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Tuvo el MP el cuerpo de El Tequilero y lo entregó a la Comunitaria de Tlacotepec

Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero, presuntamente fue asesinado el 4 de febrero en un enfrentamiento con policías comunitarios, cerca de Laguna de Hueyanalco, en la sierra de San Miguel Totolapan, y su cuerpo, con el rostro desfigurado a balazos, estuvo en manos del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, pero ningún testigo lo identificó en el expdiente oficial.
Después, según reportes oficiales, fue entregado al líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, y en manos de esta organización el cuerpo fue calcinado y después fue enviado a la PGR para una investigación forense y determinar que efectivamente se trata del jefe de Los Tequileros, el grupo criminal que mantuvo al municipio de San Miguel Totolapan con miedo a los secuestros y ejecuciones que cometió los últimos años.
El hecho causó extrañeza entre la población porque incluso teniendo el MP de la Fiscalía General del Estado el cuerpo no se determinó su identidad y fue entregado a la Policía Comunitaria de Tlacotepec.
La muerte de El Tequilero se confirma en reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del 4 de febrero de este año, que señalan que ese día hubo cuatro muertos en un enfrentamiento en la sierra, de los cuales tres fueron plenamente identificados como policías comunitarios, que incluso vestían uniformes de la agrupación. El cuarto cadáver aparece como desconocido debido a que su rostro se encontraba destrozado a balazos, y aún sin determinar su identidad, fue entregado a líderes de la Policía Comunitaria.
En el boletín oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, hecho para los superiores de la dependencia, se informa acerca del cuarto cuerpo así: “En calidad de desconocido, el Masculino muerto vestía camisa y pantalón de mezclilla azul, botas tipo comando, portaba un fusil AK-47 de culata fija, sin marca ni modelo, con un cargador abastecido con 29 cartuchos calibre 7.62x39mm, con capacidad para 30 cartuchos, una fornitura negra táctica con cuatro cartucheras”.
Puntualiza el boletín: “los cuerpos Fueron reconocidos por Manuel Rodríguez Carmona. Así mismo los cuerpos se entregaron a Humberto Moreno Catalán, coordinador de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, quien los trasladó a la cabecera municipal de Heliodoro Castillo”.
Una versión que fue recogida por integrantes del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan –que la dio a conocer a este reportero– señala que en el enfrentamiento El Tequilero intentó lanzar una granada pero debido a un disparo que le dio cerca de la oreja, la granada terminó por tronarse en su mano izquierda, porque era zurdo. El cuerpo mostraba una lesión en la mano izquierda y el dedo pulgar mutilado por la explosión.
Las imágenes recogidas por vecinos muestran el cuerpo en el momento en que peritos de la FGE lo revisan y la fijan los datos de las lesiones.
La versión señala que los integrantes de la banda de El Tequilero intentaron llevarse el cuerpo pero en medio de los balazos tuvieron que dejarlo, por tal motivo uno de sus jefes de grupo identificado como “La Mula” le disparó en repetidas ocasiones en el rostro para terminar por desfigurarlo y le quitó el cinturón que tenía sus iniciales de tal forma que ya no pudiera ser identificado.
La versión del enfrentamiento de manera oficial confirma la muerte de cuatro personas en la sierra de San Miguel Totolapan el 4 de febrero de este año.
Tres de ellos fueron plenamente identificados pero el cuarto cadáver que tenía el rostro desfigurado, en lugar de trasladarlo a las instalaciones forenses fue entregado en manos de los comunitarios, pero no a sus familiares porque nadie reclamó el cuerpo.
Se desconoce el motivo por el cual, el personal entregó a los comunitarios el cuarto cuerpo aún sin identificar, y según la versión, el cadáver fue calcinado.
Recientemente, los comunitarios dieron la versión de que el Ejército le cortó una pierna al cuerpo y se la llevó para estudios, pero no el Ministerio Público.
Dos mandos de la Policía Comunitaria que opera en Tlacotepec que se coordina con las autodefensas de San Miguel Totolapan, Teloloapan y con el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), informaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está enterada del asesinato de El Tequilero, porque después de su muerte, militares les preguntaron a quién pagarían los 3 millones de pesos que se ofrecían de recompensa, pero el dinero fue rechazado.
Informaron que los soldados cortaron un pedazo de piel al cuerpo del jefe de la gavilla para que se le practicaran los estudios del ADN y confirmar su identidad.
Versiones del movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan señalan que escucharon diálogos a través de la radio en donde el grupo de El Tequilero confirmaba la muerte de su líder y por tal motivo la gente de la cabecera municipal subió en busca de los restos pues sabían que ya habían sido calcinados.
Se reportó que encontraron huesos y que dieron parte a agentes de la PGR quienes se hicieron cargo de la investigación y recogieron los huesos, los cuales a su vez serían comparados con una muestra de sangre que le tomaron a Gilberto Jacobo Dealmonte, hermano de El Tequilero que está detenido.
La verificación del examen de ADN será un proceso largo según lo confirmaron fuentes federales quienes indicaron que a los huesos tendrán que inyectarle un hongo el cual pasará un tiempo para que crezca y de ahí tomarán la muestra para hacer el comparativo que es la etapa en la que todavía se encuentran.
Raybel Jacobo Dealmonte es acusado de realizar unos 150 secuestros en el municipio de San Miguel Totolapan y sus alrededores, varios de los cuales varios fueron de forma masiva.
También lo acusan de unos 50 homicidios y unos 30 desaparecidos ocurridos desde el 2012 al 2016, lo que provocó desplazamientos completos de algunos pueblos y la disminución hasta casi la mitad de la población en la cabecera municipal.

 

Marchan 3 mil vecinos en San Miguel Totolapan a un año de la creación de la autodefensa

Ayer unos 3 mil vecinos marcharon por las principales calles de San Miguel Totolapan por el primer aniversario del Movimiento por la Paz, que dio origen a una lucha contra el grupo de la delincuencia organizada Los Tequileros y en contra de los secuestros y extorsiones.
Exigieron que el gobierno aplique justicia, la detención del diputado priista Saúl Beltrán Orozco y de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
La gente de San Miguel Totolapan se manifestó por las principales calles haciendo un circuito hasta llegar a la plaza principal, donde leyeron un pronunciamiento.
Llevaban cartulinas donde pedían al gobernador que se reflejara el orden y la paz que prometió en campaña, “Queremos que el gobernador cumpla su palabra de traer orden y paz”. “Detengan al tequilero”, expresaban otras. También decían “Detengan al diputado Saúl Beltrán el verdadero tequilero”, y “Gracias al movimiento por la paz por la seguridad que trajeron”.
Los manifestantes iban vestidos de blanco y llevaban globos del mismo color. Participaron todas las escuelas y maestros, comerciantes, transportistas, llegaron familias que tenían parientes secuestrados. El grupo fue encabezado por 12 consejeros del Movimiento por la Paz.
Se informó que el 12 de diciembre el pueblo se levantó en armas procurando la paz de San Miguel Totolapan, harto de “los secuestros levantones, extorsiones y homicidios, ante la falta de atención del gobierno federal y estatal para combatir la banda de Los Tequileros encabezada por el diputado Saúl Beltrán Orozco y Raybel Jacobo de Almonte”.
Negaron que haya un líder en el movimiento, “aquí no hay caudillismo ni líderes porque está encabezada por maestros, trabajadores de la salud, amas de casa, comerciantes, transportistas, en pocas palabras por todas las fuerzas vivas de San Miguel Totolapan, porque aquí todos somos hermanos del sufrimiento y del dolor que causaron tantos delitos, tanta complicidad del gobierno, tanta impunidad”.
Puntualizaron que no hay partidos políticos detrás del movimiento, quedaron rebasados “por el dolor que provocaron las muertes de familiares, del dolor de los secuestros, de las violaciones de mujeres. Aquí el dolor unificó nuestros criterios y los partidos quedaron rebasados”.
Mencionaron que el Movimiento por la Paz comenzó tras el secuestro del ingeniero Isauro de Paz Duque, reclamaron que “el gobierno y sus órganos de impartición de justicia cumplan su tarea y su responsabilidad, porque no es posible que la denuncia interpuesta por el ingeniero Isauro de Paz Duque y otras más estén congeladas, y por otra parte, las denuncias en contra del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, y las órdenes de aprehensión contra Raybel Jacobo de Almonte, Mauro González, El Vago, y demás integrantes de Los Tequileros continúen sin efecto”.
Demandaron “autorizar más plazas para maestros, más médicos, enfermeras, profesores de todos los niveles educativos para San Miguel Totolapan, para que nuestros hijos jóvenes, mujeres, hombres y adultos se eduquen y trabajen la riqueza de nuestra tierra, pero también que enjuicien a los delincuentes”.
En su comunicado hicieron un reconocimiento al “Ejército, a la Marina, a la Policía Estatal y Ministerial, a la Procuraduría General de la República, su trabajo para preservar la seguridad de nuestras familias y desde aquí les decimos gracias”.
El movimiento reconoció la fuerza del magisterio, puntualiza que “no somos comunitarios, no somos autodefensas, sino un movimiento social surgido del pueblo, todos somos el movimiento por la paz que busca justicia, paz y tranquilidad, y les decimos que este movimiento se mantiene de pie y con más fuerza que nunca”.
El movimiento que comenzó el 12 de diciembre del 2016 terminó por mover al gobernador Héctor Astudillo Flores, a 500 soldados, a 500 policías, a grupos antisecuestro a medios de comunicación nacionales y extranjeros para escuchar al pueblo de San Miguel Totolapan, que demandó no más secuestros, y que dejó sin un diputado en el Congreso local al PRI.
Transportistas, comerciantes, maestros, médicos y diferentes sectores sociales participaron en un principio de forma muy activa, quienes se enfadaron del olvido de las autoridades ante la ola de secuestros y extorsiones y se levantaron en armas.
“Que obra quieren, pónganse de acuerdo y díganme”, fue la voz del gobernador Héctor Astudillo Flores en el encuentro que sostuvo con la autodefensa en febrero de este año, pero la respuesta fue clara y contundente: “la única obra que queremos es la detención de Raybel Jacobo de Aalmonte y el desafuero de su jefe, el diputado Saúl Beltrán Orozco”.
El levantamiento ocurrió el 12 de diciembre de 2016. El pueblo se unió para combatir los secuestros y las extorsiones y exigir la atención del gobierno del Estado y del federal.

La reactivación económica

Durante casi un año San Miguel Totolapan no tenía transporte público y no entraba ningún tipo de comercio de distribución para las tiendas por temor a los saqueos. Un día después de que comenzó el movimiento regresó el transporte y se reactivó el comercio.
La medida provocó el regreso de por lo menos 10 familias de comerciantes que tenían tiendas grandes en la localidad, y quienes huyeron después de ser secuestrados.
Se restablecieron algunas fiestas religiosas empañadas en años anteriores por hechos de violencia.
El movimiento logró sacudir al estado. Después de ser un municipio sin atención, el gobierno de Héctor Astudillo Flores concluyó varias obras pendientes. Mandó policías y militares.
Pero sobre todo logró el repliegue hacia la sierra de El Tequilero, aunque el movimiento lo quería detenido y procesado las autoridades sólo hicieron un intento por atraparlo.
Además lograron que el diputado Saúl Beltrán Orozco se separara del cargo. La vinculación entre el diputado y El Tequilero fue ampliamente exhibida y aceptada por el propio fiscal Javier Olea, gracias a la aportación de pruebas del mismo movimiento.
Además los vecinos soportaron el embate del gobierno que con mil efectivos intentaron dispersarlos, pero ahora mantienen la seguridad en la parte rural y se coordinan con los cuerpos policiacos y militares.

Recuperan en San Miguel Totolapan la casa de una mujer ejecutada que usaba el PRI

Una propiedad ubicada en el centro de San Miguel Totolapan que fue utilizada como oficina del PRI y casa de campaña del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, le fue quitada a una mujer que fue secuestrada y ejecutada pero el Movimiento por la Paz recuperó los documentos para devolverla a sus hijos.
Fuentes del movimiento informaron que están contactando a los familiares que tienen en custodia a los dos menores huérfanos, pues también el padre de familia, que era un policía, fue asesinado.
Estiman que los hijos son adolescentes y esperan tener acercamiento con ellos, para entregarles los documentos que los acreditan como legítimos herederos de la propiedad, que estaba en posesión del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco.
La casa era de la señora Yuridia, una activista del PRI que fue secuestrada y ejecutada durante la administración municipal de Saúl Beltrán, motivo por el cual la familia se fue del pueblo.
La casa fue remodelada y comenzó a ser utilizada como oficinas del PRI municipal. También tiene los logotipos de casa de campaña de Saúl Beltrán a la diputación local de 2015.
La casa se ubica en la calle Lerdo de Tejada, a un costado del auditorio de la casa ejidal de bienes comunales, que actualmente es utilizada por el Ejército como su base, desde mayo cuando establecieron de forma permanente en la localidad como parte del Operativo Relámpago.
La propiedad está abandonada desde hace más de un año. La familia huyó del pueblo y no hay priistas activos en la localidad, pues temen que los relacionen con el diputado.
Actualmente el PRI en San Miguel Totolapan está desarticulado, no hay aspirantes. Se estima que podrían poner un candidato que no radique en San Miguel Totolapan para llenar el espacio.
De la vivienda no hay denuncias formales en ninguna instancia, pues la mayoría de los casos ocurridos en esa localidad no tienen antecedentes legales porque las familias temían presentar cargos.

Cierran la autodefensa de Totolapan y vecinos el paso de soldados y policías a La Gavia

Debido a una serie de confrontaciones entre militares y policías y la autodefensa de San Miguel Totolapan se mantiene tenso el ambiente en la zona ante un posible choque, porque las autodefensas cerraron las entradas a la cabecera municipal, pues no quieren permitir el ingreso de más efectivos con el argumento de que ayudan al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y se mantienen cerca del puente de la entrada unos 300 uniformados en espera de órdenes para ingresar a la zona que controla el Movimiento por la Paz.
Desde las 4 y media de la madrugada, llegaron policías ministeriales, estatales y peritos con militares de la base de San Miguel Totolapan, intentaban acudir al pueblo de La Gavia, para hacer las diligencias a los ocho muertos, que según el gobierno del estado dejó un enfrentamiento entre la banda de Los Tequileros y de La Familia Michoacana el miércoles.
Integrantes de la autodefensa Movimiento por la Paz y vecinos bloquearon el paso más de cuatro horas a soldados, policías ministeriales, estatales y peritos del MP que se dirigían La Gavia.
Fuentes del pueblo informaron que el hecho ocurrió porque la autodefensa acusa al Ejército de que ayer, cuando resguardaba la población de La Gavia tras el enfrentamiento, dio servicio médico y trasladó a dos heridos del grupo delincuencial que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, a una clínica fuera de Totolapan.
Cuando llegaron los policías comenzó el bloqueo en las entradas con unidades del transporte público. Policías y personal que iba a la diligencia comentó que “entendieron eso como un encierro y que no los dejarían salir”, pero además esperaban un acuerdo para que les autorizaran entrar a La Gavia.
A las 9 de la mañana líderes de la autodefensa se dieron cuenta que los ministeriales se decían “retenidos”, y acudieron a decirles que se podían salir cuando quisieran, y acordaron que para evitar confusiones el convoy saldría del municipio.

Se reagrupan más de 300 soldados y policías

Más de 300 agentes entre militares, policías estatales y ministeriales se reagruparon en la tarde, se instalaron en el poblado de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, a 2 kilómetros del puente de entrada a San Miguel Totolapan en espera de órdenes de ingresar, y al anochecer se mantenían en sus puestos.
Los militares encabezan el grupo más grande, con más de 200 efectivos, siguen cerca de 10 patrullas del estado con unos 50 elementos y 5 patrullas más de la Policía Ministerial con otros 50.
Los integrantes del Movimiento por la Paz al enterarse del grupo que intentaba ingresar reunió a cerca de 100 personas en el puente, entre mujeres y hombres, con intenciones de impedir el ingreso del convoy.
Había vehículos particulares, tractores y del transporte público listos para cerrar el paso. Solamente permitían el paso a particulares y vecinos de la localidad.
Vecinos y choferes del transporte público se sumaron al movimiento luego de que les pidieron apoyo, y bloquearon la carretera estatal en el poblado de Poliutla del municipio de Tlapehuala, a un kilómetro de la carretera federal.
El bloqueo comenzó antes de las 2:30 de la tarde en la carretera estatal, luego de que los pobladores se enteraron de que en el poblado de Santa Ana del Águila, entre Totolapan y Tlapehuala, hay unos 300 soldados y policías estatales y ministeriales.
En Poliutla se observaron unas 30 combis del transporte público de la ruta Tlapehuala-Arcelia bloqueando la carretera.
Cerca de las 5 de la tarde llegó otro grupo de 30 taxistas de Arcelia y bloqueó la entrada al pueblo del Escondido, en Santo Niño municipio de Tlapehuala, que es una localidad entre Altamirano y Arcelia, a 3 kilómetros de este último municipio. Esta es otra entrada de camino rural que tiene acceso a rutas que llevan a Santana del Águila.
La intención de los bloqueos es impedir que lleguen refuerzos a los militares y grupos policiacos en la zona.
Cerca de las 5 y media de la tarde llegaron al crucero de Poliutla tres patrullas cargadas con escudos y equipo antimotines, que al parecer intentaban llevar a Santana del Águila, pero no alcanzaron a cruzar.

Cerraron el paso a las autoridades

En un primer momento la tarde de este jueves la autodefensa consideraba permitir el ingreso de los policías estatales y ministeriales, pero no del Ejército, a quienes señalaron de estar coludido con El Tequilero, pero luego de la visita del vocero a La Gavia por aire, y ante la falta de diálogo con el movimiento de autodefensa acordaron que no permitirían la entrada a ningún grupo policiaco.
En la tarde se mantuvo en el poblado de Santana el grupo militar y policiaco pero tampoco se movieron los bloqueos, lo que dejó prácticamente cercadas las salidas para ellos.
Las autodefensas pidieron la salida del grupo militar que se ubica en la cabecera municipal, al considerar que no combatió a El Tequilero, sino que incluso le prestó auxilio a su gente para escapar.

Ocho muertos en enfrentamiento entre La Familia Michoacana y Los Tequileros en La Gavia: vocero

Ocho hombres murieron en un enfrentamiento presuntamente entre dos grupos del crimen organizado: Los Tequileros y La Familia Michoacana, que a las 2 de la madrugada entró a atacar en La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, informó el vocero de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, con base en declaraciones tomadas por fuentes oficiales en el lugar.
Según la información difundida en un boletín de prensa, tres de los muertos son de La Gavia, comunidad dominada por El Tequilero, y cinco, según vecinos, son del grupo enemigo que irrumpió en el poblado y habrían sido apilados e incinerados para calcinarlos.
En el comunicado explica que las instituciones de seguridad federal y estatal tuvieron conocimiento, por medio del número de emergencias 911, que en la madrugada de ayer, personas armadas a bordo de varias camionetas irrumpieron en La Gavia, a donde fueron enviados efectivos del Ejército, de la Policía del Estado y agentes ministeriales para verificar y dar fe de los hechos.
Según el vocero, en la comunidad de San Antonio La Gavia, que se encuentra antes de llegar a La Gavia, el tránsito de las corporaciones fue obstruido por integrantes del Movimiento por La Paz y la Justicia, que es el grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan, que colocaron un retén que impedía el acceso y salida de personas y vehículos.
A las 2 de la tarde llegaron a La Gavia soldados, policías, agentes y peritos, que entrevistaron a pobladores quienes informaron del enfrentamiento que dejó ocho muertos, de los cuales tres estaban identificados pues son del mismo poblado.
Los cinco restantes, según el testimonio de los lugareños, “la propia población apiló y les prendió fuego para calcinarlos, porque supuestamente pertenecen al grupo armado que los agredió con armas de fuego”, dice el boletín.
También fueron ubicadas cuatro personas heridas por arma de fuego que fueron trasladados en tres ambulancias a un hospital.
Según la versión oficial, antes del enfrentamiento, entre las 7 y 8 de la noche del martes, “probables integrantes del Movimiento por La Paz y la Justicia incursionaron en la comunidad de San Antonio La Gavia y hostigaron a los pobladores, obligándolos a pertenecer a su organización. Dichas personas bloquearon el camino para negar la posibilidad de que los pobladores salieran de su comunidad”.
Después, a las 2 de la madrugada “probables integrantes del grupo delictivo denominado La Familia Michoacana irrumpieron en la comunidad de La Gavia, suscitándose un enfrentamiento con los pobladores que se defendieron y de la cual derivó el saldo de varias personas privadas de la vida”.
El vocero relaciona ambos hechos, y señala que “La institución ministerial investiga la probable complicidad entre integrantes del grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan con delincuentes, de acuerdo con testimonios recabados que los señalan de actuar en común acuerdo con el grupo delictivo La Familia Michoacana”.
Informa que el Ejército y la Policía del Estado, permanecen en la zona “con recorridos de vigilancia y protección de las poblaciones de San Antonio La Gavia y La Gavia”.

Se deslinda el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan

En San Miguel Totolapan se supo ayer que hubo un enfrentamiento armado la madrugada de este miércoles entre la comunidad de La Gavia y San Antonio que dejó dos muertos y varios heridos.
Por la tarde el grupo de autodefensa Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan se deslindó de este enfrentamiento mediante diversos reportes en redes sociales y en bocinas en la localidad, y señaló que la balacera fue entre un grupo armado que llegó a La Gavia en busca de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y otro que estaba en la localidad.
Esto ocurre un día después de que miembros de la autodefensa de San Miguel Totolapan asumieron el control de la seguridad en San Antonio; anteriormente unas 100 personas salieron del pueblo por amenazas y dieron el testimonio de que El Tequilero intentaba reclutar gente por la fuerza y armar un grupo contra el Movimiento por la Paz, para que controlara de manera más fuerte la parte rural de San Miguel Totolapan.
Ayer se informó que a las 5 de la mañana se reportó la llegada de cerca de 50 hombres con armas de fuego por la ruta de San Antonio, luego se dirigieron a La Gavia y fueron recibidos a balazos. El enfrentamiento duró más de dos horas hasta que amaneció.
Se reportó que los hombres armados iban vestidos con ropa militar y que previamente se cortó la energía eléctrica en dicho poblado.
Cerca de las 10 de la mañana se reportó que el Ejército y la Policía del Estado no permitían el paso a los integrantes de las autodefensas desde el crucero de la carretera a Ajuchitlán rumbo a La Gavia, a 6 kilómetros del pueblo. Al medio día se abrió el paso.
Vecinos de La Gavia pidieron ayuda señalando que tenían miedo de otro enfrentamiento. Negaron que hubiera gente armada en su pueblo.
Sin embargo los reportes de los grupos de autodefensa coinciden con informes de inteligencia militar y del gobierno del estado que señalaron que el pueblo de La Gavia es el sitio que ha utilizado como base de operaciones El Tequilero.
Se reportó que en La Gavia había dos muertos, también en el pueblo hubo una versión de que eran tres.
Las autodefensas sólo informaron que mantenían una base en San Antonio, a 3 kilómetros de La Gavia. Afirmaron que no participaron y que sólo se mantuvieron apostados en la localidad para repeler alguna agresión si el enfrentamiento llegaba hasta donde ellos se encontraban.
Trascendió que pobladores de San Antonio también estaban lesionados pero no se confirmó esta versión.

Reanudan labores las escuelas y centros de salud que estaban en paro en Tierra Caliente

Este lunes reanudaron las clases la mayoría de las escuelas de los cinco municipios en la Tierra Caliente que permanecían cerradas en protesta para exigir el desafuero del diputado local, Saúl Beltrán Orozco (quien tiene una orden de aprehensión por homicidio y está acusado de vínculos con Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero), algunas escuelas no laboraron porque los maestros no se enteraron de la finalización del paro.
Una vez que el diputado Saúl Beltrán solicitó licencia indefinida, el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan anunció la finalización de este paro.
De igual forma se reanudaron las actividades en todos los centros de salud y hospitales de los cinco municipios que también permanecían cerrados por este mismo motivo.
Se confirmó que Arcelia regresó a clases en su totalidad al igual que las instituciones en San Miguel Totolapan y Tlalchapa.
Sólo en los municipios de Tlapehuala y Ajuchitlán hubo algunas confusiones sobre todo en las comunidades porque no todos los profesores se dieron cuenta de la conclusión del paro indefinido.
A través de las bocinas de las comunidades se estuvo anunciando que el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan había acordado la finalización del paro indefinido en los centros de salud y las escuelas por lo que desde este lunes habría clases en la mayoría de las comunidades de los municipios de Tlalchapa, Ajuchitlán y en cuatro comunidades del municipio de Pungarabato.
Algunos estudiantes llegaron a las escuelas y se regresaron porque los maestros no se presentaron en localidades como Pantoja y poblaciones de la parte alta de la Tlalchapa y Ajuchitlán.
Se dijo que este martes van a regularizar sus actividades, se esperan clases normales en los cinco municipios y en todas las comunidades de Pungarabato.

El gasolinazo es también una forma de violencia, declaran organizaciones en un encuentro

Integrantes de organizaciones manifestaron preocupación durante la reunión del colectivo Guerrero es Primero, ante la violencia, la opacidad en el uso del dinero público, la falta de impulso al campo, y la desatención a los migrantes indígenas y a la salud de los pueblos originarios.
Durante el encuentro en la Universidad Americana de Acapulco la mañana de ayer, durante 40 minutos los integrantes del Colectivo plantearon los problemas que enfrentan en el estado, y criticaron la situación actual ante la crisis económica que atraviesa el país luego del gasolinazo.
El integrante del Movimiento por la Paz, Silvano Torreblanca expresó que la violencia no sólo se encuentra en los desaparecidos y las víctimas, sino que el gasolinazo es una forma de violentar a la población con el encarecimiento de los productos básicos, además de la afectación por el aumento al costo del transporte. Dijo que la delincuencia es la que está gobernando al país, y que el mismo sistema es el que genera la violencia.
En su participación, el vecino de San Miguel Totolapan, Rómulo Reza Hurtado aseguró que el Movimiento por la Paz, creado hace un mes, no está infiltrado por la delincuencia y que está integrado por familias del pueblo que se conocen y que exigen seguridad.
Manifestó que, si bien es cierto que en las comunidades se dedican a la siembra y cosecha de la amapola, los propios pobladores están pidiendo apoyo para instalar viveros y sembrar agave para producir mezcal y exportarlo. Indicó que los agricultores quieren dejar la siembra de amapola y en vez de eso cultivar hasta 200 mil plantas de agave.
Por su parte, José Soto llamó a apoyar a quienes, por necesidad, caen en las manos de la delincuencia a falta de oportunidades de trabajo.
Dijo que, contra las estrategia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se consuman productos hechos en México, y que compren en establecimientos locales y no en grandes centros comerciales.
En su participación, un integrante del recién formado Consejo Municipal contra el Gasolinazo, de Acapulco, llamó a la unidad de las organizaciones para protestar y echar atrás las reformas estructurales que han lastimado al pueblo.
Mientras, el integrante de Política Pública, Carlos Juárez exhortó a los alcaldes del estado a presentar un plan de eficiencia gubernamental, para mantener la austeridad y la eficiencia del dinero público, y para que los programas sociales sean aplicados con transparencia.
De los pueblos negros de la Costa Chica, José Enrique recriminó que el gobierno esté tratando de ocultar la situación real del país luego del gasolinazo y culpó a los medios de ser cómplices, y Juan Faustino González dijo que las actuales políticas el gobierno “nos agreden”, y que no se puede tener paz si no se atiende lo social.
En su intervención, la integrante del Consejo Atoyaquense, Rosa Ruth Rodríguez dijo que la violencia también se extiende a la opacidad y a la falta de transparencia que se manejan en municipios como Atoyac, donde ciudadanos han sido amenazados al pedir información financiera del municipio.
Mientras, la comerciante del mercado de Atoyac, Guadalupe Talavera dijo que en su municipio es el propio alcalde quien genera una violencia generalizada, luego de que desalojó a los comerciantes del mercado Morelos.
Por su parte, la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel denunció la desatención médica en el municipio de Ayutla, y también la falta de seguimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) a las denuncias de tres violaciones a menores, en dos de ellas los padres se negaron a presentar denuncias, pero consideró que son delitos que se deben de seguir de oficio.
En su intervención, la integrante de la Asociación de Indígenas Radicados en Acapulco, Magdalena Valtierra dijo que ninguno de los tres niveles de gobierno ha atendido los problemas de unos 50 mil migrantes indígenas que llegaron a Acapulco en busca de trabajo y para mejores condiciones de vida.

Marchan en Totolapan y piden seguridad; Astudillo se prestó a negociar con El Tequilero, señalan

Unos mil vecinos de San Miguel Totolapan marcharon en el centro de la ciudad al cumplirse un mes de la creación del movimiento de autodefensa, para exigir que los gobiernos estatal y federal les garanticen su seguridad.
Entre los manifestantes estuvieron maestros con sus alumnos de jardín de niños, primaria y secundaria, médicos y enfermeras, transportistas y comerciantes del mercado que acudieron en apoyo a la autodefensa.
La marcha comenzó alrededor de las 11:40 de la mañana, avanzó por las principales calles de la ciudad y regresó al punto de partida donde hubo un mitin que concluyó a las 12:30 del día.
Los manifestantes exigieron justicia y que los gobiernos estatal y el federal se encarguen de hacer realidad “el orden y la paz” que prometió en campaña el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Recorrieron las principales calles de la ciudad. Ahora, a diferencia de otras ocasiones, se observaron varios negocios abiertos. Había puestos de frutas en las calles y estaba abierto el mercado y otros negocios ubicados en la plaza principal.
La marcha fue acompañada por unidades del transporte público que empezaron a circular a partir de que los vecinos se armaron, antes estaban amenazados por el líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, y no los dejaba trabajar.
A corta distancia estuvo el Ejército y la Policía del Estado vigilando la protesta. En diferentes puntos y cruceros importantes se pudieron ver grupos de la autodefensa con barricadas.
En la entrada por el lado del puente está un puesto de control donde se tiene que hacer alto total para que las autodefensas pregunten el motivo de la visita a San Miguel Totolapan.
Los manifestantes se concentraron en la plaza principal donde leyeron un pronunciamiento en el que informan que cumplieron un mes con el Movimiento por la Paz, para desterrar al grupo criminal Los Tequileros del municipio, pero que empezó con el objetivo de rescatar con vida al ingeniero Isauro de Paz Duque.
“El gobernador Héctor Astudillo Flores hizo a un lado la aplicación de la ley y se prestó a negociar con Raybel Jacobo de Almonte, líder del grupo criminal, los ciudadanos de todo el municipio ya no tenemos duda sobre las muestras de complicidad que hay entre diferentes actores políticos y la delincuencia”, señalaron.
“Pedimos a Enrique Peña Nieto, al gobernador Astudillo Flores y al secretario de la defensa nacional que cumplan su deber y obligación, hoy exigimos la detención de todos los integrantes del grupo de Los Tequileros y que se restablezca el Estado de derecho para bien de todo nuestro pueblo”, agregó el orador.
“Desde este lugar afirmamos lo que todo el pueblo sabe, que Saúl Beltrán Orozco (PRI) diputado local tiene relación directa con Raybel Jacobo Dealmonte, y aporta información acerca de las estrategias del gobierno, apoyo económico y asesoramiento logístico para que los criminales de la banda Los Tequileros no sean detenidos y puedan evadir la acción de la justicia”, denunció.
“Agradecemos todo el apoyo del Ejército y de la Marina que son instituciones que merecen nuestro respeto. Sabemos que no tienen un marco legal que los apoye y que eso hace más difícil su trabajo, pero les agradecemos su esfuerzo por no bajar la guardia”.
“No daremos macha atrás a nuestro movimiento, continuará hasta ver un San Miguel Totolapan libre de la delincuencia organizada, en paz y trabajando. Estamos conscientes que la sangre puede correr, quizá sea más grande que el (río) Balsas, sólo esperamos que esa sangre derramada llene de orgullo a nuestros hijos, y manche por siempre a aquellos que por su complicidad o por omisión permitieron que el pueblo se hiciera justicia por su propia mano. Ya no más delincuencia, ya no más Tequileros”, demandan.
Sin labores 30 escuelas

En San Miguel Totolapan hay 30 escuelas sin labores, de preescolar, primaria y secundaria de la cabecera municipal y 13 comunidades del valle, debido a un acuerdo del movimiento de autodefensa con los profesores, de no dar clases si no se garantiza la seguridad. Ayer las escuelas de la cabecera municipal encabezaron la marcha. Los niños participaron en la actividad con sus uniformes, pero no tienen clases.
El consejo del Movimiento por la Paz informó que acordaron que se suspendieran las clases en San Miguel Totolapan, porque pueden ser víctimas de un secuestro.
Recomendaron la suspensión de clases para que los maestros no sean secuestrados, pues se trata del sector más afectado por Los Tequileros. Sólo entre 2015 y 2016 fueron secuestrados 14 maestros de los cuales tres aparecieron asesinados.
Son 30 escuelas paradas en ese municipio. Entre la cabecera municipal, y la zona rural conocida como el valle, que no regresaron a sus labores con la conclusión de las vacaciones. En la parte de la sierra se anunció que desconocen si hay actividades, pero que son pocas las instituciones que tienen clases pues los maestros no acostumbran subir.
No hay fecha para que reanuden sus labores, por eso piden que los gobiernos del estado y federal garanticen su seguridad para que puedan acudir sin temor a ser secuestrados en sus aulas, como ya ha ocurrido.

Hallan el cuerpo de un hombre asesinado a balazos en La Tinaja, San Miguel Totolapan

La noche de este viernes apareció el cuerpo de un hombre ejecutado en la comunidad de La Tinaja, municipio de San Miguel Totolapan, con varios impactos de arma de fuego.
Fuentes de seguridad pública del estado informaron que, alrededor de las 9 de la noche del viernes se reportó la presencia de un cadáver en una brecha del poblado de la Tinaja, y que este sábado se confirmó el reporte.
El hombre, al que los vecinos identificaron como Manuel Mejía Miranda El Ingeniero es originario de Cutzamala de Pinzón.
El Ministerio Público continúa las investigaciones y hasta el momento dice desconocer el motivo de la ejecución.
La localidad de La Tinaja se ubica a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal, del otro lado del río Balsas, en las colindancias con los municipios de Arcelia y Ajuchitlán.
La zona de San Miguel Totolapan cuenta con vigilancia del Ejército y de la Policía Estatal, y de autodefensas del Movimiento por la Paz en la cabecera municipal desde diciembre pasado.
Pero la localidad de La Tinaja se ubica en un sitio más lejano. Aun cuando en el mapa, en línea recta parece estar a corta distancia, la ruta para llegar es más larga, porque hay que tomar brechas cruzando el río Balsas.
En este poblado, en 2016 se ocuerrieron ocho homicidios en diferentes momentos, que provocaron que, en agosto, varias familias salieran del pueblo y no regresaron ante temor a la violencia.

Los crímenes de El Tequilero: asesinato, secuestro y extorsión desplazaron a familias

 

El lunes 11 de enero, en Santana del Águila, Ajuchitlán, fueron secuestrados cinco maestros en la Secundaria Técnica 114 de Santana del Águila, entre los plagiados iba el director, Joaquín Real Toledo. Cuatro de los profesores fueron liberados tras pagar un rescate, el director fue asesinado y su cuerpo fue hallado el 17 de enero a 2 kilómetros de la secundaria donde fue secuestrado. Santana del Águila está a 3 kilómetros de San Miguel Totolapan.
El 12 de abril, dos maestros fueron secuestrados en Valle Luz de San Miguel Totolapan, a 7 kilómetros de la cabecera municipal. Los maestros estaban a punto de salir de clases cuando llegaron hombres armados a la escuela y se llevaron por la fuerza al profesor, Luis Villarreal y a la maestra, Dora Nicanor. En el pueblo dejaron unos vehículos propiedad de los profesores. Valle Luz está a 10 kilómetros de Santana del Águila. Tras 12 días, ambos maestros fueron liberados tras el pago de un rescate.
El 9 de mayo, otros dos maestros fueron secuestrados pero en San Juan Tehuetla, Totolapan. El maestro Jesús Salvador Salgado Nava, originario de Cutzamala, y una profesora estaban haciendo los preparativos para el Día de las Madres cuando hombres armados se los llevaron. Los dos maestros fueron liberados tras el pago de un rescate.
San Juan Tehuehuetla está en la sierra, a dos horas y media de la cabecera municipal de Totolapan. La ruta más rápida es entrando por una franja de pueblos del municipio de Ajuchitlán por la zona de la presa de Las Garzas.

La autodefensa

En la cabecera de San Miguel Totolapan un grupo de vecinos se levantó en armas para exigir la liberación del ingeniero Isauro de Paz Duque, quien fue levantado el 12 de diciembre cerca del poblado de Valle Luz, los pobladores acusaron al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, como el responsable del hecho.
Los pobladores retuvieron en la comandancia del lugar a 20 supuestos informantes de criminales (halcones) y entre ellos aprehendieron a la mamá de El Tequilero, María Félix de Almonte, así como a la regidora del PRI, María del Carmen Barrera Navarro a quien se le halló una lista con 32 nombres de las siguientes víctimas del grupo criminal.
El 15 de diciembre, tras la intervención de negociadores del gobierno del estado, El Tequilero liberó el ingeniero Isauro de Paz y los vecinos liberaron a su mamá quien fue subida a una patrulla de la Policía Estatal. Al otro día fueron liberados los 20 retenidos, 16 fueron entregados a sus familiares y cuatro de ellos fueron enviados a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo.
El 18, las comunidades de El Cubo y El Remance se unieron a la autodefensa de la cabecera de San Miguel Totolapan, los pueblos que están en el otro extremo, donde temían la entrada de lanchas de delincuentes armados. El Cubo y El Remance colindan también con el municipio de Arcelia.
El 19 de este mes, el vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que la FGE liberó a tres de los retenidos en Totolapan, entre ellos a la regidora que tenía la lista de nombres de las siguientes víctimas. Añadió que sólo uno quedó detenido por tener una orden de aprehensión por secuestro.
Ese mismo día se informó que militares del Ejército y policías ministeriales se enfrentaron con hombres armados que estaban en un cerro en La Gavia, Totolapan, cinco de ellos fueron detenidos y se informó que eran integrantes de la banda de Los Tequileros, quienes tenían a dos personas secuestradas.
Tras la operación se decomisaron dos rifles AR-15 y uno AK-47, municiones y equipo táctico y militar.
El 20 de diciembre, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez informó que uno de los cinco detenidos en La Gavia era la mano derecha de El Tequilero y fue identificado como Álvaro, alias El 50 o El Chicha. Los otros eran Francisco de 53 años, Lino de 37, Alberto de 19 y Geovani de 22.
Al otro día, los autodefensas de Totolapan informaron que el nombre real de la mano derecha de El Tequilero no era Álvaro sino Mardo, y que es primo de Raybel Jacobo, y que el detenido se cambió el nombre para evitar cualquier acusación legal y que estaba usando el nombre del hermano de Raybel, lo que después negó el fiscal.
Ese mismo día regresaron a Totolapan unos 60 desplazados por la violencia y querían integrarse a la autodefensa.

Acusaciones políticas

Tras su liberación, el 22 de diciembre la regidora priista que fue retenida por los autodefensas, María del Carmen Barrera Navarro dijo que el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan era un brazo del grupo criminal de La Familia Michoacana, y que los pobladores fueron armados por el alcalde perredista de Totolapan, Juan Mendoza Acosta. En declaraciones, la regidora negó que la letra de la hoja que tenía escritos los 32 nombres de las siguintes víctimas fuera suya.
En un comunicado, los autodefensas de Totolapan acusaron que el diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco, protegió al grupo de El Tequilero cuando fue presidente durante el periodo de 2013 a 2015.
Por su parte, el diputado local, Saúl Beltrán negó que tuviera nexos con El Tequilero y pidió que se investigara al alcalde de San Miguel Totolapan y al también perredista, Catalino Duarte Ortuño.
Asimismo, el perredista y coordinador de Nueva Mayoría, Amador Campos Aburto pidió al fiscal no proteger a los priistas señalados de tener vínculos con grupos criminales de San Miguel Totolapan e investigar a los que tengan presuntos nexos, en referencia a la regidora del PRI, María del Carmen Barrera y el diputado local Saúl Beltrán.
Por su parte, el fiscal Xavier Olea Peláez afirmó que no se ha encontrado ninguna prueba que confirme los señalamientos contra el alcalde perredista de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, de nexos con grupos criminales.
Dijo que la FGE tampoco ha encontrado elementos contra el diputado local priista, Saúl Beltrán Orozco y la regidora del mismo partido, María del Carmen Barrera.