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Se requiere una estructura educativa para los pueblos originarios, reitera la CETEG

 

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y organizaciones sociales, instalaron el primer Congreso Político Estatal Extraordinario de los Pueblos Originarios, donde externaron que se requiere una estructura educativa que se base en sus necesidades.
En el edificio de la CETEG, ubicado en la colonia Burócratas de Chilpancingo, se reunieron cetegistas, alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y la activista universitaria del Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos del 60, Roberta Campos Adame.
En su mensaje, el dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, externó que hace falta mucho por hacer, “desde la implementación o el reconocimiento de la Subsecretaría de los Pueblos Originarios, se requiere una estructura educativa que se base en las necesidades de los pueblos”.
Dijo que van a fortalecer la estrategia y el mecanismo de cómo se tiene que impulsar el “tan anhelado” proyecto. Manifestó que como maestros, les queda claro que las autoridades nunca van a reconocer la manera en que los pueblos originarios están reclamando una educación de acuerdo con su contexto.
Torres Solano indicó que hace el llamado a las autoridades para que entiendan que no son ciudadanos de tercera, “que no nada más ocupen a los pueblos originarios como un adorno, en una oficina o un mantel en una mesa, porque también los pueblos merecen una mejor educación. La intención del encuentro es para reunir todas las ideas políticas”.
Por su parte el representante del comité estudiantil de la normal rural de Ayotzinapa, Gael Hernández, dijo que se solidarizan con el movimiento para que haya una mejora para la educación en el estado.
Resaltó: “Nos unimos y también decirles que estamos en pie de lucha, por la verdad y justicia de nuestros 43 compañeros”.
Las organizaciones sociales se solidarizaron con la CETEG y sostuvieron que trabajarían para el reconocimiento de los pueblos originarios, para que se mejore su educación.

 

Una investigación seria del asesinato de la maestra y su familia, exigen universitarios

La viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, la activista Roberta Campos Adame y el maestro Antonio García Quiroz exigieron a los tres niveles de gobierno y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investiguen de manera seria el asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jeany Rosado Peña, el de su hijo Isaac Daniel Cabrera y de su esposo Nicéforo Cabrera Rojas, ocurridos la noche del domingo en esta ciudad.
Mientras esperaban la llegada de los cuerpos de Rosado Peña y de su hijo a las oficinas del STAUAG en la capital, donde hubo una ceremonia de despedida, varios universitarios se quejaron de la omisión del rector, Javier Saldaña Almazán ante el asesinato múltiple y criticaron su ausencia en la actividad a la que acudieron más de 200 Universitarios acompañados de activistas y familiares de la maestra asesinada.
Obeso Cázares expresó que estaba “muy impactada, muy consternada”, pero convencida de que los “crímenes atroces” que ocurren en Guerrero “son producto de una violencia estructural que se viene generando desde el Estado”.
Dijo que aunque “quizá” el asesinato de Rosado Peña y su familia no fue ordenado por alguien de alguna institución gubernamental, “si tienen que ver con el abandono en que el Estado tiene a los ciudadanos, el Estado que debe ser garante de la vida de los ciudadanos, del patrimonio, ha renunciado a eso y a permitido o ha generado de alguna manera esa violencia”.
Afirmó que “indiscutiblemente” el gobierno de Héctor Astudillo Flores y el fiscal general Xavier Olea Peláez deben de investigar los hechos y castigar a los responsables.
Campos Adame dijo que la situación actual es delicada porque “tanto la lucha social como la violencia” se relacionan con la delincuencia organizada. El de la familia de Rosado Peña fue un crimen horrendo en el que fue asesinado un niño de tan sólo 13 años de edad, “es triste lo que vivimos los guerrerenses porque estamos expuestos a este tipo de situaciones”.
Campos Adame dijo que escuchó a los dirigentes sindicales de la Universidad “hasta tibios, hasta con miedo”, sin exigir de manera contundente a la Rectoría que Saldaña Almazán proteste por estos actos, y aseguró que los ex rectores Rosalío Wences Reza, Enrique González Ruiz y Arquímedes Morales Carranza, “ya estarían en la calle diciéndole a la gente que se organice para parar la ola de delincuencia”.
Señaló a Saldaña Almazán de que le apuesta a que las autoridades cumplan su papel a pesar de que los asesinatos siguen, lo que es prueba de su ineptitud.
Mencionó que la lucha de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, fue correcta porque hubo organización y solidaridad, pero en el caso de la UAG los universitarios están dispersos y deben de unirse.
García Quiroz pidió a Olea Peláez “que no vaya a salir con su batea de babas, con sus falsas especulaciones y sus erróneas hipótesis”, respecto del asesinato de Rosado Peña y su familia, como ocurrió en el caso de la doctora del IMSS Adela Rivas Obé.

 

Que el Estado acepte su responsabilidad por las desapariciones, exigen familiares de víctimas

Familiares de personas desaparecidas, en el cierre de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido que se hizo ayer en el Zócalo de Chilpancingo, exigieron que el Estado asuma la responsabilidad por las desapariciones forzadas ocurridas en el país, por su participación directa, encubrimiento u omisión pues forma parte del problema.
En testimonios, madres y padres de desaparecidos en Acapulco y Chilpancingo expresaron la desconfianza que sienten en las instancias judiciales, y que por su experiencia en las agencias del Ministerio Público (MP), aseguraron que nunca van a tener resultados de las autoridades sobre el paradero de sus familiares. Llamaron a que todas las familias que viven esta tragedia se unan para que el gobierno asuma la obligación que tiene de buscar a los desaparecidos.
Asimismo, denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ve por las necesidades de los familiares que están buscando a sus desaparecidos, mencionaron de ejemplo el caso de la señora Eudocia Gallardo, de quien su hijo taxista fue desaparecido el 23 de octubre de 2013; la señora padece diabetes e hipertensión y a la fecha no tiene acceso a atención médica.
También se dijo que son miles, no sólo 43, las familias que viven la incertidumbre, en alusión a la atención de la prensa para el caso Ayotzinapa. En respuesta, la integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Roberta Campos Adame, destacó la valentía de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que a casi dos años, con su sencillez, mantienen una lucha digna.
La diputada local de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, madre de Ludwing Hernández Cisneros, desaparecido hace nueve años, señaló que así como los padres de los 43 los familiares de desaparecidos “tenemos que organizarnos y seguir luchando para saber dónde quedaron, ¿¡cómo es posible que hayan quedado como un animalito enterrado por ahí!?”.
Recordó que con el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados que promovió el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), trataron de investigar dónde están los desaparecidos, “y a mi me dijeron que a mi hijo parece que se lo tragó la tierra, que si quiero yo puedo revisar los expedientes, porque a los fiscales los cambian a cada momento y dicen que no saben nada, que ellos acaban de llegar”.
El señor Ciro Fuentes, miembro de los familiares de Acapulco en búsqueda de sus desaparecidos, señaló que aunque las autoridades lo nieguen, en el puerto continúan las desapariciones, dijo que el Estado fue rebasado y a los funcionarios no les importa porque reciben sueldos “estratosféricos” mientras el pueblo recibe salarios de hambre.
Señaló que en cada hogar con un familiar desaparecido se perdió la paz, “y no buscamos culpables, (sólo) queremos encontrar a nuestros familiares”.
Agregó que siente temor de ir con la policía porque no sabe si la información que proporcione, ellos mismos (los policías) la estén llevando a las bandas criminales, “tenemos claro que del gobierno no vamos a recibir nada, por eso nos organizamos como sociedad para exigir que hagan su trabajo en los tres niveles de gobierno, porque la violencia la padecemos todos”.
En la plaza pública, junto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el director del Tadeco, Javier Monroy, informó que están exigiendo que en la ley de desaparición forzada se reconozca la responsabilidad del Estado, porque se ha demostrado que no les interesa dar verdad ni justicia a los miles de mexicanos con familiares desaparecidos.
Denunció que las autoridades aparentan que investigan y se preocupan para que en el extranjero piensen que se hace algo.
“Así, México promulgó una ley de atención a víctimas que ni él mismo respeta, un mecanismo de atención que tampoco resuelve requerimientos básicos de los afectados”, y aseguró que el gobierno sigue protegiendo a los asesinos y a quienes desaparecen personas.
“(El gobierno) no sólo garantiza impunidad, actúa codo con ellos (los criminales) y lo vivimos desde que acudimos al Ministerio Público, donde tratan de desalentarnos”. Indicó que los agentes del MP les dicen que también están en riesgo por el sólo hecho de tomar estas denuncias: “nos intimidan, nos meten miedo, desde ahí empiezan a proteger a la delincuencia”.
Dijo que aunque los familiares de las víctimas investiguen y les lleven nombres, placas de automóviles, “la autoridad dice que no hay capacidad porque la gente se hace humo, (entonces) ¿de qué sirve que el gobierno acepte que hay más de 30 mil personas desaparecidas, sino hace nada y es parte del problema?”.
Insistió en que el gobierno es parte del encubrimiento, por participación directa, encubrimiento u omisión y es responsable de cada caso, desde la guerra sucia de los 60.

El Estado desaparecía a luchadores sociales y ahora a miles de jóvenes, dice la activista Roberta Campos

Ayer, Roberta Campos Adame, reconocida por acompañar decenas de causas sociales, denunció que antes el Estado desaparecía a los luchadores sociales y ahora desaparece a miles de jóvenes.
En la culminación de las actividades de la semana internacional por el detenido desaparecido en el Zócalo de la capital, la luchadora social lamentó la indolencia de la gente, “no nos duele ver a las madres (de los desaparecidos) recorriendo las calles, los estados, hoy sabemos de fosas que han quedado al descubierto por la gran lucha que tienen los padres y madres de los 43”.
Dijo que los padres de los 43 normalistas han encontrado indiferencia y a veces hasta condena porque los estudiantes de Ayotzinapa se atreven a desafiar al gobierno, a tomar autobuses, a bloquear carreteras, a cerrar tiendas departamentales.
Consideró inhumano que personas justifiquen la represión violenta y convocó a los asistentes a apoyar el movimiento del magisterio, a que den una palabra de aliento a quienes tienen desaparecidos, a quienes son perseguidos por luchar en las calles.
La luchadora social recordó que la llegada de su papá temprano a casa evitó que fuera víctima de desaparición forzada durante el periodo de la guerra sucia.
Narró que el jueves 16 de junio de 1978 iba a ver a Carlos Díaz Frías, alumno de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pero ella no pudo acudir a la cita, agregó que desde ese día no se supo más Carlos Díaz ni del maestro Luis Armando Cabañas.
-“Que crees Luis Armando, Roberta me dejó plantado, acompáñame tú al cine”. Fue lo último que escuchó de él, por medio de su amiga María, quien presenció aquella conversación.
A esa circunstancia atribuyó su compromiso con la lucha social, “por eso no me da miedo acompañar a quienes tienen desaparecidos, a los presos políticos, a los maestros a defender sus derechos en las calles”, dijo con voz alta la ex alumna de la Preparatoria número 9.
La integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los caídos del 60 recordó que “ese día iba a salir con Carlos Díaz Frías al cine Jacarandas, pero llegó mi padre porque él trabajaba en Coyuca y yo ya no pude salir. Me dijo mi amiga María que cuando ella estaba platicando con Carlos, pasó Luis Armando Cabañas y lo invitó al cine. Ese día desaparecieron a Luis Armando y Carlos también”.
En un expediente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) retomado en el informe de la Comisión de la Verdad (Comverdad), se detalla que Díaz Frías fue detenido el 17 de junio en Chilpancingo, “en compañía de otro elemento de ultraizquierda del cual hasta el momento no se ha aclarado su identidad, sin embargo es estudiante del primer año de la escuela de Filosofía y Letras de la UAG y miembro de la Coordinadora de Círculos Marxistas-Leninistas.”
Mientras pasaba un policía frente al evento, recordó que en ese lugar frente a la catedral de la Asunción, el 30 de diciembre de 1960 se colocó la policía para evitar el paso del contingente que iba a apoyar a los estudiantes de la Preparatoria número 9, frente a la alameda central.
“Aquí se ponía toda la policía para que no pudiera llegar la gente a la alameda a apoyar a esa lucha que se gestaba, ahí donde llegó el Ejército y la policía motorizada a asesinar a 20 ciudadanos que nos dieron esta universidad”.