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Se reúnen en el Congreso el procurador y el perseguido alcalde de Zapotitlán

 El encuentro fue para tratar lo de Cuba, dice Castro Justo. Versión de que Acción Nacional avalaría la propuesta del fiscal para delitos electorales que presentará el PRI a cambio de la impunidad para Silvino Mosso, acusado de la muerte de cinco indígenas en Escalerilla Lagunas

 Con el argumento de que fue una reunión para “analizar la situación entre México y Cuba”, ayer el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, se reunió con el ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio –a quien se le sigue un proceso penal por homicidio múltiple–, en las instalaciones del Congreso del Estado, en donde estuvieron presentes los coordinadores del PRI, Juan José Castro Justo y del PAN, Max Tejeda Martínez, así como también el dirigente estatal de Acción Nacional, Francisco Rodríguez Otero.

Trascendió que el sentido de la reunión fue para que los diputados panistas avalen las propuestas que el PRI presentará en la próxima sesión ordinaria para el nombramiento del fiscal especial para delitos electorales, a cambio de la no aplicación de la justicia en contra del ex edil impugnado, contra quien la Procuraduría ya pidió a un juez de Tlapa que libere la orden de aprehensión.

Por la mañana, luego de una conferencia de prensa en la sede estatal de Acción Nacional, el delegado estatal, Francisco Rodríguez junto con los diputados, Max Tejeda, David Tapia Bravo y Porfiria Sandoval Arroyo se trasladaron a la sede del poder legislativo a una reunión con “el procurador de Justicia”, según reveló una fuente del PAN.

Al llegar este reportero a las instalaciones del Congreso local, el secretario técnico del diputado Max Tejeda, Cicerón Nájera, fingió desconocer el sitio en donde se realizaba la reunión, e incluso negó que los diputados panistas se encontraban presentes.

Sin embargo, un trabajador confirmó que el procurador se encontraba reunido junto con el dirigente del PAN, diputados de ese partido, el ex alcalde de Zapotitlán y el coordinador del Congreso en las oficinas de la comisión de Gobierno.

Este reportero se trasladó a la puerta secreta que da acceso de las oficinas del diputado priísta Juan José Castro Justo al estacionamiento del Congreso, en donde el chofer del fiscal guerrerense encendía la marcha del Jeep tipo Cherokee color gris, en ese momento los asistentes a la reunión salían de las oficinas de la coordinación del PRI.

Al ser sorprendidos, Ramírez Guerrero y Castro Justo se regresaron a las oficinas y los únicos que salieron fueron los panistas. El ex edil de Zapotitlán se escabulló y salió a pie de las instalaciones del Congreso, ya en la calle fue abordado por un grupo de reporteros, a quienes les impidieron acceder al interior de este recinto.

Por su parte, el delegado estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero, al preguntarle el sentido de la reunión, dijo que hablaron acerca de “algunos temas del Congreso” y negó haber visto al fiscal guerrerense.

Con el rostro desencajado y como fondo la imagen de los diputados murmurando, Rodríguez Otero rechazó que se hayan reunido con el coordinador priísta y el procurador para negociar la situación jurídica del ex alcalde, acusado de participar en la matanza de cinco militantes de la organización vinculada con el PRI, la LARSEZ, el 11 de mayo de 2003, en Escalerilla Lagunas.

Luego pretendió persuadir a este reportero, argumentando que en la sede estatal del PAN se daría una conferencia de prensa, en la cual se explicarían los pormenores de la reunión y se retiró a bordo del vehiculo de la diputada Porfiria Sandoval, un Chevrolet tipo Impala color blanco.

Transcurrieron dos horas para que el procurador de Justicia y el coordinador del Congreso local salieran de las oficinas, en donde se refugiaron. Antes, en ese lapso y “por ordenes del diputado Castro Justo”, un guardia ordenó a este reportero desalojar el edificio. Mientras Ramírez Guerrero y Castro Justo permanecían encerrados en las oficinas de la comisión de gobierno, el vehiculo del procurador se retiró del lugar. Fue el segundo intento por distraer a los reporteros.

Luego dos autos compactos Nissan, tipo Sentra, uno color rojo y el otro blanco, conducidos por agentes judiciales, se apostaron sobre la lateral del bulevard Vicente Guerrero, en la parte posterior del Congreso local, lugar en donde se encuentra una puerta camuflajeada con la cerca de metal que rodea al edificio, esperando a su jefe.

Después, salieron juntos por la misma puerta secreta que solo tiene acceso a las oficinas de Castro Justo. En el momento de ser abordado Ramírez Guerrero negó haber visto al ex alcalde de Zapotitlán, incluso haberse reunido con la dirigencia y diputados del PAN.

“Yo solo vine a tomarme un cafecito con mi amigo Castro Justo y a platicar sobre algunos temas”, expresó de manera escueta, Ramírez Guerrero.

-¿Cuál es la situación jurídica del ex alcalde de Zapotitlán?, se le preguntó.

– Tiene integrada una averiguación previa, respondió y se subió a la camioneta del coordinador del Congreso del Estado, una camioneta tipo Suburban color vino.

Por su parte, el diputado priísta confirmó que se reunió con la dirigencia y diputados del PAN, más no con Silvino Mosso. “A él ni lo vi”, aseveró Castro Justo y explicó que el sentido de la reunión con los panistas fue para “analizar la situación política entre México y Cuba”.

Cantinfleando, el coordinador del Congreso dijo que intenta convencer a los panistas para que permitan la elaboración de un punto de acuerdo para exhortar de manera pública al presidente Vicente Fox, a restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba. Olvidando que el Canciller, Luís Ernesto Derbez ya solicitó restablecer diálogo diplomático con el gobierno cubano.

La reunión entre el ex alcalde de Zapotitlán, Silvino Mosso Porfirio; el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero; el dirigente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero, y los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, se realizó a una semana de que se conmemore el primer aniversario de la muerte de cinco larcesistas y a tres días de que el procurador solicitó una orden de aprehensión en contra de Mosso Porfirio, por el proceso judicial que se le sigue.

No solicité amparo, dice el ex presidente municipal

 

 El ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio, rechazó que haya solicitado un amparo de la justicia federal, y se dijo en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que lo investiguen por la masacre de cinco indígenas, la noche del 11 de mayo de 2003, en la comunidad de Escalerilla Lagunas.

El alcalde fue entrevistado cuando salía del Congreso local, donde se reunió con la dirigencia estatal del PAN; el coordinador del Congreso local, Juan José Castro Justo, y –aunque lo negó–, fuentes del PAN aseguraron que también con el procurador Jesús Ramírez Guerrero, con quien habrían ventilado la situación jurídica.

Dicho encuentro se dio a dos días de que la PGJE solicitó al juez penal de Tlapa liberar la orden de aprehensión contra el ex alcalde Mosso Porfirio, el ex síndico procurador y un ex regidor, acusados como presuntos responsables de la muerte de cinco indígenas miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez).

El ex alcalde señaló que en la reunión con la dirigencia del PAN platicaron sobre su situación, y determinaron que “la Procuraduría cumpla su trabajo con la investigación, por eso decidimos quitarnos el fuero constitucional para que se nos investigue”, dijo.

Aunque señaló que después de que solicitó licencia como alcalde no ha sido citado a declarar por la PGJE, sabe que lo investigan, pero insistió que él es inocente, “yo no comencé el problema, el problema ya estaba entre la Larsez y Antorcha Campesina, mi problema es haber estado ahí el día de los hechos”.

Aunque señaló que “de todos modos si no hubiera estado en el lugar me responsabilizarían por negligencia”.

El ex alcalde negó en todo momento que en la reunión se negociara su situación jurídica.

Al preguntarle por qué una reunión en la que sólo estaría la dirigencia estatal del PAN se efectuó en las instalaciones del Congreso local, cuando a unos 300 metros están las oficinas del partido, respondió que desconocía porqué fue allí y que a él sólo lo citaron.

Según Mosso Porfirio, en esa reunión los integrantes de la dirigencia estatal le dijeron que no se preocupara por su situación jurídica, que la dirigencia estatal lo respalda, y con un semblante relajado y visiblemente confiando abandonó las instalaciones del Congreso local, donde apenas hace dos semanas los diputados le aprobaron su solicitud de licencia al cargo de alcalde.

Pide la Procuraduría orden para detener al ex alcalde de Zapotitlán y dos ediles

 

 Caso de los cinco indígenas asesinados hace casi un año

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

La Procuraduría de Justicia del estado solicitó finalmente a un juez de Tlapa que expida la orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Moso Porfirio, así como del ex síndico y un ex regidor como presuntos responsables de la muerte de cinco indígenas la noche del 11 de mayo del año pasado, en Escalerilla Lagunas.

La petición ocurre luego de que el pasado 29 de abril el Congreso local notificó a la Procuraduría de Justicia el acuerdo mediante el cual los diputados aprobaron las solicitudes de renuncia a sus cargos del alcalde Silvino Mosso Porfirio, del síndico Jesús Vázquez Pérez y del regidor Ernesto Melo Candia, con lo que ya no gozan de fuero constitucional.

Sin embargo trascendió que desde hace tres semanas los ex funcionarios municipales panistas cuentan con un amparo que les concedió el Juez Primero de Distrito de esta capital.

A pesar de ello, la Procuraduría de Justicia envió un escrito ayer al Juez Penal de Tlapa en donde pide la ampliación de la consignación de la averiguación previa sobre esos hechos en donde considera a los mencionados como presuntos responsables del delito de homicidio, lesiones y abuso de autoridad en contra de los cinco indígenas que pertenecían a la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez).

En la misma causa penal también aparecen ocho policías municipales y seis militantes de Antorcha Campesina que habrían participado en la masacre del 11 de mayo de 2003.

Los indígenas fueron asesinados a palos, piedras y machetazos cuando los antorchistas, los ediles y policías municipales rescataron al alcalde Silvino Mosso quien estaba retenido por los larsistas en la comisaría municipal de Escalerilla Laguna.

Rechazan comuneros de Zapotitlán el acuerdo sobre el conflicto con Acatepec

 

 La Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria nunca consultaron a los pobladores para aprobarlo, acusó uno de los afectados. Pedirán la intervención del gobernador para poner orden “o lo pondremos nosotros”

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

Comuneros del municipio de Zapotitlán Tablas desconocieron ayer el convenio que firmaron con la Secretaría de la Reforma Agraria y la  Procuraduría Agraria, con el cual se “solucionaba” el conflicto agrario con Acatepec porque “nunca consultaron al pueblo para aprobarlo”.

Asimismo pidieron al gobernador René Juárez Cisneros que intervenga para poner orden, de lo contrario “lo vamos a poner nosotros”.

En conferencia de prensa, uno de los comuneros afectados, Manuel Paulino Ortega, expusó que en Zapotitlán Tablas se viven “serios de problemas”, tanto de índole social como agrario, pero “son estos últimos los que nos preocupan porque se ha incrementado el descontento entre los comuneros”.

Paulino Ortega recordó que el 21 de enero, el gobernador acudió a la comunidad de Ixtlahuazaca –en Zapotitlán Tablas– y aseguró que el conflicto agrario entre éste y Acatepec “estaba resuelto”, de ahí que de las mil 838 hectáreas en disputa 60 por ciento “nos corresponderían nosotros y 40 por ciento a Acatepec”, según el convenio del 10 de diciembre de 2003.

A partir de esa “afirmación” –según Paulino Ortega– entre los comuneros se generó “un gran descontento”, primero porque “la mayoría desconocemos los acuerdos que se firmaron el 10 de diciembre” con la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria; segundo porque “sólo el comisario de Bienes Comunales, Vicente Espinobarros Candia, fue quien firmó ese documento.

Pero “lo que provocó mayor descontento con ese convenio” –indicó– es que “nunca consultaron al pueblo para aprobarlo, es más nuestro representante de Bienes comunales ni siquiera nos dijo que vendría el gobernador”.

Paulino Ortega indicó que a causa de la inconformidad, el 3 de marzo se reunieron los comuneros y pidieron una explicación al comisariado de Bienes Comunales, Vicente Espinobarros, “quien sólo dio un informe de las obras sociales que prometieron dar al municipio a cambio de ceder el territorio, pero esto nos molestó tanto que lo desconocimos y nombramos otro comisariado: Rodrigo Rivera Avila”.

Paulino Ortega aseguró que los comuneros también acordaron “desconocer el convenio y pedir al gobierno del estado que se eche abajo, porque no estamos de acuerdo en que a Acatepec le den 40 por ciento de las mil 838 hectáreas en disputa y a nosotros 60 por ciento, nosotros queremos 100 por ciento porque así lo señala el plano Virreinal         de 1933”.

Dijo que en Zapotitlán Tablas está “el ambiente tenso, sobre todo porque los de Acatepec efectúan el convenio haciendo los deslindes, pero nosotros no vamos a tolerar eso, y le pedimos al gobernador del estado que intervenga para poner orden porque si no lo vamos a poner nosotros, y lo responsabilizamos de los hechos violentos que puedan suscitarse entre los municipios”.

También responsabilizó a la Procuraduría Agraria porque         “no quieren reconocer” a sus nuevas autoridades comunales, y “junto con la Secretaría de la Reforma Agraria nos ponen trabas, incluso uno de los comisionados de la dependencia –Juan Gática– nos dijo que no hay vuelta de hoja porque a quienes firmaron se les dio buen dinero, y nos amenazó que si no aceptábamos ya no iba a haber obras para este municipio”.

Pero “el foco rojo continúa” en Zapotitlán Tablas señaló, y advirtió que “aumenta” a tal grado que comuneros de 33 comunidades de esa localidad “quieren quemar al ex comisariado, y otros quieren subir a Acatepec para defender sus tierras”.

En par de sesiones fast track el Congreso renueva el Ayuntamiento de Zapotitlán

Con la toma de protesta se finiquita el acuerdo político entre los dirigentes y diputados del PAN y el presidente de la Comisión de Gobierno, Juan José Castro Justo del PRI, de intercambiar la revocación de mandato contra los ex ediles, Silvino Mosso Porfirio, Jesús Vázquez Pérez y Ernesto Melo Candia por su renuncia a sus cargos

 Hugo Pacheco León Chilpancingo En la segunda sesión de las dos efectuadas ayer fast track por el Congreso local, Tomás Noyola Díaz, Agripino García Navarrete y Lázaro Rodríguez Morán, tomaron protesta como alcalde, síndico y regidor, respectivamente, del Ayuntamiento de Zapotitlán Tablas.

Con la toma de protesta se finiquita el acuerdo político entre los dirigentes y diputados del PAN y el presidente de la Comisión de Gobierno, Juan José Castro Justo del PRI, de intercambiar la revocación de mandato contra los ex ediles, Silvino Mosso Porfirio, Jesús Vázquez Pérez y Ernesto Melo Candia por su renuncia a sus cargos presentada ayer al pleno del Congreso local, mismas que fueron dictaminadas en un día por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

Apenas anteayer, Silvino Mosso Porfirio, Jesús Vázquez Pérez y Ernesto Melo Candia, alcalde, síndico y regidor, respectivamente, se presentaron en el Congreso local, acompañados del presidente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero, y el coordinador parlamentario de ese partido, Max Tejeda Martínez, quienes lograron que Juan José Castro Justo sacara del orden del día el dictamen de revocación de mandato, a cambio, en ese momento, de sus renuncias en la Oficialía Mayor, mismas que firmaron, para de inmediato presentarlas al pleno que en ese momento sesionaba.

Fue el mismo martes cuando, posterior a la lectura de las renuncias de los ediles ante el pleno, fueron turnadas a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación; y la misma tarde fueron elaborados los dictámenes, que en la primera sesión de este jueves se les dio primera lectura.

Ya en la segunda sesión se dispensaron las segundas lecturas de los dictámenes del alcalde, síndico y regidor del Ayuntamiento de Zapotitlán Tablas y tomarle protesta a los suplentes Tomás Noyola Díaz como alcalde, –quien se desempeñaba como director de Obras Públicas–; al profesor Agripino García Navarrete como síndico y a Lázaro Rodríguez Morán como regidor, quien se dedicaba a labores del campo.

En esta asegunda sesión también se dispensaron las segundas lecturas y se aprobaron los dictámenes de las cuentas públicas de los municipios de Iguala, Ayutla, Tlacoapa, Acatepec, Xalpatláhuac y Florencio Villarreal.

Apoya el PAN a Silvino Mosso en su renuncia como alcalde de Zapotitlán

 Garantiza investigación imparcial: Rodríguez Otero

 El Partido Acción Nacional en Guerrero respalda a Silvino Mosso, a Jesús Vázquez y a Ernesto Melo en la renuncia que solicitaron como presidente municipal, síndico y regidor, respectivamente, del Ayuntamiento de Zapotitlán Tablas, pues se tiene confianza en su inocencia, así como en las autoridades judiciales que finalmente dictaminarán la resolución final del conflicto.

La renuncia de Silvino Mosso a la presidencia municipal, Jesús Vázquez a la sindicatura y Ernesto Melo a la regiduría, fue lo más adecuado para que la Procuraduría General de Justicia del Estado pueda llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera imparcial, señaló el presidente del PAN en la entidad, Francisco Rodríguez Otero.

Rodríguez Otero explicó la diferencia entre pedir licencia y solicitar la renuncia, pues la primera implica continuar con fuero constitucional que lo ampara, pero Silvino Mosso solicitó la renuncia para no tener fuero mientras la PGJE lleva a cabo las investigaciones.

En la conferencia de prensa, Silvino Mosso dijo que esta renuncia es para ser transparente y congruente, para que no se diga que no se puede investigar porque tiene fuero constitucional. Señaló también que no hay condicionamiento de parte de la Comisión de Gobierno para solicitar ello.

El diputado Max Tejeda aseveró que la razón de esta renuncia es para que el ministerio público investigue qué pasó exactamente el 11 de mayo de 2003 en Zapotitlán, sin fuero constitucional, para que las investigaciones sean totalmente imparciales.

David Tapia afirmó que Mosso Porfirio procedió de esta manera porque demuestra que se pone a disposición de las autoridades.

Silvino Mosso asistió acompañado del secretario general del Ayuntamiento, Fortunato Guerrero y de los comisarios del municipio, quienes dijeron que Zapotitlán se encuentra en paz y no con un ambiente hostil como señala la LARSEZ.

En la rueda de prensa estuvieron presentes el presidente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero; Los cuatro diputados locales Porfiria Sandoval, Max Tejeda, Arturo Martínez y David Tapía, así como Silvino Mosso, el secretario general Fortunato Guerrero; el síndico Jesús Vazquez, el regidor Ernesto Melo, y los comisarios de Zapotitlán Tablas.

También estuvieron presentes el secretario de Organización del PAN en Guerrero, Félix Villela; el de Comunicación, Juan Manuel Olea, el director estatal Miguel Chavira y el secretario de Estudios, Oliver Larumbe.

Descartan que comuneros de Acatepec y Zapotitlán incumplan convenios

 

 Las partes inconformes siguen con reuniones en el Tribunal Unitario Agrario, donde se homologó el pacto, informó el subsecretario de Asuntos Agrarios del estado, Esaú Tapia

 El subsecretario de Asuntos Agrarios del estado, Esaú Tapia Abarca, descartó que haya riesgo de que no se cumpla el convenio firmado por comuneros de Zapotitlán Tablas y Acatepec, para resolver el conflicto agrario por la posesión de las mil 700 hectáreas de tierras comunales.

Ello porque –aseguró– las dos partes se siguen reuniendo y los conflictos que han surgido entre habitantes de Zapotitlán Tablas son propios de ese municipio y no tienen que ver con el ámbito comunal.

Informó que los dos grupos se reunieron el martes pasado en el Tribunal Unitario Agrario, donde se “homologó este convenio que ya es cosa juzgada”.

El conflicto resurgió luego de que la semana pasada, el alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Moso Porfirio, acompañó a comisarios a la Procuraduría Agraria, donde informó que habitantes de 30 pueblos habían desconocido a sus autoridades comunales por sospechas de que actuaron de manera irregular en la firma del convenio con las autoridades comunales de Acatepec, promovido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el gobierno estatal

Al respecto, Tapia Abarca dijo que desconoce si se cometieron irregularidades; existe un programa nacional de conciliación agraria y en éste se solucionan los conflictos a través de contraprestaciones que pueden ser económicas, proyectos productivos y otros apoyos como tractores, pero eso es institucional, dijo.

“No creo que hayan irregularidades, yo he estado cerca y no he visto que las autoridades comunales hayan actuado así”, aseguró el funcionario.

Indicó que oficialmente no tiene información sobre la destitución de los representantes comunales porque quien regula esa situación es la Ley Agraria, “y de acuerdo con la ley agraria debe efectuarse una asamblea previa para cumplir con el desconocimiento de los representantes comunales”.

Cierran accesos al Congreso local; piden la revocación del alcalde de Zapotitlán

 Integrantes de la LARSEZ responsabilizan a Silvino Mosso de la masacre en Escalerilla Lagunas

 Miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) bloquearon ayer, por más de tres horas, los accesos del Congreso local, para exigir respuesta a la solicitud de revocación de mandato contra el alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Moso Porfirio, a quien responsabilizan de la matanza de cinco indígenas, el 11 de mayo de 2003, en la localidad de Escalerilla Lagunas.

pero los manifestantes retiraron su plantón ese mismo día, luego de que fueran atendidos por una comisión de diputados.

El dirigente estatal de la LARSEZ, Juan Pérez Romero, denunció que desde el 15 de mayo del año pasado, cuando presentaron la solicitud de revocación de mandato del alcalde Moso Porfirio por su responsabilidad en los hechos violentos en los que perdieron la visa cinco indígenas miembros de esa organización, no han recibido respuesta, y sospechan que los diputados protegen al presidente municipal porque mientras no le revoquen su mandato la Procuraduría General de Justicia del Estado no puede proceder en su contra.

El dirigente de la LARSEZ recordó que la revocación de mandato fue también en contra del síndico Jesús Vázquez Pérez y del regidor Ernesto Melo Candia, quienes también se encontraban en el lugar cuando fueron asesinados los cinco indígenas en Escalerilla Lagunas.

Denunció que a casi un año de los hechos, el Congreso local no ha emitido ningún dictamen con respecto a su solicitud, “por lo que vemos que dan largas al caso”.

Indicó que también han visto negligencia de la PGJE porque no ha ejecutado ninguna de las siete órdenes de aprehensión que libró el juez, en contra de un igual número de implicados en la matanza del 11 de mayo.

Agregó que es falso que no los encuentren para detenerlos, sino simplemente no se les quiere detener porque los implicados se encuentran en el municipio “sin que nadie los moleste”.

Los aproximadamente 200 campesinos de la LARSEZ, originarios de Zapotitlán Tablas, desde poco antes de las 9 de la mañana bloquearon todos los accesos del Congreso local para impedir que entraran los empleados, funcionarios y diputados.

Pero a las 12 de la tarde se retiraron luego de que el dirigente Pérez Romero recibió una llamada del director de Gobernación del estado, Rey Hilario Serrano, quien le aseguró que los atendería mas tarde una comisión de diputados.

Posteriormente los dirigentes del grupo fueron atendidos por diputados de las comisiones de Gobernación, encabezados por Juan José Castro Justo, y por la comisión Instructora que preside Constantino García Cisneros.

Pérez Romero informó que los diputados les aseguraron que el dictamen ya está concluido y que lo darán a conocer a más tardar el próximo mes de abril. Sin embargo señaló que los diputados no quisieron adelantarles en qué términos viene dicho dictamen.

Destituyen campesinos de Zapotitlán a seis Comités de Bienes Comunales

* Rechazan el convenio del conflicto con Acatepec

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Campesinos de 30 comunidades del municipio de Zapotitlán Tablas desconocieron el convenio por medio del cual se resolvió el conflicto agrario, en enero pasado, por la posesión de mil 700 hectáreas de tierras entre comuneros de ese municipio y Acatepec, y destituyeron a los integrantes de los seis Comités de Bienes comunales que lo avalaron.

Los comisarios de las 30 comunidades de Zapotitlán Tablas, encabezados por el alcalde Silvino Moso Porfirio, pidieron ayer a la Procuraduría Agraria los nombramientos de sus nuevas autoridades comunales, toda vez que las anteriores ya fueron destituidas.

El alcalde Moso Porfirio informó que los comisarios señalan que “hubo malos manejos” de los representantes de los seis Bienes Comunales que abarca el municipio, en las negociaciones para resolver el conflicto agrario entre comuneros.

Indicó que debido a ello en días pasados se efectuaron asambleas en 30 pueblos, y en ellas los campesinos acordaron la destitución del presidente, el secretario y el tesorero de los seis Bienes Comunales y se nombraron a sus nuevos representantes.

Pero señaló que los anteriores representantes se niegan a entregar la documentación y los inmuebles que tienen en su poder, por lo que ayer demandaron la intervención de la Procuraduría Agraria para que entregue los nombramientos a sus nuevos representantes y los respalde en sus acciones.

Moso Porfirio informó que su intervención es para impedir que se generen nuevos hechos de violencia, “y no se vaya a decir después que hubo apatía o negligencia de la autoridad”.

En la solución del conflicto intervino además del gobierno federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, el gobierno estatal. Incluso el titular de la dependencia federal, Florencio Salazar Adame, y el gobernador Rene Juárez acudieron a Acatepec y a Zapotitlán Tablas para entregar 40 por ciento de las mil 700 hectáreas de tierras a los comuneros de Acatepec, y 60 por ciento a los de Zapotitlán, conforme el acuerdo que tuvo una amplia difusión en el estado y en los medios nacionales.

Exige Antorcha Campesina al gobierno mediar en el conflicto en Zapotitlán

* Efectúan marcha y plantón en el Palacio de Gobierno

 * Obras sociales para 15 municipios, otras peticiones * ya son varias las reuniones con León Aponte y no nos resuelve nada, se quejó el dirigente de la organización, Júpiter Tapia

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes de Antorcha Campesina marcharon y se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno, para exigir obras sociales para 15 municipios.

El dirigente estatal de dicha organización, Júpiter Tapia Cazales, demandó la intervención del gobierno para la solución del conflicto político que tienen en el municipio de Zapotitlán Tablas, con miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ).

Los cerca de mil antorchistas caminaron de la plazuela Unidos por Guerrero hacia al Palacio de Gobierno, encabezados por su dirigente estatal, Tapia Cazales, quien pidió una audiencia con el gobernador René Juárez porque denunció que ya son varias veces que se han reunido con el secretario de Gobierno, Luis León Aponte, y no ha solucionado su pliego de peticiones.

Los antorchistas demandan la entrega de tres mil paquetes de vivienda, y la introducción de agua potable y energía eléctrica para unas cien comunidades de 15 municipios de la región de La Montaña, informó el dirigente estatal de Antorcha Campesina.

Tapia Cazales informó que el 17 de febrero pasado, cuando llevaron a cabo su más reciente movilización, el secretario de Gobierno, Luis León Aponte, les pidió una “tregua” mientras se analizaban sus demandas.

Pero dijo que a más de un mes no habían sido llamados aún, por lo que volvieron a buscar al funcionario la semana pasada y les informó que de las tres mil acciones de vivienda que pedían el gobierno estatal sólo podría apoyarlos con 200, “lo cual nos parece que es una burla y no podemos aceptarla”.

En cuanto a las obras de introducción de agua potable y energía eléctrica en las comunidades, señaló que el funcionario no dio respuesta, por lo que decidieron volver a movilizarse a partir de este lunes y esta vez por tiempo indefinido.

Tapia Cazales también pidió la intervención del gobierno estatal para que se resuelva el conflicto político entre Antorcha Campesina y la LARSEZ en el municipio de Zapotitlán Tablas, donde incluso han sucedido asesinatos de los cuales se responsabilizan mutuamente las dos organizaciones, ambas filiales del PRI.

En este sentido, dijo que el gobierno estatal debe manejar la seguridad en ese municipio para evitar que se generen hechos de violencia. Aunque el dirigente antorchista deslindó a su organización de los asesinatos que se han cometido en contra de militantes de la LARSEZ, aseguró que de parte de miembros de esta organización sí hubo agresiones hacia miembros de Antorcha.

Citó los casos del asesinato de Pablo García Nayo, ocurrido en junio de 2002, y la detención y el saqueo de las viviendas de los campesinos Benjamín Parra y Cornelio Guzmán, en ese mismo año.