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Se manifiestan de nuevo padres de la primaria bilingüe de Ahuixtla, Chilapa; piden la salida de cuatro maestros

 

Padres de familia de una primaria bilingüe de la comunidad Ahuixtla, se manifestaron para insistir en su exigencia de cambiar a cuatro maestros por inasistencias y por maltrato a los alumnos.
Una docena de padres de familia de la primaria bilingüe Benito Juárez, con una matrícula de 142 alumnos, ubicada en Ahuixtla, a unos 50 minutos de la cabecera, se manifestaron en el centro de esta ciudad, para exigir ahora al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, la salida y reposición de cuatro maestros de esa institución.
Los manifestantes mostraron a la ciudadanía pancartas y una lona, con la demanda por la que se han movilizado desde el pasado 6 de febrero con el cierre de la escuela, luego en una conferencia de prensa en Chilpancingo y en tres ocasiones en esta ciudad.
Victoriano de la Cruz Nava informó que después de una reunión que tuvieron el lunes con la jefa de sector, María de los Ángeles Tlacotempa, y el delegado regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jerónimo Maurilio Morales, no se llegó a ningún acuerdo, pues este último les propuso que los cuatro maestros impugnados regresaran a laborar y que esta vez cumplirían el horario.
“La idea del delegado es regresar a los mismos profesores, pero nosotros ya tomamos una posición como comunidad, queremos el cambio de los profesores, hay documentos y pruebas. Vamos a buscar otras dependencias, queremos autoridades que tengan capacidad de resolver los problemas. No vamos a callar y no vamos a descansar, hemos tomado la decisión de seguir luchando hasta las últimas consecuencias”.
Dijo que a los maestros ya los han visto trabajar por cinco años y que su desempeño ha sido el mismo. “Ya no queremos que regresen los mismos profesores para no estar discutiendo. Ya se les dio la oportunidad”.
Margarito González Nava dijo que la desatención de los alumnos de la primaria Benito Juárez provoca que los egresados que llegan a la telesecundaria no saben leer ni escribir. “No pueden seguir los niños sin estudio”.
“Ya aquí nos dijo el delegado que no nos va a resolver, exigimos al secretario de Educación José Luis González de la Vega que mande a otros maestros, queremos una audiencia”.
En tanto, la presidenta del comité de padres de familia, Ruth Modesto Mardoniano, responsabilizó al delegado Jerónimo Maurilio de que sus hijos no tengan clases y de que no tengan calificaciones en el tercer bimestre, así como de la falta de boletas de calificación de los alumnos de sexto grado.
Los padres de familia han expuesto que en el presente ciclo escolar, sus hijos no tuvieron clases de septiembre a diciembre, por el colapso en el sector por la inseguridad en la región, y que a partir de enero los maestros Efraín Visca Tomatzin, Delfino Sánchez Vázquez, Elías Mosso Cruz y el director Edgardo Moyao Chanón, han faltado varios días a laborar, salen de trabajar temprano y han maltratado a algunos niños jalándoles las orejas.
Además que desde septiembre pasado han solicitado la reposición de otros tres maestros, que dejaron la escuela por fallecimiento, jubilación y cambio de adscripción.

 

Presenta Astudillo ante periodistas a la fiscal especializada para delitos contra el gremio

El gobernador Héctor Astudillo Flores presentó como la fiscal especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas a Rigoberta Román Orea, y ofreció que la Fiscalía General del Estado (FGE) informará a los familiares de colegas asesinados en los dos años de su gobierno sobre los avances que se han obtenido en las investigaciones.
La primera reunión con convocatoria abierta a periodistas de las diferentes regiones del estado, se realizó la reunión ejecutiva sobre las acciones del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que la principal demanda fue que haya justicia y castigo a los autores de los asesinatos de colegas y el cese al hostigamiento de funcionarios públicos en contra de reporteros.
En el encuentro que se realizó en Casa Guerrero, no se dieron detalles sobre los casos de los periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador, Francisco Pacheco de Taxco, y Cecilio Pineda Birto, de Ciudad Altamirano.
Pero a pesar de esto, Astudillo enfatizó que tiene las tarjetas con la información de hasta dónde ha llegado la investigación, aunque no entró en detalles sobre los avances.
“Tengo información de cómo está cada uno de los casos y cómo se están conociendo algunos de los detalles de estos acontecimientos”, agregó.
En una reunión que duró poco más de tres horas, el gobernador presentó como fiscal especializada en atención a delitos contra periodistas a Rigoberta Román, quien se desempeñaba como directora ge-neral de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Dere-chos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
En la administración pasada se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Mujer.
“Otro de los compromisos que yo quiero cumplir en esta ocasión es el tema de la persona que será responsable de la fiscalía, la persona responsable es Rigorberta Román”, dijo Astudillo.
Con el fiscal general Javier Olea Peláez a su izquierda, quien formalmente es el jefe de la nueva fiscal, el gobernador le indicó a ésta que deberá buscar un plazo en coordinación con la Secretaría General de Gobierno para echar andar la nueva unidad, así como se deben de buscar enlaces regionales de una sola persona para estar coordinando los trabajos.
También estaban con el gobernador el delegado de la Secretaría de Gobernación Ramiro Ávila, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, la de Desarrollo Social Alicia Zamora y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs.
El Ejecutivo no entró en detalle sobre la operatividad y sólo puntualizó que se trabajará también con un número de teléfono especial, que estará a disposición del C4 para una atención inmediata en casos de emergencias.
También propuso que los reporteros nombren a cuatro representantes para la Junta de Gobierno, y nueve para el Consejo Consultivo de este mecanismo.
Tras la participación de 30 periodistas de distintas regiones, Astudillo Flores pidió que formaran una comisión que fuera a dialogar con los diputados locales, para agilizar la reforma a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual se requiere para que el mecanismo entre en funciones.
“El compromiso mío es hablar con los diputados para que la iniciativa de la reforma sea escuchada, ustedes no sé cómo organicen una comisión para hablar con los diputados”, señaló.
También propuso que la Secretaría General de Gobierno dé seguimiento puntual al caso de la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Brenda Escobar, y se le presten las medidas correspondientes para su seguridad, tras ser amenazada por familiares del detenido que es acusado de asesinar a la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, el pasado jueves.
Y pidió a los reporteros que le ayuden y que haya una coordinación con su gobierno paraque pueda avanzar el estado.
Dijo que también se hará un llamado a los municipios más grandes, para que colaboren en la protección de los periodistas y mencionó a Acapulco, Chilpan-cingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Ometepec y Chilapa.
El gobernador insistió en que se debe de crear el mapa de riesgo, siempre y cuando los reporteros participen, y que también lo hagan elaborando una lista de los reporteros en riesgo en cada una de las regiones de Guerrero.
“Yo, finalmente les agradezco que hayan venido a Chilpancingo a reunirse, yo a todas y todos les reitero mi afecto y mi respeto”, terminó.
En su intervención, el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores Contreras, subrayó que en Guerrero no hay libertad de tránsito, ya que cuando tratan de realizar su trabajo deben cruzar retenes de grupos armados en las carreteras.
“Esto fue lo que propició el ataque a nuestros siete compañeros (en Acapetlahuaya), que fueron prácticamente asaltados por la situación que todos conocemos, de los grupos que operan en la región Norte”, agregó.
Insistió en que la violencia es un hecho que afecta a todos, hasta a los propios colaboradores del gobernador.
“Han asesinado a trabajadores del gobierno del estado, han asesinado a profesores, han asesinado estudiantes, niños, periodistas y lamentablemente no vemos a nadie en la cárcel, no vemos eso que reclaman las madres de Chilapa”, agregó.
Por su parte, Jaime Irra, de la Agencia IRZA, puntualizó que no hay seguridad de que las dependencia encargadas de impartir justicia cumplan su tarea de castigar.
En la reunión, varios reporteros coincidieron en que el problema más significativo es que el gobierno del estado no puede garantizar seguridad ante los recurrentes hechos de violencia.
Otros preguntaron qué seguridad pueden tener, si el propio gobierno del estado se dedica a hostigar a los reporteros durante su trabajo diario, por lo que no compartían la factibilidad del mecanismo.
En las poco más de tres horas de reunión, algunos de los asistentes aprovecharon para señalar que es importante que las empresas de medios mejoren los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
También demandaron que se mejore la atención a los periodistas en el sector de salud y el Fondo de Apoyo para Periodistas, además atenciones personalizadas en las diferentes dependencias para cada una de sus peticiones.