“Todos los asesinatos de mujeres” deben investigarse como feminicidios, con los protocolos correspondientes, pues “no sabemos qué hay atrás del crimen de una mujer”, dijo la integrante de la asociación civil Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín.
Garfias Marín señaló que es necesario que las autoridades hablen con los familiares de las víctimas, conozcan y se informen de cómo eran sus relaciones “con su pareja, su ex pareja, con su jefe, con los hombres que estaban alrededor de ella”, a lo que llamó “autopsia verbal”, de manera que “no se dejen llevar por lo que ven en la escena del crimen”.
Consultada vía telefónica respecto del caso de Otlatepec, municipio de Tlalchapa, donde un hombre incineró a su esposa y mató a puñaladas a dos de sus hijas, el cual se investigará con los protocolos de feminicidio, según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, Garfias Marín señaló que en todos los casos se tiene que aplicar el protocolo y no sólo en aquellos donde se tiene identificado al presunto responsable.
Al igual que en el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, quien fue desaparecida y asesinada presuntamente por su ex pareja, César Gómez Arciniega, en Taxco, en el caso de Otlaltepec se identificó al probable agresor de las tres mujeres y ambos se investigan como feminicidios; sin embargo a otros aún no se les da ese carácter.
Según Garfias Marín, la autopsia verbal “es un trabajo más fino para poder saber si fue un feminicidio y actuar para castigar al responsable”, por ello se debe implementar en las investigaciones.
Recordó que las feministas exigen que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez, quien es responsable de investigar los asesinatos de mujeres, “tiene que apegarse a los protocolos para la investigación, todo asesinato de una mujer tiene que ser investigado como un presunto feminicidio, pero él no puede hacer declaraciones a priori, ni puede estar vinculando a las mujeres víctimas con la delincuencia organizada. Primero tiene que hacer la investigación y al final se podrá determinar si es un feminicidio o no”. Precisó que lo mismo se demanda a los funcionarios del gobierno estatal.
Declaró que las autoridades estatales y municipales “no han estado asumiendo su obligación de coordinarse para realizar las acciones que implica la alerta de violencia de Género”, lo cual se nota en que la declaratoria se hizo el 22 de junio de 2017, “nos preguntamos cuál es el impacto que han tenido las supuestas acciones que ellos han estado anunciando que están realizando”.
Expresó que los servidores públicos mantienen su forma “autoritaria, déspota, prepotente, insensible” de relacionarse con las mujeres que buscan atención en ministerios públicos o servicios de salud, por lo que “no vemos que haya resultados de esos cursos y capacitación que han estado realizando, lo que vemos es que hay una serie de anuncios, pero es algo simulado solamente, porque no hay un impacto en los funcionarios, sigue habiendo negligencia, falta de empatía, no hay un compromiso realmente”.
Respecto de la convocatoria que publicó la Secretaría de Trabajo de Guerrero, Jornalero Agrícola para Estados Unidos, dirigida a hombres campesinos para que trabajen de manera legal en ese país, Garfias consideró que es “discriminatoria” y cuestionó dónde queda la perspectiva de género, los programas y las políticas públicas para que las mujeres tengan acceso al trabajo.
Informó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada año aumentan los hogares donde las mujeres están a cargo de sus familias ya sea por abandono o muerte de sus parejas, “entonces estas mujeres tienen que asumir todo el cargo de su familia, tienen que buscar cómo llevar el sustento, a ellas se les tienen que abrir estas oportunidades”.