El delegado administrativo de la Secretaría de Protección Civil estatal, y hermano de la diputada local del PRI Isabel Rodríguez Córdoba, Alfredo Rodríguez Córdoba desapareció la mañana del lunes y la última vez fue visto cerca de Palacio de Gobierno en su vehículo.
Según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a las 8:30 de la mañana del lunes el funcionario estatal fue visto a bordo de su vehículo Jetta Sport blanco, con placas HBN-79-90.
Salió de su casa a dejar a su hijo al Centro Escolar Chilpancingo y después se trasladadó a Palacio de Gobierno, para acudir a los honores a la bandera que presidió el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Según la Policía Estatal Rodríguez Córdoba a bordo de su vehículo pasó cerca de Palacio pero nunca llegó a la actividad, y a las 7:50 de la noche de ayer no se sabía de su paradero.
Se supo que policías estatales y ministeriales lo buscaron en distintos lugares de Chilpancingo, pero no lo encontraron.
Con este hecho suman cinco funcionarios públicos desaparecidos en la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El 16 de septiembre desapareció el subsecretario del Migrante y Asuntos Internacionales, Adolfo Vergara de la Paz, junto a otros dos funcionarios del estado: su medio hermano Juan Salgado de la Paz, delegado de Transportes en Arcelia y el jefe regional de la Preparatorias Abiertas, Tomás Flores Castillo, cuando un hombres armados los privaron de su libertad en la cabecera municipal de Arcelia.
El 12 de abril hombres armados se llevaron al ex alcalde de Zirándaro y ex diputado local y federal por el PRD, Catalino Duarte Ortuño, cuando regresaba del hospital regional de Coyuca de Catalán.
El 28 de septiembre el diputado local Silvano Blanco Deaquino afirmó que el ex diputado Catalino Duarte fue asesinado, pero el gobierno estatal insiste en ocultarlo y mantener la versión de que está secuestrado. (Luis Blancas / Chilpancingo).
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Confirma el vocero la irrupción de sicarios en pueblo de Tlacotepec; fueron dos muertos
Vecinos de la comunidad Vuelta del Sur, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), precisaron que fueron dos asesinados y un herido por hombres armados los que dejó la irrupción de hombres armados que portaban armas de grueso calibre y uniformes similares a los del Ejército.
La noche del lunes en una llamada a la redacción de El Sur denunciaron que eran seis los asesinados, pero ayer precisaron la información y agregaron que hay tres desaparecidos.
Denunciaron que a las 7 de la noche del lunes entró un grupo de habitantes a bordo de una camioneta con hombres armados, que dijeron a los policías comunitarios que resguardaban la entrada del pueblo que querían hablar con los vecinos.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia confirmó los hechos de violencia ocurrieron en una base instalada por civiles que se autodenominan policías comunitarios, en la comunidad El Jilguero, municipio de Heliodoro Castillo, lo que dejó a dos personas muertas.
Señaló que de acuerdo con información proporcionada a soldados del Ejército que acudieron al lugar, aproximadamente a las 9 de la noche del lunes un grupo de hombres que vestían ropas tipo militar llegaron a la comunidad y dispararon los vecinos.
El funcionario dijo que en el ataque murieron Feliciano, comandante de la autodenominada policía comunitaria y otro de sus miembros, además que resultó herido un civil.
Después los criminales se replegaron y desde los cerros hicieron más disparos contra la base hasta entrada la madrugada de este martes, mientras con gritos se identificaban como miembros de un grupo criminal que opera en esa zona del estado.
El vocero dijo que personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de lo ocurrido y se trasladó a ese lugar de difícil acceso, para las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación por homicidio, mientras el Ejército hace patrullajes para tratar de ubicar a los agresores. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
Posponen otra vez una audiencia del preso de la CRAC Samuel Ramírez; no acudió un perito
La penúltima audiencia del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez preso en Chilpancingo, se pospuso otra vez, ahora para el 19 de febrero porque el perito de Química Forense no se presentó.
En consulta telefónica la representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, Enriqueta Chávez López demandó respeto al debido proceso y la libertad absolutoria de Ramírez Gálvez.
El 9 de enero se canceló la penúltima audiencia del preso, mientras que la última sigue programada para este jueves.
La representante del Comité refirió que si nuevamente no se presenta el perito existe la obligación de que el juez lo presente o puede provocar un “problema mayor”.
Dijo que el abogado del preso solicita que se garantice la presencia de los peritos para ambas audiencias, aunque sea mediante la fuerza pública, pues se está retrasando el proceso.
“Exigimos el respeto al debido proceso, y demandamos la libertad absolutoria de Samuel porque está purgando una pena que se puede comprobar que él no cometió, es un delito fantasma”, recalcó.
Dijo que el preso está acusado de portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, aunque está acreditado que pertenece a la CRAC, “entonces tenía el permiso de portar un arma”, y la que traía no era de grueso calibre.
En abril se le dictó sentencia a Samuel Ramírez, la que cumplió en octubre dado el tiempo que ya tenía preso, era de 4 años y 100 días, se podía conmutar pero se apeló para buscar su libertad absolutoria.
Enriqueta Chávez dijo que después de la apelación se han entregado más pruebas para comprobar la inocencia del policía comunitario, que nuevamente se entregó la acreditación de la Casa de Justicia de Zitlaltepec y las resoluciones de los casos del ex preso Arturo Campos Herrera, y de Samuel Ramírez Gálvez.
Son cuatro peritajes los que se van a efectuar durante el proceso del policía comunitario ya se hicieron dos, el primero fue el de Tecnología y el segundo de Grafoscopía, falta el de Química Forense y el de Dactiloscopía. (Beatriz García / Chilpancingo).
Condenan a 4 años de prisión a siete policías de la UPOEG de Ayutla por golpear a vecino
Un juez declaró culpables de lesiones calificadas a siete policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y los condenó a cuatro años de prisión, les suspendió sus derechos y les impuso una multa de reparación del daño, informó la Fiscalía General del Estado.
En un boletín dice que los hechos que motivaron esta sentencia ocurrieron en marzo de 2017, y el agente del Ministerio Público acreditó que Silvano, Miguel, Herminio, Raúl, Epigmenio, Filomeno y Baldomero sacaron a su víctima de su casa en Ayutla para llevarlo a la Comisaría, y en el trayecto recibió golpes en diferentes partes del cuerpo.
Indicaron que cuando el agraviado cayó inconsciente, “los policías pensaron que había perdido la vida, por lo que deciden arrojar su cuerpo a un barranco cerca de una comunidad en dicho municipio”.
Luego de la demanda penal señaló que se integró la carpeta judicial 36/2017, y mediante un procedimiento abreviado -del nuevo sistema de justicia penal-, el juez dictó la sentencia condenatoria de cuatro años de prisión.
Informó que les fueron suspendidos los derechos políticos, tendrán que pagar una multa y por la reparación del daño a las víctimas, pero no se precisa el monto. (Redacción / Chilpancingo).
El gobierno obstaculiza su búsqueda de sus familiares, señalan colectivos de desaparecidos
Como parte de la campaña Una Fiscalía Especializada que Sirva y que es impulsada por colectivos de desaparecidos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), el dirigente del Colectivo Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, Ciro Fuentes Urióstegui señaló que su lucha no ha sido fácil a pesar de estar agrupados y tener comunicación con colectivos del país, además que las autoridades en lugar de brindarles facilidades en sus necesidades los han obstaculizado.
En un tercer video difundido por los colectivos y el organismo, aparece Fuentes Urióstegui manifestando la situación que viven como víctimas, “nuestra lucha no ha sido fácil a pesar de estar agrupados y tener comunicación con colectivos del país y de Guerrero, sentimos que nuestra lucha es contracorriente, las autoridades en lugar de brindarnos facilidades necesarias han obstaculizado nuestra lucha por verdad y justicia”, declaró en el video.
Agregó que a los familiares les dicen que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la reciente aprobada Ley por Desaparición Forzada y por Particulares son una herramienta a su favor pero que en los hechos no ha funcionado.
Abundó que en diciembre acudieron al Congreso del estado para platicar con los diputados y diputadas sobre la designación del titular de la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, y lo que obtuvieron fue una política de oídos sordos.
“Los únicos que nos atendieron fueron diputados de oposición, como sociedad ya estamos cansados de que los políticos antepongan sus intereses de grupo a los intereses que preocupan a la sociedad, y que tienen sumido al estado de Guerrero en una crisis de inseguridad”, señaló.
Indicó que les preocupa que aprueben el nombramiento del nuevo fiscal especializado y que lo hagan nada más por formulismo, pues la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo la quieren transformar en esta Fiscalía Especializada, agregó que la unidad sólo cuenta con un titular, un comandante, dos ministerios públicos y tres administrativos.
Exhortó que quieren una fiscalía que funcione, que sea autónoma y que trabaje con las familias, “porque nuestra lucha no nada más es de nuestros desaparecidos es porque otras familias no pasen por nuestro sufrimiento y la no repetición”. (Beatriz García / Chilpancingo).
Marchan sindicalizados del Ayuntamiento de Chilpancingo por la revocación de Leyva Mena
Unos 500 integrantes del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Chilpancingo marcharon del Zócalo de la ciudad al Congreso del estado para insistir en la revocación de mandato del alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena.
El dirigente sindical Domingo Salgado informó que en el Congreso el diputado del PAN, Iván Pachuca Domínguez aseguró a los manifestantes que el político priista no regresará.
Indicó que entregaron al diputado la solicitud de juicio de revocación de mandato y él les aseguró que pese a los amagos que haga el alcalde con licencia éste no puede volver al Ayuntamiento mientras el alcalde suplente esté en funciones.
Asimismo, dijo que el Congreso en estos momentos no puede resolver la solicitud de Leyna Mena para reintegrarse al gobierno municipal porque la comisión responsable del caso está incompleta debido a las licencias que solicitaron varios diputados locales este lunes.
Añadió que cuando se discuta el caso en tribuna estará listo el dictamen de revocación de mandato contra Mena Leyva que ya está en comisiones
El dirigente sindical advirtió que los trabajadores del Ayuntamiento seguirán atentos de este procedimiento.
La protesta de trabajadores con playeras rojas salió del Zócalo a las 10:45 de la mañana por la avenida Alemán y Lázaro Cárdenas rumbo al Congreso.
Se manifestaron de las 11:30 a la 1 de la tarde con pancartas y la consigna de “fuera Marco Leyva” frente a la puerta del estacionamiento del Congreso, bloqueando uno de los carriles de la calle de un costado.
Los inconformes se retiraron luego de que una comisión de cinco personas ingresó al Congreso del estado para conocer la posición de los diputados locales respecto a la revocación.
El gobierno no los ha apoyado ante la pérdida de mojarra, se quejan pescadores de Cutzamala
Pescadores de la presa del Gallo del municipio de Cutzamala de Pinzón denunciaron que después de un mes de tener una reunión con funcionarios federales y estatales no tienen ninguna respuesta de la ayuda que solicitaron por la pérdida de 700 toneladas de mojarra en diciembre pasado y de la cual responsabilizaron a la hidroeléctrica de dicho lugar.
El 23 de diciembre acudieron autoridades de pesca de nivel federal y estatal a una reunión en la presa en donde también estuvo presente en la alcaldesa, Karime Benítez Flores y el diputado local, Isidro Duarte Cabrera. En este encuentro plantearon la posibilidad de recibir apoyo económico del gobierno estatal o federal para solventar parte de las pérdidas que tuvieron debido a la muerte masiva de mojarras.
En este encuentro entregaron un documento donde piden la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores para que baje programas y proyectos para los pescadores de esta localidad y que subsane el impacto económico que sufrieron.
Son cinco pueblos de Guerrero que se dedican a la pesca en esta presa y de donde se mantienen unas 600 familias, además de otra cantidad similar pero del lado de Michoacán.
El 23 de diciembre los pescadores mostraron a las autoridades que los peces murieron repentinamente en diferentes puntos separados por kilómetros de distancia.
Antonio Serrato líder de los pescadores de la presa dijo vía telefónica que están considerando otras vías de presión ante el silencio de las autoridades para apoyarlos y que no descartan la movilización de los pueblos.
Dijo que no han tenido respuesta ni alguna clase de apoyo para solventar las pérdidas que tuvieron.
Dentro de sus peticiones plantearon que deje de operar la hidroeléctrica ya que la acusan de provocar una falta de oxígeno en el agua y hace que mueran los peces.
El gobierno del estado envió en diciembre a inspectores de sanidad pecuaria quienes determinaron que la muerte de los peces no tiene ninguna relación con alguna bacteria o algún químico peligroso que pusiera en riesgo la salud de la población. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Paran labores en el Hospital del Niño y la Madre de la capital; exigen sus salarios y aguinaldos
Trabajadores del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense se manifestaron para exigir el pago puntual de su salario así como un incremento al presupuesto del nosocomio debido a que por los recortes no tienen medicamentos ni materiales para cirugías, además del pago de su aguinaldo que les adeudaban.
A las 10 de la mañana unos 30 trabajadores de base y descentralizados que dependen del gobierno estatal y cumplen con distintas funciones al tratarse de médicos, administrativos e intendentes, dejaron sus actividades laborales para manifestarse en la explanada de las instalaciones.
“No más atropello, exigimos nuestro pago inmediato, trabajadores del HNMG presente”, “Pago inmediato de la quincena y aguinaldo, no más triangulación” y “Basta de violar nuestros derechos labores”, decían las pancartas que mostraban los manifestantes.
La representante de los inconformes, Pilar Guadalupe Cortés Ríos dijo que 206 trabajadores no reciben de manera puntual su salario quincenal, según su contrato éste debe ser depositado los días 15 y 30 de cada mes pero en los últimos pagos se retrasa más de tres días.
Dijo que el problema es que hay una triangulación en el pago pues la Secretaría de Finanzas y Administración deposita los recursos correspondientes al Seguro Popular y éste a los trabajadores, operación que retrasa la entrega puntual de los salarios devengados. Añadió que tampoco recibieron su aguinaldo y está pendiente la homologación de los salarios de todos los trabajadores.
Por otra parte, contó que debido al recorte presupuestal de 17 millones de pesos a 4 millones el hospital no tiene materiales para atender a los recién nacidos y mujeres embarazadas debido a que el abastecimiento de los mismos y de medicamentos se retrasa porque no hay recursos para adquirirlos.
Además señaló que es necesario que se contraten a más médicos y enfermeras para cubrir con las necesidades de los pacientes que llegan de distintos puntos del estado. Añadió que en la protesta no participaron todos los trabajadores afectados porque “no queremos afectar a terceros”, sin embargo si las autoridades no atienden sus demandas podría haber un paro laboral en el hospital.
Luego de la protesta las autoridades pagaron el salario y aguinaldo de los 206 trabajadores cerca de la 1 de tarde e informaron que el depósito ya estaba hecho, a pesar de ello los inconformes temen que las siguientes quincenas les retrasen el pago por lo que acordaron tener mesas de diálogo con el titular de la Secretaría de Finanzas, Héctor Apreza Patrón para establecer acuerdos y evitar futuras protestas que afecten a los usuarios del hospital.
Irrumpen paristas a la mina Media Luna con civiles armados a evitar el reinicio de labores, denuncian
Pese a los llamados de Torex Gold Resources, para que la Policía Federal, división Gendarmería, garantice la reanudación de operaciones en la mina Media Luna, de Cocula, este lunes y martes, los trabajadores en paro entraron a la planta, ubicada en el ejido de Río Balsas, a impedir las evaluaciones y reparación del equipo de procesamiento de minerales que organizó la empresa con vecinos de Nuevo Balsas, denunció el comisario de la localidad, David Díaz.
Advirtió que la situación es cada vez más tensa, porque el lunes hubo un diálogo largo entre los paristas y sus opositores, luego de que los manifestantes irrumpieron en los terrenos de la mina, junto a la planta de procesamiento.
Ayer, martes, alrededor de las 9 de la mañana, indicó que los paristas ubicados en plantón en la puerta 3, volvieron a entrar a la planta para exigir la salida de unos 100 trabajadores, entre locales y foráneos, que laboran hace una semana en lo que llaman el “reinicio secuencial de operaciones”.
En consulta telefónica, explicó que, como los opositores al paro se negaron a retirarse de la planta, los paristas se retiraron y volvieron al mediodía con civiles armados.
Aclaró que para evitar una confrontación, los opositores al paro salieron del lugar y regresaron después de las 3 de la tarde, para concluir labores a las 9 de la noche.
En cuanto a la Gendarmería, confirmó que hay efectivos dentro de la mina, pero no impiden en paso de los paristas a la planta, ni estuvieron presentes durante estos incidentes.
Insistió en que mineros de Nuevo Balsas quiere volver a trabajar, y exigió que los tres niveles de gobierno los apoyen, “no queremos que más al rato estas personas se vayan a enojar, pero (las autoridades) no nos voltean a ver. A lo mejor la gente que quiere trabajar está mal, o no sé qué está pasando”.
Incluso, señaló que el lunes, los opositores al paro estuvieron a punto de confrontarse con los paristas, pero se les contuvo. Los paristas exigieron que sólo se quedara en la planta la gente de pueblos aledaños para dialogar.
Aclaró que, cuando sacaron a los trabajadores foráneos de la planta, los opositores locales eran unos 100 en la planta, y los paristas locales sólo 40. Sin lograr avances, los dos grupos se mantuvieron en la planta hasta las 6 de la tarde.
Ayer, cuando los paristas irrumpieron de nueva cuenta a la planta, dijo que después de intentar el desalojo a primera hora, volvieron a media día con unos 130 vecinos de Tepehuaje, Mezcala, Taxco, Iguala y Tonalapa, “esta vez llegaron armados; cuando se les pidió que hicieran a un lado a los foráneos, no quisieron hacer a un lado a la gente que llevaban invitada”.
Convocó al delegado estatal del SNTMMSSRM, Indalecio Pérez Morones, que encabeza el paro de labores, a que no retrase más la votación para que los trabajadores elijan qué sindicato quieren que los represente.
Aseguró que los vecinos de Nuevo Balsas no tienen preferencia por la CTM que tienen el Contrato Colectivo de Trabajo de Media Luna, ni por el SNTMMSSRM, y aceptarán a quien tenga la mayoría en la votación, en el juicio que se dirime en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, también pidió que si pierde la votación reconozca los resultados.
Confirmó que, en tanto sigan el plantón y el paro de labores en la puerta 3 de la mina, se mantienen los bloqueos carreteros de Nuevo Balsas, junto al poblado de Atzcala, y en la Colonia Valerio Trujano, municipio de Tepecocuilco, en los dos caminos de acceso a la entrada principal de la mina.
Ya no es un conflicto laboral sino social el “bloqueo ilegal” a la minera, dice la CTM
El representante legal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Joel Hernández Reyes dijo en conferencia de prensa en el hotel Casa Inn, de la zona Dorada de Acapulco, que no hay un conflicto laboral en el “bloqueo ilegal” que mantienen “personas ajenas” a la mina Media Luna de Cocula.
Advirtió que si el gobierno estatal no actúa en el conflicto que se desató luego del “intento” de la empresa Torex Gold Resource de reiniciar actividades el lunes pasado, habrá un enfrentamiento entre los trabajadores de la mina y los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), que han sido contenidos por gendarmes.
No obstante los convocó a no confrontarse, pues consideró que “al ser un conflicto social va a traer violencia”.
Hernández Reyes comentó que, en la medida en que sus agremiados vuelvan a trabajar, dado que comenzaron las labores de limpieza en el acceso del poblado de Nuevo Balsas, de donde proviene el 60 por ciento de los afiliados a la CTM, se reactivarán los pagos, que fueron suspendidos hace dos semanas. Los salarios de los 500 sindicalizados, oscilan entre 400 y mil 500 pesos semanales, dijo.
Calculó las pérdidas de la empresa canadiense en 1.5 millones de dólares cada día que no se trabaja en la mina, y que en las labores de mantenimiento trabajan 60 sindicalizados en una zona que denominó “la planta”, a donde intentaron ingresar “a la fuerza” los integrantes del Sindicato de Mineros el lunes, donde fueron retenidos por los gendarmes.
Joel Hernández señaló que la situación ya no es laboral, pues la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “está realizando su procedimiento… Es obligación del gobierno estatal empezar a realizar las gestiones necesarias, a ejercitar lo que esté dentro de su alcance, o lo que considere social y políticamente correcto, para llegar a la solución de este conflicto… ayer, el presidente municipal de Cocula, solicitó ya el apoyo del gobernador porque esto se está saliendo de control. Se están enfrentando. Los secretarios del Trabajo, el subsecretario de Asuntos Agrarios, han llegado, pero fue prácticamente inexistente (la visita)”, dijo el abogado.
Indicó que entiende que no use la fuerza, pero sin algún medio coactivo para que la mina funcione, “la primer reacción debe recaer en el gobierno del estado”.
Aclaró que el gobierno del estado ha sido consciente y ha establecido acciones para solucionar el conflicto, pero “ha habido una cerrazón por parte del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia. Llegaron a decir (que) ya no les interesa el Contrato Colectivo ‘ya no quiero el procedimiento de titularidad; empresa, quítaselo a la CTM y dámelo a mí’. Pero la cultura canadiense es un poquito más estricta y respetuosa de las normas”.
El 3 de noviembre, trabajadores de la mina pararon labores con el apoyo del Sindicato de Mineros, para exigir la titularidad del contrato colectivo de trabajo, y bloquearon los accesos a la mina.
El representante de la CTM explicó que, dada la demanda del sindicato de mineros ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se comenzó el procedimiento, que está “detenido” porque el demandante no acudió a la audiencia programada para el 13 de diciembre pasado.
“Al paso del tiempo esto va a ser un conflicto social, y espero, ahora sí, en uso de sus facultades y en un conflicto social, el gobierno del estado de Guerrero las gestiones que están a su alcance. No pueden permitir que una inversión salga, pero al ser un conflicto laboral de origen ellos (el gobierno estatal) no podían inmiscuirse porque era del orden federal; hoy ha dejado de serlo, el conflicto laboral ha desaparecido, se ha convertido en un conflicto social y, por lo tanto, ahora sí compete al estado el ejercicio de las facultades que tiene para llegar a una solución”, advirtió Joel Hernández.
Ante el comunicado de la empresa de reiniciar actividades, indicó que la respuesta de los paristas fue tomar de forma violenta las instalaciones nuevamente.
“Hubo (el lunes) conatos de violencia, fueron mas de 100 personas y ninguno de los que ingresaron a las instalaciones es trabajador de Media Luna, se han ido sumando personas de distintos municipios, como Taxco y Mezcala, de la mina Los Filos, para tratar de hacer sus movimientos, lo cual es totalmente violatorio, en virtud de que están impidiendo que la gente de los poblados, que se han visto beneficiadas por progreso y beneficios por parte del complejo minero, en este momento no pueden hacer las actividades a las que tienen derecho. Ha sido una afectación económica multimillonaria, para la empresa, pero también para nuestros representados y debido a esta situación económica, la empresa no se encuentra en posibilidad ya de pagar salarios, ya inicia el proceso de suspensión”, contó.
Recordó que los trabajadores votaron en Morelos el año pasado por retomar las actividades en la empresa y no para definir cuál sindicato los representaría.