Amenaza con levantarlas la directora del refugio de Acapulco, denuncian mujeres

El manejo incompetente del Refugio para Mujeres que viven Violencia Extrema, en Acapulco, derivó en abuso de poder de las autoridades a cargo, la revictimización de las usuarias y la certeza de que el centro de protección dejó de ser seguro para las víctimas.
Pese a las denuncias presentadas por activistas ante la Secretaría de la Mujer de la cual depende el albergue temporal para mujeres, no hay intención de corregir los graves problemas que se han suscitado, en los que se vincula al chofer de la directora del refugio, Luz del Carmen Torreblanca Palacios, de acoso sexual bajo el auspicio de ella.
Una usuaria que fue canalizada desde el Hospital General de Iguala donde estuvo internada por golpes de su pareja, reveló que estuvo a punto del suicidio en el lugar porque no encontró apoyo sicológico ni legal para recuperar a sus hijos, en cambio recibió maltratos y amenazas de Torreblanca Palacios de que la iba a desaparecer, a levantar, para que no denunciara las arbitrariedades que padeció durante cinco meses de encierro.
Aún con temor al salir llevó con otra víctima su queja a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el 12 de marzo de este año.
El 22 del mismo mes el organismo recomendó a la secretaria de la Mujer, Mayra Gloribel Martínez Pineda un exhorto a la directora del refugio, “para que evite actos de hostigamiento, intimidación, discriminación y represalias”, como medida cautelar, mediante el oficio 193/2018.
Asimismo pidió que la servidora pública “ciña sus actos al estricto mandato de la ley, a fin de no consumar las amenazas proferidas a las quejosas”. Hacer este llamado en un plazo de 15 días a la directora fue la única medida de protección en favor de las víctimas que siguen vulnerables.
Antes, el 27 de noviembre en estas páginas una joven amuzga denunció que recibió amenazas y humillaciones en el periodo que permaneció en el Refugio para Mujeres que viven Violencia Extrema, y confirmó que el chofer de la directora acosa a las usuarias del servicio. El caso fue presentado por la activista Hermelinda Tiburcio Cayetano ante autoridades estatales, sin que haya habido una intervención.

El refugio no es seguro: activistas

Hace un mes la Red de Incidencia para la Atención y Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género en Acapulco, que conforman organizaciones civiles y feministas, denunciaron en un oficio dirigido a la secretaria de la Mujer que la directora del refugio no tiene el perfil académico ni institucional para dirigir un espacio tan importante en la prevención de la violencia extrema.
En el escrito fechado el 19 de marzo representantes de Grupo Amigos GAVIH, Colegio de Mujeres Abogadas, Renovación con Valores Red Estatal de Mujeres Surianas por la Equidad, la Igualdad y la no Violencia contra las Mujeres, y feministas señalaron que la directora presume que nunca será destituida porque fue nombrara y está apoyada por la esposa del gobernador Héctor Astudillo Flores, Mercedes Calvo, por ser militante del PRI. Incluso en redes se le identifica como líder de colonias en Acapulco y aparece en actos públicos como directora de la Mujer.
Las activistas subrayaron que el refugio ya no cumple con los protocolos de seguridad porque las usuarias y el personal se encuentran amenazados por la directora, “de que si ellas presentan una denuncia ella tiene personas en las colonias que pueden desaparecerlas”. Incluso revelaron que en fechas recientes una usuaria fue sacada del refugio por su agresor, sin que se presentara denuncia alguna.
A la letra se dice que “diferentes dependencias estatales y municipales de Acapulco que atienden violencias manifiestan que las usuarias que padecen violencia extrema están más seguras afuera que dentro del refugio, que debería ser su espacio de seguridad y protección”. Urgieron una pronta atención y solución inmediata a la demanda.
Dos días después la respuesta por escrito de Martínez Pineda fue que dio instrucciones para la certificación de la directora en una primera etapa, y en una segunda “se buscará la certificación y profesionalización de todo el personal”.
De manera extraoficial la secretaria Martínez Pineda confirmó que Torreblanca Palacios no sería removida de su puesto.
Según la página de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva transfiere recursos públicos para la operación de 25 refugios en el país, a través de instituciones estatales y privadas que presentaron proyectos.

Amedrentada al punto del suicidio

Después de un encuentro con la directora, Daniela atrancó la puerta de cristal con tres sillas y una mesa, en la villa (dormitorio) que le asignaron subió otra silla al lavadero del cuarto de servicio para alcanzar una fajilla del techo de madera, donde amarró una soga.
Estaba resuelta a lanzarse del lavadero con el lazo en el cuello para quitarse la vida pero los ruegos insistentes de sus compañeras y del personal de seguridad desde afuera de la villa lograron hacerla desistir. Una de ellas intuía sus intenciones pero no podía entrar para detenerla, relató Daniela sobre su estancia en el refugio, del 22 de agosto de 2017 al 8 de febrero de 2018.
“Me había dicho (la directora) que me iba a quitar todo, que no iba a poder recuperar a mis hijos. Ya no quería vivir tantas humillaciones, todo lo que pasé con mi pareja para venir al refugio, sin la esperanza de tener a mis hijos conmigo”. Estaba desesperada y con miedo pues la directora también la amenazó de muerte: “‘me haces un escrito, pero no vayas a decir nada porque yo con tronar los dedos te puedo levantar’”, relató que la amenazó.
Recordó que a mediados de enero hubo una visita de la secretaria de la Mujer, y la directora le obligó a tomar una pastilla, al parecer una droga para dormir, para evitar que hablara con la funcionaria. Reconoció que sus compañeras la ayudaron a mantenerse despierta echándole agua fría del refrigerador en la cara.
Con esfuerzos presentaron sus quejas a la funcionaria, y le dijeron que “el chofer enamoraba a las usuarias”, y para su sorpresa la secretaria opinó que “eso es normal”.

Buscaron incriminar a sus compañeras, dice otro testimonio

Cuando Daniela fue liberada una joven que ingresó con 16 años al refugio el 21 de octubre de 2017, le pidió que llevara una carta a sus familiares para que la sacaran de ahí.
“Le pedí de favor que le llevara esta carta porque no puedo hablar por teléfono, porque quiero que le diga a mi mamá, a mi papá o a los dos que no estoy bien, porque la mera directora nos trata mal… la directora a mi me trata como a la china porque no quise andar con su chofer. Tengo miedo de estar aquí”, dice el texto manuscrito en una hoja de cuaderno cuadriculada que se tuvo a la vista.
Por separado en una conversación telefónica desde su casa la joven explicó que cuando llegó al refugio todo estaba tranquilo, hasta que comenzó a llevarse con un grupo que era hostigado por la directora con quehaceres, malos tratos y castigos.
“Nos sacaban a pintar o a lavar su ropa de su casa, a lavar el piso de la escuelita, nos ponían a arrancar el monte y sembrar plantas en el rayo del sol, sino obedecíamos decía que nos iba a levantar reporte, un acta de que nos portábamos mal”, relató.

 

Denuncia Morena el asesinato y la criminalización de su dirigente en Tixtla

El dirigente municipal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tixtla, Eduardo Catarino Dircio, fue asesinado por policías estatales en su casa frente a su familia este domingo, denunció el presidente estatal de este partido, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
Vía telefónica condenó la criminalización y revictimización por parte del gobierno a su compañero, a quien en el reporte oficial el vocero de Seguridad Pública, Roberto Álvarez Heredia, vinculó con enfrentamientos entre policías estatales y “delincuentes”, donde dos “sicarios” resultaron muertos y dos policías heridos, sin haberlos identificado.
Aseguró que la familia del activista político y testigos dieron cuenta de que a Catarino Dircio “lo mataron a mansalva en la puerta de su domicilio, que no se encontraba armado ni en actitud beligerante, simplemente fue una ejecución”.
Añadió que las balaceras en Tixtla se están convirtiendo en una costumbre, porque el gobierno las permite y solapa, cuando vincula todos los homicidios con la delincuencia. Recordó que desde hace varios años las autoridades, no sólo de Guerrero sino de todo el país, aplican la misma fórmula para no investigar ni deslindar responsabilidades, abonando a la impunidad y la repetición de los hechos.
En este sentido, indicó que el gobierno criminaliza a las víctimas y las revictimiza al manchar su nombre, y coloca a su familia en una situación de alta vulnerabilidad, con tal de solapar las actividades de los policías, señaló.
Demandó una investigación seria del homicidio del activista, que se castigue a quienes cometieron el crimen y advirtió que no permitirán que la autoridades “se salgan por la tangente, señalando a la víctima como sicario”.
Informó que Catalino Dircio era dirigente municipal de Morena, era abogado e integrante de la barra de abogados en Tixtla, y fue representante de partido en el Consejo Distrital durante el proceso electoral de ayuntamientos y diputados en 2015.