La directora de Amnistía Internacional para América Latina, Ericka Guevara Rosas alertó que “otro caso como Ayotzinapa podría darse en cualquier momento” en Guerrero y, en particular, en Chilpancingo, ante el grave contexto de tolerancia y de impunidad en que ocurren las desapariciones forzadas.
Al señalar que, “es escandaloso que la impunidad por estas graves violaciones a derechos humanos siga siendo la norma” en Guerrero, dio a conocer en un comunicado la documentación de cinco casos de desaparición forzada ocurridos durante la última semana de diciembre en Chilpancingo.
La investigación de la organización, encabezada por Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional para México, confirmó la participación de policías municipales y ministeriales en la desaparición de Alan Alexis Vélez y de dos menores de edad, ocurrida el 27 de diciembre pasado, así como en la desaparición de Jorge Arturo Vázquez Campos y Eduardo Catalán Cabrera, el 30 de diciembre en la Feria de Navidad y Año Nuevo.
Los primeros tres aparecieron con vida el 3 de enero, con huellas severas de tortura; en tanto que otros dos jóvenes fueron encontrados en la vía pública ejecutados con un tiro en la cabeza. Guevara Rosas consideró que, “trágicamente, la desaparición forzada de estos jóvenes es la última de una larga serie de horrores ocurridos en el estado de Guerrero. Los signos alarmantes de corrupción y terribles violaciones a derechos humanos permanecen a la vista de todos y aquellos servidores públicos que negligentemente los ignoran, son cómplices”.
De acuerdo con la información recabada por Amnistía Internacional, Alan Alexis y los dos adolescentes fueron privados de su libertad por policías municipales y ministeriales durante siete días. El 27 de diciembre fueron llevados a la estación de policía de Chilpancingo y después “conducidos a una casa de seguridad y luego transportados en un viaje tormentoso a Acapulco”, donde estuvieron en celdas, “al menos tres días sin acceso a comida y con el temor de ser asesinados”.
La organización señaló que el pasado 3 de enero los tres jóvenes fueron llevados a Chilpancingo y “arrojados con vida detrás de un supermercado local, presentando claros signos de tortura y envueltos con cinta adhesiva de cuerpo y ojos”.
De acuerdo con la investigación de la organización internacional, en el caso de los tres jóvenes, “la policía los habría torturado con la intención de obtener información, en concreto una ‘confesión’ ilegal”.
Sobre los otros muchachos, cuyos cuerpos aparecieron el mismo 3 de enero en un lote abandonado, Amnistía Internacional contó con indicios de que “habrían sido desaparecidos por policías municipales, supuestamente en coordinación con el crimen organizado”.
Sin duda, la impunidad es lo que más preocupa, dice investigadora
La investigadora para México de la organización internacional, Madeleine Penman declaró a Proceso que, después de cuatro días de entrevistarse con autoridades del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), así como con familiares de víctimas y tres sobrevivientes, es posible afirmar que de la desaparición forzada en el estado, y en Chilpancingo en particular, “nadie está a salvo de ser víctima de crímenes atroces, tocan a todos los sectores lo mismo marginados que privilegiados, es alarmante”.
La investigadora destacó que lo que más preocupa a la organización es la “impunidad casi absoluta” en la que, no sólo no hay castigo para los responsables, sino que ni siquiera se realizan investigaciones oportunas por parte de autoridades, ya que, en ambos casos, aunque los familiares denunciaron los hechos de manera inmediata, no hay evidencias de que las autoridades hayan tratado de dar con su paradero.
“Todos los casos se denunciaron ante autoridades, todos tenían conocimiento de los hechos. En el caso de Jorge Arturo y Marco Eduardo, los familiares denunciaron desde el primer momento y hubo mucho ruido alrededor de estos hechos, que terminan en la presentación sin vida de los chicos, con balazos en la cabeza, al parecer un tiro de gracia.
“Los tres sobrevivientes vivieron una situación tremenda. Durante siete días estuvieron detenidos a manos de policía municipal y con involucramiento de policías ministeriales del estado de Guerrero, sufrieron incomunicación durante varios días. A los familiares se les negaba dar información del paradero a pesar de que los estaban buscando. Por los testimonios de los sobrevivientes, sabemos que la tortura incluyó técnicas de asfixia, amenazas de muerte, desnudez forzada, golpes tan fuertes que aún hay evidencias de moretones en sus cuerpos. Son indicaciones contundentes de violaciones graves al derecho internacional”, comentó la defensora.
Madeleine Penman señaló que en Chilpancingo se vive un “clima de terror”, y destacó que en los casos de los jóvenes que aparecieron ejecutados, sólo hay un policía municipal procesado, pese a indicios de más involucrados.
Del caso de los sobrevivientes, “todo indica que no ha se ha abierto carpeta de investigación por tortura, pese a que desde el 3 de enero las autoridades tienen conocimiento de los hechos, desde que aparecieron los chicos golpeados”.
Consideró que hay una “grave demora cuando hay tiempos que se tienen que imponer, cuando estamos hablando de huellas frescas que se tienen que analizar por medios forenses, que se tienen que preservar las evidencias. Sin duda, la impunidad es lo que más preocupa”.
La investigadora agregó que para Amnistía Internacional es lamentable que, en casos de desaparición “sean las familias las que se tienen que movilizar para que se esclarezcan los hechos, cuando las autoridades del estado de Guerrero son los que deberían esclarecer. En estos cinco casos, desde el primer momento hubo una fuerte denuncia y movilización ciudadana importante, lo que permitió de alguna manera que tres jóvenes aparecieran con vida y que de otros dos se supiera el destino final”.
Destacó que la norma en Guerrero es “la impunidad casi absoluta” pues, de acuerdo con datos que les proporcionó la Codehum, “desde 2002 a la fecha, ninguna recomendación por desaparición forzada ha sido cumplida”. Y puntualizó: “estamos hablando de un ambiente de tolerancia, de evidencias fuertes de colusión de autoridades con crimen organizado. Estamos hablando de un contexto de que en cualquier momento pude fomentar o permitir otras desapariciones forzadas masivas, incluso otro Ayotzinapa puede ser posible”.
