Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Yoloczin Domínguez Serna, afirmó la investigación para establecer sanciones por la demolición de la biblioteca Siervo de la Nación continuará, porque independientemente de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT), haya autorizado la demolición, fue a una decisión del entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel.
Después de que en comparecencia ante el pleno de la secretaria de Desarrollo Urbano, Irene Jiménez Montiel, informó que la demolición de la biblioteca se determinó a partir de un estudio hecho por la dependencia y la solicitud de Sánchez Esquivel, ayer fue consultada la presidenta sobre lo que sigue en ese proceso.
En breves declaraciones en el Congreso local, Yoloczin Domínguez dijo que la decisión de solicitar a la dependencia el realizar la demolición y construcción de un nuevo edificio en lugar de una rehabilitación como lo aprobó el pleno del Congreso local, no se tomó de manera colegiada y por lo tanto se debe sancionar a los responsables.
Apuntó que la investigación la realizan los órganos internos del Congreso local en este caso la contraloría y el jurídico y que están aún pidiendo información y respondiendo a las dependencias respecto a documentación que enviaron al Congreso local, y de los cuales requieren más datos: “es un proceso, yo no puedo adelantarme porque sería entorpecer el proceso de investigación”.
Adelantó también que solicitarán “que haya responsabilidad legal, para todos aquellos actores que tuvieron que ver con estas decisiones de manera unilaterales”.
Recordó que a pesar de que quien preside la Jucopo tiene facultades para la toma de decisiones, no es para todo porque la Junta es un órgano colegiado, además de que la solicitud de cambiar la rehabilitación por una demolición va en contra de la decisión que tomó el pleno en la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022.
“Es un recurso que ya estaba aprobado, etiquetado por el pleno para un uso específico que era rehabilitar la biblioteca, el hecho de que una persona haya tomado la decisión de solicitar a la Secretaría de Obras el reorientar ese recurso, no es adecuado, primeramente lo debió haber informado, socializado, consensado con la Junta”, así como al Comité de Administración o al pleno, aseguró la morenista.
Yoloczin Domínguez, sin embargo, dijo que el Poder Legislativo no es la instancia que determinará las sanciones al responsable, esto a pesar de que es la contraloría y el área jurídica del Congreso las que están realizando las investigaciones.
A pregunta hecha por un reportero respecto a cuáles son estas instancias las que determinarían las sanciones, la morenista dijo: “terminemos primero de concluir este proceso de investigación de manera interna”.
Reiteró que habrá sanciones a los responsables porque se cometió una “afectación al patrimonio del estado”. Esperan que antes de que concluya el año poder dar el banderazo de arranque de la obra del nuevo edificio.