razón la red de mujeres “insistiremos en la urgencia de que esto se tipifique en el Código Penal”, y también expresaron su solidaridad con la síndica de Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena Rivera, a quien le ofrecieron el acompañamiento jurídico y político, pues “en estos momentos está enfrentando violencia política en su municipio”.
Explicó que el primer encuentro estatal de presidentas municipales, apoyado por el programa de Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres y equipos feministas, es pafrte de una estrategia “orientada a dar seguimiento puntual a lo que están viviendo las mujeres munícipes en el ejercicio de sus cargos”.
Recordó que la red dio seguimiento a la violencia que vivieron las mujeres en el proceso electoral de 2015, y lo que hoy se va a hacer es un seguimiento de lo que está ocurriendo ahora en el caso de las mujeres que están en funciones.
Indicó que aunque hay caso emblemáticos de violencia política contra las mujeres, es importante ese encuentro para poder hacer un “análisis más puntual desde la experiencia vivida de las mujeres munícipes sobre lo que están enfrentando en el ejercicio de sus cargos”.
Señaló que a través de ese ejercicio la red “pretende integrar un diagnóstico participativo sobre la violencia política de las mujeres en el ámbito municipal, y con ello darle un contenido aún más amplio al proyecto que pensamos impulsar, y que seguiremos insistiendo, de tipificación de la violencia política contra las mujeres en Guerrero”.
Estuvieron en la conferencia la directora general del Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco, Luisa Fernanda Fontova; la presidenta de Moviendo a Guerrero, Jessica Aguirre Herrera; la coordinadora de la red en la zona centro, María del Socorro Mondragón, así como la integrante de la red, María Teresa Leyva Cervantes, y la regidora y coordinadora regional en Acapulco de la red, Alma Juárez Altamirano.
Pide la Codehum al Congreso local un mayor presupuesto y los diputados ofrecen hacer “la lucha”
El presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, se reunió ayer con diputados del Congreso local para solicitar un incremento en el presupuesto del organismo para 2017.
De 48.9 millones de pesos que ejerció en el actual ejercicio fiscal, el presidente de la Codehum planteó que el monto se incremente a por lo menos 91 millones. La propuesta que envió el gobierno del estado al Congreso para 2017 es de 49.9 millones.
A las 10 de la mañana en la sala José Bajos Valverde, Navarrete Magdaleno se reunió con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Jesús Martínez Martínez; el secretario, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, y los vocales María del Pilar Vadillo Ruiz, Ricardo Mejía Berdeja y María de Jesús Cisneros Martínez.
En su intervención, el presidente de la Codehum expresó que el presupuesto que se le ha asignado a ese organismo no es proporcional a las necesidades del mismo y de la propia entidad, pues recordó que Guerrero está en la mira nacional e internacional por hechos graves de violación a derechos humanos.
Comentó que en el caso de Nuevo León la Comisión de Derechos Humanos recibe cien millones de pesos anuales y opera solamente con sus oficinas centrales, a diferencia de la de Guerrero que cuenta con delegaciones regionales.
Como ese ejemplo dijo que hay varios en el país, a pesar de que en esos estados no se enfrentan los problemas que tiene Guerrero; incluso dijo que mientras en otras partes la lucha de las comisiones es por derechos de “tercera generación”, como medio ambiente y agua, en la entidad aún no se trabaja para evitar que los detenidos sean torturados.
Navarrete Magdaleno aseguró que si se informara públicamente que la Codehum no percibe recursos suficientes, esa situación sería cuestionada por organismos internacionales, toda vez que aquí se atienden casos como el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros más.
Dijo que a pesar de las condiciones financieras en que trabaja la Codehum, cuando participa en conferencias o ponencias en otros estados “no vamos para lamentarnos”, sino a explicar que en Guerrero las circunstancias son distintas a como se perciben en el exterior.
“La gente de otros estados creen que tenemos el cuerno de chivo terciado en el hombro, pero yo les digo que en Guerrero los universitarios están en las aulas, que todos hacen su labor, (pero) eso no es la noticia, la noticia es cuando hay muertos”, lamentó.
Aseguró que gracias a los ajustes que se han hecho en la Codehum para aprovechar al máximo su presupuesto y no dejar de laborar, ese organismo se ha posicionado como uno de los mejores en el país.
Comentó que su personal ha estado presente en los operativos que se realizan en los reclusorios por la madrugada; así como en conflictos sociales, además de que imparten talleres en primarias, secundarias y universidades.
“A diario se trabaja en la promoción y difusión de derechos humanos, en la visita de instituciones de arresto y en lugares donde por alguna circunstancia se encuentran los jóvenes, mantenemos la visita a reclusorios, centros de alcohólicos anónimos y otros lugres más, esas visitas son permanentes”.
En su intervención, Mejía Berdeja reconoció el papel que ha desempeñado la Codehum en el conflicto que mantienen la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Indicó que es fundamental el trabajo que la comisión ha desarrollado y por ello consideró necesario incrementar el presupuesto de la misma, e incluso dijo que debe ser una prioridad tanto para el gobierno del estado como del Congreso.
“Desde luego que es vergonzoso, las cifras negras en temas de desaparecidos, tortura, asesinatos extrajudiciales, desplazamientos forzados, yo creo que hay que revisar que sea lo necesario (en presupuesto), yo sí creo que este tema es fundamental, sobre todo porque como entidad es lo que más nos pega en lo nacional e internacional”.
En la reunión los diputados se comprometieron con Navarrete Magdaleno a “dar la lucha” para que el presupuesto que le sea aprobada a la Codehum tenga un incremento, pues consideraron que a pesar de que ha trabajado con recursos limitados, esa instancia ha desempeñado un buen papel.
Pide el Congreso investigar la fuga de niños de la Casa Hogar de Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó ayer un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que investigue los motivos que originó el escape de 22 menores de edad de la Casa Hogar de Chilpancingo el pasado domingo.
El acuerdo incluye que esa dependencia emita un informe al Congreso de los resolutivos derivados de esas indagatorias, a efecto de salvaguardar los derechos de los menores que habitan en esa Casa Hogar dependiente del DIF estatal.
Además, el exhorto contempla también a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos para que emita los resolutivos derivados de las visitas e investigaciones que de acuerdo a su competencia realizaron a la Casa Hogar de Chilpancingo y dar a conocer la situación jurídica actual de los niños que viven en ese lugar.
De igual forma se pide a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que brinde las medidas necesarias a la investigación e informe al Legislativo de la situación actual de los menores que habitan la Casa Hogar de Chilpancingo.
El pasado domingo los 48 niños que habitan la Casa Hogar del DIF estatal, ubicada en la colonia Jardines del Sur de esta capital, protestaron desde las ventanas del edificio por los malos tratos a que son sometidos, y 22 de ellos huyeron del establecimiento, hasta ayer solo faltaba localizar a uno de ellos.
En tribuna, la diputada Beatriz Alarcón Adame, quien presentó la propuesta, habló de este tema y consideró necesario realizar las investigaciones correspondientes para conocer las razones que motivaron a los menores escapar del lugar.
“Todas y todos queremos saber la verdad, del porqué unos niños tomaron una decisión de abandonar o de huir, si así lo quieren llamar, de un lugar donde deben de tener todas las condiciones y garantías para su bienestar, ¿Qué ocurrió? ¿Qué lo origino? Aún no lo sabemos”, expresó.
Indicó que esas investigaciones deben desarrollarse de manera responsable y apegadas al marco legal, a fin de que arrojen resultados y conforme a estos, también se apliquen las sanciones respectivas.
Su propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.
Los tres magistrados del TSJ ratificados concluirán su periodo en septiembre de 2024
En la primera sesión, de las dos que se celebraron este jueves en el Congreso, se aprobó la ratificación en el cargo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Félix Nava Solís, Manuel Ramírez Guerrero y Gabriela Ramos Bello.
La Comisión de Asuntos Políticos, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, presentó tres dictámenes en los que se exponen las razones por las que los tres magistrados repetirán en el cargo por otros ocho años a propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los tres concluirán su periodo el 12 de septiembre de 2024, al considerar el pleno que cumplen con los requisitos que establece la Constitución del Estado, y que les otorga el derecho de preferencia para el caso de la expedición del nuevo nombramiento.
La ratificación de los magistrados fue aprobada por la mayoría de las fracciones parlamentarias y representaciones partidistas, menos por la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez.
En la sesión, el diputado de Movimiento Ciudadano y ex alcalde de Zihuatanejo, Silvano Blanco de Aquino subió a tribuna para hablar de la situación de los comerciantes de ese municipio, que el 28 de octubre pasado cerraron sus negocios para protestar en contra de la inseguridad.
Finalmente, consideró que la población debe hacer un esfuerzo para que en el próximo proceso electoral elija a candidatos que no tengan vínculos con la delincuencia organizada.
Fin a bloqueos y a muertes entre ellos, pide Astudillo al FUSDEG y a sus opositores
El gobernador Héctor Astudillo Flores calificó como “lamentable” el bloqueo de seis horas a la carretera nacional Acapulco-México por integrantes del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG): “no se puede someter al estado de Guerrero a una situación de bloqueos”.
El domingo a medio día, intengrantes del FUSDEG bloquearon mas de seis horas tres tramos de la carretera federal México-Acapulco, en Petaquillas, Ocotito y Tierra Colorada para exigir el esclarecimiento del asesinato de su comandante Julio Alarcón Astudillo. La movilizacion originalmente fue planeada para demandar una audiencia con el gobernador.
En declaraciones a reporteros después de una reunión privada que tuvo con la dirigencia estatal de SNTE, el gobernador insistió en que los policías comunitarios “tienen que volver a su esencia” y ajustarse a la Ley 701 –que reconoce derechos y cultura de los pueblos indígenas- que implica limitar sus acciones a sus territorios, de acuerdo .
Al gobernador se le preguntó sobre la situación con el FUSDEG luego de los bloqueos que realizaron el domingo en Petaquillas, Ocotito y Tierra Colorada: “se preveía que iba a haber algunos problemas, se habló con todos para evitar los problemas y resulta que en el último momento del día, de la jornada, aparece que asesinan a uno de ellos en Chilpancingo, esto originó las protestas que conocimos”.
“Me parecen (los bloqueos) lamentables porque no se puede someter al estado de Guerrero a una situación de bloqueos en varios puntos de la carretera derivado de un homicidio que es muy lamentable, que es muy reprobable, pero no se atiende así”, añadió.
Luego dijo que lo primero que hará su gobierno es que la Fiscalía busque al autor del asesinato del comandante del FUSDEG Julio Alarcón Astudillo, y entonces advirtió que es necesario que “los grupos comunitarios” vuelvan “a su esencia, ajustarse a lo que es la 701 y no dedicarse a generar conflictos entre ellos que terminan con muertes y con bloqueos”.
Al gobernador se le preguntó si iba a recibir a los integrantes del FUSDEG y se le recordó que de las demandas de los bloqueos del domingo es tener una audiencia con él, pero ya no contestó.
Por segunda ocasión, pide el Congreso a Evodio Velázquez el expediente del crédito de 158 millones
El Congreso local aprobó ayer por mayoría de votos, con el rechazo del PRD y PT, exhortar por segunda ocasión al gobierno de Acapulco, que encabeza el perredista Evodio Velázquez Aguirre, para que le haga llegar el expediente de la solicitud de un préstamo de 158 millones de pesos que autorizó el Cabildo, toda vez que no atendió esa misma petición que le hizo el Legislativo el miércoles de la semana pasada.
El exhorto se amplía a que la Auditoría General del Estado (AGE) informe en qué condiciones financieras dejó al ayuntamiento de Coyuca de Benítez el actual secretario de Finanzas de Acapulco, Merced Valdovinos Diego, quien gobernó ese municipio en el periodo 2009-2012, pues se le acusó en tribuna de enfrentar varias observaciones en su administración y de promover su imagen política.
Este miércoles sesionó la Comisión Permanente del Congreso local, en la que se presentaron dos iniciativas de reforma y una propuesta de acuerdo parlamentario. Como en la última sesión, el tema que prevaleció ayer entre los diputados fue el acuerdo por el que se autoriza al gobierno de Acapulco acceder a un préstamo de 158 millones de pesos con el Banco Interacciones.
El coordinador de la bancada del PVEM, Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, presentó una propuesta de exhorto dirigido al gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre para que éste remita al Congreso la documentación que conforma el expediente íntegro de la contratación del empréstito por 158 millones de pesos, que incluya el Acta de Cabildo y el Acuerdo Económico.
También solicita al municipio que “observe cabalmente” lo estipulado en los artículos 117 de la Constitución federal y 26 de la Ley de Disciplina Financiera, que establecen que el empréstito no debe ser destinado al pago de gasto corriente y debe cumplir los requisitos y condiciones señaladas para su contratación.
El miércoles pasado el pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó dos exhortos por los que se le pedía al municipio de Acapulco entregar al Legislativo el expediente y dejar sin efectos el préstamo hasta que se realice el procedimiento indicado, pero hasta ayer ninguno había sido respondido.
“Este poder Legislativo, como representantes del pueblo, no puede quedar inerte y pasar por alto acontecimientos importantes y que traen repercusiones en las haciendas públicas municipales, como es el caso del empréstito autorizado por el Cabildo de Acapulco”, dijo en tribuna Cueva Ruiz.
El diputado del PVEM dijo que todos los gastos que se contemplaron para el actual ejercicio fiscal debieron ser considerados en el presupuesto de egresos y en la Ley de Ingresos del municipio que se aprobaron para Acapulco, por lo que no quedaba claro para qué requiere el ayuntamiento un recurso extraordinario de 158 millones de pesos.
Explicó que la petición de ese préstamo significa que existen 158 millones de pesos que no se invirtieron conforme al presupuesto y la Ley de Ingresos, y en consecuencia representaba “un boquete financiero”.
“La pregunta es ¿dónde está ese recurso? (…) La pregunta es ¿qué pasó? ¿En qué se gastó ese dinero que está en la ley de ingresos y en el presupuesto que se mandó al propio Congreso? ¿A donde se fue o en qué se utilizó?”, expuso.
Luego de la intervención del diputado del PVEM, un hombre que se encontraba en la sala en la que se celebraba la sesión sacó una cartulina en la que se leía “Mártir de Cuilapan para cuándo”, en alusión al conflicto que vive ese municipio en donde el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores tienen tomado el ayuntamiento en exigencia de la revocación de mandato de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
Después de unos minutos agentes de seguridad del Congreso le retiraron la cartulina.
En respuesta a la propuesta del PVEM, el diputado del PRD, Ernesto Fidel González Pérez denunció que se trataba de un acuerdo inconstitucional que viola la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues lo que expuso en tribuna Cueva Ruiz no coincidía con lo que se aprobó en el orden del día, en la que el exhorto estaba dirigido a la AGE y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que revisaran las finanzas de Acapulco; además dijo que se presentó a destiempo.
Aseguró que esa propuesta atenta contra la soberanía y autonomía del gobierno de Acapulco, y calificó los constantes “ataques” del PRI, PVEM y de Movimiento Ciudadano contra Evodio Velázquez como “golpeteo mediático” y un “reality show”.
Dijo que si los diputados y regidores del PRI tienen pruebas de que el gobierno de Acapulco incurrió en irregularidades en la aprobación del acuerdo que autoriza el préstamo, procedan ante las instancias legales correspondientes.
Lamentó que en el Congreso se discutiera más el actuar de un alcalde que el problema de inseguridad en el estado, y como ejemplo recordó que el regidor de seguridad pública de San Miguel Totolapan, Alejandro Reyna Estrada, fue levantado por hombres armados.
Le recordó a Ignacio Neil que cuando fueron regidores en el gobierno de Luis Walton Aburto, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, el municipio encontró una situación delicada en las finanzas, por lo que requirió el adelanto de participaciones.
“Yo les digo que oxigenar una administración, la que sea, para que camine y avance un gobierno, no es malo, no le pongamos piedras a ningún gobierno, nosotros (el PRD) no le hemos puesto piedras al gobierno del estado para que tropiece. Sabemos los problemas de Acapulco y requiere apoyo”, dijo.
Walton siempre atendió la ley: Magdalena Camacho
Por alusiones, pasó a tribuna Magdalena Camacho, quien reconoció que en la pasada administración había un problema en las finanzas del gobierno, pero pidió al diputado del PRD que no desviara el tema.
Explicó que lo que se le critica al gobierno de Evodio Velázquez es que no respetó el procedimiento y violentó varias leyes con la aprobación del acuerdo del préstamo y dijo que la administración pasada requirió empréstitos pero cumpliendo con todos los requisitos.
“En nuestra administración (la de Luis Walton) siempre se atendido a la ley. Se impuso orden y disciplina financiera y mes a mes se informó al cabildo las condiciones financieras del municipio y ahora lo que se busca que se respete la ley, es lo único que estamos pidiendo”, expuso.
A pesar de que el regidor de San Miguel Totolapan fue postulado por Movimiento Ciudadano, Magdalena Camacho no hizo ninguna referencia al caso.
Después, el diputado añorvista del PRI, Samuel Reséndiz Peñaloza, dijo que hacía votos para que el regidor regresara con bien a su casa, y también llamó a Evodio Velázquez a que se coordine con el gobierno del estado y la federación para trabajar en el combate a la inseguridad.
Explicó que los diputados del PRI no se quedarán callados ante “la opacidad” con la que presuntamente está actuando el gobierno de Evodio Velázquez.
Recordó que el año pasado, al principio de la administración, Velázquez Aguirre solicitó un préstamo al gobierno del estado de 120 millones de pesos y ahora busca uno por 158 millones, y otros cien millones para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
Dijo que en caso de que se le autoricen, en 10 meses el alcalde estaría ejerciendo 378 millones de pesos a través de préstamos sin que se conozca “una sola obra” de trascendencia en el puerto.
Recordó que el gobierno municipal sigue sin aclarar en qué se ejercerán los 158 millones que pretende obtener del préstamo y que hay contradicciones entre lo que dice el alcalde, el secretario de Finanzas y lo que establece el propio acuerdo aprobado por el Cabildo.
“Yo me imagino cuál es la razón y creo que la razón es que Merced Baldovinos anda igual de perdido que el alcalde, está preocupado por su futuro político, ya se cree diputado federal, o diputado local, o una vez más alcalde de Coyuca de Benítez”, dijo.
Mientras intervenía, Samuel Reséndiz mostró una imagen que corresponde a un espectacular en el que aparece la portada de una revista y una fotografía del secretario de Finanzas de Acapulco.
En su intervención aseguró que hay observaciones de la AGE a sus cuentas públicas de cuando Baldovinos fue alcalde de Coyuca de Benítez.
De la Rosa defiende lo indefendible: Reséndiz
También opinó respecto a las declaraciones del líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y diputado local, Sebastián de la Rosa Peláez, quien el martes en conferencia de prensa acusó al “PRI y todos sus actores” de golpeteo político contra el alcalde Evodio Velázquez con miras al 2018, para desviar la atención del problema de inseguridad que afecta al estado y la promesa incumplida de orden y paz del gobernador Héctor Astudillo.
Al respecto, Samuel Reséndiz dijo que a Sebastián de la Rosa le gusta “defender lo indefendible” y recordó que tras los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y detenidos-desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, el perredista defendió al ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, vinculado con la delincuencia organizada y preso por su responsabilidad en esos acontecimientos.
Dijo que los priistas no quieren confrontar, sino que el proceso para acceder al préstamo sea transparente y el gobierno municipal explique el estatus de las finanzas de Acapulco.
Ante las presuntas observaciones que existen en la cuenta pública de Merced Baldovinos de cuando fue alcalde de Coyuca de Benítez, cargo al que se postuló por Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) y que ejerció de 2009 a 2012, Reséndiz Peñaloza propuso una adhesión a la propuesta de Cueva Ruiz, para que la AGE le informe al Congreso en qué condiciones financieras dejó el ayuntamiento de aquel municipio durante su administración.
Tras los constantes señalamientos, Ernesto González dijo que de ser necesaria la comparecencia de Evodio Velázquez ante el Congreso se propusiera ante el pleno que el alcalde exponga a los diputados todo el procedimiento.
Dijo que el PRD no tiene por qué “andar escondiendo a los alcaldes” y aseguró que están a favor de la transparencia, por eso no se opondrían a que se cite a Evodio Velázquez para que explique todo lo referente al préstamo.
Insistió en que el Congreso está excediéndose en sus atribuciones y le propuso al alcalde de Acapulco promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se está violentando la autonomía de un municipio.
El diputado del PT, Fredy García Guevara, se sumó a la postura de que Evodio Velázquez comparezca y aseguró que “pareciera” que el PRI “le tiene miedo” al alcalde de Acapulco ante la proximidad del proceso electoral de 2018.
Luego de casi dos horas de discutir el tema, se sometió a votación la propuesta junto a la adición que propuso Samuel Reséndiz. El exhorto fue aprobado con 8 votos (del PRI, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano) a favor y sólo dos en contra, el del PRD, con Ernesto González, y el del PT, de Fredy García. El presidente de la Mesa Directiva, Carlos Reyes Torres, no votó.
Acción penal contra diez dirigentes del movimiento en su contra, pide al gobierno la alcaldesa de Apango
La presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, demandó ayer al gobierno estatal que no se deje presionar por el grupo opositor que pide la revocación de su mandato y, por el contrario, pidió que se ejerza acción penal en contra de 10 dirigentes que encabezan el movimiento, contra quienes presentó demandas penales.
Muñiz Gómez ofreció al medio día de ayer una conferencia de prensa en esta capital, acompañada por un grupo de campesinos que, dijo, eran comisarios municipales de varias comunidades, aunque solamente tres de ellos se presentaron como tales.
La edil aseguró que tiene pruebas de que el grupo opositor que tiene tomado el Palacio Municipal desde mayo pasado ha venido cometiendo hechos de violencia en la cabecera municipal.
Insistió que la quieren sacar de la presidencia municipal “por violencia de género”, no les cabe en la cabeza que una mujer gobierne el municipio en dos periodos consecutivos”, dijo.
También insistió en lo que ha venido declarando en el sentido de que 10 de los dirigentes que encabezan el movimiento le pidieron 10 millones de pesos para que la dejen trabajar.
Entre estos dirigentes mencionó al ex presidente municipal Crisóforo Nava Barrios, quien se encuentra preso por el delito de despojo, derivado de hechos distintos al movimiento en contra de la alcaldesa; el presidente del Comité Municipal del PRI, Pedro Ángel Salazar; el dos veces alcalde por el PRI, Edilberto Nava García; el vocero del movimiento, Aureliano Palacios Celino; el ex alcalde del PRD, Gerardo Celino Flores; el ex dirigente del PRI municipal, Sergio Mota Sánchez; el ex candidato a la alcaldía del Panal, Manuel Gómez Zámano, y el esposo de la ex candidata a la alcaldía por el PRI, Dulce Camacho Gómez, Leopoldo Muñiz Nava.
La alcaldesa aseguró que cuenta con el respaldo de los ciudadanos, “y si soy presidenta municipal por segunda vez es por el voto de los ciudadanos”, pero dijo que el grupo opositor no la deja gobernar simplemente porque no les cabe en su cabeza que una mujer gobierne el municipio, pero además insistió en que se negó a darles 10 millones de pesos a cambio de que la dejaran trabajar.
Denunció que las casas que han saqueado los disidentes son de sus padres, de sus hermanos y del tesorero municipal, quienes, aseguró, han tenido que abandonar la cabecera municipal debido a las amenazas de los disidentes.
En su caso, dijo que teme por su vida porque la han amenazado de muerte, pero reiteró que no va a solicitar licencia al cargo como se lo piden, y demandó que el gobierno del estado intervenga para que se termine con la presión de este grupo que no ha dejado gobernar a ningún presidente municipal desde hace 25 años, según dijo.
La presidenta municipal denunció que en el tiempo que lleva el movimiento, el síndico Benito Sánchez Ayala, los tres regidores que la siguen, así como los dirigentes que están atrás de ellos, han saqueado cemento, fertilizante, varilla y lámina galvanizada que es del Ayuntamiento.
Aseguró que parte de este material lo han vendido, algo más se lo han quedado y alguna parte lo han repartido entre sus seguidores.
La presidenta municipal se hizo acompañar por unas 15 personas, hombres y mujeres, a quienes presentó como comisarios de varias comunidades del municipio.
Aunque en la conferencia de prensa sólo se presentaron Isidro Hernández, de la comunidad de Hueyitlalpan; Margarito Jiménez, de la comunidad de Tlamamacán, y Jesucita Morales, también de la comunidad de Hueyitlalpan.
Al final de la conferencia de prensa Muñiz Gómez mostró fotografías en las que aparecen el síndico Sánchez Ayala y los regidores que simpatizan mientras reparten material que han saqueado de su casa y de la de sus familiares, también del almacén del Ayuntamiento, y mostró gráficas de los destrozos que han ocasionado a sus casas y las de sus familiares.
En cuanto a los señalamientos de corrupción en su contra dijo que serán las instancias fiscalizadoras las que resolverán al respecto, pero aseguró que son acusaciones sin fundamento e insistió que quienes la acusan buscan chantajearla.
La alcaldesa dijo que desde que inició el movimiento en su contra no ha respondido a la provocación y a ninguna de las acciones que han realizado en su contra, “porque sabemos cuál es nuestra responsabilidad”.
Pide Astudillo la intervención del Congreso para resolver el conflicto político en Apango
El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que en el conflicto de Apango no sólo debe intervenir la Fiscalía General del Estado y el Poder Ejecutivo, sino también el Congreso local.
Durante su visita a esta comunidad del municipio de Leonardo Bra-vo, acotó que la Secretaría General de Gobierno no ha sido rebasada, y que sólo “es un caso muy especial”, ya que es un conflicto “que frecuentemente se da en ese pueblo”.
Dijo que por eso en Apango “no solamente tiene que intervenir el Poder Ejecutivo y la Fiscalía con su autonomía… también tiene que participar del Congreso del estado”, dijo en alusión a que allí está detenido el proceso de revocación del mandato de la alcaldesa Felícitas Muñiz, pese a que ya existe el dictamen de la Comisión Instructora.
Un reportero le preguntó si la detención del ex alcalde Crisóforo Nava es muestra de que no se permitiría el desorden, y respondió que la detención fue determinada únicamente por la Fiscalía con el objetivo de parar la confrontación.
A pregunta expresa sobre si existe una estrategia de su gobierno para la solución del conflicto y evitar nuevos hechos violentos, respondió que las estrategias no se revelan.
Consultado sobre las declaraciones emitidas por los integrantes de la Unión de Comisarios de la Sierra, quienes informaron que ya no continuarán la campaña de recolección de firmas en su región para solicitar la legalización de la siembra de amapola con fines medicinales, hasta que esta iniciativa cuente, en los hechos, con el respaldo del gobernador. Astudillo, respondió que el respaldo lo tienen, pero hasta que avance el tema de la mariguana.
“Yo espero poder hacerlo materialmente más adelante, el asunto es que, como yo lo he dicho, primero es el 1 y después el 2, el uno es la mariguana que está en el Congreso (de la Unión), que ahí se detuvo, o sea, no podemos meter lo de la amapola si todavía no ha salido lo de la mariguana, y yo creo que primero tiene que salir lo de la mariguana en los términos medicinales, yo subrayo, con términos medicinales, y después hay que buscar lo otro en programa piloto”, especificó.
Se le preguntó si el tema de la siembra de la amapola con fines medicinales se abordó con los comisarios, y respondió que ha sido un tema de reuniones, pero sin que exista una formalización.
Insistió en que será solidario con los comisarios de la sierra, y que no “ve mal” a la organización que el pasado 28 de abril bloqueó la Autopista del Sol por más de ocho horas, por lo cual fueron detenidas 71 personas.
–¿Esta es una muestra del respaldo (la visita a Filo de Caballo?
–Es una muestra, no de ese tema, es un respaldo de todo, ¿no?, mal haría yo en decir que vengo solamente a respaldar el tema de la amapola o de la mariguana, no, yo creo que es un tema que está en este momento detenido, pero que yo tengo confianza de que se va a mover, mi visita radica fundamentalmente en el tema del hospital, temas de obra pública, carreteras, caminos, apoyos al campo, y por supuesto también algunas obras públicas y educación, también un tema de educación, o sea, vamos a hacer una secundaria nueva y vamos a mejorar las escuelas —dijo.
Sobre los hechos de violencia en Acapulco, dijo que todavía están llegando los policías federales para reforzar el estado.
Por otra parte, dijo que espera que el reinicio de clases se dé “bien y que Guerrero retome su camino en este caso de la educación con armonía y entendimiento”.
Dar resultados en la investigación del asesinato de Ambrosio Soto, pide Movimiento Jaguar
El coordinador estatal de Movimiento Jaguar, Mario Hernández Herrera, llamó al gobierno federal y estatal a dar resultados de las investigaciones por el asesinato del presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte.
Afirmó que el alcalde de Pungarabato dejó en manos de las instituciones su seguridad, “confió tan bien y terminó siendo asesinado”.
En conferencia de prensa en el hotel Casa Inn de Acapulco, acompañado de regidores y presidentes municipales de la corriente perredista a la que pertenecía Ambrosio Soto, Hernández Herrera reclamó que en Chiapas “cuando el gobierno tiene voluntad de resolver, lo hace”, en referencia a que ya fueron detenidos siete presuntos implicados en el asesinato del alcalde de San Juan Chamula.
Hernández Herrera dijo que en una reunión de trabajo de la comisión política de Movimiento Jaguar, acordaron hacer un llamado al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; a la procuradora general, Arely Gómez González, y al gobernador Héctor Astudillo Flores.
En un comunicado que leyó, externó que en Movimiento Jaguar, “queremos resultados serios, profundos, fuera de especulaciones”.
Criticó que no hay resultados “ni indicios de que se lleven a cabo investigaciones en la región”, sin embargo reconoció que por los medios de comunicación se enteró que desde el domingo entraron agentes de la policía investigadora ministerial a Michoacán.
Agregó que existe la duda sobre si la PGR atrajo el caso o está en la procuraduría estatal.
Hernández Herrera reprochó las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores de que la región de Tierra Caliente es “atendida”, cuando la población de esa zona sigue manifestando temor, lo que “contradice lo que las autoridades dicen”.
Sostuvo que cuando el gobierno “tiene la voluntad de resolver, lo hace”, como fue el caso del alcalde de San Juan Chamula en Chiapas, donde ya hay detenidos. Lo que consideró como justicia “selectiva”.
Informó que el Movimiento Jaguar realizará una campaña denominada “Bocho Soto por la Reconciliación del Estado”, para que no quede impune el asesinato, además de buscar reuniones con dependencias federales de seguridad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hernández Herrera expuso que son dos presidentes municipales de Movimiento Jaguar los que han sido amenazados, uno de ellos Ambrosio Soto. El otro alcalde es el de Huamuxtitlán, Mario Flores García.
Recordó que el 25 de abril de este año fue el ultimátum que dio el crimen organizado para que Flores García renunciara, sin embargo se mantiene en su cargo. Pero a pesar de pedir medidas cautelares “a la fecha no se le ha mandado seguridad”.
Recordó que el alcalde de Pungarabato señaló públicamente al grupo de los Caballeros Templarios de amenazarlo y se reunió con las autoridades.
“Ambrosio creyó en las autoridades, Ambrosio confió en las instituciones, por confiar en las instituciones, que se confió tan bien y terminó siendo asesinado”, expresó.
Hernández Herrera reconoció que sí hubo medidas cautelares para Soto Duarte, pero no se le dio seguimiento a la investigación de las amenazas.
Con el vocero de la Coordinadora de Presidentes Municipales del PRD y alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, no han sostenido reuniones, indicó.
“Lo único que fue, fue una plática con compañeros de nosotros que estuvimos el día del sepelio”. Agregó que “diferentes frentes” buscan el esclarecimiento del caso.
Manifestó que han pedido una reunión con el CEN del PRD.
Puntualizó que si se requiere secrecía en la investigación, ellos como Movimiento Jaguar lo acatarán, “pero a la fecha no hemos tenido ningún resultado”.
Al acto, lo acompañaron el presidente municipal de Atlamajalcingo, Felipe Vázquez Neri, así como síndicos y representantes de otros municipios.
Pide el PRD al gobierno federal respuesta integral para la protección a los alcaldes
La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se reunirá el martes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para solicitar un programa integral de seguridad para los alcaldes amenazados por el crimen organizado.
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, informó que acudirá a Bucareli la próxima semana.
“Nuestra exigencia va más allá de un tema de escoltas para los presidentes municipales; nos interesa que haya una respuesta integral de parte del Estado, en la que se den garantías a todos los alcaldes, y eso pasa por el principio de la recuperación del espacio público”, dijo Barrales en conferencia de prensa.
La lideresa perredista rechazó una vez más la respuesta reciente del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien, ante el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, justificó con que se había metido a una zona peligrosa.
“Nos interesa que la salida fácil (para resolver el asesinato de los alcaldes) no sea vincularlos de inmediato con el narco”, dijo.
En el edificio del PRD, Barrales consideró que la respuesta debe incluir no sólo seguridad sino, por ejemplo, mejoras económicas y garantías de todos los servicios públicos en los municipios.
“No queremos más policías ni Ejército, sino el entendimiento de que necesitamos medidas integrales”, sostuvo.
Por la tarde de ayer, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, arribó a la sede de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se reunió en privado con el titular de la dependencia, Renato Sales.
De acuerdo con un boletín del PRD, en dicha reunión este instituto político pidió que se revise la estrategia de seguridad para brindar mayor protección a los alcaldes del estado de Guerrero.
Asimismo, se exigió la colaboración de la CNS para que se llegue a fondo en las investigaciones para esclarecer el homicidio del Alcalde de Pungarabato.
La CNS explicó cómo se encuentra el despliegue y la presencia de elementos de la Policía Federal en municipios de la entidad en la que las autoridades locales han solicitado el apoyo del gobierno federal para garantizar la seguridad.
“Exigimos a Renato Sales garantizar la seguridad de las autoridades municipales de todos los partidos políticos”, informó Mojica mediante su cuenta de Twitter.
En la reunión también participaron el alcalde de Acapulco y coordinador nacional de Autoridades Locales del PRD, Evodio Velázquez; el secretario de Asuntos Municipales, Carlos Sotelo, además del presidente del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo.
El pasado sábado en la noche fue asesinado el alcalde perredista de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto, el cual, desde noviembre de 2015, había denunciado amenazas de un grupo que formó parte de Los Caballeros Templarios.