Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Diez años después de que la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid los dejó sin hogar, aún no se resuelve el problema de vivienda de cientos de familias damnificadas que fueron reubicadas en el fraccionamiento Nuevo Mirador, al lado de la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo.
El gobierno los sacó de una zona de riesgo para traerlos a otra igual, lamentan.
Actualmente, 42 edificios con 176 departamentos están en proceso de demolición porque eran inhabitables, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador planeó construir nuevas viviendas en el mismo lugar, que se entregarán en diciembre próximo. Pero algunos damnificados, entrevistados el pasado sábado, dudan de que esa promesa se cumpla, por la lentitud en las obras.
Algunas familias se encuentran hacinadas en casas construidas con desechos de material en un área verde del mismo fraccionamiento.
Explican que las viviendas que les construyó el anterior gobierno federal resultaron “inservibles”, y a 10 años de la tragedia, la actual administración los sacó para reconstruirlas pero ahora están en la incertidumbre porque no saben si se las van a entregar o cuándo.
Los 42 edificios y 176 departamentos que son demolidos forman parte del complejo de 582 viviendas del fraccionamiento Nuevo Mirador; todos desde el principio presentaron cuarteaduras y fallas estructurales.
En junio del 2018, 32 viviendas del mismo fraccionamiento ya habían sido demolidas por las mismas fallas. En este caso, sólo fueron habitadas 13 días, –del 23 de diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016– y las 32 familias también tuvieron que ser desalojadas.
El fraccionamiento forma parte del Plan Nuevo Guerrero que el gobierno de Enrique Peña Nieto implementó después de los daños con una inversión de mil 431 millones 780 mil pesos para la construcción de 10 mil 413 viviendas en 45 fraccionamientos ubicados diferentes regiones de la entidad.
En la mayoría se detectaron irregularidades por la inestabilidad de los terrenos, falta de certeza jurídica y fallas estructurales.
Por las irregularidades, solamente dos ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo del programa en la entidad, enfrentaron sanciones administrativas; el ex delegado Héctor Vicario Castrejón y la ex coordinadora de delegaciones, Sheila Karin Ortega Muciño, quienes fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por 10 años para ocupar cargos públicos.
A ambos funcionarios se les sancionó con base al expediente 0061/2017, cuya fecha de resolución fue el 9 de agosto de 2017.
La mayoría de las familias damnificadas por las lluvias del 13, 14 y 15 de septiembre del 2013, siguen sufriendo precariedad en sus viviendas a pesar de que el entonces presidente Enrique Peña Nieto les prometió una vivienda digna.
Frida Martínez Hernández, vivía antes del fenómeno meteorológico en la colonia Javier Mina, al norte de la ciudad, y su casa de madera se vino abajo durante las lluvias del 2013.
Personal de Protección Civil le avisó que ya era inhabitable la zona y junto con varios de sus vecinos se la llevaron al albergue que se instaló en la Escuela Primaria José Martí de la colonia Caminos.

El engaño comenzó desde el principio

Contó que después los trasladaron a unas instalaciones “en muy malas condiciones” de un Boliche, al sur de la ciudad, por lo que le pidieron al entonces alcalde, Mario Moreno Arcos que los cambiara a otro lugar y los llevaron a las instalaciones del CREA (hoy Unidad Deportiva Chilpancingo), de donde un año después quisieron desalojarlos con policías municipales, pero lo impidieron con el apoyo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG).
Resistieron hasta el 2015, cuando las aproximadamente 50 familias que estaban ahí fueron las primeras que llegaron al Nuevo Mirador y se instalaron en la manzana 1-A.
“Desde que llegamos todas las casas estaban cuarteadas, y con el tiempo se fueron deteriorando más. No estaban como nos las prometieron, nos dijeron que serían viviendas dignas, que estarían en las mejores condiciones pero fue mentira”, se quejó a ocho años de que recibió su vivienda.
El edificio que le tocó era de tres niveles y desde el tercero –en el que no vivía nadie porque la persona que lo habitaba murió al poco tiempo de que los reubicaron–, se filtraba el agua al segundo y de este al suyo que estaba en la planta baja.
“Eran chorros, tenía yo que poner cubetas. Además, de las paredes donde pasaba el cable de luz también escurría el agua, se veían las líneas por donde se metía y toda la pared se humedecía”.
Explicó que desde afuera, las viviendas lucían bien, “estaban bien pintaditas de distintos colores, pero desde dentro las cuarteaduras estaban a la vista por todos lados”.
Dijo que con el tiempo la pintura se fue descascarando y con los temblores las grietas se fueron abriendo y fueron más visibles, hasta que ya fue imposible vivir en ellas.
En junio pasado, de pronto, les dijeron que se tenían que salir porque se las iban a reconstruir, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, “pero nomás nos dijeron sálganse sin ningún respaldo de que nos las iban a devolver”, dijo Martínez Hernández.
Informó que les dieron un mes para que se salieran, sin que les entregaran un documento que les garantizara ni la construcción ni que se las devolverían.
Aun así muchas familias comenzaron a salirse, y los primeros, en cuanto les dijeron que se salieran, fueron los de la manzana 1-B.
“Nosotros fuimos los últimos porque ya no confiamos en las autoridades, no nos queríamos salir así nada más, queríamos un documento, con una fecha establecida de cuando nos las van a entregar”, declaró doña Frida entrevistada el 8 de septiembre.
Informó que la mayoría de las familias de la manzana 1-A son las que improvisaron sus chozas en el área verde del fraccionamiento, contra la voluntad de las autoridades, porque son de escasos recursos y no pudieron pagar los 2 mil o 2 mil 500 pesos que cobran de renta.
La vivienda de doña Frida se encuentra en medio de la maleza, bajo árboles de guamúchil y cazahuates y es de piso de tierra, desde lejos parece abandonada, y aunque como el resto de sus vecinos es de madera, lámina y desechos de material de construcción, a simple vista es la mejor de todas.
Diez años después de los daños provocados por Ingrid y Manuel, lamentó que los hayan sacado de una zona de riesgo para traerlos a otra igual.
Dijo que fue la causa de que muchas familias damnificadas apenas recibieron su casa, las vendieron y se fueron. Otros las rentan aún en las malas condiciones en que se encuentran.
Los primeros dos meses de vivir aquí, las familias carecían de servicio de transporte, tenían que caminar hasta la colonia La Cinca o al bulevar Chilpancingo-Petaquillas, aproximadamente a un kilómetro y medio para abordar el transporte y llevar a los niños a la escuela a Chilpancingo o los adultos a sus trabajos.
El servicio de agua entubada lo tuvieron sólo tres meses, después la red colapsó y ahora compran a 120 pesos el rotoplás de mil 200 litros.
El drenaje funcionó los primeros meses, después comenzaron a taparse las coladeras y actualmente el problema es frecuente, cada vez que colapsa tienen que llamar a personal de Protección Civil.
Según les han dicho a los vecinos, las más de 500 casas tienen que ser demolidas en etapas por fallas estructurales, las primeras fueron las 176 de los 42 edificios de la manzana 1-A.
La coordinadora del Plan de Reconstrucción de la Sedatu, Aurora Muñoz Martínez y el delegado de los programas federales Iván Hernández Díaz, les dijeron que se terminarán de construir las nuevas casas en diciembre, pero creen que será otro engaño, “porque van muy lentos y no creemos que terminen, una sola máquina está trabajando y aún no terminan de demolerlas”, dijo Frida Martínez.
María Andrés Tolentino fue otra de las damnificadas en el 2013. Vivía en la colonia Los Tanques, al noreste de Chilpancingo.
Su casa quedó aplastada por un derrumbe y el Ayuntamiento ya no la dejó vivir ahí porque le dijeron que era peligroso.
Con dos hijas y tres nietos fue a parar al albergue del CREA y un año después, junto con todos los alojados los reubicaron al fraccionamiento Nuevo Mirador.
“En las primeras lluvias vimos que las casas eran unas coladeras, todos nos mojábamos, las casas no sirvieron”, reprochó.
Recordó la promesa del ahora ex presidente Enrique Peña Nieto cuando los visitó días después de Ingrid y Manuel en las instalaciones del CREA, “nos dijo que íbamos a recibir vivienda digna, pero no sirvieron, eran unas coladeras”.
Contó que cuando su vecina de la planta superior lavaba su piso, el agua se filtraba a su departamento “todo el tiempo olía bien feo a húmedo, las casas eran armazones con relleno”.
María Andrés y sus hijas viven ahora en una choza de palos y techo de láminas usadas en al área verde del fraccionamiento. En la entrada, sobre la tierra, colocó un fogón donde cocina.
Dijo que cuando les pidieron que se salieran del fraccionamiento para demoler el edificio, les dijeron que se fueran a rentar, “¿pero de dónde?, no tenemos, por eso nos quedamos aquí, a esperar hasta que hagan nuestra casa, pero mire, no le echan ganas”.
Frente a su choza permanece el escombro abandonado de los edificios demolidos, ningún trabajador se ve en el área, la escena es de desolación y en ruinas.
Diez años después de los daños provocados por Ingrid y Manuel, lamentó que los hayan sacado de una zona de riesgo para traerlos a otra igual.
Otra de las damnificadas, Floriberta Castañón Gaspar, vivía en la calle Encino de la colonia Vista Hermosa, al poniente de la ciudad, parte de su casa se cayó por un derrumbe y la mandaron al refugio de la Escuela Nicolás Bravo ubicada en esa colonia.
El Ayuntamiento que presidía entonces Mario Moreno cerró el albergue días después cuando el grupo de vecinos seguían adentro y tuvieron que pedir auxilio a un grupo de soldados que pasó por ahí y los trasladó al albergue del CREA, y un año después los reubicaron al Nuevo Mirador.
“Pero nomás eran una finta de casas porque por todos lados se les trasminaba el agua, por eso, ahora, las están destruyendo porque en realidad no servían”.
Se quejó que el delegado de los programas del Bienestar, Iván Hernández les dijo que les iba a dar apoyo para la renta, pero no cumplió.
“Nos aseguraron que en diciembre nos van a entregar nuestras nuevas casas, pero ya ve, estamos en septiembre y las siguen demoliendo todavía”.
Jorge Alberto Castro Hernández, es otro de los damnificados de Ingrid y Manuel y tenía su casa entre la colonia Lomas de Xocomulco y Sección Séptima, al poniente de la ciudad, ahora vive en la zona verde del Nuevo Mirador con 11 personas de su familia, las mismas que cohabitaban hacinados en la vivienda que demolieron.
Dijo que espera que, aunque no sea más amplia la casa que les van a hacer, “cuando menos que sea una buena obra, no como las que nos entregaron.
Contó que desde un principio les dijeron que las viviendas (que demolieron) tendrían una durabilidad de 10 años y que después de este tiempo se iban a empezar a caer”.
Declaró que actualmente no saben si se las van a entregar y cuándo, también porque las lluvias se les meten en la choza que habitan actualmente. “Sé que estamos bajo nuestro propio riesgo, pero es porque no tenemos a dónde ir, por eso les pido a las autoridades que le metan empeño y agilicen la construcción antes de que se vaya el presidente Andrés Manuel”.