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Reportan nuevo choque de los 40 pueblos de Totolapan contra la FM

 

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El coordinador de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Salvador Alanís Trujillo, informó que los 40 pueblos de San Miguel Totolapan que se levantaron en armas tuvieron un enfrentamiento el sábado con la organización delictiva La Familia Michoacana que intentó entrar a Las Tunas, que habría dejado presuntamente seis civiles muertos y cinco heridos.
Dijo que la Comunitaria que encabeza se coordina con los 40 pueblos de San Miguel Totolapan, y que hay más pueblos que han acudido a Tlacotepec a pedir ayuda, “cansados de la forma en que los extorsionan, los matan y los aterrorizan”, aunque aceptó que antes de que fueran desaparecidos ocho de sus integrantes en enero pasado, su agrupación tenía una tregua con la FM.
Luego de que el jueves en Piedra Concha, municipio de San Miguel Totolapan, se reunieron al menos 40 comisarios de los ejidos de Coronillas, Linda Vista y la Ciénega de Puerto Alegre, donde informaron que se defenderían con las armas para defender su territorio ante el avance de la Familia Michoacana, y para exigir al presidente, Andrés Manuel López Obrador el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército para que les ayude a mantener la paz que desde hace nueve años tenían.
Vía telefónica, Salvador Alanís dijo que los 40 pueblos y su grupo de autodefensa este sábado tuvieron enfrentamientos armados contra integrantes de la Familia Michoacana, quienes “intentaron ingresar en la comunidad de Las Tunas (del municipio de San Miguel Totolapan) y la gente pues repelió la invasión”. “Me cuentan los señores que contaron seis muertos y cinco heridos del lado de la FM, y también en el pueblo de Cachacahui (municipio de Heliodoro Castillo) otra avanzada de la FM intentó entrar, pero la gente lo repelió, en Cachacahui fue enfrentamiento contra la Policía Comunitaria del Heliodoro Castillo”, precisó.
Dijo que los 40 pueblos que se levantaron en armas se coordinan con su autodefensa para enfrentar al grupo criminal La Familia Michoacana, “ellos están cuidando la parte del ejido de Coronillas, toda esa zona que es donde se armaron hasta Las Tunas y nosotros estamos cuidando de Las Tunas para abajo”.
Se le preguntó desde cuándo comenzaron los embates en la zona de este grupo delictivo, Salvador Alanís respondió que antes “había una tregua de Tlacotepec con La Familia Michoacana, específicamente la Policía Comunitaria no se metía con ellos ni ellos con nosotros, era como un respeto, porque colindamos con ellos en el río de El Caracol, la presa que está en el río Balsas, que es el que baja después de la presa y por lógica nada más pasa el río, de aquel lado es Arcelia y de este lado es Heliodoro Castillo, de alguna forma había esa tregua natural”.
Sin embargo, dijo que dicha tregua se rompió “cuando se llevan y desaparecen a los ocho comunitarios” –detenidos en Apaxtla en enero de este año–, “a partir de que se llevan a los muchachos, a los pocos días, ellos ejercen un ataque a la Policía Comunitaria en Tetela del Río, hacen una emboscada en un intento de entrar al municipio y fue donde comenzaron los problemas, a partir de ahí se rompió todo”.
–¿Ustedes ven que es real esta expansión de la Familia Michoacana?
–Sí es real. Nosotros como Policía Comunitaria de Helidoro Castillo tenemos alrededor de mil 500 elementos desde Las Tunas hasta Acatlán del Río. El (pasado) miércoles hubo un enfrentamiento en Santa María, que es municipio de Apaxtla, y es frontera con Heliodoro Castillo, en Santa María está frente de Acatlán y por ese lado intentó entrar también La Familia Michoacana, en ese enfrentamiento perdimos un elemento.
“No es una mentira, nada más los gobiernos intentan cubrir a un grupo delincuencial, porque vemos cierta tendencia, no sé, de algún funcionario que no permite que eso se esté dando por verídico, pero es una realidad, está pasando”.
–¿Por qué busca expandirse La Familia Michoacana?
–La Sierra no tiene nada más que pobreza. Yo creo que más que nada buscan expandirse en el territorio, porque la policía de nosotros, el grupo de nosotros es muy fuerte y creo que es el único que realmente les puede dar la batalla a ellos, sin creerse mucho, pero muchos pueblos están cansados, como los (40) pueblos de San Miguel Totolapan, quienes por sí solos no se hubieran levantado en armas, y muchos pueblos están viniendo a vernos porque quieren liberarse de la FM.
Dijo que prefería no mencionar los nombres de otros pueblos que los han buscado por seguridad, hasta que ellos de manera voluntaria lo informen, “como lo hicieron en San Miguel, pero no son los únicos pueblos que están ya cansados de la forma en que los extorsiona, los matan y los aterrorizan, y están viniendo a Tlacotepec a pedir la ayuda”.
Aseguró que fue un detonante para que su grupo de autodefensa –que surgió en 2017– iniciara una ofensiva contra la FM, y dijo que observa que habrá una “desbandada de pueblos que se vienen en contra de La Familia Michoacana, y por supuesto, nosotros los vamos a acoger, a apoyar y vamos a ir juntos de la mano, vamos a ir con todo contra la FM”.
–¿Esto no traerá una oleada de muertes en toda la Sierra?
–Las muertes están pasando todos los días. Lamentablemente los gobiernos las tapan, los mismos medios (de comunicación), muchos no se dan cuenta y no lo publican, la mayoría creo que de cinco muertes a lo mejor una es denunciada, las demás por miedo, la gente nada más calladita levanta a su muerto, lo entierran y no pasa nada.
De cómo se organizan con los 40 pueblos que se levantaron en armas para repeler a la FM manifestó que los pobladores armados están apostados en las zonas críticas, y que en la reunión del pasado jueves acordaron los roles de comida y la forma en que se están organizando.
Dijo que hay pueblos que se están organizando en toda la franja que colinda con el territorio donde tiene control La Familia Michoacana, y que se prepara una “oleada” de todos contra esa organización criminal, “porque vemos que el gobierno está simulando únicamente y no está haciendo su trabajo”.
Se le preguntó en qué municipios está asentada la FM y en cuáles está buscando adentrarse, respondió que domina en todos los municipios de Tierra Caliente, “desde el lado de la zona Norte, de Taxco para acá, ya empezaron a meterse a la Costa Grande”, también tiene dos o tres municipios del Estado de México, “parece que Michoacán ya el Cártel de Jalisco (Nueva Generación) los ha estado replegando, y creo que nada más les queda la franja con el estado de Michoacán”.
Alanís Trujillo agregó que de los ocho integrantes de su autodefensa que fueron detenidos en enero y que desaparecieron tras ser liberados en la frontera de Guerrero con Michoacán, sólo después de denunciar ante Derechos Humanos en la Ciudad de México se hizo una recomendación para atender a las familias, pero desde hace un mes no tienen respuesta, y a los familiares no les han dicho “ni siquiera el cómo desaparecieron”.
Reprochó que según sus investigaciones fueron privados de su libertad por la FM, “los muchachos hablaron en el momento que fueron detenidos y dijeron que la Policía Estatal los había detenido, y que les estaba pidiendo credenciales, entonces a los cinco minutos dejaron de contestar el teléfono y nunca más supimos de ellos, sabemos que efectivamente fue la Policía Estatal contaminada que se los entregó a los michoacanos, y ya ellos fueron los que los desaparecieron”.
La desaparición de los ocho integrantes de la autodefensa de Heliodoro Castillo se dio tras un enfrentamiento a finales del año pasado y principios de este 2023, con otro grupo de autodefensa de Teloloapan, la Policía Comunitaria de la Tecampanera.

Exigen las autodefensas de Apaxtla y de Tlacotepec que quiten los retenes de la policía Tecampanera

Alejandro Guerrero

Iguala

Miembros de la autodefensa Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón de Apaxtla y de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, emplazaron a los gobiernos estatal y federal a que en 15 días, a partir del viernes que les entregaron un pliego petitorio, retiren los retenes de la Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, o ellos lo harán, responsabilizando de las muertes que haya al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Asimismo, en el pliego de exigencias que le fue entregado el pasado viernes 13 al director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros en la reunión que tuvieron en la sede del Ayuntamiento de Apaxtla con delegados y representantes del MAAC, las autodefensas demandan el retiro de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas de los poblados de Tepoxtepec y Petlacala del municipio de Apaxtla, de Tlacaquipa y Molonial del municipio de Cuetzala y de Los Sauces, Teloloapan, para que ellos puedan ocupar esa zona.
En los cuatro puntos del pliego petitorio, exigen además la detención inmediata de Juan Carlos Flores Ascencio, La Beba, identificado como presunto jefe de plaza de la organización La Bandera, “para que responda por todos sus crímenes cometidos contra vecinos de la región Norte, y por ser el único responsable de la carestía (de productos de primera necesidad) que sufren nuestras familias”.
Piden una oficina permanente de la Profeco en Teloloapan que vigile el comercio de toda esa zona, y que clausure comercios “voraces que se aprovechan del clima de violencia para subir más los precios de todos los productos”.
El 28 de este mes termina el plazo, las comunitarias de Apaxtla y de Tlacotepec advierten que de no atender sus demandas, “nos haremos cargo de quitar los retenes (de) la gente armada en los corredores mencionados (Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan), y por cada muerto que haya responsabilizamos desde este momento al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, se lee en el oficio firmado por el Consejo Mayor del MAAC.
En el mismo oficio el MAAC denuncia que desde hace unos cuatro años los pobladores de Apaxtla estaban sufriendo abusos e injusticias del grupo criminal La Familia Michoacana a través de su “filial, supuestamente Policía Comunitaria de Teloloapan, a mando de Juan Carlos Flores”.
Denuncian que esta persona ha estado cobrando cuotas de hasta un 20 por ciento del valor de la mercancía que cruzan comerciantes por la carretera a Iguala, además de que controla la venta de droga, cervezas, vinos, y refrescos, entre otros productos, “imponiendo violentamente sus métodos coercitivos a todo aquel que ose desobedecer sus órdenes”.
Denuncian además que el presunto jefe criminal goza de total impunidad pese a que en Teloloapan está el 41 Batallón de Infantería, hay Guardia Nacional y policías estatales, además de que “controla a los presidentes municipales de Apaxtla (David Manjarrez Miranda) y Teloloapan (Homero Hurtado Flores), así como la minera Capela del Grupo Peñoles y al mismísimo Ejército Mexicano”, se lee en el oficio.
Señalan que ante tanta injusticia es que decidieron nuevamente en Apaxtla levantarse en armas en contra de ese grupo criminal y su representante en ese municipio, Misael Figueroa, ex dirigente del MAAC. Ante ello, dicen, pidieron ayuda a la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, “para ayudarnos con este mal que azota toda la zona Norte”.
Indican que los comunitarios de Tlacotepec están en Apaxtla, “en virtud de que varios vecinos de los pueblos de Cuetzala y de Teloloapan están pidiendo ayuda de Los Tlacos para vencer a La Familia Michoacana, y denuncian que no han podido avanzar “debido a la intervención del Ejército y las diferentes corporaciones policiacas que están a la orden de Juan Carlos Flores Ascencio, La Beba”.

 

Incursionan en Apaxtla unos mil hombres armados de la comunitaria de Tlacotepec

Comisarios de Apaxtla con policías comunitarios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) que incursionaron en la cabecera municipal Foto: El Sur

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Policías comunitarios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) incursionaron en la cabecera municipal de Apaxtla de Castrejón, para exigir que se quite la cuota impuesta por grupos de la delincuencia a productos de la canasta básica.
Unos mil hombres armados llegaron a la una de la tarde del sábado con comisarios de las comunidades de Apaxtla y Tlacotepec para tomar la cabecera y buscar que las autoridades estatales atiendan sus demandas de seguridad.
El grupo es encabezado por el coordinador de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, Salvador Alanís Trujillo, quien justificó la incursión por “el desabasto y encarecimiento de los productos básicos como el huevo, el azúcar, el jitomate, la carne, la gasolina y en general los insumos (de alimentos), además varias comunidades de Heliodoro Castillo vienen a surtirse a Apaxtla porque les queda más cerca”.
Dijo que los grupos de La Bandera y la Policía Comunitaria Tecampanera ponen un impuesto a los refrescos, lácteos, combustibles y encarecen los precios en las comunidades.
“Los comerciantes de Apaxtla denunciaron que cuando pasan con sus productos por el vecino municipio de Teloloapan les cobran una cuota. Un ejemplo es que si compras un huevo te cuesta 5 pesos, cuando en general cuesta 2 pesos con 50 centavos, tiene un incremento del cien por ciento”.
Además, productos como los aceites comestibles, harinas, leche, pan bimbo, Barcel, Sabritas, papel de baño, servilletas, entre otros, también tienen una cuota adicional de 10 pesos.
“Desde hace tres semanas la situación se complicó, porque empezó a disminuir el flujo de los insumos (de alimentos) y la semana pasada de plano ya no llegaron, al grado de que las comunidades están en desabasto, por ejemplo Diconsa no tiene ningún producto en sus tiendas, porque regresaron el camión que los transportaba”.
Salvador Alanís dijo vía telefónica que el grupo que opera en Teloloapan y “la Tecampanera bloquearon los camiones y vehículos que llevaban productos (alimenticios) a Apaxtla”.
“Los comisarios de las comunidades que colindan y que pertenecen a ambos municipios pidieron el apoyo de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, porque ellos quieren resolver el problema y que también intervengan las autoridades municipales”.
Según la información de Alanís Trujillo, al menos mil comunitarios llegaron a Apaxtla, de los cuales “700 permanecen en la cabecera municipal y 300 más están cuidando el camino que va a la presa de El Caracol, que es la vía principal por donde transitan los pobladores de ambos municipios”.
Mencionó que las autoridades municipales de Apaxtla no los recibieron y que a las tres de la tarde del sábado “llegaron funcionarios del gobierno estatal (sin precisar los nombres) quienes dialogaron con los pobladores y comisarios, llegando al acuerdo de iniciar una mesa de diálogo para este lunes en Chilpancingo”.
El coordinador de la comunitaria de Heliodoro Castillo expresó que permanecerán en Apaxtla hasta que se resuelva el conflicto por la vía del diálogo, y si el problema “persiste y las autoridades de gobierno no hacen nada por hacer llegar los insumos de manera segura y a precios razonables, entonces juntaremos un contingente mayor de policías comunitarias para llegar a Teloloapan y nosotros mismos cuidar el paso de los insumos”.
En esta parte de la región norte nació la primera policía comunitaria llamada Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) en el año 2013, que se levantó contra el grupo de la Familia Michoacana que controlaba sus comunidades.
Posteriormente, en el 2016 se fundó la Policía Comunitaria de la Tecampanera que con el MAAC enfrentaron al grupo de los hermanos Hurtado Olascoaga.
En el 2018 se creó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo que junto al MAAC y la Tecam-panera constituyeron el Frente Unido de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero (FUPCED), que se dividió luego de la salida de la cárcel de los principales jefes de Guerreros Unidos (GU) implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes regresaron a pelear esa plaza.
En esa guerra el grupo de GU se fragmentó y se fundó La Bandera que controla parte de Iguala, Teloloapan y Cuetzala, donde desde hace una semana los pobladores han reportado enfrentamientos en la zona norte contra Los Tlacos.
Actualmente la Familia Michoacana controla Tierra Caliente y Costa Grande, luego de tener una tregua con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los hermanos Granados, Los Arreola, la Guardia Guerrerense y pobladores de la zona, y mantienen un acuerdo de no agresión con Onésimo Marquina Chapa, El Necho, jefe de Los Tlacos.

En la Sierra estamos contra la falta de humanidad, y defendemos la vida y la legalidad, responde el obispo

 

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, entrevistado este lunes . Foto: Jessica Torres Barrera

El obispo Salvador Rangel Mendoza declaró que en el problema de violencia en la Sierra, él no puede ser ni parcial ni imparcial, o estar a favor de un pueblo o de otro, “estamos en contra de la falta de humanidad de estas personas, estamos defendiendo los derechos humanos, defendiendo la vida y la legalidad”.
El prelado respondió así ayer al señalamiento del vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, Salvador Alanís, quien lo acusó de asumir una postura parcial porque solamente se ha reunido con Isaac Navarrete Celis, líder del cártel del Sur de quien dijo que ha recibido prebendas, y reprochó que no se ha reunido con el otro grupo ni con ellos como Policía Comunitaria, por lo que dijo que no es verdad que el obispo busque una tregua.
“Yo no soy parcial ni imparcial, aquí se trata de derechos humanos, ellos han desplazado a personas y las han despojado de sus casas, de sus tierras, de sus animales, de sus pertenencias, y eso es un despojo, allanamiento de morada y de pueblo”, insistió en acusar a la Policía Comunitaria que está desde el 11 de noviembre a Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Agregó que tampoco puede estar a favor de un pueblo o de otro, “estamos en contra de la falta de humanidad de estas personas, cómo se atreven a correr a señoras embarazadas, a niños cargando en brazos, a ancianos. No se trata estar de parte de un grupo o de otro, estamos defendiendo los derechos humanos, defendiendo la legalidad”, recalcó.
Dijo que cualquiera que quebrante la ley; la iglesia, el gobierno, cualquier grupo o institución, debe ser sancionado porque no se puede estar en contra de los derechos de los demás “y sobre todo al gran derecho a vivir en casa”.
Acusó que lo que hicieron los policías comunitarios “es un flagrante agravio contra la dignidad humana y contra la persona”.
El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, que abarca la zona de la Sierra, aseguró que sí ha buscado al otro grupo a través de segundas personas para platicar sobre una tregua para la paz, “que ellos mismos se informen en Tlacotepec”, les pidió.
Aseguró que dos veces quiso reunirse con el “jefe de Tlacotepec” pero que en una ocasión le dijeron que no estaba allí porque había presencia de soldados.
Añadió que en otra ocasión le mandó decir con otra persona “que por qué no llegábamos a algún arreglo y no he tenido respuesta”.
El obispo añadió que la Policía Comunitaria tampoco lo ha buscado o invitado a platicar, “o que me digan quién de ellos me ha invitado a que yo vaya, no ha habido nadie que me invite, yo estoy de acuerdo a hacer lo que sea por la paz”, expresó.
En cuanto al señalamiento de que se ha reunido con líderes del narcotráfico, admitió que “yo como me reúno con los de abajo, me reúno con los de arriba”, y rechazó que haya recibido prebendas del líder del Cartel del Sur, Isaac Navarrete, El señor de la I.
“Que me digan cuándo, dónde las he recibido y cuánto es el monto. Lo mismo de ellos no he recibido nada, no les he aceptado absolutamente nada, ni al grupo de arriba ni al grupo de abajo”, aseguró.
Con respecto a la petición de que el gobierno proceda en su contra por sus vínculos con narcotraficantes al reunirse con ellos, Salvador Rangel dijo que no puede proceder el gobierno porque está haciendo su labor pastoral, “no sé si esté penado en la ley o en la Constitución platicar o hablar con la gente”.
El martes, Salvador Alanís advirtió, asimismo, que si el gobierno no procede en contra del obispo por sus reuniones con un líder del narcotráfico, serán los comunitarios quienes lo van a detener y a someterlo a reeducación.
Al respecto dijo que “ellos pueden decir lo que gusten, lo que quieran” y luego se preguntó: “¿bajo qué pretexto me pueden detener?, ¿cuál es la acusación, o tienen el derecho a detenerme?, y luego declaró que la suya sería una detención arbitraria “y los penalizados serian ellos, no yo”.
Insistió: “¿Cómo me van a detener?, ¿me van a secuestrar?, ¿y luego a dónde me van a llevar?. Yo creo que son palabras demás”, expresó.

Tuvo el MP el cuerpo de El Tequilero y lo entregó a la Comunitaria de Tlacotepec

Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, presuntamente fue asesinado el 4 de febrero en un enfrentamiento con policías comunitarios, cerca de Laguna de Hueyanalco, en la sierra de San Miguel Totolapan, y su cuerpo, con el rostro desfigurado a balazos, estuvo en manos del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, pero ningún testigo lo identificó en el expdiente oficial.
Después, según reportes oficiales, fue entregado al líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, y en manos de esta organización el cuerpo fue calcinado y después fue enviado a la PGR para una investigación forense y determinar que efectivamente se trata del jefe de Los Tequileros, el grupo criminal que mantuvo al municipio de San Miguel Totolapan con miedo a los secuestros y ejecuciones que cometió los últimos años.
El hecho causó extrañeza entre la población porque incluso teniendo el MP de la Fiscalía General del Estado el cuerpo no se determinó su identidad y fue entregado a la Policía Comunitaria de Tlacotepec.
La muerte de El Tequilero se confirma en reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del 4 de febrero de este año, que señalan que ese día hubo cuatro muertos en un enfrentamiento en la sierra, de los cuales tres fueron plenamente identificados como policías comunitarios, que incluso vestían uniformes de la agrupación. El cuarto cadáver aparece como desconocido debido a que su rostro se encontraba destrozado a balazos, y aún sin determinar su identidad, fue entregado a líderes de la Policía Comunitaria.
En el boletín oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, hecho para los superiores de la dependencia, se informa acerca del cuarto cuerpo así: “En calidad de desconocido, el Masculino muerto vestía camisa y pantalón de mezclilla azul, botas tipo comando, portaba un fusil AK-47 de culata fija, sin marca ni modelo, con un cargador abastecido con 29 cartuchos calibre 7.62x39mm, con capacidad para 30 cartuchos, una fornitura negra táctica con cuatro cartucheras”.
Puntualiza el boletín: “los cuerpos Fueron reconocidos por Manuel Rodríguez Carmona. Así mismo los cuerpos se entregaron a Humberto Moreno Catalán, coordinador de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, quien los trasladó a la cabecera municipal de Heliodoro Castillo”.
Una versión que fue recogida por integrantes del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan –que la dio a conocer a este reportero– señala que en el enfrentamiento El Tequilero intentó lanzar una granada pero debido a un disparo que le dio cerca de la oreja, la granada terminó por tronarse en su mano izquierda, porque era zurdo. El cuerpo mostraba una lesión en la mano izquierda y el dedo pulgar mutilado por la explosión.
Las imágenes recogidas por vecinos muestran el cuerpo en el momento en que peritos de la FGE lo revisan y la fijan los datos de las lesiones.
La versión señala que los integrantes de la banda de El Tequilero intentaron llevarse el cuerpo pero en medio de los balazos tuvieron que dejarlo, por tal motivo uno de sus jefes de grupo identificado como “La Mula” le disparó en repetidas ocasiones en el rostro para terminar por desfigurarlo y le quitó el cinturón que tenía sus iniciales de tal forma que ya no pudiera ser identificado.
La versión del enfrentamiento de manera oficial confirma la muerte de cuatro personas en la sierra de San Miguel Totolapan el 4 de febrero de este año.
Tres de ellos fueron plenamente identificados pero el cuarto cadáver que tenía el rostro desfigurado, en lugar de trasladarlo a las instalaciones forenses fue entregado en manos de los comunitarios, pero no a sus familiares porque nadie reclamó el cuerpo.
Se desconoce el motivo por el cual, el personal entregó a los comunitarios el cuarto cuerpo aún sin identificar, y según la versión, el cadáver fue calcinado.
Recientemente, los comunitarios dieron la versión de que el Ejército le cortó una pierna al cuerpo y se la llevó para estudios, pero no el Ministerio Público.
Dos mandos de la Policía Comunitaria que opera en Tlacotepec que se coordina con las autodefensas de San Miguel Totolapan, Teloloapan y con el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), informaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está enterada del asesinato de El Tequilero, porque después de su muerte, militares les preguntaron a quién pagarían los 3 millones de pesos que se ofrecían de recompensa, pero el dinero fue rechazado.
Informaron que los soldados cortaron un pedazo de piel al cuerpo del jefe de la gavilla para que se le practicaran los estudios del ADN y confirmar su identidad.
Versiones del movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan señalan que escucharon diálogos a través de la radio en donde el grupo de El Tequilero confirmaba la muerte de su líder y por tal motivo la gente de la cabecera municipal subió en busca de los restos pues sabían que ya habían sido calcinados.
Se reportó que encontraron huesos y que dieron parte a agentes de la PGR quienes se hicieron cargo de la investigación y recogieron los huesos, los cuales a su vez serían comparados con una muestra de sangre que le tomaron a Gilberto Jacobo Dealmonte, hermano de El Tequilero que está detenido.
La verificación del examen de ADN será un proceso largo según lo confirmaron fuentes federales quienes indicaron que a los huesos tendrán que inyectarle un hongo el cual pasará un tiempo para que crezca y de ahí tomarán la muestra para hacer el comparativo que es la etapa en la que todavía se encuentran.
Raybel Jacobo Dealmonte es acusado de realizar unos 150 secuestros en el municipio de San Miguel Totolapan y sus alrededores, varios de los cuales varios fueron de forma masiva.
También lo acusan de unos 50 homicidios y unos 30 desaparecidos ocurridos desde el 2012 al 2016, lo que provocó desplazamientos completos de algunos pueblos y la disminución hasta casi la mitad de la población en la cabecera municipal.