Acapulco, la joya del Pacífico mexicano y epicentro de historias y contrastes, se encuentra hoy en una encrucijada crítica. Como joya se le quiere, se le cuida, pero no estamos exentos de perderla. No perdamos Acapulco.
La persistente sombra de la violencia social, la preocupante agudización de la violencia de género, particularmente contra figuras públicas como la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y la urgente necesidad de construir una paz duradera, son temas que exigen una profunda reflexión y, sobre todo, una acción concertada. No es sólo una tarea del gobierno, sino una responsabilidad compartida que involucra a la ciudadanía y a los medios de comunicación.
La violencia social en Acapulco no es un fenómeno unicolor; es un tapiz complejo tejido con hilos de desigualdad económica; de oportunidades limitadas; de presencia de la delincuencia organizada y, en ocasiones, de debilidad institucional por no dar respuesta como la sociedad lo demanda y que se expresa en este dato: 8 de cada 10 habitantes de Acapulco, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), se sienten inseguros e inseguras
A pesar de los esfuerzos de las autoridades para reforzar la seguridad y combatir el crimen, la percepción de inseguridad persiste entre la población. Homicidios, extorsiones y otros delitos de alto impacto siguen afectando la vida cotidiana, erosionando la confianza y limitando el desarrollo pleno de la comunidad. Las cicatrices de eventos recientes, como el huracán Otis, han expuesto aún más las vulnerabilidades de la ciudad, exacerbando las condiciones que, en algunos casos, pueden alimentar la violencia. La reconstrucción material debe ir de la mano con la reconstrucción del tejido social.
Un problema particularmente preocupante en este contexto es la violencia en razón de género, que lamentablemente ha encontrado eco en la esfera política. La alcaldesa Abelina López Rodríguez, ha sido blanco de ataques y descalificaciones que, en muchas ocasiones, trascienden la crítica política legítima para adentrarse en el terreno de la misoginia y la violencia simbólica. Estos ataques, que pueden manifestarse en discursos de odio, difamación o desvalorización de su trabajo por el simple hecho de ser mujer, no sólo la afectan a ella como individuo, sino que minan la participación política de las mujeres y socavan los principios democráticos.
Es crucial entender que la violencia de género en la política no es un hecho aislado, es un reflejo de patrones patriarcales arraigados en la sociedad. Cuando una figura pública es objeto de tal violencia, se envía un mensaje desalentador a todas las mujeres que aspiran a ocupar espacios de poder y decisión. Proteger la integridad de la presidenta y condenar enérgicamente cualquier forma de violencia de género es un imperativo moral y cívico.
Ante este panorama, la construcción de paz emerge no como una utopía, sino como una necesidad urgente y alcanzable. Sin embargo, no puede recaer exclusivamente en los hombros del gobierno. Es una responsabilidad compartida, un pacto social que debe involucrar a todos los actores.
Más allá de las estrategias de seguridad, el gobierno tiene la obligación de fortalecer las instituciones, garantizar la justicia, promover la educación y generar oportunidades económicas que actúen como contrapesos a la violencia. La inversión en programas sociales, la atención a víctimas y la promoción de una cultura de respeto y legalidad, son pilares fundamentales.
En el caso de la violencia de género, es imperativo que las autoridades implementen protocolos efectivos para su prevención, sanción y erradicación, enviando un mensaje claro de cero tolerancia.
La sociedad civil organizada, los líderes comunitarios, las familias y los individuos tienen un rol irremplazable. Esto implica denunciar la violencia, participar en iniciativas de construcción de paz, promover la no violencia en el hogar y en la comunidad, y exigir a sus representantes rendición de cuentas. La reconstrucción del tejido social comienza en cada interacción, en cada acto de empatía y en la recuperación de los espacios públicos. La condena activa de la violencia de género en todas sus manifestaciones es un deber ético.
Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental como formadores de opinión pública y transmisores de información. Tienen la responsabilidad de reportar la violencia de manera ética y sensible, evitando la revictimización y el sensacionalismo. Pero su rol va más allá: pueden ser poderosos aliados en la construcción de paz al destacar historias de resiliencia, promover el diálogo, visibilizar las causas estructurales de la violencia y, crucialmente, adoptar una perspectiva de género en su cobertura, condenando explícitamente la violencia contra las mujeres en la política y en la sociedad. La narrativa que construyen puede ser un puente hacia la esperanza o un eco de la desesperación.
Acapulco tiene la fuerza y la resiliencia en su gente, en su cultura y en su inigualable belleza natural. Superar los desafíos actuales requiere de un esfuerzo concertado, un compromiso inquebrantable con la justicia y la equidad.
La violencia social y la violencia de género son barreras para para una sociedad en desa-rrollo e inclusión. La construcción de paz, como una tarea de todos y de todas es el camino para que Acapulco no sólo recupere su luz, sino que se transforme en un modelo de resiliencia, inclusión y prosperidad, donde cada ciudadano y ciudadana pueda vivir libre de miedo y con la certeza de un futuro mejor. La oportunidad de construir esa paz es ahora.
La violencia política contra las mujeres en razón de género sí puede ser considerada delito, aunque no siempre está tipificada específicamente como tal en leyes electorales. Se pueden configurar otros delitos o responsabilidades a través de las acciones u omisiones que constituyen esta violencia. La violencia política en razón de género se define como cualquier acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
¿Cómo se considera delito? Tipificación específica: En algunas leyes, como la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se establecen conductas específicas que, de ser cometidas, constituyen violencia política contra las mujeres y son sancionadas como delitos electorales.
Configuración de otros delitos: aunque no exista una tipificación directa, las acciones de violencia política pueden encuadrarse en otros delitos previstos en el Código Penal, como amenazas, lesiones, o delitos electorales específicos.
Sensibilización y prevención: se requiere de acciones de sensibilización y prevención para evitar la violencia política contra las mujeres y fomentar una cultura de respeto y equidad.
En resumen, la violencia política contra las mujeres en razón de género, aunque no siempre tipificada como delito electoral, puede generar responsabilidades penales, administrativas o electorales según el caso y las conductas que la constituyan. Es importante conocer los mecanismos de denuncia, acceso a la justicia y protocolos de atención disponibles para garantizar la protección de los derechos de las mujeres.

A las mujeres y hombres de las colonias del anfiteatro que vivían en la pobreza y después del huracán Otis viven en la pobreza extrema.
Al entrañable Darvy Batallar Gómez.

A 23 días de huracán Otis, limpiando mi casa, mi calle, mi centro de trabajo, pasan los días lentos, muy lentos. Es el agobio de no contar con luz eléctrica y no poder prender los ventiladores para mitigar el sofocante calor por la deforestación de Acapulco después de la madrugada del 25 de octubre. La labor sin precedentes que realizan los trabajadores de la CFE de levantar los postes caídos y restablecer la energía eléctrica es encomiable; cuando llega la luz a una calle o parte de una colonia se escuchan los aplausos y los gritos de alegría; pero cuando bajan las cuchillas para continuar las labores de reparación y no causar más daños, se genera la incertidumbre de si volverá la luz y con ello la falta de sueño y descanso por el incómodo calor.
Los mosquitos proliferan en los escombros y la basura sigue en la mayoría de las calles. Todo ello, sumado al cansancio del trabajo de reconstrucción de los espacios mencionados, casi me hace olvidar en qué día de la semana estoy y una fecha tan significativa en mi vida: 15 de noviembre de 1983.
Ese día tenía una cita de trabajo con el director del Servicio Médico Universitario para comentar las necesidades de aumentar las plazas de Servicio Social por el trabajo comunitario que se realizaba. La cita era en el restaurante Sanborns del centro. Después de dejar a nuestra hija Gabriela en el kínder de Palma Sola, mi compañero Javier y yo nos dirigimos hacia el centro de la ciudad en nuestro carro Brasilia. Él se quedó a comprar un libro y yo me dirigí a la cafetería para la reunión.
Javier se comprometió a recoger a nuestra hija a las doce y después se iría al Distrito Federal a clases porque estaba concluyendo su carrera en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Terminó la reunión, tomé un taxi, le pedí que me llevara a la Coordinación de la Zona Sur, que se encontraba en lo que hoy es el Centro Cultural Universitario, en la colonia Infonavit Alta Progreso, y donde yo era jefa de Servicio Social. Al llegar a la esquina de las avenidas Cuauhtémoc y del Tanque había un camión de la Flecha Verde quemado. Alrededor había policías que no permitían subir hacia el Fraccionamiento Hornos Insurgentes y decían que sólo se podía llegar hasta el Tanque. Mi corazón se contrajo, suspiré y le pedí al chofer que avanzara hasta donde pudiera dejarme lo más cerca posible a mi centro de trabajo y él me conminó a no subir por la presencia de los policías; estaba sucediendo algo. Ante mi insistencia, me dijo que haría lo posible de dejarme por la Preparatoria 2 y que me cuidara por las zapatillas que yo llevaba puestas, “a ver si no se cae con tanta escalera que va a subir”. Yo la dejo ahí porque no me van a dejar pasar, ya escuchó a la policía”, fue lo que me dijo el taxista al llegar al Tanque esquina con la calle Tesoro Perdido. No nos dejaron pasar las patrullas de la policía que se encontraban rodeando la colonia 13 de Junio; eran decenas de policías en todo el cerro, cuyas casas de madera fueron derrumbadas a punta de golpes por el personal operativo que llevaban.
Al bajar pude observar el despliegue policiaco en toda la colonia, en ese momento de la mañana se encontraban sólo mujeres y niños. Ahí vi cómo le hicieron cargar un horcón a una mujer embarazada de nombre Carolina que murió días después del desalojo. Al tratar de intervenir en apoyo a la mujer por su notorio embarazo, la policía me dijo que no me metiera en asuntos que no me correspondían. Al ver la desproporción del número de policías, le pedí que no cargara esa madera, que iría por ayuda.
Bajé a la avenida Ruiz Cortines, donde estaban algunos dirigentes del Consejo General de Colonias Populares de Acapulco (CGCPA), organización que dio la lucha contra el desalojo de las colonias de las partes altas de Acapulco, después de que el gobierno de Rubén Figueroa anunciara la creación de Ciudad Renacimiento como una alternativa habitacional para todos los vecinos que serían expulsados del anfiteatro. El CGCPA se convirtió en la organización de resistencia a los arbitrarios desalojos que coordinaba el Fideicomiso Acapulco, organismo estatal que operaba el proyecto. Después de dos años de resistencia y lucha continua, en julio de 1982 el CGCPA logró firmar un acuerdo con el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado de alto al desalojo y respeto a la estancia de los colonos en sus casas de las partes altas, que con tanto esfuerzo habían construido.
Vuelvo al 15 de noviembre de 1983. Se buscó el diálogo, la concertación, había cientos de universitarios y colonos tratando de parar el desalojo violento de la 13 de Junio. Ante la cerrazón, se formó una comisión de mujeres para dialogar con el director de Gobernación municipal, Efrén Leyva Acevedo, quien dirigía el operativo. Después de tres intentos de esa comisión de subir al cerro del Tanque, fuimos detenidas con violencia Eliana García Lagunas y yo. Nos llevaron a los separos, donde había decenas de detenidos, entre ellos los dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), Bulfrano Pineda Abonza, Jorge de la Luz y Uriel Leal Ramírez. Más tarde, violando la autonomía universitaria, se ordenó a la policía municipal y la policía montada ingresar a la escuela de Enfermería No. 2, lanzaron gases lacrimógenos y amenazaron al personal docente y la comunidad estudiantil integrada por mujeres. Fueros sacados con las manos en alto Marco Antonio López García y Darvy Batallar Gómez, luego fueron tirados al suelo a culatazos y fueron presentados hasta la noche con visibles huellas de tortura. El movimiento urbano popular de Acapulco entraría en una clara recesión al ser detenidos dos de sus principales dirigentes.
Al otro día de nuestra detención, quedamos 11 de los más de 280 universitarios arrestados. Para obtener la libertad, todos fueron obligados a firmar un documento acusatorio contra los dirigentes populares; Eliana y yo fuimos identificadas como militantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), al igual que los demás compañeros universitarios.
Las autoridades universitarias encabezadas por el rector Enrique González Ruiz iniciaron la negociación por nuestra libertad durante la marcha por el aumento del subsidio a la UAG. Como una forma de solidarizarnos, al interior de los separos de la Policía Judicial iniciamos una huelga de hambre; los judiciales quisieron sabotearla: invitaron a una señora a freír carne y chorizo allí mismo en las oficinas. En huelga de hambre nos trasladaron al Centro de Readaptación Social de Las Cruces, inaugurado ocho meses antes. Nos convertimos en los primeros presos y presas de conciencia de ese lugar, categoría otorgada por Amnistía Internacional después de la visita de doña Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité de Familiares Pro- Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. Durante el año y nueve meses de nuestra reclusión, doña Rosario no dejó un día de luchar por nuestra liberación, acompañó a nuestros familiares a las reuniones a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México y apoyó moralmente sus actos de protesta todos los viernes en Chilpancingo en la plaza central, frente al Palacio de Gobierno.
El movimiento universitario-popular logró que los colonos de las partes altas de este municipio conservaran sus terrenos, pero la represión detuvo el proceso de mejoramiento de las condiciones de vivienda y los servicios públicos. El huracán Otis evidenció la fragilidad de muchas de aquellas casas y la falta de condiciones dignas para ser habitadas. Es un buen momento para reflexionar sobre las necesidades de quienes menos tienen en el emblemático e histórico anfiteatro de Acapulco.

 Evitar el arrastre de desechos sólidos a la bahía, uno de los propósitos, dice la coordinadora de Servicios Públicos, Rosa María Gómez Saavedra

 Luluani Vega

 Con el propósito de evitar que el arrastre de desechos sólidos llegue a la Bahía de Santa Lucía, la Coordinación de Servicios Públicos Municipales llevará a cabo, a partir de hoy, el programa emergente de descacharrización 2004, Limpia tu Colonia.

La coordinadora de los Servicios Públicos Municipales, Rosa María Gómez Saavedra, informó que el programa concluirá el 1 de julio y trabajarán en 140 colonias de Acapulco, 29 escuelas y 18 barrios históricos, con un presupuesto de 600 mil pesos y la participación de la Secretaría de Protección y Vialidad, Ecología, Salud Municipal, entre otras dependencias del municipio.

Gómez Saavedra informó que se contrataron 50 peones y rentaron 15 camiones particulares, debido a que la Dirección Municipal de Saneamiento Básico no tiene la capacidad para apoyarlos en el programa.

Otro de los objetivos dijo la funcionaria municipal, es evitar que la ciudadanía tire desechos sólidos en las cuencas o canales.

Las colonias que se atenderán son: Silvestre Castro, Antorcha Revolucionaria, Juan R. Escudero, Cuauhtémoc, Alta Cuauhtémoc, El Mirador, Santa Cecilia, Morelos, Reforma, Pueblo Nuevo, Bella Vista,        Ampliación Santa Cruz, Palma Sola, Módulo Social Fovissste, María de la O, Independencia, Plan de Ayala Guadalupe Victoria, entre otras.

Aseguró también que esperan mejorar los resultados que obtuvieron el año pasado, cuando se recolectaron unas mil 350 toneladas de cacharros, los cuales fueron trasladados al relleno sanitario ubicado en Paso Texca, “esperamos recolectar más que el año pasado, invitamos a la gente a participar”.