Nuestro reconocimiento y aprecio a los compañeros de Tlacolol por su trabajo crítico y sin concesiones ante un poder que se obstina en criminalizarlos.
Como en tiempos de las administraciones priistas, el gobierno morenista abanderado por Evelyn Salgado reprodujo las prácticas nefastas que denigran la dignidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Como ya es costumbre cada año hacen venir a la capital del estado a las autoridades comunitarias, sus bandas de viento, sus danzas y a las artesanas para que adornen los eventos y engalanen los desfiles, reproduciendo la visión occidental de que los indígenas en su esencia son el folclor de la nación.
El gobierno ha convertido este día en una fiesta, para mostrar empatía, reconocimiento a su cultura, enaltecimiento de su historia, identificación con sus luchas y un gran aprecio por conservar las costumbres ancestrales, otorgándoles el aplauso en todas sus participaciones públicas. Los mismos políticos escogen sus mejores prendas artesanales para sobresalir entre la gente sencilla. Los eventos son muy apropiados para el lucimiento personal de los funcionarios. Dejan en segundo plano a la población indígena que asiste como espectadora y como clientela de los programas sociales.
La realidad de las comunidades indígenas de Guerrero lacera su dignidad por la desigualdad abismal y por la violencia delincuencial que los hunde en la barbarie. Más de medio millón de indígenas guerrerenses luchan por la sobrevivencia en la costa, la montaña, en zona centro y norte. También en los campos agrícolas y en varias ciudades de Estados Unidos donde son tratados como criminales.
Es monolingüe el 27.9 por ciento de la población ñu savi que se ubica en los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Copanatoyac, Xalpatláhuac y Atlamajalcingo del Monte. La población me’phaa monolingüe es del 20.3 por ciento y se encuentran principalmente en los municipios de Atlixtac, Acatepec, Atlamajalcingo, Tlacoapa y Zapotitlán. La población nahua monolingüe es el 11.4 por ciento.
De acuerdo con estimaciones del Coneval, de los 19 municipios que analizó en el 2020, 13 tienen un rezago social muy alto, 4 un nivel medio y solamente dos tienen un nivel bajo. De los 2 mil 478 municipios del país, 13 municipios de la Montaña se encuentran entre los primeros lugares con mayor rezago social: Cochoapa el Grande está en el número 4, Acatepec en el 22, Atlamajalcingo del Monte en el 25, Metlatónoc en el 31, Tlacoapa en el 34, Copanatoyac en el 53, Zapotitlán Tablas en el 57, Atlixtac en el 72, Malinaltepec en el 109, Alcozauca en el 111, Xalpatláhuac en el 112, Iliatenco en el 148 y Olinalá en el 151. En el caso de Tlapa de Comonfort, se encuentra en el lugar 611 y tiene un nivel de rezago social medio.
En Cochoapa el Grande más de la mitad de la población no sabe leer ni escribir y más del 80 por ciento no terminó sus estudios básicos; el 18 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud, ni al agua entubada; el 45 por ciento vive en piso de tierra; el 70 por ciento no cuenta con drenaje; el 11 por ciento no tiene electricidad y casi todas las viviendas no cuentan con electrodomésticos.
En 12 municipios el 39 por ciento no sabe leer ni escribir, mientras que entre el 40 y 76 por ciento de la población de más de 15 años no terminó su educación básica, sobre todo, en Alcozauca y Metlatónoc y entre el 6 y 23 por ciento no tienen acceso a los servicios de salud.
El 60 por ciento de la población en Acatepec vive en pisos de tierra, le sigue Tlacoapa, Atlamajalcingo y Zapotitlán. El agua entubada es un problema grave en los casos de Olinalá, Xalpatláhuac, así como algunas comunidades de Metlatónoc y Tlapa. Lo inaudito es que todavía hay viviendas sin acceso a la energía eléctrica en todos los municipios, con énfasis en Tlacoapa y Acatepec, superando a Cochoapa el Grande.
Tlapa de Comonfort que tiene un nivel medio de rezago social, hay 16 por ciento de población que no sabe leer ni escribir y el 43.5 por ciento no concluyó la educación básica. El 16 por ciento de las viviendas son con pisos de tierra y cerca del 10 por ciento no cuentan con agua potable ni drenaje. A pesar de que muy pocos hogares no cuentan con energía eléctrica, la cifra se eleva en más de la mitad de viviendas que carecen de electrodomésticos como el refrigerador y la lavadora.
Sobre los caminos carreteros, en el 2023 Coneval registró el tiempo que hacen los estudiantes de educación media superior a pie desde sus comunidades hasta sus centros de estudio. El resultado ubica a la Montaña con caminos de hasta más de 4 horas a pie. Además de que las brechas están en pésimo estado.
Esta misma situación ocurre en el recorrido que hacen desde las localidades a las sucursales del Banco Bienestar, una de ellas está ubicada en Tlapa. A esta sucursal acuden beneficiarios desde comunidades de Cochoapa y Metlatónoc que tienen que transbordar varias horas para cobrar su apoyo económico. Sin embargo, muchas veces los cajeros no funcionan y tienen que hacer sus retiros en otros bancos, donde el racismo y la discriminación son la tónica en el trato. Suelen decirles: “váyanse a su banco, aquí nada más vienen a descomponer los cajeros, pinches indios”. El racismo y el atraco son el pan de cada día que padecen los indígenas.
El nivel de inseguridad que se vive en la Montaña es alarmante. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del 2025 en la Montaña ocurrieron 33 homicidios dolosos y 4 feminicidios. La realidad rebasa los datos oficiales porque el clima de inseguridad se ha recrudecido en varios municipios de la región: Tlapa como principal centro generador de violencia, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca y Copanatoyac en la región ñu savi; Zapotitlán Tablas, Acatepec, Zapotitlán, Tlacoapa y Atlixtac en la región me’phaa. En la Montaña baja sobresalen Chilapa, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Zitlala y Olinalá, donde se asienta la población nahua.
De esta compleja realidad no se habló en los eventos públicos, tampoco se escucharon las voces de las víctimas de la violencia, de las familias desplazadas, de los colectivos de personas desparecidas, de los jornaleros que mueren en los campos agrícolas y que son sobre explotados por las empresas agrícolas. Mucho menos se escucharon las voces de mujeres indígenas que han denunciado los feminicidios, tampoco se abordó el grave problema de los matrimonios forzados. Los conflictos agrarios que han causado asesinatos están invisibilizados de la agenda pública, cuando hay varias comunidades confrontadas e imposibilitadas de sembrar sus parcelas. El desabasto de medicamentos en los nuevos hospitales de Tlapa y Ayutla sigue causando muertes y gastos estratosféricos entre las familias pobres. El consumo de cristal en las escuelas del estado y de la Montaña es un problema grave y urgente que ninguna autoridad está atendiendo. Los niños, niñas y adolescentes crecen sin expectativas para continuar sus estudios por falta de maestros y de escuelas.
Lo más grave son los gobiernos municipales que se han especializado en hacer negocio con el dinero público. Los reclamos de las comunidades indígenas es que las autoridades municipales los ignoran y no toman en cuenta sus propuestas de obra. Con el nuevo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que manejarán comunidades indígenas, los presidentes han encontrado el pretexto para no programar obras en las comunidades indígenas. Argumentan que ya recibieron el presupuesto de su obra y que eso mermó el presupuesto municipal. La realidad es que las comunidades indígenas son víctimas del atraco gubernamental, están rodeados de una burocracia corrupta y voraz. A ninguna autoridad mestiza le interesa revertir el rezago social en que se encuentran atrapadas. En lugar de darle más presupuesto se lo esquilman. Con los pueblos hacen mejores negocios porque saben que pueden engañarlos y manipularlos.
Basta de seguir tratando a los pueblos como ciudadanos sin derechos, como simples espectadores y objetos de decoración. La esencia de los pueblos radica en su capacidad creadora y transformadora, en su lucha incansable contra los opresores y contra las estructuras que los oprimen. Su fuerza es imbatible para defender sus derechos y sus territorios. No son súbditos de nadie mucho menos de las elites políticas. Los pueblos indígenas son sujetos de derecho público como lo reconoce la nueva reforma constitucional. La lucha continuará para que reconozcan su derecho al territorio ancestral; para que cuenten con una verdadera representación política más allá de los partidos y para que se tome en cuenta la jurisdicción indígena como parte del pluralismo jurídico para procurar y administrar justicia, como lo ha hecho la CRAC desde hace 30 años, a contrapelo de los poderes establecidos que solo se rigen por el derecho positivo.
Los tres poderes del Estado están en deuda con los pueblos indígenas y afromexicano: el Poder Ejecutivo no ha asumido su compromiso de revertir los altos índices de analfabetismo, mortalidad materna, desnutrición infantil, crisis alimentaria, violencia contra las mujeres, atención a las niñas indígenas víctimas de matrimonios forzados; la explotación y discriminación de la población jornalera, el desabasto de medicamentos y la precaria infraestructura para la atención básica de la salud. Por su parte, el Poder Legislativo sólo simuló que tomaría en cuenta las propuestas de la CRAC para profundizar en la reforma indígena. No han demostrado un verdadero compromiso para trabajar a fondo la ley general sobre los derechos de los pueblos indígenas orientada a subsanar las ausencias de la reforma constitucional. El Poder Judicial tiene que incorporar la perspectiva intercultural en la administración de justicia y crear una sala para asuntos indígenas. Debe tomar en cuenta toda la legislación internacional para aplicar los estándares más altos que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Los jueces tienen que capacitarse en esta materia para no seguir criminalizando a la población indígena. Hay un atisbo de esperanza con la llegada de Hugo Aguilar como ministro presidente de la SCJN.
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