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Llama promotor del hospital del ISSSTE a la conciliación a quienes lo rechazan

Karina Contreras

El integrante de la Comisión Intersindical, Asociaciones Civiles y Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Benjamín Sandoval Melo, dijo que con el anuncio ya oficial de la construcción del hospital de tercer nivel, se cumplió la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador y con ello se cambiará el rostro en salud para Guerrero y Acapulco.
Llamó a los opositores a la construcción del nosocomio en el Centro de Convenciones a la conciliación porque es un beneficio para todos.
Sandoval Melo dijo que ya los funcionarios anunciaron los que significa la construcción y se ha disipado la parte de dónde se realizará, y ahora hay que esperar el proyecto ejecutivo, es decir, el plan de impacto urbano que tendrá.
Recordó que siempre dijeron que el proyecto sería beneficioso y la oportunidad para la reactivación del Centro de Convenciones, y si bien tendría que compartirse el espacio con el hospital, se mantendrá el inmueble en sus elementos fundamentales.
Resaltó que se va contar con uno de los hospitales más modernos del país y eso es la parte importante. “Esta obra, la más importante del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guerrero en su sexenio, se pueda cristalizar y se pueda garantizar el derecho a la salud no solamente de los del ISSSTE, sino de los guerrerenses”.
Sandoval Melo resaltó que al ser un hospital de tercer nivel será una escuela donde se van a formar especialistas de las 36 especialidades, “es un espacio para la formación de doctores especialistas de lo que carece hoy el país y por eso se tuvo que traer especialistas de Cuba. Esas son las características de un hospital de tercer nivel”.
Consideró que en dicho hospital se van a realizar investigaciones sobre el conocimiento de las patologías de lo que padecen los guerrerenses de manera más significativa.
Sandoval Melo se dijo satisfecho por los resultados de la lucha que dieron durante años para lograr un hospital de tercer nivel, que para algunos era imposible, y ahora se hará y “es satisfactorio porque le hemos traído a Guerrero una de las grandes obras del presidente y sobre todo de lo que implica garantizar el derecho humano a la salud de los guerrerenses”.
Este lunes el director general del ISSSTE, Pedro Zanteno Santaella anunció el inicio de la construcción del hospital de tercer nivel en siete hectáreas del Centro de Convenciones, cuya obra iniciará la segunda quincena de agosto y estará concluida el mismo mes del próximo año.

Reiteran grupos rechazo a iniciativa que penaliza terapias de conversión de género

Daniel Velázquez

Asociaciones civiles rechazaron que en la entidad se tipifique como delito las terapias de conversión de género, y piden que no sea aprobada por el Congreso local.
La reforma federal ya fue aprobada en el Senado y el miércoles fue aprobada por comisiones en la Cámara de Diputados, y por norma se deberá homologar con la legislación local.
Las asociaciones considera que la reforma es violatoria a los derechos que tienen los padres para educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias.
El pasado 7 de marzo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió una iniciativa de decreto al Congreso local para adicionar los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado, con lo que se sancionaría con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
Este mismo grupo ya dio una postura en Chilpancingo el último día del mes pasado y esta vez lo hicieron en Acapulco. Plantearon los mismos argumentos para rechazar una reforma legal que por norma se debe homologar en el estado porque parte de una reforma federal que ya fue aprobada en el Senado y el miércoles fue aprobada por comisiones en la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa en un salón del hotel Malibú, el grupo de asociaciones se quejó que con esa iniciativa lo que se busca es imponer en el estado una ideología de género que pone en riesgo a los padres pues por “odio” alguno de sus hijos podría demandarlos y acusarlos de que se le indujo a una terapia de conversión contra su voluntad.
El presidente de la asociación A Favor de la Familia y la Niñez Victoriano Sánchez Carbajal, pidió que la iniciativa sea sometida a un test de derechos humanos y que precise los conceptos que se incluyen en la propuesta porque algunos de estos son ambiguos.
De la Unión Nacional de Padres de Familia, Óscar Hernández Cadena, dijo que la iniciativa atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos. “La familia no puede ser tocada por una ideología que está de moda”.
En la conferencia también estuvieron el vicepresidente de Guerrero Unido con la Familia Benjamín Fuentes Hoyos, el presidente de la Red Guerrero por la Vida y coordinador del Frente Nacional por la Familia en Guerrero, Gerardo García Sánchez, y de la Red Familia Guerrero Ismael Alderete Garay.

En primaria de la capital, padres rechazan que se aplique la vacuna caduca a sus hijos

Un doctor de la clínica del ISSSTE aplica la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica Pfizer a una alumna de la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza en el centro de Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Padres de familia de la primaria Fray Bartolomé de las Casas, de la capital, se negaron a que se aplicaran vacunas anti Covid-19 del laboratorio Pfizer a sus hijos porque están caducadas.
La mañana de este jueves en la escuela ubicada en la colonia Centro, varios padres de familia rechazaron el biológico y argumentaron que “nos causa incertidumbre y sabemos que está en el límite de la aplicación”.
Una madre de familia acudió para que inmunizaran a su hijo, pidió al personal de Salud que le mostrara la dosis y al confirmar que era de noviembre de 2022, no quiso que se la aplicaran.
“La enfermera me dice que la fecha es cuando se produce, sé que tenemos hasta febrero para que se venzan, pero el detalle que ya es hasta el límite, igual no le hace daño, pero no me quiero arriesgar”.
La mujer salió de la escuela y antes de irse su hijo corrió a verla y le dijo: “mamá, mamá, por qué no me inyectarán”. La madre le respondió que después hablaban y se retiró.
Los padres que ya llevaban elaborada su hoja de consentimiento pusieron que no estaban de acuerdo y se retiraron, pero otros sí aceptaron que se administrara la dosis a sus hijos.
En declaraciones, el director de la escuela, Sabino Barón Venancio, negó que las vacunas estuvieran caducadas: “no le aplicaríamos vacunas caducadas porque está en riesgo la vida de nuestros niños y el responsable sería yo, los alumnos ya fueron vacunados y no tienen ninguna reacción negativa”.
Aseguró que lo que hacían algunos padres de familia es “amarillismo”, de situaciones muy delicadas porque están en juego la vida de los niños, “no permitiría que personal de Salud viniera si yo hubiera visto que las vacunas estuvieran caducadas”.
Aseveró que eran rumores de los padres de familia “que no quieren ni una cosa ni otra”, porque primero decían que no mandaban a sus hijos a la escuela ya que no tenían las vacunas y ahora que las tienen no quieren la aplicación.
El director externó que a ningún padre se le obliga a que vacunen a sus hijos, “es una falsa alarma que generan algunos padres inconformes, la doctora de la escuela confirmó que las vacunas están en tiempo y forma”.
El personal de Salud mostró a los padres la dosis y tenía la fecha de noviembre del 2022, pero justificaron que es cuando se fabricó la vacuna.
El miércoles, el delegado de los programas del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, informó que son 100 mil vacunas con la misma fecha de caducidad, noviembre de 2022, que se aplicarán en el estado, pero aseguró que la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la farmacéutica Pfizer autorizaron su uso hasta el 28 de febrero.

Se debe dar confianza a los padres, dice el secretario de Educación

Por su parte, por teléfono, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, propuso que se le tiene que explicar a los padres de familia para que tengan seguridad y confianza en la aplicación de la dosis.
Dijo que, si los padres tienen dudas o desconfianza los encargados de las vacunas deberán de explicarles, “ya dependerá de ellos si aceptan o no, porque en ningún caso ha sido obligatorio”.
– ¿Cree que debido a la desconfianza no se logre el propósito del programa que es aplicar 28 mil dosis en las 2 mil 410 escuelas en todo el estado?
–Hay que esperar la respuesta de los padres después de que se les explique cuál es la reacción de la vacuna, tenemos tiempo.
En un comunicado la Secretaría de Bienestar que encabeza Iván Hernández Díaz, informó que, en septiembre de 2022, la sede en México de la farmacéutica Pfizer emitió un documento en el que se actualizó que el producto “Pfizer-Biontech Covid-19 Vaccine” ampliará su vida útil, de 6 a 12 meses a partir de su fecha de fabricación, siempre y cuando sea bajo las condiciones específicas de almacenamiento y transporte.
El biológico que se distribuye en Guerrero es el lote GA6772 con fecha de manufactura marzo 2022 y que se está aplicando en escuelas a niños de 5 a 11 años es seguro, “de acuerdo con los estándares de calidad internacional de la farmacéutica Pfizer y la evaluación de la Cofepris vence el 28 de febrero del presente año”, reiteró en el comunicado.
La Secretaría exhortó a la población, padres y tutores a que protejan “a la niñez y acudan a la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 y, de este modo, disminuir el número de repuntes que se han registrado en lo que va de este año”.

 

Rechazan PRD, PAN y el PT que se dialogue con el crimen, como propone el obispo Rangel

Los dirigentes del PRD, PAN y del PT en el estado opinaron que atender el problema de inseguridad y violencia es responsabilidad de los gobiernos estatal y federal y que la iglesia no debe participar ni ser intermediaria, en tanto que para el PRI cualquier mecanismo puede ser válido. Esto después de que el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, revelara que se ha reunidos con jefes de grupos delictivos a partir de amenazas a sacerdotes.
En declaraciones telefónicas, el presidente priista Heriberto Huicochea Vázquez dijo que las autoridades son las que deben combatir a la delincuencia organizada, y afirmó que lo están haciendo “con mucha responsabilidad” y que por eso en algunos meses la violencia baja, aunque reconoció que también ha repuntado.
Comentó que el obispo está realizando una misión religiosa en Chilpancingo y sus acciones deben de coincidir “en un punto de unidad para el bienestar de la población, queremos que se vaya mitigando la violencia y mira, cualquier mecanismo que se utilice es bueno, siempre y cuando sea un mecanismo que de paz y seguridad y certidumbre”.
Se le preguntó su opinión por el hecho de que el obispo tuviera que buscar a jefes criminales para evitar agresiones contra sacerdotes: “reitero que todos los mecanismos que se puedan ocupar para poder disminuir la violencia son válidos”.
Después dijo que todas la intervenciones que busquen que la violencia se reduzca “y no vaya a salir contraproducentes” y recordó el caso del asesinato del cardenal de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo, “yo espero que las instituciones se fortalezcan y sigan haciendo su trabajo” e insistió en que cualquier intervención es válida mientras su fin sea mitigar la violencia.
De su propuesta como intermediario que realizó el obispo, el dirigente no quiso opinar “porque es un tema muy, muy delicado, en ese sentido yo reservo mi opinión”.
Se le preguntó por lo dicho por el obispo en el sentido de que al gobierno no termina la violencia porque no le conviene, ya que existen “repartición de dividendos”. En ese sentido dijo que la gobernabilidad del estado “no descansa en suposiciones”.
Después apuntó que “es muy delicado, inclusive ustedes los medios de comunicación juegan un papel ahorita muy, muy delicado para todo este manejo (de la información de la información y los hechos) que se está haciendo, porque los únicos perjudicados es la gente, hay que tener mucho cuidado”.

Ley, no diálogo: PRD

Por su parte el dirigente del PRD Celestino Cesáreo Guzmán dijo que lo revelado por el obispo es una grave señal de que la delincuencia ya no respeta a nadie.
El dirigente perredista consideró que las opiniones del obispo son muy delicadas porque “eso denota el nivel de violencia, inseguridad y amenazas que hay, y ese es el motivo por el que ha pedido ese tipo de reuniones” con organizaciones del crimen organizado.
Dijo que ante la acción a la que se vio obligado el obispo Salvador Rangel, el PRD demanda “nuevamente” al gobierno de Héctor Astudillo Flores “que cumpla su palabra de dar orden y paz a Guerrero”.
Celestino Cesáreo dijo que no comparte la idea de que ni la iglesia, ni mucho menos el Estado tengan que negociar con los delincuentes. Contrario a eso, dijo que lo que deben hacer es perseguirlos, detenerlos y encarcelarlos, porque consideró que es necesario “aplicarles la ley y no establecer diálogo”.
Insistió en que el Estado no puede “someterse a la ley de la delincuencia, al contrario debe aplicar la ley y debe poner tras las rejas a los delincuentes”, y que la propuesta del obispo de diálogo “no es la solución”.
Al dirigente se le preguntó por lo dicho por el obispo Salvador Rangel en el sentido de que las autoridades se han reunido con organizaciones del crimen organizado y que han tenido acuerdos “por debajo de la mesa”, y que por eso no han querido resolver el problema de la violencia “porque no les conviene”, debido a que “en el fondo hay cierta repartición de dividendos”.
El perredista apuntó que no tiene elementos para secundar “ese tipo de señalamientos, lo que yo digo es que es un tema muy delicado y ante este tipo de señalamientos, la autoridad estatal y federal debería dar señales de que por lo menos está siguiendo a los delincuentes”.

Señalamientos por conocimiento de causa: PAN

El dirigente panista Marco Antonio Maganda Villalba consideró que lo dicho por el obispo Rangel Mendoza “deja de manifiesto la falta de resultados” de los gobiernos estatal y federal en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico.
La falta de coordinación entre las estrategias de seguridad tiene como consecuencia la falta de seguridad para los guerrerenses.
De lo dicho por el obispo en el sentido de que las autoridades no han querido resolver el problema de la violencia, porque no les conviene debido a la repartición de dividendos entre grupos delincuenciales, el panista consideró que si el obispo se atrevió a realizar esa declaración es porque “tiene conocimiento de causa, yo no pudiera afirmarlo”.
Maganda Villalba dijo que los señalamientos no “es algo nuevo, muchos liderazgos han manifestado lo mismo, que hay acuerdos bajo la mesa, que hay vínculos entre el gobierno y la delincuencia organizada, hay pactos, hay acuerdos, que se sientan a negociar, eso no es nuevo”.
Sin embargo ante los reiterados señalamientos “se va creando una incertidumbre” ante los presuntos vínculos entre grupos criminales, por eso urgió al gobernador a que cumpla con su promesa de campaña de generar paz en el estado.
De la propuesta de dialogar con los grupos criminales, consideró que sería incorrecto que cualquier gobierno (municipal, estatal o federal) se “sienten a negociar, al contrario, deben de combatir, erradicar esa situación”, dijo que respeta la opinión del obispo, pero en ese sentido no la comparte.

Responsabilidad del gobierno: PT

Por su parte el comisionado político en Guerrero de la dirigencia nacional del PT, el diputado federal Victoriano Wences Real, opinó que la Iglesia no tendría porque intervenir en temas de inseguridad, porque esa es responsabilidad de los gobiernos del estado y federal
Insistió en que la inseguridad en Guerrero debe ser atendido con “mucha prontitud” porque es un problema que afecta a todos los ciudadanos, incluso a las religiones y que por eso el obispo tuvo que tomar la decisión de intervenir por los religiosos.
Al gobierno federal le pidió reorientar y revisar la política de seguridad en Guerrero “porque es lamentable que se tenga que estar buscando pactar, porque creo que no es lo correcto, estamos en gobiernos que tiene la capacidad de resolver el problema de inseguridad”.
Del señalamiento de vínculos y repartición de dividendos entre el gobierno y los grupos criminales, el comisionado político dijo que “es algo muy fuerte esas declaraciones, esperemos que no haya repercusiones más fuertes en Guerrero”, dijo que la única solución es que “el gobierno se ponga en su papel, porque la ciudadanía espera mucho del gobierno del estado y del federal”.
Dijo que pactar con el crimen organizado, es “lo peor que pueden hacer los gobiernos, no se puede estar dando concesiones porque estaríamos cayendo en un problema fuerte” en el estado.
Llamó a los gobiernos de Héctor Astudillo Flores y Enrique Peña Nieto a que actúen “con prontitud en Guerrero que es un foco rojo de actividad criminal”.

Dar nombres: Fermín Alvarado

En el mismo tema, el presidente del Comité Municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo llamó al obispo Salvador Rangel Mendoza apegarse a la ley, exponiendo los nombres y haciendo las “denuncias pertinentes”.
En conferencia de prensa,  manifestó que es “sano” que den esos señalamientos sin embargo defendió al gobierno del estado y federal de prevalecer la ley y no consideró el diálogo con el crimen organizado.
Expuso que desde hace 10 años con el inicio de la administración perredista de Zeferino Torreblanca y después, con Ángel Aguirre Rivero son “la clara muestra” de los señalamientos de obispo Salvador Rangel  “de eso que él dice que vivimos y lo padecemos todavía, en el hecho simbólico y lamentable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”. Defendió que ahora “las cosas son distintas”.
Sugirió  al obispo que se denunciara y dieran los nombres de quienes están relacionados con el crimen organizado.

Rechazan comisarios de Ayutla a la UPOEG en los preparativos de elecciones por costumbres

Unos 40 comisarios de Ayutla exigieron ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) y el Congreso del estado la salida del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, de la preparación de las elecciones por usos y costumbres que se realizará por primera vez en 2018 en ese municipio.
En las instalaciones del IEPC los recibió la presidenta Marisela Reyes Reyes, y allí el comisario de Cuadrilla Nueva, Joaquín Villanueva, denunció que Placido Valerio encabeza las asambleas, lleva personas ajenas al municipio y pretende manipular las decisiones de los pueblos.
Asimismo, dijo que se acompañan de policías comunitarios armados, cuando el tema de las reuniones no es la seguridad. Aclaró que los encuentros deben ser pacíficos porque no buscan problemas y no deberían estar vigilados por civiles armados.
Demandó que el IEPC acuda a las reuniones de todos los grupos ciudadanos de Ayutla, no sólo a las que encabeza la UPOEG, y para garantizar transparencia en el proceso, que el organismo vigile que no haya organizaciones ni personas ajenas al municipio
Aunque el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, promovió en tribunales la elección por usos y costumbre, aclaró que en una reunión este mismo año, representantes de varios pueblos agradecieron que haya empujado el procedimiento de elecciones por usos y costumbres en Ayutla, pero ahora quieren nombrar a sus propios “intermediarios”.
Dijo que no saben qué fin persigue Plácido Valerio en este proceso, “desconocemos porqué quiere andar adelante, cuál es su mentalidad de ellos, pero que dejen a las autoridades de Ayutla, los pueblos deben buscar a sus propios intermediarios, porque no tenemos capacidad (de organizar la elección)”, reconoció.
El delegado de la Unidad Habitacional Magisterial de Ayutla, Romualdo Remigio Cantú, añadió que en el tema de seguridad la UPOEG puede llamar a reuniones, “pero cuando se trata del proyecto de usos y costumbres para elegir nuevos aspirantes tenemos que sacarlo como pueblo”. Aseguró que las 30 colonias de la cabecera municipal están inconformes con su intervención, así como unos 80 pueblos de los 135 que conforman el municipio.
Por separado, Reyes Reyes recordó que en la consulta que promovió la UPOEG se preguntó a los pueblos originarios si querían elegir autoridades por sistemas normativos internos, y dijeron sí. El tema se revisó en Tribunales, que lo declararon válido y el Congreso del Estado emitió un dictamen que fijó dos cosas la fecha, de la elección y de toma de protesta de las autoridades.
Precisó que el IEPC va a consultar con los ciudadanos de Ayutla los métodos que se van a utilizara para elegir a sus autoridades municipales, puede ser a través de boletas, a mano alzada o en las urnas, “lo que cambia es que el máximo órgano de deliberación será la asamblea, y la asamblea tendrá que decidir todo eso. Como árbitros, van a fijar reglas mínimas que serán consultadas con los ciudadanos, “porque esa es la ruta que estableció el tribunal”.
En cuanto a la intervención de partidos u organizaciones en este proceso, aclaró que si se toma en cuenta que los institutos políticos se conforman por ciudadanos, así como los sectores ganaderos, y la UPOEG en Ayutla, están en condiciones de participar como ciudadanos.