En 2024 Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop) nos transmitía con mucho pesar su preocupación: “El domingo 11 de agosto recibí una amenaza de muerte. Estaba en El Fraile en una asamblea cuando se acercó un tipo para decirme: ¡Cuídate cabrón! Los jefes están muy enojados por lo que dijiste en la asta bandera. Ese día organizamos una protesta por el tercer aniversario de la desaparición de mi hermano Vicente. Ahí señalé a los autores materiales que está investigando la Fiscalía del estado. Era como la una de la tarde y aún no terminaba la reunión. Me advirtió que si seguía no me la iba acabar porque para la otra vendrían a rafaguearnos. Comprendí que el mensajero pertenecía al mismo grupo”.
Las amenazas continuaron: “El jueves fui a mi trabajo. Llegué como a las 5:40 de la tarde a playa Icacos. Me percaté que el área donde me instalo estaba invadida. Pregunté quién la estaba ocupando. Nadie dijo nada. De repente llegó otro tipo para decirme que su jefe le había dado la orden de ocupar el lugar. Le aclaré que yo cuento con permiso para rentar motos y que ahí trabajo desde hace muchos años. Le advertí que no me quitaría. No me respondió. Sólo agarró su teléfono y le habló a su jefe. Le dijo que ya estaba ahí y que fueran por mí. En ese momento me retiré y me fui a la casa”.
Marco Antonio informó de estas amenazas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de la Secretaría de Gobernación. Solicitó que tomaran cartas en el asunto. Manifestó que los riesgos que enfrentaba eran mayores y que temía por su seguridad y la de sus familiares. Pidió formalizar su petición sobre la inminencia de las amenazas. Demandaba el acompañamiento de la Guardia Nacional. No veía otra forma más segura para continuar su lucha como defensor y para conservar su fuente de trabajo.
Con motivo de la desaparición de su hermano Vicente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la familia, incluyendo a Marco Antonio. A pesar de esta cobertura internacional las autoridades federales no dimensionaron el grave peligro que corría Marco Antonio. Sólo se redujeron a proporcionarle un teléfono satelital y un botón para emergencias. En medio de múltiples peligros Marco nunca suspendió las reuniones dominicales en Cacahuatepec y tampoco abandonó su trabajo en la playa.
Desde el 2003 cuando se conformó el Cecop, Marco Antonio abrazó la causa de los pueblos pobres del Acapulco rural. Después de estudiar arquitectura regresó a su comunidad e hizo suya la lucha de su padre. Recuperó los conocimientos que desde niño aprendió. Valoró la riqueza que conservan las tierras comunales de Cacahuatepec, experimentó la desigualdad social, los despojos de sus tierras, la extracción de agua para trasladarla al puerto de Acapulco, la sobre explotación del río por parte de los empresarios gravilleros. El abandono secular, la pobreza, el desempleo y los tratos discriminatorios de los gobiernos en turno fueron moldeando al defensor comunitario. Comprendió que podía servir mejor a su gente que regresar a la ciudad y olvidarse de sus raíces.
Al enterarse de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había entrado a las tierras comunales de su núcleo agrario sin pedir permiso, las comunidades vecinas empezaron a reunirse los domingos para platicar lo que estaba pasando. Tuvieron conocimiento por la gente de las comunidades que era contratada de que construirían una presa. Metieron maquinaria y empezaron a hacer socavones para iniciar la construcción de la cortina. Ante estas acciones unilaterales las comunidades decidieron detener a los ingenieros para impedir que continuaran los trabajos. Procedieron a realizar plantones como la medida más efectiva para vigilar la entrada y salida de personas ajenas a su núcleo comunal. Las asambleas cobraron importancia y fuerza por ser la instancia más apropiada para la toma de decisiones.
En este proceso la figura de Marco Antonio Suástegui fue clave porque le dio voz a los comuneros y comuneras e impulsó un movimiento de resistencia que cobró notoriedad al denunciar públicamente los atropellos que estaban sufriendo por parte de la CFE. Marco nunca imaginó los grandes intereses económicos que había detrás de la presa y el respaldo presidencial por tratarse de una obra estratégica. Su lucha abierta le generó muy pronto amenazas de los gobernadores en turno que usaron a la Procuraduría del estado para acusarlo de varios delitos: robo de maquinaria y privación de la libertad.
En 2005 fue detenido por primera vez por órdenes del entonces gobernador René Juárez Cisneros. Logró salir al pagar una fianza. Marco Antonio en lugar de retroceder y flaquear asumió con mayor firmeza y determinación la lucha contra la presa. Logró que el Cecop adquiriera presencia en el estado y en el país. La difusión de su experiencia en varios países de Latinoamérica logró incidir en las instancias internacionales. A las autoridades del estado esa proyección desbalanceaba sus planes privatizadores.
El 17 de junio del 2014, es detenido y encarcelado en el penal de La Unión para alejarlo de su área de influencia y aplicar un castigo más severo al mantenerlo incomunicado de su familia y sus abogados. Nuevamente le fabricaron delitos del fuero común como robo, lesiones, despojo y daños. El enojo del gobernador Ángel Aguirre Rivero era muy grande, por eso gestionó ante las autoridades federales el traslado de Marco Antonio al Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit. El castigo fue para dejarlo incomunicado y para impedir que tuviera una defensa que lo acompañara en su proceso. Marco no se doblegó, se logró a través de un amparo que lo regresaran al penal de La Unión el 31 de marzo del 2015. Nuevamente salió libre el 24 de agosto de 2016 por resolución de la sala penal.
La división de los comuneros que promovieron los gobernadores y los presidentes de Acapulco para debilitar al Cecop desencadenó confrontaciones y hechos de sangre. El fatídico 8 de febrero de 2018 se da un enfrentamiento entre policías comunitarios de La Concepción con las autoridades de la comisaría municipal, en el marco de un baile de la fiesta patronal. En la refriega de la madrugada murieron tres policías comunitarios y seis miembros de la comisaría. Después de un aparatoso operativo de la Policía Estatal apoyada por elementos de la Policía Ministerial y del Ejército ejecutaron a dos policías comunitarios que se opusieron a ser desarmados. Al ver que la gente del Cecop llegaba a la Concepción para auxiliar a sus compañeros, los policías golpearon y detuvieron a 35 compañeros. Marco Antonio y Vicente Suástegui formaron parte de este grupo. Al pedir que los policías auxiliaran a los familiares de los caídos se lo llevaron a la orilla del pueblo para torturarlo. Posteriormente fueron trasladados al penal de Acapulco.
Fue un juicio complicado por lo que implicaba dominar las técnicas de litigación que requiere el nuevo sistema penal acusatorio, sin embargo, se pudo aprender en el mismo proceso logrando la libertad de todos los comuneros el 8 de junio de 2019. De nueva cuenta Marco Antonio es liberado por tercera ocasión, demostrando que su lucha es limpia y que los delitos que le han endilgado están motivados por cuestiones políticas. La estrategia ha sido acallarlo y criminalizar su lucha.
Marco Antonio ha entregado su vida para defender el río Papagayo y las tierras comunales de Cacahuatepec. Con los comuneros y comuneras se enfrentó a los policías municipales y estatales que impedían la entrada a las asambleas espurias convocadas por la Procuraduría Agraria. Denunció a los presidentes municipales de Acapulco que se obstinaron en dividir a las comunidades para socavar la organización del Cecop. Encaró a los gobernadores por sus marrullerías y denunció sus tropelías. Su casta de defensor la puso a prueba cuando desaparecieron a su hermano Vicente. Se puso al frente de las búsquedas y entró a lugares controlados por la delincuencia. En los primeros dos años cada mes organizaban mítines para exigir la presentación con vida de su hermano Vicente.
Fue un golpe muy duro que cimbró el espíritu guerrero de Marco Antonio. Nunca dio un paso atrás, por el contrario, asumió nuevas luchas como la de los Turisteros Unidos en Defensa de la Playa Icacos (Tuderpi) que se han organizado para proteger y defender la playa Icacos. Con los huracanes Otis y John Marco acudió en auxilio de las comunidades que fueron inundadas. El 27 de septiembre nos reportó que el río Papagayo se había desbordado y que había inundado a la mayoría de comunidades que forman parte del núcleo agrario de Cacahuatepec. Documentó con imágenes de video las casas derrumbadas y las tierras inundadas. Tomó registros de las cosechas de maíz, frijol y calabaza que se perdieron y las huertas de limón y palmas de coco que fueron severamente dañadas por el viento y por el agua. En lancha recorría las comunidades porque no había forma de caminar por las callejuelas y veredas. Nos mostró en imágenes cómo quedó su casa, un lugar emblemático donde cada domingo realiza las asambleas del Cecop para promover los trabajos de reconstrucción.
Con estos reportes Marco Antonio mostró su gran sensibilidad, su compromiso con la gente pobre del campo y su perfil humanitario. Con los contactos que cultivó como líder del Cecop logró atraer a varias fundaciones que hicieron recorridos en las comunidades para verificar los daños y vislumbrar qué tipo de apoyo requerían. Al ver la devastación de las comunidades solicitó maíz para abastecer de granos básicos a las familias y láminas galvanizadas para reconstruir los techos de las precarias viviendas. Actualmente hay varias fundaciones que apoyan y cuentan con la asesoría y acompañamiento de organizaciones solidarias que trabajan en el mejoramiento de la red de agua potable, en la reconstrucción de viviendas, la construcción de baños y la implementación de proyectos integrales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La gente de las comunidades de Cacahuatepec está pendiente de Marco Antonio. Han viajado a Acapulco para conocer su estado de salud. Saben que está delicado y que tuvo una segunda operación este domingo por la madrugada. El gobierno del estado ha asumido el compromiso de apoyar en los gastos médicos que se requieran. Todos deseamos que Marco Antonio recupere su salud. Este domingo de resurrección la gente realizó su asamblea como cada ocho días. Se informaron del estado de salud de Marco. Esperan que las autoridades investiguen los hechos, que garanticen seguridad a sus familias y que brinden todo el apoyo a Marco Antonio y que garanticen seguridad y paz en el puerto de Acapulco.

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Este primero de junio tendremos por primera vez en nuestro país elecciones judiciales. Se trata de un proceso electivo que representa un gran reto para la autoridad electoral que tiene como mandato preparar la elección para que el 100 por ciento de las personas de la lista nominal puedan ejercer su voto. Los lineamientos del INE prohíben actos masivos de los aspirantes a juzgadores, no se permite que contraten espectaculares y bardas para promocionarse. No pueden comprar publicidad en medios de comunicación, en redes sociales ni en espacios físicos. Queda vetada la participación de los partidos políticos y los candidatos no pueden realizar ni pagar encuestas. Serán campañas que no contarán con financiamiento público y los topes de gastos estarán monitoreados por el INE.
Los recortes presupuestales impuestos por el Congreso Federal al INE repercutirán en el número de casillas instaladas, habrá menos centros de votación, las distancias serán más largas y los electores tendrán que disponer de mayor tiempo para ejercer su voto. En esa fecha las ciudadanas y ciudadanos depositaremos 6 boletas. Se trata de elegir a 9 ministros y/o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 Magistrados de Circuito y 386 personas juzgadoras de Distrito.
De acuerdo con información oficial hay más de 5 mil candidatos para todos estos cargos. Son 81 candidatos para la SCJN, 18 candidatos para la Sala Superior del TEPJF,135 candidatos para las salas regionales del TEPJF, 45 candidatos para el Tribunal de Disciplina Judicial, 2 mil 784 candidatos a magistrados de circuito y 2 mil 316 candidatos para jueces de distrito. En total se elegirán 881 cargos.
En esta elección judicial los guerrerenses quedamos supeditados a los intereses de los grupos parlamentarios del Congreso local que a nivel cupular determinaron postergar la reforma judicial local. Dejaron intocado un poder opaco cuya impartición de justicia tiene una gran deuda para un pueblo castigado por la pobreza y sediento de justicia. Los intereses de la clase política son los que rigen a las autoridades judiciales en turno, por eso la sociedad guerrerense no confía en la imparcialidad, pulcritud e independencia de los juzgadores y juzgadoras, porque son parte de las elites políticas y de las castas familiares que se heredan los cargos. La carrera judicial en Guerrero genera grandes dividendos y goza de múltiples privilegios, es ajena a las grandes luchas que han protagonizado movimientos de campesinos, indígenas, normalistas, maestros, universitarios, feministas, colonos y colectivos de víctimas. Todos son catalogados como actores incómodos, rijosos y radicales. Los califican como provocadores e incitadores de la violencia. A ellos y a ellas se les aplica todo el peso de la ley porque no son amigos ni aliados del poder. La justicia se torna inalcanzable.
Esta elección judicial será para jueces federales, magistrados y ministros. Es importante ubicar cuáles son los grandes problemas que enfrentamos como ciudadanos y ciudadanas con estas instancias del Poder Judicial de la Federación.
Con las reformas del sistema de justicia penal acusatorio y reforma de derechos humanos del 2011, la SCJN ha tenido grandes avances, sin embargo, no ha sentado precedentes de gran calado en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte no ha generado jurisprudencias. El espíritu de la Constitución de 1917 tiene como columna vertebral la justicia social, los derechos a la salud, la educación, vivienda y alimentación. Hoy en día se han podido consolidar porque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador elevó a rango constitucional los programas sociales, sin embargo, la SCJN no ha impulsado estos derechos. No hay lineamientos ni precedentes de carácter obligatorio para que los jueces de distrito hagan justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy en día los nuevos ministros tienen que priorizar el tema de la justicia social para salvaguardar derechos consagrados desde 1917.
Un gran pendiente que tiene la SCJN son los derechos indígenas. Los precedentes son muy limitados, incluso ha avanzado más el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al reconocer los derechos políticos de los pueblos indígenas; a reconocer el autogobierno, la libre determinación y autonomía de los pueblos. Ha emitido resoluciones en materia de juicios ciudadanos interpuestos, como el caso de Cherán o el de Ayutla. Por el contrario, la Suprema Corte ha interpretado de manera limitada los derechos de los pueblos indígenas. Todavía tiene la idea errónea de que la libre determinación y la autonomía implica crear un Estado sobre el Estado mexicano. Es la teoría de la balcanización del país. Su visión es reduccionista y ajena a las luchas emancipadoras de los pueblos indígenas de américa.
Las candidatas y candidatos a ministros pueden ayudar a sentar importantes precedentes en temas tan sensibles como los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, principalmente el de la libre determinación y la autonomía de los pueblos, en el reconocimiento de la propiedad ancestral de sus territorios y de gobiernos propios. Será de gran relevancia contar con magistrados con este nivel de miras, magistrados que estén cercanos a los pueblos, que tengan sensibilidad y compromiso con la población pobre del campo y la ciudad. Ese tema debe estar en el centro de los debates para la renovación del poder judicial de la federación.
¿Qué pasa con el Poder Judicial en Guerrero? Aquí tenemos un grave problema porque todos los jueces y magistrados son del viejo régimen autoritario, con una visión cerrada y con una interpretación de la ley muy restringida. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas no asimilan lo que es la libre determinación. No les cabe en su visión legalista que haya una jurisdicción indígena, es decir, un sistema de justicia, seguridad y reeducación propio de estos pueblos.
Hay jueces que han cuestionado ¿cómo es que los pueblos indígenas van a hacer justicia? No lo pueden hacer porque la justicia es un ejercicio de mucha responsabilidad. Como jueces están en nuestras manos la libertad de las personas, las propiedades, y sólo podemos llevar la jurisdicción los que tenemos estudios especializados en esa materia. Es difícil que asimilen estas reformas, porque requiere incorporar una perspectiva intercultural, una visión pluralista del derecho y asumir que los pueblos son sujetos de derecho público, que se rigen por sus sistemas normativos propios.
Son jueces que aunque estén dentro del sistema penal acusatorio, no subsanan las grandes deficiencias que tienen en materia de derechos de los pueblos indígenas. Son poco receptivos, para interpretar la Constitución bajo el paraguas del artículo 2 constitucional que reconoce la libre determinación de los pueblos, la autonomía, el gobierno indígena. Han estado dictando fallos contra los pueblos indígenas. Pocos incorporan en sus análisis la perspectiva de género, la asimetría de poder en la que se encuentran las mujeres indígenas, las intersecciones que padecen y la discriminación de la que son víctimas.
Los problemas estructurales que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la justicia son añejos y complejos; prevalece la falta de traductores, hay mucha corrupción, parcialidad, discriminación a la población indígena. Carecen de intérpretes, no hay instancias de los pueblos indígenas dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, no contamos con una sala indígena, una representación que mínimamente vea por los pueblos indígenas. No hay nada.
Por otra parte, el Poder Judicial sigue teniendo presupuestos exiguos, sus instalaciones son deplorables. En Acapulco las salas de juicios orales son pequeñas y con mucha sobrecarga de trabajo. Los jueces tienen que esperar porque las salas están ocupadas. No hay lugar para que se siente el público, tampoco hay baños. De nada sirve que haya un nuevo sistema si no hay instalaciones dignas, amplias para que pueda funcionar adecuadamente.
En Tlapa tenemos un aire acondicionado descompuesto, los asientos están hechos trizas, no hay dónde conectar una computadora para revisar documentos de manera electrónica o alguna jurisprudencia.
En Guerrero la carrera judicial no es efectiva. La mayoría de los funcionarios del Poder Judicial son familiares, el parentesco es una regla sagrada. Las castas de la familia judicial forman parte de una tradición caciquil. Los cargos se heredan y son de corte endogámico. Es un círculo cerrado donde no hay manera de acceder si no es por el parentesco sanguíneo o de afinidad. Las historias abundan en el estado, muchas de ellas son inauditas. Lo grave es la opacidad con la que se manejan dejando de lado los principios de transparencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, objetividad, imparcialidad. Todo se tira por la borda para proteger intereses y privilegios. ¿Qué calidad en la impartición de justicia puede haber en los juzgadores y juzgadoras de Guerrero cuando están por encima de esta causa del pueblo guerrerenses, intereses familiares y facciosos? El nepotismo en el Poder Judicial, es un problema arraigado que se niega a ser arrancado de raíz.
Ahora entendemos por qué no se avanzó en la reforma judicial local. Son muchos intereses que están en juego y se requiere tiempo para el reacomodo de los grupos que se niegan a perder sus privilegios. La corrupción carcome a las instituciones del estado y nadie de los funcionarios está interesado en cortar de tajo este cáncer que nos ha contagiado como sociedad. La lucha imbatible de las familias, los colectivos, las organizaciones y los pueblos seguirá rompiendo estas redes de la delincuencia institucionalizada, seguirá dando la batalla en todos los frentes para remover los obstáculos que los mismos funcionarios del Poder Judicial ponen para hacer inaccesible la justicia. Mientras tanto hay una gran tarea de difundir esta reforma judicial y promover la participación de la gente que ha sido relegada por los poderes establecidos. Fue un buen ensayo el foro que se organizó este sábado 12 en la comunidad indígena de la Cortina, municipio de Ayutla, donde estuvo presente el candidato a ministro de la SCJN, Hugo Aguilar, indígena del pueblo na savi, que dio a conocer sus propuestas para que las demandas de los pueblos de México sean escuchadas por los futuros ministras y ministros. Fue un gran evento, único en el estado, donde quedó demostrada la capacidad de convocatoria de los pueblos para impulsar un nuevo poder judicial en Guerrero.

La Educación Integral en Sexualidad (EIS) es un derecho negado a los niños, niñas y adolescentes indígenas de la Montaña. En la región poco se habla de este tema y su conocimiento es reducido y muy vago, en muchas ocasiones se mal informa a los menores por los tabús y prejuicios que existen entre las personas mayores. En las mismas instituciones educativas hay serias limitaciones en cuanto al conocimiento y manejo apropiado de la información y el diseño de prácticas pedagógicas enfocadas a la salud reproductiva y la sexualidad.
La UNESCO recomienda que los gobiernos proporcionen a los niños, niñas y adolescentes (NNA) un acceso equitativo a la educación integral en sexualidad acorde a su edad y a su cultura, para obtener el más alto nivel posible de salud, incluyendo elecciones sexuales seguras, responsables y respetuosas, libres de coerción y violencia, así como garantizar su derecho a tener acceso a la información preferentemente traducida en lenguas maternas, para un autocuidado eficaz.
En el 2022 el Consejo Nacional de Planeación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó un estudio “El embarazo en la adolescencia y el acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva” en el que documentó que las y los adolescentes desconocían la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos y tuvieron nulo acercamiento a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR). El poco conocimiento de los métodos anticonceptivos deriva en un bajo uso, lo que se refleja en jóvenes adolescentes que declaran, entre las principales razones de un embarazo, el desconocimiento, la falta de acceso a los anticonceptivos o el descuido. Los resultados mostraron que la escuela representa el principal medio de difusión sobre SSR, de ahí la importancia de la educación sexual en las aulas y la coordinación con los servicios de salud dirigidos a adolescentes para fomentar una mejor educación en estos temas.
El contexto demográfico y socioeconómico complejiza la problemática que de por sí es muy amplia en el país, en cuanto a la implementación de la Educación Integral en Sexualidad (EIS). En entidades como la nuestra, que cuenta con altos niveles de pobreza y bajo nivel educativo, la falta de acceso a servicios de salud está estrechamente relacionada con problemáticas de salud sexual y reproductiva.
Es importante socializar la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene sobre la salud sexual: “que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y no solamente es la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales”.
La salud reproductiva la define también como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y para la planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no están legalmente prohibidos. Tener acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, asegurar el derecho a recibir servicios adecuados en cuanto a la atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y que den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos”.
Desde la perspectiva de los derechos humanos la salud sexual y reproductiva se entiende como el derecho fundamental de todas las personas a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y segura, así como a tener la capacidad de decidir libremente sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad y su capacidad reproductiva sin discriminación ni coerción.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México la población de 0 a 19 años representó el 34.0 por ciento de la población del país, lo que equivale a poco más de 42.7 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA). El 5.8 por ciento de NNA habitan en municipios de alto y muy alto rezago social, principalmente en municipios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
La salud sexual y reproductiva en NNA es un derecho humano que presenta diversos retos y problemáticas, principalmente los embarazos no planeados, que es un fenómeno que deriva en complicaciones en el mismo embarazo y en el parto. Un estudio del CONEVAL muestra que el embarazo adolescente es un problema público que no ha logrado contenerse en los últimos años y que tiene un componente importante de género por la situación de pobreza, al presentarse en forma mayoritaria en este sector que pone en riesgo su vida misma. La evidencia señala que las y los adolescentes desconocen la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos y tienen escaso acercamiento a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Adicionalmente el embarazo de NNA está asociado con complicaciones de salud como hipertensión gestacional, preeclampsia y diabetes gestacional. El embarazo infantil y adolescente no solo es un período de riesgo para la salud de madres e hijos/as, también presenta efectos negativos de tipo psicosocial como el cambio de proyecto de vida, problemáticas en el ambiente familiar y social, así como deserción escolar y pérdida de oportunidades laborales. Las adolescentes al no encontrarse preparadas para la maternidad experimentan depresión, ansiedad y otros sentimientos y emociones negativas.
El aborto en condiciones no seguras es una de las consecuencias del embarazo adolescente. Hay estimaciones que poco más de la mitad de los embarazos no deseados, 55 por ciento, entre las adolescentes de 15 y 19 años, en los países pobres terminan en abortos, que con frecuencia son realizados en condiciones insalubres o en la clandestinidad. Las adolescentes de 10 a 14 años son especialmente vulnerables debido a su inmadurez física, emocional, psicológica y el grave problema de la desnutrición que padecen la mayoría de adolescentes indígenas. Estas vulnerabilidades ocasionan partos prematuros, con un mayor riesgo de mortalidades materna y neonatal, así como mayor probabilidad de preeclampsia y eclampsia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) en México la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) se ubicó en 45.2 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. En ese mismo año nuestro estado aparece con la TEFA más alta con el 82.1, seguido por Chiapas (78.6) y Zacatecas con 74.4. Es un escenario complejo y muy desafiante para el país, pero sobre todo para las autoridades de Guerrero, asumir en su justa dimensión estos retos, ante todo deben de implementar una estrategia integral que aborde tanto las causas directas de la fecundidad adolescente como los factores socioeconómicos, culturales y raciales que contribuyen. Es impostergable instrumentar una política pública coherente y sostenida que se comprometa con la reducción de la TEFA, tomando en cuenta los contextos regionales y las realidades locales, garantizando que los recursos económicos estén disponibles y se utilicen de manera efectiva.
El embarazo de las NNA es multicausal, sobresalen la falta de una educación sexual integral, el bajo nivel educativo y la falta de preparación de los docentes. En la Montaña la situación es muy deplorable porque ni siquiera hay centros educativos, tampoco personal docente que tenga formación intercultural y bilingüe, mucho menos con perspectiva en educación sexual y reproductiva. Esta discriminación secular ha sido la causante de que las NNA no estudien, se les trunque la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y encontrar nuevos horizontes en la vida, más allá de los matrimonios tempranos. Ante este abandono las niñas y niños están condenados a vivir en el analfabetismo, a no ejercer su sexualidad de manera segura y satisfactoria y a tener información adecuada para decidir libremente cuándo casarse, con quién casarse y cuántos hijos tener.
Lo más grave que enfrentan las niñas y niños de la Montaña son los matrimonios forzados que se han arraigado en los municipios más pobres de la región y del país. Las consecuencias son devastadoras ya que la violencia sexual conlleva violencia de los suegros, los maridos que se profundiza con la complicidad de las autoridades municipales que protegen a los violadores y obligan a las mujeres a soportar estos agravios y a sufrir estoicamente sus arrebatos de violencia que desembocan en feminicidios, que en los últimos años se han incrementado en la región.
Los asesinatos de mujeres son parte de los crímenes más comunes que se consuman tanto en las comunidades más recónditas como en las cabeceras municipales. Tlapa es un trágico ejemplo: en las últimas tres semanas se han consumado 4 feminicidios. El más reciente sucedió el viernes pasado a un costado de la tienda Elektra, en pleno centro de la ciudad.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado en el 2020, en la que demanda a las autoridades del estado las garantías para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo en casos de violencia. A pesar de que ya se han emitido dos alertas, la situación de Guerrero es deplorable, porque las niñas siguen padeciendo la violencia impuesta por sus padres y sus maridos. Ninguna autoridad se compromete a acompañarlas en las comunidades donde son víctimas de matrimonios forzados o padecen la violencia de los hombres. Todo ha quedado en eventos suntuosos que para nada toman en cuenta el sentir de las víctimas y mucho menos asumen la defensa efectiva de sus casos. Las acciones se reducen a firmar convenios con los presidentes municipales y a dar pláticas a los funcionarios municipales. Mientras tanto las niñas madres se ven obligadas a abortar en la clandestinidad o a dejar a sus bebés abandonados en las calles, como sucedió este fin de semana en Tlapa.

Ante el escenario cruento de Teuchitlán que mostró las evidencias de las desapariciones que las autoridades federales se niegan a ver y a reconocer, la gran contribución de los familiares en la búsqueda por la verdad, con los corazones rotos, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, no se rinden en su empeño de desbrozar los hilos siniestros que tuercen las líneas de investigación para no llegar a la verdad. Los muros del poder militar son infranqueables porque están por encima del poder civil. Ningún presidente de la República ha ejercido su autoridad como comandante supremo de las fueras armadas para investigar las atrocidades que han cometido y castigar a los jerarcas militares que son los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que han cometido contra la población civil.
En el caso que nos ocupa, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni la presidenta Claudia Sheibaum han obligado a los militares para que entreguen los 800 folios que solicitan los padres y las madres. No acatan ni cumplen sus órdenes. A 126 meses la lucha incansable de las madres y padres se ha topado con la cerrazón del Ejército. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) ha dejado las investigaciones a la deriva, durante casi dos años. El pacto de impunidad sigue intocado.
La reunión que las madres y padres tuvieron con la Covaj el 27 de marzo, transcurrió sin mayores avances en las investigaciones. A pesar de que las familias llegaban con grandes expectativas para conocer los resultados alcanzados en las líneas de telefonía, sobre los 800 folios y qué noticias hay sobre las extradiciones de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé, el subsecretario de Derechos Humanos y el fiscal especial se concentraron en proporcionar información irrelevante.
El fiscal Rosendo Gómez Piedra informó de 19 detenidos, la mayoría integrantes de los grupos de la delincuencia organizada, para las madres y padres se trata de carpetas de investigación que vienen desde el 2023 y 2024, sin embargo, no hay nada nuevo. El Rey, alias El Negro, es lo que más pudieron informar, pero los familiares señalaron que no abona a la investigación orientada a dar con el paradero de los 43 estudiantes.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, comentó que en los seis meses que van del sexenio de Claudia Shienbaum llevan 99 búsquedas en la Quebradora, Tetipac, Zacacoyuca, Loma Alta, Carrizal, Paraje la Cañada, Barranca Santa Fe y El Peral. Encontraron algunos hallazgos que se enviaron a la Universidad de Innsbruck, Austria, pero aún no llegan los resultados.
El desánimo fue mayor para las madres y padres al escuchar la información del fiscal especial, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Salud y del mismo subsecretario de Derechos Humanos, que mostraron el estancamiento de las investigaciones.
No tuvieron respuesta en los temas de los folios (con el acotamiento que ya se ha venido diciendo con la presidenta), que pudieran acceder a información relacionada con la intervención telefónica de El Gil, Valladares y el Cholo Palacios que den pistas sobre el paradero de los jóvenes. Tampoco informaron sobre la presencia de Julio César López Patolzin como militar infiltrado en la Normal. Es importante profundizar en esta línea, pero la Sedena sigue con su postura hermética.
En la reunión del 27 de febrero con la presidenta de la República se destacó la importancia de la telefonía celular porque es más objetiva que cualquier testimonio. Se sabe que fueron tres líneas las que estuvieron en actividad después de la media noche del 26 de septiembre y son diez aparatos identificados por el e-mail que estuvieron activos, algunos de ellos se encontraron en manos de policías. A 10 años las madres y padres no han tenido una explicación convincente de cómo es que los teléfonos de sus hijos estaban funcionando y los tenían algunos policías.
El informe que dieron las autoridades fue percibido por las madres y padres como mero trámite, sin entrar a fondo en los temas más densos. Uno de los padres dijo a las autoridades que quería saber sobre los 800 folios. Con las investigaciones que ha producido el GIEI, por qué estamos patinando en una línea que, en lugar de avanzar, retrocedemos. Que bueno que el fiscal leyó todo el informe del GIEI porque la información que nos está dando ya la tenemos en mente, ya nos han dicho que se los llevaron para el basurero. Si ya tienen todos esos testimonios, ¿dónde están nuestros hijos? Nos acaban de decir que cierto personaje se los llevó en una camioneta, ¿para dónde? Esa es información relevante, pero no vemos claras las líneas de investigación. ¿Qué han hecho para retomar los 800 folios? No queremos saber si atravesaron la camioneta, queremos saber dónde están nuestros hijos. No queremos confrontaciones, sino una reunión fluida, con pruebas, con sustento. Lo que más nos frustra es que no estamos llegando a donde tenemos que llegar.
Sobre la información de la telefonía quiero decir que para la próxima reunión nos entreguen a cada padre los puntos exactos. En qué antena estuvo fulano de tal, cuál es la antena que estuvo jalando esa llamada, cuál es la otra antena que estaba jalando, porque eso que nos informan nos deja a ciegas nuevamente. Si no hay nada nuevo no alarguemos la reunión porque hasta dolor de cabeza nos da. Quiero saber qué información nos tienen de El Caderas que mató la policía y era importantísimo, lo mató la Seido. Quiero saber por qué lo mató, tenía una orden de detención, fue un crimen de treinta y tantos tiros que ahí quedó.
Es importante reunirse con la presidenta. Es una petición que la mayoría estamos haciendo, porque sabemos que sí hay avances sobre ese tema y quién lo solicitó. Creo que es necesario que hablemos con la presidenta sobre los 800 folios porque es importante. Gertz Manero dinamitó la fiscalía que teníamos cuando estaba Omar Gómez Trejo. Le quitaron todos los expedientes, tuvo que irse de México para que no tuviera problemas. Ahora por otras cosas que están pasando, es momento de decirles que recompongan la investigación para no tener confrontamientos entre las dos partes. También que haya una supervisión de los padres en la investigación y además está la facultad del decreto del anterior presidente que se han negado a tomar, una de ellas es que los principales conductos para llamar a los padres son con nuestros abogados, y ya no lo están haciendo.
No queremos confrontamientos con la Covaj, pero tampoco queremos que se burlen de los padres repitiendo la información. Queremos el regreso del GIEI, los 800 folios y las líneas de investigación que ya teníamos. De las 60 órdenes de aprehensión nada más hay un militar detenido. Tienen que fortalecer las líneas de investigación, los responsables están detenidos por delincuencia organizada. Eso es lo que pasó el día de la sentencia del juez de Tamaulipas, los abogados les dijeron a las fiscalías que reforzaran esas líneas de investigación porque van a salir, y es lo que pasó. No les echen la culpa a nuestros abogados. Muchos salieron por culpa de la Fiscalía y de los jueces, por no haber fortalecido las carpetas de investigación. Era de esperarse que los torturados iban a salir porque no realizaron bien su trabajo.
Queremos saber qué es lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores para que extraditen al juez de barandilla de Iguala, Ulises Bernabé. Dicen que no ha sido fácil traerlo. Cómo es que pudieron entregar a 29 personajes del narcotráfico y no hicieron nada, para que a cambio de esta entrega, retornaran a Ulises. Se nota que los intereses diplomáticos no están en lo que demandamos las víctimas. Seguramente el caso de Ulises está relegado, no creemos que el secretario de Relaciones Exteriores lo tenga en la agenda. Por eso no avanzamos porque no hay compromiso serio de los miembros de la Covaj para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el decreto presidencial. Seguimos aquí, no porque queramos, sino porque hacen falta nuestros 43 hijos. Hemos exigido los 800 folios que tiene el Ejército porque ahí vamos a encontrar a nuestros hijos. Nos queda claro que es necesaria la voluntad política de la presidenta, ella es la comandanta de las fuerzas armadas. Le hemos pedido con todo nuestro corazón, que ya no queremos andar en marchas, ya somos señoras grandes, que nos considere porque ya estamos desgastadas. La presidenta tiene hijos, queremos que resuelva el caso en su sexenio, estamos esperanzadas en ella.
Quisiera saber qué ha pasado con el policía de Cocula, qué ha dicho. Agarraron al Negro, pero qué sigue en la investigación, qué testimonio ha dado. Es importante para nosotras como madres y padres saberlo. No podemos permitir que el caso Ayotzinapa quede en la impunidad. Este es el sexenio de una mujer, le tenemos confianza para llegar a la verdad y encontrar justicia. Vamos a seguir insistiendo una y otra vez, nada ni nadie nos detendrá, tampoco nos vamos a cansar porque son nuestros hijos. En nuestras casas nos hace falta un hijo y no sabemos dónde está. Cuando llega su cumpleaños quisiéramos abrazarlo. Eso nos lástima y nos mata. Queremos que haya más sensibilidad de la presidenta, que nos tenga paciencia y tolerancia porque somos madres con un hijo desaparecido, y ella no. Esa es una diferencia grande que hace que no comprendan lo que significa caminar en este mundo con un hijo desaparecido. Seguiremos hablando con las autoridades, a pesar de que nos han defraudado y abonado para perderles la confianza. Aún así nada nos detendrá.
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Las imágenes de cientos de zapatos, ropa, mochilas, pintauñas, cepillos de dientes y otras prendas encontradas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, deja una cauda de dolor en un México ensangrentado y aterrorizado por el crimen organizado. Las fosas clandestinas están sembradas en las planicies, regadas con la sangre de personas desaparecidas. El terror que las madres buscadoras han desenterrado no tiene nombre. La irracionalidad y la bestialidad se ha instalado en nuestra sociedad. Lo perverso es la complicidad de las autoridades, su inacción, su silencio, su permisividad. Han dejado que la vida humana sea triturada, exterminada, cremada.
Teuchitlán es el epicentro del horror, el laboratorio de la muerte, el infierno que reduce a cenizas los sueños de los jóvenes. Es el poder macabro que extermina a la población pobre. La violencia es parte del proceso de acumulación y despojo para la obtención de la ganancia crasa. Forma parte del pacto de impunidad con el estado donde el crimen organizado coexiste dentro de las instituciones gubernamentales para empoderarse y obtener dividendos con el trabajo sucio que realizan. Queda claro que los métodos de exterminio forman parte del entramado social que tiene como eje devastador los intereses oscuros de la economía criminal.
En México la violencia es un negocio redituable, no sólo por las acciones delictivas que se multiplican en nuestra sociedad, sino porque se ha transformado en un mecanismo de dominación y acumulación. La violencia fortalece estructuras de poder y redistribuye el control territorial. ¿Como sociedad qué podemos hacer ante una realidad que nos apabulla? ¿Cómo dar la batalla como ciudadanos ante estructuras corroídas por la corrupción y frente a un sistema de justicia burocrático y mercantilista que no está construido para proteger los derechos de las víctimas? ¿Habrá voluntad política para desmontar este aparato delincuencial y frenar la violencia?¿Llegaremos a saber quiénes son los responsables de esta violencia?
La violencia extrema y las desapariciones no pueden entenderse como hechos aislados y fortuitos. Forman parte de las redes de macrocriminalidad en las que convergen estructuras criminales, estatales y empresariales que se coluden para violar los derechos humanos y trivializar la vida de las personas. En este marco delincuencial el mismo Estado facilita estas acciones o simplemente las ignora. Lo que importa en este sistema es el dinero, fuera de este fetiche todo es sacrificable. La vida queda subordinada a la ganancia, tiene valor en cuanto asegura acumulación económica. Los grupos criminales forman parte de este engranaje como generadores de violencia que se transforma en la fuerza más productiva. Por lo mismo, la violencia es consustancial al proceso de acumulación y de exacción económica.
En Guerrero la violencia es el principal negocio con el que han lucrado caciques, generales, gobernadores, diputados, presidentes municipales y empresarios. Usar la violencia para despojar de riquezas naturales, controlar territorios, someter a la población, extraer madera, minerales, agua, es el método más efectivo para enriquecerse y erigirse como un personaje poderoso y siniestro. Utilizaron la violencia para acallar voces disidentes, para perseguir y desaparecer a quienes empuñaban las armas; exterminaban a poblaciones que apoyaban a la guerrilla; masacraban a trabajadores que exigían mejores precios de sus productos, a campesinos que salían a denunciar las tropelías de los caciques desalmados, a indígenas que simpatizaban con la guerrilla. A normalistas que emplazaban a los gobernadores para atender su pliego de demandas; a maestros democráticos que en todo momento han increpado al poder y se han organizado de manera independiente para luchar por sus derechos laborales.
En nuestro estado la violencia se ha agravado por la inacción de las autoridades, la inoperancia de la Fiscalía, la ineficiencia, corrupción y colusión de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado. Esta descomposición social ha propiciado que la delincuencia se expanda al grado de convertirse en un poder fáctico que controla territorios y cuenta con empresas que generan empleos, buscando la forma de monopolizar los negocios más redituables, como la cerveza, el refresco, la venta de carne y los productos básicos. Maximizan sus utilidades. Para evitar que haya competencia se tornan más violentos, destruyen a sus enemigos y generan terror entre la población. Para que la empresa fructifique tiene que reclutar a jóvenes como carne de cañón. Esto sucede en las ocho regiones de nuestro estado, donde cada organización criminal tiene sus formas de reclutamiento, sus centros de entrenamiento, capacitación y dotación de armamento. Cuentan con fosas clandestinas y prácticas de exterminio dentro de sus territorios.
En Guerrero hay 4 mil 385 víctimas de desaparición, de acuerdo con cifras oficiales, desaparece una persona cada día, sin embargo, hay una cifra negra que no se reporta, que es el 30 por ciento. Además 3 de cada 10 personas desaparecidas no son reportadas por miedo a sufrir otra desaparición. Lo patético es el desmantelamiento de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada que sólo cuenta con dos elementos policiacos, con dos ministerios públicos y no tienen vehículos. Existe una Comisión de Búsqueda en la que el titular tuvo que renunciar al mes porque no contaba con el apoyo de las autoridades. Ahora el nuevo titular no cuenta con el apoyo de los colectivos porque no lo conocen. Hay retrocesos porque al gobierno no le interesan los colectivos ni las víctimas de desapariciones forzadas. Son un actor incómodo al que han ignorado e invisibilizado.
Un tema que preocupa a los colectivos es el centro de resguardo que dista mucho de ser un centro de identificación forense. Las autoridades no han sido transparentes en el manejo de los recursos y tratan de evadir su responsabilidad sobre la crisis forense que se complejiza más en la medida que se incrementa el número de personas desaparecidas.
La única opción que los colectivos vislumbran es la aprobación de la ley en materia de desaparición de personas del estado de Guerrero. Para los familiares de personas desaparecidas no existe la desaparición de personas cometida por particulares porque siempre influye el Estado por su acción u omisión, por el contubernio y los moches que hay. Por eso apelan a la independencia de la Comisión de Búsqueda, de la Comisión de Atención a Víctimas, de Servicios Periciales, del Semefo para que estén del lado de las víctimas y no sean rehenes de los grupos políticos, que defienden intereses ajenos a las demandas más sentidas de los colectivos.
El colectivo Lupita Rodríguez tiene registrados 300 hallazgos y los restos óseos que han encontrado los han llevado a la Ciudad de México, porque en el estado sólo los almacenan en los Semefos y en los centros de resguardo. Lo que menos quieren las familias es que se guarden los restos porque es una forma de postergar la identificación de los fragmentos óseos, que es un asunto de extrema urgencia.
El panorama de Guerrero es desolador. Las autoridades siguen sin interesarse en las búsquedas de las personas desaparecidas, son como siempre los colectivos los que están impulsando estas jornadas en medio de múltiples carencias y dificultades que presentan las instituciones involucradas. Las búsquedas son muy laboriosas porque tienen que ubicar bien los puntos y escarbar varios metros. Es un trabajo meticuloso, requiere paciencia y persistencia. Sólo los familiares han logrado resultados positivos. Hay ocasiones que encuentran cuerpos, pero en la mayoría son fragmentos óseos que con ayuda de especialistas logran su recolección adecuada.
El lunes 17 de marzo el Colectivo Lupita Rodríguez inició una búsqueda en un punto cercano a Coyuca y encontramos tres cuerpos completos, uno tenía dos meses, otro tenía entre 8 y 9 meses y el tercero tenía más de un año. Además encontraron tres costillas y el hueso atlas. Encontraron también fragmentos óseos en otra zona. Este 2025 cuentan ya con cinco hallazgos. Lo malo es que su trabajo depende mucho de la búsqueda federal, porque ahí son más ágiles para la identificación forense que no rebasa los 3 meses, en cambio cuando se trabaja con el fuero común, los restos que se encuentran se quedan en los Semefos, no se hace la identificación, sino que se van a resguardo a los panteones forenses. Los colectivos de Guerrero no quieren centros de resguardo, sino un lugar donde se puedan identificar los restos óseos. Saben que un centro de identificación humana cuesta 160 millones como el de Tijuana, porque requiere un área de odontología, otra de medicina forense, criminalística forense y todas las demás áreas que intervienen en la identificación. Siguen construyendo el proyecto, saben que hay errores y que requieren del apoyo de Servicios Periciales y personal de Semefo. Esperan culminar la propuesta y entrar a la etapa de la negociación. Su lucha es larga, no sólo para hacer las búsquedas y encontrar cuerpos o fragmentos, sino para ser escuchados por las autoridades. De lograr incidir en el Congreso y de colocar este tema de la creación de un centro de identificación forense, como un tema central en la agenda pública del estado.
Como guerrerense ¿qué tenemos que hacer? Los colectivos del estado tienen clara su ruta: seguir buscando a sus desaparecidos y luchar para que en el estado pueda crearse este centro de identificación. Están conscientes que no cuentan con el apoyo de la gobernadora, sin embargo, han logrado cosas imposibles. Saben que sólo los familiares son los que pueden romper los muros de un poder impune, que encubre a los perpetradores y que se colude con los grupos del crimen organizado. Su lucha es titánica porque es dar la batalla contra las redes de la macrocriminalidad, desmontar las estructuras delincuenciales y desenmascarar los centros de reclutamiento y exterminio que existen en el estado por el gran número de jóvenes desaparecidos y la expansión de las redes criminales que tiene como rehenes a personas que están destinadas a matar o a morir en el intento.

La pobreza y la desigualdad social en las comunidades indígenas de la Montaña son más devastadoras que el agua del río Jale de Xalpatláhuac. Los caseríos que cuelgan de los acantilados fueron levantados con blocks y cemento desplazando los adobes y las tejas. El paisaje perdió el color vivaz de la tierra roja y se tornó grisáceo y desolador. Entre la gente mayor estas obras representan el éxito de los jóvenes que mandan sus remesas desde Nueva York.
La calle principal es el arenal que atraviesa la comunidad. Antes era el campo de batalla entre la gente de los barrios y ahora son las peleas entre las pandillas de jóvenes nahuas. Al caer la noche los jóvenes bajaban para protagonizar batallas campales, porque sabían que la autoridad municipal no intervendría. Los principales del pueblo hablaban con los padres y madres de los jóvenes, pero era en vano. Poco a poco las confrontaciones empezaron a darse en el día, sin que los policías municipales pudieran conternerlos. El escenario se complicó con dos homicidios y varios lesionados. También empezaron a darse robos en las casas. Miedo y enojo había entre las familias, sin embargo, las divisiones políticas impedían enfrentar el problema con medidas más efectivas.
Algunos líderes comunitarios junto con varios principales, mayordomos y catequistas de la parroquia de Xalpatláhuac, vieron necesario formar un grupo de la Policía Comunitaria. A pesar de que el padre Mario Campos la había impulsado a su llegada como párroco, no tuvo una respuesta favorable de los feligreses. El clima de inseguridad los obligó a retomar su propuesta. Fue en el 2020 cuando se conformó un grupo de la Policía Comunitaria que se adhirió a la Casa de Justicia de Espino Blanco. Su aparición provocó muchas resistencias y enconos con los presidentes municipales. Acudían con el Ejército para que los desarmara y con el Ministerio Público para que les abriera una carpeta e investigación. En octubre de 2021 se suscitó un conflicto grave con la presidenta municipal como producto de la disputa política que generó encono entre la población de la cabecera municipal. Se dio una confrontación con la Policía Municipal, hubo balazos, forcejeos y toma del Ayuntamiento. Este conflicto dio pie para que la presidenta municipal despachara en la comunidad de Cahuatache, relegando del presupuesto a los habitantes de la cabecera municipal. Desde esa fecha la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac ha padecido el hostigamiento y persecución del Ejército.
El domingo 16 de febrero de 2025 la síndica municipal, Cecilia Tapia, giró una solicitud de apoyo a la Casa de Justicia de Espino Blanco, para trasladar en la camioneta de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac a una persona que se accidentó al caer de la azotea de su casa. Por tratarse de un herido se autorizó para que los policías comunitarios prestaran el auxilio. El accidentado estaba inconsciente y perdía mucha sangre, por lo mismo su traslado era urgente. De parte de la Presidencia Municipal no hubo respuesta por la ausencia de la autoridad y porque no cuenta con ambulancia, ni tiene suficientes policías. El apoyo de la Policía Comunitaria fue efectivo, en ese momento prepararon la camioneta de inmediato para trasladar al paciente al Hospital General de Tlapa.
Como las 11:30 de la noche llegaron al centro hospitalario. Los cinco policías comunitarios bajaron al herido, sin entrar a las instalaciones, lo entregaron con el personal de guardia, en urgencias y se regresaron a Xalpatláhuac. No imaginaron que la Guardia Nacional había seguido sus movimientos. De inmediato les marcó el alto y los empezó a interrogar. Fueron revisados por portar sus uniformes verde olivo y por las armas que les habían asignado para reguardar a la comunidad. Sin tomar en cuenta el motivo de su presencia en Tlapa, la Guardia Nacional procedió a la detención de Juan Simón Melgarejo, primer comandante, Teodoro Francisco Dircio Simón, segundo comandante, Agustín Vitinio Montes, Pedro Javier Álvarez Villareal y Leobardo Rosendo Gabino Gómez, policías comunitarios, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Inmediatamente fueron trasladados a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Chilpancingo. Los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco trataron de seguirlos para establecer contacto con las autoridades del estado con el fin de que fueran liberados, pero los esfuerzos fueron en vano.
El coordinador Juan Gabino Simón señaló en una entrevista: “pedimos la intervención de todos los diputados para que resolvieran pronto el caso, pero lamentablemente pasaron las 48 horas que tenían que estar en la Fiscalía y no se resolvió nada porque fueron turnados a un penal federal. Ahí les dieron 72 horas para comprobar que son comunitarios, sin embargo, el gobierno les da un trato de delincuentes. La verdad es que son compañeros policías comunitarios que están prestando su servicio gratuitamente sin recibir algún salario”.
El 21 de febrero la CRAC-PC se movilizó en el crucero de Xalpatláhuac, en Paraje Montero, en Colombia de Guadalupe y Ayutla de los Libres para exigir a las autoridades estatales y federales la libertad inmediata de los cinco policias comunitarios, electos por las comunidades. Demandaron que cese la persecución y la represión contra la CRAC-PC. Que no se criminalice su sistema comunitario ni se trate como delincuentes a los cinco policías. “Nosotros también vamos a buscar nuestros derechos como pueblos indígenas, y le decimos al gobierno que vamos a seguir dando la batalla”, señaló Juan Gabino.
Los cinco policías comunitarios han tenido que trabajar en el campo en la siembra de maíz y frijol para mantener a sus familias, mientras los más jóvenes se emplean como peones en la construcción. En la CRAC-PC no reciben sueldo porque cumplen con la encomienda de la asamblea, de servir como policías comunitarios. Con mucho sacrificio y esfuerzo van sacando adelante a sus hijos, pero ahora con este encarcelamiento sus esposas quedaron desamparadas y a la deriva. Ellos eran los únicos que sostenían sus casas.
Lo que les preocupa a Juan Simón Melgarejo y Pedro Javier Álvarez es que sus esposas están embarazadas y requieren chequeo médico. Ellas cargan con la pena de su esposo y de sus hijos porque no tiene recursos para comer, mucho menos para ir a visitarlo. La tranquilidad y la paz por la que luchaban sus esposos ahora se hace trizas. No conciben que por brindar apoyo a una persona lesionada tuvieran que ser llevados como delincuentes.
Los ojos llorosos de los hijos de Juan Simón expresan la impotencia, buscan a su padre y no entienden su ausencia desde hace una semana. Sólo saben que ayudó a un herido. La pequeña hija de Pedro está enferma, el dolor es poco sólo de imaginar a su padre tras las rejas. Busca con ansias el alivio, pero todo es en vano, porque nadie sabe cómo la está pasando.
Agustín Vitinio Montes es principal con 78 años. Su esposa necesita su apoyo porque ya no puede caminar. Se apoyan mutuamente porque sus hijos no están. Sus fuerzas con el paso de los días disminuyen, sin embargo hacen un esfuerzo para ganarse unos pesitos para no morir de hambre. Cuando se enferma su esposa don Agustín tiene que atenderla.
Los policías comunitarios no solo han tenido que resolver las necesidades económicas para su familia, sino que se han organizado para dar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. La ola de violencia ha disminuido. Lo más cruento es el abandono en que está la cabecera municipal de Xalpatláhuac, sobre todo, en cuanto a la inseguridad que persiste. Por eso se organizaron para adherirse a la CRAC-PC porque no tuvieron más alternativa. En lugar de que el gobierno estatal y federal los reconozca como un sistema de justicia comunitario, que forma parte de los derechos de los pueblos indígenas, prefieren criminalizarlos, tratarlos como delincuentes, tirando por la borda la nueva reforma constitucional que los reconoce como sujetos de derechos público.
Juan Gabino asegura que la CRAC-PC va abrazar a los policías comunitarios. “No vamos a desmayar, vamos a seguir luchando hasta que liberen a nuestros compañeros. No están solos, no los vamos a dejar encerrados. Tenemos que defenderlos para defender al sistema comunitario. No cometieron un grave delito como dice el gobierno y la Fiscalía. Quizá ellos querían que dejáramos al herido tirado en la calle y que se muriera. Nosotros creemos que tenemos que ayudar y proteger a la gente, sobre todo cuando nos piden auxilio. Creo que harían lo mismo los del gobierno, la misma Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y Municipal. Fue un error lo que hizo la Guardia Nacional”.
Con la visión racista y neocolonial, las autoridades estatales y federales no han entendido la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas. Desconocen los sistemas de justicia comunitaria preexistentes en los pueblos originarios. La ausencia de los gobiernos en las regiones indígenas ha sido aprovechada por los grupos de la delincuencia que se han erigido en un poder que amenaza la convivencia pacífica entre las comunidades. La región de la Montaña es de las más seguras gracias a la Policía Comunitaria que ha sacrificado su propia tranquilidad para que la población pobre viva sin miedo, luchando por la sobrevivencia. Esperamos que las autoridades federales tomen en cuenta que este sistema de seguridad comunitaria es un gran aporte para el país que no ha podido revertir la violencia ni ha arrancado de raíz las redes de la macrocriminalidad que se anidan en las mismas instituciones gubernamentales. La Guardia Nacional en lugar de investigar y perseguir a quienes atentan contra la vida de la población y generan terror con sus acciones violentas se focaliza contra la Policía Comunitaria. El gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado, prefieren cárcel para los policías comunitarios en lugar de reconocer y respetar sus derechos. Así no se construye el segundo piso de la 4T.

El martes 11 de febrero los niños Mateo y Porfirio, de 14 y 12 años, caminaban por las veredas de Xochitempa rumbo a Ahuixtla para comprar alimentos. En ese fatídico día algunos vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego. Nadie se percató de lo que había sucedido en el camino. Fue hasta el siguiente día por la tarde cuando sus familiares encontraron sobre una loma los cuerpos de Mateo y Porfirio.
Mateo estudiaba el segundo de secundaria y Porfirio estaba por concluir la primaria. Xohitempa, es una comunidad de 50 habitantes entre niños y adultos. El padre de Porfirio, don Ignacio, está desaparecido desde el 2016 y su mamá trabaja fuera del estado para solventar los gastos de Porfirio. Los padres de Mateo, que son abuelos de Porfirio, sobreviven con la siembra del maíz de temporal.
Los habitantes de estas comunidades nahuas ya no bajan a Chilapa porque saben que la muerte es segura. Desde hace 10 años padecen el asedio del crimen organizado. La gente ha contabilizado 66 asesinatos y más de 24 personas desaparecidas. En varios casos han estado involucrados policías municipales de Chilapa, Atlixtac, Quechultenango y Tixtla. Esta tragedia es imparable porque la violencia sigue y las autoridades no han cumplido con su responsabilidad de investigar y detener a los culpables. La presencia del Ejército ha sido inoperante porque la inseguridad campea en la ruta de Chilapa a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
La presidenta municipal de Chilapa se ha negado a entablar un diálogo con las comunidades nahuas que son parte del sistema comunitario y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ). Las autoridades estatales solo llegan cuando arrecia la violencia o cuando las comunidades se movilizan. Las promesas abundan, pero las acciones no se cumplen. No solo están castigados por los presidentes municipales, también padecen el flagelo del crimen organizado, que tiene bajo su control a las comunidades indígenas. Para los pobladores la colusión es evidente, sin embargo, para los cuerpos de seguridad no hay datos que demuestren este contubernio.
Hace tres años una misión civil, coordinada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), documentó toda la información de la violencia; escribió historias y reportó las violaciones a los derechos humanos contra los niños y mujeres de la Montaña.
La misión entregó un informe a Gobernación federal, pero todo fue en vano, porque nada ha cambiado. Las comunidades resisten en medio de patrullajes y balaceras. Hay familias desplazadas de Tepila del Paraíso desde el 2019 y en la comunidad de Tula hay desplazados. A pesar de que se han instalado retenes del Ejército y de la Guardia Nacional, los crímenes se cometen a la luz del día. Desde la glorieta del Ajo, pasando por Atzacoaloya hasta la entrada al Jagüey hay filtros del Ejército. Los cerros que colindan con Colotepec y todo el filo de Amatitlán, municipio de José Joaquín de Herrera, es un corredor transitado por grupos de la delincuencia. Se desplazan sin temor a ser desarmados. Últimamente han realizado ataques con drones para causar mayore daños y bajas en la población. No importa si hay niños o personas mayores en las viviendas. Las agresiones han provocado el desplazamiento de varias familias que buscan refugio en comunidades vecinas. Las familias se encuentran inermes ante un agresor que está bien apertrechado y que ha impuesto el terror en la región. A pesar de tantos crímenes que se han denunciado, la Fiscalía ha sido omisa porque no ha ejecutado alguna orden de aprehensión. Por otra parte, los cuerpos de seguridad del estado solo son testigos pasivos de los hechos violentos.
Este sábado las comunidades afectadas realizaron bloqueos para exigir a las autoridades que investiguen estos atroces hechos, sin embargo, lejos de ser escuchados fueron amenazados de que procederían penalmente contra ellos y que además les quitarían las medidas cautelares que tienen algunas personas. El mismo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no ha fijado una postura firme para reprobar esta violencia contra las comunidades indígenas, sobre todo por el cruento asesinato de dos niños.
Los niños ya no saben si jugar o estar alertas ante las agresiones. Han perdido la esperanza de continuar sus estudios. Temen que las balas acaben con la vida de sus familias. Hay muchos huérfanos que quedaron marcados para siempre. No tienen con quién refugiarse; todo es sufrimiento, dolor y miedo. Su vida pende de un hilo. Con las muertes de Mateo y Porfirio saben que en cualquier momento pueden arrebatarles la vida.
Las incursiones de los grupos delincuenciales afectan severamente a los niños y niñas que constantemente escuchan balaceras. Varios están enfermos, tristes y llenos de pánico. Su vida está en un hoyo del que no pueden salir. No conciben un mundo donde haya paz, donde puedan caminar tranquilos y que no haya peligro en los lugares donde viven. Lo más grave para la niñez indígena es que no se sienten queridos ni protegidos por las autoridades. Nacen y crecen en un campo de guerra. No tienen derecho a jugar ni tampoco hay oportunidad para estudiar. En algunas comunidades varios niños han tenido que formar parte de la Policía Comunitaria para ayudar a cuidar los caminos y las entradas a sus pueblos. La amarga experiencia de las niñas y niños es que la gente que rodea sus comunidades son malas, porque andan armadas y les tiran de balazos. Ya no pueden confiar en nadie de fuera porque temen que les quiten la vida.
Las autoridades comunitarias están a la espera de que llegue el banco Bienestar para que la gente no baje a cobrar al municipio por la inseguridad. También comentan que les prometieron que iban a construir un mercado para que los comerciantes vendan sus productos, como los quelites, el frijol, el maíz y la calabaza. Les habían dicho que harían un mercado en Alcozacán. Las autoridades se comprometieron a construir un hospital regional para que la población en general sea atendida, para que los enfermos no tengan que bajar al municipio. Varios de sus familiares lo hicieron y llegaron muertos. La gente se alegró porque las autoridades les prometieron becas para los niños y niñas, pero todo fue una burla. Hay personas beneficiarias que no han recibido la tarjeta porque tiene que ir a la cabecera municipal de Chilapa a recogerla. Prefieren quedarse sin el apoyo a correr el riesgo de perder la vida. Han pedido que personal del programa puedan ir a la comunidad a entregar las tarjetas. Es imposible, porque la instrucción es que la gente tiene que bajar, sin que les importe el contexto de violencia que se vive en la región. No cuentan sus planteamientos ni las historias de paisanos que por ir al banco fueron asesinados o que a algunos los bajaron del transporte para privarlos de la vida o desparecerlos. Las palabras de las madres y padres de familia sigue llevándoselas el viento porque no encuentran en las autoridades a los interlocutores sensibles, solidarios y comprensibles.
En esta región abandonada las autoridades se comprometieron a construir una universidad, una escuela de bachilleres para que los jóvenes sigan con sus estudios. Ahora la mayoría de los jóvenes dejaron de estudiar porque no hay maestros. Se les ha negado este derecho para romper este círculo de la marginación, discriminación y exclusión social. Varios jóvenes se han ido de migrantes pero con las acciones que están ocurriendo con el presidente Trump, no hay posibilidad de tener un trabajo seguro, ¿cómo van a sostener a su familia?
Las comunidades que se movilizaron ante la tragedia de dos niños demandan la presencia de la gobernadora, porque ya no quieren más promesas y minutas que no se cumplen. Ya no quieren tratos indignos ni reuniones para calmar los ánimos y el enojo. Piden también la presencia de funcionarios de la Fiscalía General de la República para que abran líneas de investigación por delincuencia organizada y portación de armas de grueso calibre.
La protesta del sábado también fue para convocar a las comunidades vecinas para que se solidaricen con los familiares de los niños asesinados, para que sus voces se unan al reclamo de justicia, para que pare la violencia y proteja a las comunidades asediadas por el crimen organizado. El mayor agravio son los niños que han sido asesinados en estas comunidades. Las autoridades no pueden permanecer impasibles, mucho menos tolerar estos crímenes. Tienen que actuar los 3 órdenes de gobierno porque el derecho a la vida en estas comunidades no está garantizado, mucho menos para la población más indefensa como los niños y niñas indígenas que han perdido todo y que están bajo el yugo del crimen organizado. Las autoridades tienen que emprender en lo inmediato acciones efectivas que atiendan las causas de la violencia que es un problema añejo pero que lo han dejado crecer. Es urgente garantizar el Estado de derecho, brindar protección a las comunidades que están atrapadas por la delincuencia. Investigar estos crímenes y comprometerse con la población más vulnerable. El gobierno tiene un compromiso ineludible de poner a salvo a la niñez indígena.