La mañana de ayer el cuerpo del adolescente de 14 años que desapareció el domingo fue localizado en la orilla del río Omitlán en la cabecera municipal de Juan R Escudero (Tierra Colorada).
El joven fue identificado como Carlos de 14 años vecino de la comunidad de Villa Guerrero y desapareció el domingo cuando pescaba en dicho río.
Fuentes de la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal informaron que a las 8 de la mañana encontraron el cuerpo y fue trasladado por sus familiares a la comunidad de Villa Guerrero donde era originario.
El domingo un adolescente fue arrastrado por la corriente del río Omitlán cuando pescaba en el municipio de Juan R Escudero (Tierra Colorada), trabajadores de PC estatal buscaron el cuerpo.
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Paran en la Fiscalía ante los olores que salen del Semefo; está saturado con 600 cuerpos, informan
Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) pararon labores, cerraron las oficinas y denunciaron el mal olor que desde hace más de un mes desprenden más de 600 cuerpos que están en las instalaciones contiguas del Servicio Médico Forense (Semefo), y que afecta su salud.
El delegado sindical de la sección Séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), José Luis Nava Delgado informó que están saturadas las morgues, que tienen más de 600 cuerpos, una de las dos cámaras de refrigeración está inservible y cada uno de los depósitos tiene capacidad sólo para 180.
A las 12 del día los trabajadores administrativos abandonaron las oficinas donde laboran debido al mal olor que desprenden los cuerpos, y exigieron que intervenga el fiscal general, Javier Olea Peláez.
Algunos de los trabajadores que salían de sus oficinas con sus manos se tapaban las narices y boca, otros se cubrían con su suéter, playera y cubrebocas.
El delegado sindical del SUSPEG, José Luis Nava Delgado se quejó de que desde hace más de un mes han solicitado a las autoridades el cambio del Semefo, para evitar focos de infección que afectan a los 500 trabajadores administrativos, debido a que las instalaciones están saturadas con más de 600 cadáveres sin identificar.
Comentó que el mal olor del Semefo es debido que está inservible una cámara de refrigeración donde se encuentran los cuerpos de las víctimas sin identificar.
“Pedimos el cambio de Semefo, la verdad afecta la salud de los 500 trabajadores, porque esta saturado con 600 cuerpos, una cámara de refrigeración se encuentra inservible y la capacidad tiene de cada cámara de 180 cuerpos, pero tiene 250 cadáveres, más los que se encuentran en el suelo”, indicó.
Nava Delgado dijo que peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense llegaron al Semefo hace 15 días, y con peritos de la Fiscalía trabajan para la identificación de las víctimas en el acceso, y eso provoca el mal olor que llega a las oficinas de la FGE.
Señaló que han solicitado la intervención desde hace más de dos meses al fiscal general Olea Peláez y los vicefiscales, pero no han tenido respuesta para atender sus peticiones y “como presión abandonamos las oficinas, suspendimos labores y tomamos la entrada de las oficinas de la Fiscalía”.
“Por ejemplo en el caso de nuestro jefe y el mismo fiscal tiene sus oficinas acondicionadas, con aires acondicionados y nosotros como trabajadores las áreas de trabajo están en pésima condiciones y entra el mal olor del Semefo, esto ha causado que mis compañeros sufran dolores de cabeza y náuseas”, declaró.
Otra trabajadora exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Secretaría de Salud estatal que trasladen a otro lugar las instalaciones, y a los trabajadores les otorguen un receso laboral cuando los peritos hagan los trabajos de identificación de los cuerpos, “con el fin de no afectar nuestra salud y respetar nuestro trabajo, porque con el mal olor no podemos realizar nuestra chamba”.
A la fiscalía llegó el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Francisco Javier Hernández Ruiz quien dio la autorización para que los trabajadores se retiraran de la institución, pero no atendió las demandas.
Hacen las pruebas a los cadáveres en el área de descarga ante la falta de espacio
Después un grupo de fotógrafos y reporteros entraron al Semefo, en el acceso donde las camionetas descargan los cuerpos de las víctimas para depositarlos en las planchas y cámaras de refrigeración se constató que había unos seis peritos y trabajadores vestidos de blanco, haciendo las pruebas de identificación de los cadáveres a la intemperie.
Al notar presencia de los comunicadores los empleados metieron las bolsas de los cadáveres que se encontraban en el suelo de este acceso ubicado al aire libre, y uno tomó fotos a los reporteros y fotógrafos.
Consultado por teléfono el delegado sindical de la sección Séptima del SUSPEG, José Luis Nava informó que fueron atendidos por el fiscal general Javier Olea Peláez, y acordaron la suspensión de labores para hoy porque peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del institución continuarán sus trabajos.
Señaló que los funcionarios de la FGE les informarán cuándo regresarán a trabajar a sus oficinas, y Olea Peláez les informó que la institución comprará una cámara frigorífica para que “no haya mal olor” y los cuerpos estén conservados.
Del cambio del lugar de las instalaciones de Semefo tendrán una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, agregó.
Pasadas las 3 de la tarde los trabajadores se retiraron de las oficinas de la Fiscalía.
La saturación de cadáveres en los Semefos, un problema cada vez mayor
El problema de la saturación de cadáveres en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) no es nuevo, desde hace varios meses trabajadores han denunciado la acumulación de cuerpos y los malos olores que se desprenden de ese lugar.
Apenas el pasado 27 de octubre El Sur publicó que trabajadores del Semefo de Acapulco denunciaron que el mal olor se extendía afuera de las instalaciones, porque había más de 300 cadáveres en las cámaras frigoríficas.
El mal olor de los cuerpos alcanzó desde el almacén hasta la avenida Vicente Guerrero, una distancia de 80 metros. Las instalaciones del Semefo de Acapulco están adentro de la Fiscalía Regional en la céntrica colonia Progreso.
En mayo el director general del Semefo, Ben Yenuda Martínez informó que había una saturación de 569 cadáveres en las tres instalaciones en Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
La Fiscalía hizo un proyecto del Cementerio Estatal Forense ubicado en Chilpancingo, para que no hubiera saturación en las tres morgues que hay en la entidad.
En diciembre del año pasado hasta esta fecha han sido depositados en este cementerio 145 cadáveres.
Se compraron cámaras frigoríficas para las morgues de Acapulco, Iguala y la capital: Olea
El fiscal general del estado, Javier Olea Peláez afirmó que el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó la compra de más cámaras frigoríficas para las morgues, luego de que en la mañana trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo cerraron las oficinas en protesta contra el mal olor de los cuerpos.
Ayer en conferencia de prensa a las 8 de la noche en Acapulco, el funcionario aseguró que ya hubo acuerdos “satisfactorios”, incluso dio a conocer que ya se compraron las cámaras frigoríficas, “hay que instalarlas y va a seguir”.
Reconoció que los malos olores que desprenden los cadáveres del Servicio Médico Forense (Semefo) van seguir, “hay que tomar en cuenta que cuando la Fiscalía necesita un cuerpo o varios cuerpos pues se tiene que abrir los frigoríficos, y de ahí es donde salen los olores”.
Aseveró que las nuevas cámaras frigoríficas son “bastante amplias y grandes”, destinados para Chilpancingo, Acapulco e Iguala, “es evidente que cuando empecemos a cambiar en su momento oportuno los cadáveres a los nuevos para darles mantenimiento a los viejos habrá olores fétidos”.
“Quiero decirles que no nada más ellos sufren, el fiscal general también sufre de esos olores y somos todos, por qué, porque son muy fuertes, muy, muy fuertes”, concluyó.
Cuatro detenidos por un secuestro en la Costa Chica
En otro tema, Olea Peláez informó que la Policía de Investigación Ministerial cumplimentó la orden de aprehensión en contra de cuatro hombres por un secuestro, en la región Costa Chica.
Añadió que el juez de Control determinó a los cuatro hombres prisión preventiva y cinco meses de investigación complementaria.
Contó que la víctima salió de San Luis Potosí donde residía, dirigiéndose a Coyuca de Benítez donde fue interceptado y privado de la libertad siendo trasladado a Chochoapa, municipio de Ometepec, donde fue privado de la vida.
Añadió que un familiar recibió una llamada telefónica en la que le pedían 600 mil pesos a cambio de su libertad.
Presentó pruebas de que el preso de la CRAC Samuel Ramírez es policía comunitario, indica Tlachinollan
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra afirmó que cuando el organismo mantenía la defensa del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez, no solamente se ofrecieron de pruebas la credencial que indica que es policía comunitario, sino también el reglamento y organigrama del sistema de justicia, el concentrado de armas de todos los policías de ese lugar, en respuesta al integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, Quetzal Chávez.
El abogado aclaró que la sentencia que se le dio al policía comunitario en abril y que terminaba en octubre, dado el tiempo que ya tenía preso, era de 4 años y 100 días de multa y que se podía conmutar la sentencia.
Pidió al Comité que se informe con detalle del expediente del preso y que se le informe tal cual es a Ramírez Galvez.
En declaraciones telefónicas el lunes, el actual abogado del policía comunitario, Enrique González Ruiz indicó que faltaban dos audiencias y que se esperaba que a partir de ahí se definiera su libertad.
“Nos sorprende que algunas personas intenten desacreditar este trabajo, comentarte esto que en el año 2013 fueron detenidos 13 policías comunitarios de Zitlaltepec que comparten causa penal con Samuel Ramírez Galvez, nosotros llevamos la defensa ahí, entregamos todas las pruebas que acrediten”, indicó ayer el abogado Rosales Sierra vía telefónica.
Detalló que no sólo se ofreció la credencial de Samuel, sino el reglamento, el organigrama de la CRAC, cómo funcionan las Casas de Justicia, la credencial de todos y cada uno de los policías comunitarios incluido Ramírez Gálvez, y el concentrado de armas de todos los policías de Zitlaltepec.
Dijo que creía que es ignorancia que señale que Tlachinollan no hizo un trabajo adecuado en esa defensa.
Resaltó que motivo de la defensa que hizo el centro de derechos humanos el juzgado de distrito emitió una sentencia, reconociendo a la Policía Comunitaria (PC) como un ente facultado para administrar justicia y brindar seguridad en las comunidades indígenas, dentro de su territorio.
Rosales Sierra manifestó que como consecuencia de ese reconocimiento se liberaron a 10 compañeros, aunque a Samuel Ramírez no, pues está acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Explicó que la resolución se dividió en dos partes. En la primera el juzgado de distrito reconoce a la CRAC, reconoce los sistemas normativos, la Ley 701, las facultades que tienen para brindar tareas de seguridad pública, y que pueden portar armas sin necesidad de tener licencia, sólo que demuestren con su credencial de elector el contrato de armas que pertenecen a la CRAC.
“Hay un paso adelante ahí en la resolución que los compañeros desconocen, ignoran y soslayan, y ese es un trabajo que Tlachinollan hizo junto con los compañeros de la CRAC de Zitlaltepec”, remarcó.
“La otra parte de la resolución a lo que refiere verdad es que aún reconociendo las facultades de la CRAC, aún reconociendo que los policías de la CRAC pueden portar armas, el tema de las armas de uso exclusivo del Ejército mexicano se sujeta a otras reglas, tienen que ver con la seguridad nacional de este país, luego entonces deben estar sujetas a un medio de control y este medio de control al que debe estar sujetas estas armas es la mencionada Licencia Colectiva 110 que tienen los Ayuntamientos, los estados y otros entes”, agregó.
Dijo que la CRAC debe acceder a esa licencia colectiva, es decir que no está exenta de ello para que puedan portar armas de uso exclusivo del Ejército, y que la resolución del juez no prohíbe que puedan portar este tipo de armas, que lo único que la resolución dice es que deben tramitar la licencia colectiva.
“Nosotros apelamos ese auto de formal prisión, alegamos que la licencia colectiva no se ajusta a las normas, a los principios y a la visión de los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas tienen otra forma, sin embargo vuelven otra vez a confirmar el auto de formal prisión en el Tribunal Unitario de Circuito”, abundó.
El defensor de derechos humanos expuso que esa fue la última resolución que obtuvo Tlachinollan, que para ese momento ya llevaba tiempo la defensa de Samuel, se habló con la mamá del preso y le dijeron que ya no querían seguir peleando ese tema en los tribunales, que porque ya no se estaba peleando si es legal o no es legal, si se reconoce o no se reconoce la CRAC, que eso ya no es motivo de disputa en el juicio de Samuel, porque eso ya está reconocido.
Recalcó que lo que se pelea en el caso de Samuel es que si puede portar o no armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, si tiene que acceder a la licencia colectiva o no.
“Los compañeros ignoran… conocemos perfectamente el sistema, desde que el sistema nació Tlachinollan lo está acompañando, Tlachinollan ha sido uno de los forjadores del sistema de justicia comunitario, ¿cómo no lo vamos a conocer?, ¿cómo no vamos a ofrecer las pruebas que el sentido común indican pues?, o sea para nosotros si es una grosería que el compañero diga que no ofrecimos la credencial, nosotros lo invitaríamos a que revisara más de manera exhaustiva el expediente”, reiteró.
Vidulfo Rosales manifestó que la sentencia de condena para Samuel Ramírez sí fue emitida en abril y se cumplía en enero, y que entonces se habló y se valoró con la familia qué es lo que convenía, si se seguía peleando que si se debe o no acceder a la licencia colectiva 110 la CRAC, iba a tomar tiempo, pero que el tema de la CRAC no está en riesgo, se tiene ganado.
“Nosotros optamos en que mejor, en caso de que hubiera una sentencia condenatoria pudiera Samuel acogerse a la misma, porque daba lo mismo estar peleando los recursos de apelación… en automático Samuel ya hubiera obtenido su libertad, nosotros lo que le dijimos a sus familiares de Samuel, nosotros no queremos que por estar peleando un recurso (esté ahí)”, expuso.
Añadió que probablemente es una cuestión que le incumbe a la CRAC pelearlo, desde otro ámbito y no poniendo “por debajo de los pies” su libertad, pero otros compañeros le hicieron ver que no se reconocía la CRAC, porque se estaban vulnerando los derechos y no se reconocía la Ley 701.
La nueva defensa interpuso una apelación contra esta sentencia, que lo único que obtienen los compañeros “malamente” es una reposición del procedimiento que ni siquiera están dando oportunidad a la defensa de que ofrezca pruebas.
“Entonces la apelación ¿qué ganan los compañeros?, está favoreciendo a la PGR, no está favoreciendo al compañero Samuel… que sean objetivos con el compañero Samuel y que le informen tal cual son las cosas”, pidió.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra afirmó que cuando el organismo mantenía la defensa del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez, no solamente se ofrecieron de pruebas la credencial que indica que es policía comunitario, sino también el reglamento y organigrama del sistema de justicia, el concentrado de armas de todos los policías de ese lugar, en respuesta al integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, Quetzal Chávez.
No apoya la minera Media Luna a las comunidades de la zona, dice ejidatario
Habitantes de al menos seis pueblos que se sumaron al movimiento de los trabajadores de la minera Media Luna, reclamaron que la empresa no ha cumplido los compromisos que hizo cuando comenzó sus trabajos de exploración, entre otros, la introducción de servicios públicos y la indemnización de sus tierras.
Se sumaron al movimiento, habitantes de Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, del municipio de Cocula; así como Mezcala, de municipio de Eduardo Neri, y Colonia Valerio Trujano, municipio de Tepecoacuilco.
Uno de los ejidatarios más veteranos, Juan Artega Medina, quien fue de los reubicados de la zona en donde ahora Media Luna explota la mina, a la nueva localidad que se asentó a unos 4 kilómetros, rechazó que la empresa de capital canadiense apoye a las comunidades de la zona, como aseguró en un desplegado este martes.
Dijo que, por el contrario, Media Luna incumplió no sólo la indemnización y el pago de derechos comprometidos con los ejidatarios para que dejaran sus tierras, sino que no cumplió al 100 por ciento con la introducción de los servicios públicos en el asentamiento donde fueron reubicadas las familias.
Este martes, pobladores de algunas de las comunidades cercanas apoyaron el plantón de los trabajadores afuera del acceso 3 de las instalaciones de la mina. Sin embargo, se rehusaron a hablar, presuntamente porque se encuentran amenazados por la empresa.
Sin embargo, Artega Medina, vecino de La Fundición, declaró que apoya el movimiento, “porque quiero que mis hijos tengan cosas buenas, que les paguen bien y que no los corran”, y denunció que la empresa “lo trató mal”, pues cuando los reubicaron (en 2010 y 2011), le dijeron que tendrían muchos beneficios, “pero fue sólo para que nos fuéramos al nuevo lugar”, se quejó.
Dijo que “ha sido al revés… a mí no me dieron ni casa y el terreno que yo tenía era grandísimo, como de 3 mil 500 metros y me lo cambiaron (por uno) como de 120 metros, sólo para construir una casa”.
Dijo que, como a él no le dieron vivienda compró una esperando que se la pagara la minera, pero que tampoco se la reconocen, y le dijeron que esa no entraba en la indemnización.
También contó que, con sus padres sembró unos árboles de ilamas en su antiguo terreno pero que la minera en vez de pagárselos a él, se los pagó a otra señora que no le dio nada, “y eso yo también lo vi mal”.
También se quejó de que la tierra que le renta a la minera como ejidatario, se le paga colectivamente a todos los ejidatarios, y los directivos le pagan lo que quieren. Dijo que ha pedido que le paguen esa renta de manera individual, pero que no han querido.
Consultado con respecto a los apoyos que, según la minera Media Luna ha entregado a las comunidades que la rodean, el ejidatario aseguró que no ha cumplido con todo. Dijo que, por ejemplo, se comprometió a que en La Fundición el drenaje llevaría las aguas negras lejos de la población, pero que quedó a la salida de la localidad y representa un foco de contaminación.
Añadió que también se comprometió a que a los jóvenes que fueran formando sus matrimonios les iban a entregar sus casas, pero que en su localidad no ha cumplido, y aseguró que hay unas 40 parejas jóvenes que no han recibido sus casas.
Reconoció que sí han construido casas, escuelas y centros de salud, por ejemplo en La Fundición y Real de Limón, pero que se trata de una compensación, porque dejaron sus tierras a la minera en los lugares donde antes estaban asentadas sus casas.
Sin embargo, recordó que la empresa se niega a pagar la indemnización por la contaminación que provocan los trabajos de la explotación de oro. Dijo que, fuera de los compromisos que hicieron los representantes de la minera, “a todo dicen que no”.
Temen mineros de Media Luna en paro un desalojo ante el aumento de vigilancia de policías y militares
Trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de Torex Gold, de capital canadiense, denunciaron este martes que la presencia de marinos dentro de las instalaciones, y los constantes patrullajes del Ejército cerca del plantón, son preparativos para un desalojo de trabajadores de la empresa minera, con el apoyo de los gobiernos federal y estatal.
El delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Indalecio Pérez Morones advirtió que los trabajadores no van a caer en provocaciones, pero que si las fuerzas federales intentan desalojarlos van a oponer resistencia, y que llamarán a los pueblos a que defiendan el derecho de los trabajadores.
Declaró asimismo, que los desplegados en los que la empresa canadiense menciona prestaciones a los trabajadores y beneficios a los pueblos vecinos, es sólo una parte de una campaña que ha iniciado para legitimarse, pero que en los hechos no ha cumplido las acciones que menciona.
Ayer, a 12 días de iniciado el paro con el que los trabajadores exigen el cambio de su contrato laboral de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al SNTMMSRM, los paristas, con el respaldo de habitantes de las comunidades vecinas, permanecieron a la expectativa en dos plantones, uno que se encuentra en el acceso 3, a unos 5 kilómetros de Nuevo Basas, en la carretera Valerio Trujano-Nuevo Balsas, y otro al extremo sur del cerro donde la minera explota oro y plata, cerca de la comunidad de Mazapa, municipio de Eduardo Neri.
Los trabajadores comenzaron su movimiento laboral a las 2 de la tarde del 3 de noviembre y a partir del sábado y el domingo pasado, comenzaron a recibir el apoyo de habitantes de Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, municipio de Cocula, así como de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, y de Colonia Valerio Trujano, de Tepecoacuilco.
Este martes, el ambiente se percibió tenso entre quienes participan en el primer plantón, ante el temor a un posible desalojo de las fuerzas federales, luego de que la tarde del lunes entraron a las instalaciones de la mina 70 o 80 policías de la Gendarmería, a bordo de seis patrullas y un autobús. Además, durante el transcurso de este martes se vio patrullar cerca del plantón a soldados del Ejército mexicano en dos camionetas Pick Up.
La presencia de la Marina y el Ejército se dio a la par de llamadas de la minera a trabajadores para que regresen a sus labores. En mensajes de texto les dicen que los patrullajes del Ejército y la presencia de la Marina son para “proteger a nuestra gente y a nuestras instalaciones”.
El delegado del SNTMMSRM, Indalecio Pérez Morones, denunció que los representantes de la minera no han dado la cara directamente a los trabajadores en paro, “no ha querido presentarse a buscar una solución a la demanda de los trabajadores, que es un derecho legítimo”, pues sólo quieren decidir qué sindicato los va a representar.
Declaró que la inconformidad de los empleados se debe a que empresa y sindicato “coludidos”, han estado cometiendo una serie de atropellos y violado sus derechos laborales, así como también sus derechos humanos.
No cumple la empresa su obligación de dar seguridad laboral, se quejan
Dijo que una de las situaciones más grave es que la empresa no cumple su obligación de observar las normas más elementales de seguridad, y ejemplifico que los trabajadores están obligados a laborar dentro de la mina en condiciones inseguras, “la empresa no les da el equipo de protección personal que se requiere, aun cuando sabemos que la minería es un trabajo de alto riesgo”, acusó.
Aseguró que desde que comenzó sus trabajos de explotación la minera Media Luna, en enero de 2016, dos trabajadores han muerto por la falta de medidas de protección, cuando ocurrió la volcadura de un camión.
Denunció que los trabajadores no reciben equipos de seguridad en condiciones óptimas, y que los caminos no son adecuados para que transiten ese tipo de camiones, porque están en pésimas condiciones.
“La empresa está poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores, y nosotros como representante de los mineros, siempre hemos dicho que la seguridad no puede estar por debajo de la producción, tienen que ir de la mano, y para que la empresa tenga una producción segura, debe de tener un trabajador seguro, y es la empresa la que tiene que darle la seguridad”, explicó.
Discriminan a trabajadores locales, denuncian
Destacó que la minera incurre en discriminación porque tiene clasificados a los trabajadores en “trabajadores locales y trabajadores foráneos”, y que los foráneos ocupan los mejores puestos, y tienen los mejores salarios y las mejores prestaciones, “les dan alojamiento, comida, viáticos para su traslado, y a los trabajadores de las comunidades los hacen trabajar jornadas de hasta 12 horas en actividades que son las más pesadas con salarios que van de mil 500 a 2000 pesos semanales.
El martes, la minera Media Luna publicó un desplegado en la prensa en el que asegura que el 99 por ciento del personal es de origen mexicano, el 66 por ciento es guerrerense y el 52 por ciento es de las localidades cercanas a la minera, pero consultado al respecto, el dirigente sindical aseguró que esto “es falso” y que, al menos en cuanto a trabajadores sindicalizados, 50 por ciento son foráneos y 50 por ciento son locales.
En cuanto a los salarios y prestaciones a los que se refiere la empresa en el mismo desplegado, en el que destaca que cuenta con las mejores remuneraciones, Pérez Morones, declaró que pudiera ser, pero que estos beneficios son sólo para el 50 por ciento, de la gente foránea, que es el que ocupa los mejores cargos, y los mejores salarios y prestaciones, “lo cual consideramos que no es justo, porque el trabajo debería de ser preferentemente para la gente de las comunidades, que es de donde se están llevando esas empresas extranjeras la riqueza que existe aquí”.
Aseguró que en la región hay personal calificado para ocupar esos puestos, pero que la empresa simplemente no los contrata, tampoco capacita, como es su obligación, a los trabajadores locales ya contratados para que tengan oportunidad de ascender a mejores cargos.
Según el desplegado de la empresa, 450 millones de pesos fueron destinados a la adquisición de bienes y servicios en las comunidades vecinas, lo que desmintió el dirigente local, que dijo que esa es otra de las inconformidades, porque la empresa y la dirigencia de la CTM acapararon las concesiones del servicio de transporte y de maquinaria.
Dijo que también incumplió el compromiso de que sus directivos y empleados consuman los productos de las localidades, porque la empresa les construyó zonas habitacionales a los trabajadores foráneos, en donde tienen todos los servicios y productos, que traen de fuera de la región.
“Estamos ante una empresa extranjera que viene a México a invertir, y que debe de respetar las normas y las leyes de nuestro país, pero no lo hace. Mientras el gobierno se debería de encargar de que esta empresa respete las leyes, a los trabajadores y a los pueblos, pero que tampoco lo hace”, criticó.
Pérez Morones denunció que, frente a las justas demandas que están planteando los trabajadores, la empresa está contestando de otra manera. “Tal parece que le quiere apostar al enfrentamiento, tal parece que lo que quiere es un desalojo, y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que en este lugar vuelva a suceder lo del 20 de abril del 2006 en la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hubo un intento de desalojo y perdieron la vida dos trabajadores, y más de 100 fueron heridos”, advirtió.
Advirtió que los trabajadores no quieren eso, “porque esa no es la forma de solucionar los problemas, pero si la empresa quiere apostarle a eso, nosotros también vamos a responder defendiéndonos. Estamos dentro del marco de la legalidad, estamos participando en este movimiento pacíficamente y la empresa nos quiere provocar”, denunció.
Pérez Morones aseguró que cuentan con el respaldo de los pueblos vecinos, porque la empresa tampoco les ha cumplido los compromisos, y que se han involucrado en el movimiento. Advirtió que, ante un posible desalojo recurrirían al apoyo de los pobladores para defender sus derechos.
Mientras tanto, entre los trabajadores que participan en el paro, se percibió el temor tanto por la presencia de la Gendarmería que llegó la tarde del sábado y permanece dentro de las instalaciones, como por los patrullajes constantes de los militares cerca de donde se encuentran en plantón, pero también a causa de las advertencias que la minera les ha enviado a través de mensajes.
Este martes, ninguno de los trabajadores que participan en el movimiento quiso declarar, salvo el dirigente del SNTMMSRM, “es lógico, los tienen amenazados”, dijo Pérez Morones cuando ninguno de los trabajadores respondió las preguntas del reportero.
El domingo y el lunes, les hicieron llegar un comunicado membretado de Torex Gold, en el que les advierte que el bloqueo es “ilegal” y que la empresa “está haciendo planes para llevar a cabo el reinicio eficaz de la planta, una vez que se levante el bloqueo”.
“El ejército está patrullando el área y la operación periódicamente”, dice el texto, y agrega que, “Le avisaremos cuando hayamos programado las reuniones en persona para los empleados en el sitio y tratar los asuntos de carácter laboral y los planes para regresar a trabajar”, y los conmina a regresar a su trabajo, “una vez que el cuerpo de seguridad esté en el sitio”.
A pesar de que la empresa ha insistido en que los trabajadores están bloqueando el acceso a la minera, el plantón no obstruye la entrada. Las carpas y lonas con las que se protegen del sol se encuentran a la orilla del acceso principal, y el paso de vehículos está libre; incluso, en el módulo de seguridad, después del plantón, hay policías estatales y policías auxiliares de empresas, que controlan el paso e impiden la entrada más allá del módulo.
Piden jornaleros agrícolas en Tlapa que cumpla sus funciones la comisión intersecretarial
Integrantes del Consejo de Jornaleros Agrícolas exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que funcione la comisión intersecretarial que se creó para atenderlos, ya que no han cumplido los acuerdos firmados.
Asimismo exigieron la dotación de insumos para el comedor y la entrega de paquetes a las familias jornaleras para su traslado, porque el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), Gilberto Solano Arreaga no cumple la entrega o, cuando lo hace, la dotación que entrega es mínima, “pues nos dan 20 o 22 paquetes de los 300 que solicitamos, con el argumento de que no hay dinero, pero no es eso, el recurso se lo está gastado en actividades de campaña, tira el dinero en pago de jaripeos, grupos musicales que le piden de 60 a 70 mil, dejando abandonados a los jornaleros y siempre dice que anda en Tlapa, pero aquí no viene”, se quejó Miguel Martínez Peralta.
Mencionó que en los gobiernos perredistas de Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre, les entregaban con puntualidad los insumos, y si bien no les daban los 300, si 280 o 250; “con Astudillo pedimos 300 cajas de galletas y nos dan 30”, ejemplificó.
Agregó que con eso no pueden mantener el comedor ni entregar paquetes a las familias jornaleras para los días de traslado.
Aureliana Díaz Benigno, quien apoya en la preparación de alimentos, comentó que los jornaleros se van tristes porque no hay comida, y aquí tienen que esperar a registrarse y luego llenar el cupo del camión, lo que a veces dura días, y no traen suficiente dinero para comprar comida.
Flores Sánchez Crescencio lamentó que la comisión intersecretarial no cumpla durante la temporada alta de migración jornalera, que inició en septiembre con 24 camiones y mil 311 jornaleros; agregó que en octubre fueron 13 camiones y 701 campesinos, y en lo que va de noviembre van 22 camiones con mil 261 migrantes. Agregó que estas cifras aumentaron, con relación a 2016, 50 por ciento ante la falta de oportunidades laborales en la región.
Reiteró que los estados a los que salieron los indígenas son Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte, Jalisco y Sonora.
Flores Sánchez remarcó que el Registro Civil no está cumpliendo su compromiso de expedir documentos oficiales para los migrantes, que las literas que la SAICA y la Cdi se comprometieron a mejorar siguen destruidas, y que el cuarto que se desocupó para ampliarlo, nuevamente ha sido ocupado por las alumnas de la escuela de partería.
No tienen agua ni se han concluido los trabajos del estacionamiento, donde siguen los cables que impiden el paso de los autobuses.
“No ha cambiado nada, vienen, toman nota y ya; porque la discriminación sigue, se paga mal, cuando hay accidentes no hay apoyo, los secretarios no han cumplido”, dice.
EL jornalero de la comunidad de Patlicha, municipio de Copanatoyac, Gregorio López Alvarado, que irá al estado de Morelos al corte de caña, contó que siguen en condiciones difíciles porque, si sufren accidentes no les dan servicios médicos. Lo que ganan, a veces no les alcanza para subsistir cuando se enferman mientras están en los campos.
Opera con normalidad el Hospital Rural de La Unión, responde el IMSS a un vecino
Por la denuncia publicada en estas páginas de un vecino del municipio de La Unión, el señor Jorge Arturo Gómez Sandoval, quien señaló que desde hace 20 días no está disponible el servicio de ginecología en el Hospital Rural de La Unión. El IMSS en un comunicado indicó que el servicio opera con normalidad.
Además de que cuenta con empleados y equipo necesario para la atención de las pacientes embarazas que llegan a solicitar el servicio. “En lo que corresponde al presente mes se han atendido cinco partos y una cesárea”, se indicó.
“El IMSS en Guerrero, a través del delegado, doctor Reyes Betancourt Linares, reitera su compromiso con los guerrerenses para ofrecer una atención oportuna, de calidad y calidez”, dice el comunicado.
Bloquean damnificados la Autopista del Sol en la capital; piden un puente, escuelas y escrituras
Unos 300 maestros, alumnos y damnificados del Mirador bloquearon una hora la Autopista del Sol en la salida de Chilpancingo a Acapulco, para exigir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que termine la construcción de un puente, claves para la primaria y telesecundaria del lugar y la escrituración de las viviendas.
Se trasladaron a Palacio de Gobierno donde se plantaron mientras una comisión de manifestantes sostuvo una reunión con autoridades estatales y federales.
A las 9 de la mañana los manifestantes llegaron a la Autopista del Sol, se cubrieron del sol con sombrillas, gorras, sombreros y rebozos, y su estancia la marcaron como indefinida.
Llevaban pancartas en las que se leía: “Señor gobernador no se nos niegue el derecho a la educación”, “Acceso al camino al fraccionamiento Mirador”, “¡¡Exigimos nuestras escrituras!!”, y gritaron consignas para exigir solución.
Los damnificados son víctimas de la tormenta tropical Manuel y del huracán Ingrid que asotaron el estado en 2013. Además sus viviendas en donde fueron reubicados presentan daños desde que se las entregaron como fisuras, cuarteaduras, filtraciones y deslizamientos de tierra.
La demanda principal de los damnificados, maestros y alumnos es la escrituración de sus viviendas para 536 familias pues desde hace dos años se está haciendo el trámite y no termina.
Además demandaron la clave de la primaria que tiene cerca de 50 alumnos y de la telesecundaria que tiene 35, pues son extensiones de otras escuelas, lo que no les permite acceder a recursos propios.
También exigieron que se termine de construir el puente que comunicará a la colonia, pues tienen que atravesar por la colonia La Cinca pero no hay alumbrado público, y el transporte público deja de funcionar a las 9 de la noche. También demandaron solución al problema de la falta de agua.
Media hora después acudió al lugar el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, autoridades educativas y del gobierno del estado, pero los manifestantes expusieron que si iban a llegar acuerdos no fuera ahí, que tenían que sentarse a dialogar y que se asentara en una minuta de acuerdos lo que dialogaran.
Una comisión fue a Palacio de Gobierno. Al principio los manifestantes dijeron que no se retirarían hasta que llegaran sus compañeros y saber los acuerdos, pero al final todos se plantaron afuera del edificio de gobierno, a donde llegaron marchando
La delegación no tiene dinero para la escrituración, advierte Armenta Tello
En declaraciones en la Autopista del Sol, el delegado expuso que sobre la escrituración el procedimiento se inició aproximadamente hace dos años en diciembre, que ha tomado tiempo porque el notario ha demandado para este predio documentos que no se tenían, como un avaluó por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para que se pudiera proceder a la escrituración.
Dijo que se está trabajando con ello, que lamentablemente tampoco la delegación cuenta con dinero para pagar la escrituración, que se están haciendo gestiones paralelamente, y que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) ya fue al fraccionamiento y de manera individual tiene la información de cada una de las familias que habitan, que son beneficiarios del programa construcción de reubicación y que con esos documentos estaría listo para hacer las escrituras.
Abundó que para pagar el proceso de escrituración además se tienen que pagar los prediales que se han acumulado, y que para hacer todo el procedimiento se necesitan de 100 mil a 200 mil pesos.
De las escuelas indicó que “el principal interés es que la Sedatu pueda entregar el predio al fraccionamiento al municipio, para que el municipio lo entregue a la Secretaría de Educación y se puedan ahí hacer planteles escolares, (porque) para la familia resulta oneroso trasladarse a Chilpancingo para llevar a sus hijos, son seis pesos por cada viaje, por cada persona”.
Agregó, “nosotros ya hemos platicado con el municipio para que una vez que identifique como propietario a la Sedatu acepte la propuesta de donación que nosotros hacemos, y se disponga de la tierra necesaria y suficiente para que los planteles se construyan”.
–Se supone que no se podían hacer más construcciones en el terreno-, se le comentó.
–Las plataformas para las escuelas están hechas, de hecho ya hay escuelas ahí ubicadas, la Secretaría de Educación para construir un plantel primero hace una planeación educativa para saber si la distribución de edades es suficiente, incluso para determinar los grados que habrán de construirse, una vez que está determinado eso analiza los predios donde se va a construir para saber si es factible construir ahí.
Dijo que se esperan esos dictámenes, que desconoce si ya se hicieron pero que entiende que si hubiese necesidad de hacer obras se habrá de hacer, y aclaró que los factores de seguridad para una escuela son distintos a los de una vivienda.
Mencionó que sigue demandada ante la Procuraduría General de la República (PGR) la constructora de las viviendas, de las cuales 32 son inhabitables, para deslindar responsabilidades y que una vez que eso suceda se haga cargo de la demolición y la reconstrucción de estas casas quien resulte responsable.
Aceptó que las viviendas han seguido presentando defectos por el proceso de construcción al que se sometieron, con viviendas prefabricadas en un terreno que tiene características donde predomina la arcilla.
De la construcción del puente expuso que ya tiene un avance del 95 por ciento, pero que el dueño del terreno donde termina su acceso argumenta que los acuerdos que tuvo con la administración municipal no se han cumplido, y debido a ello se ha opuesto a que se termine.
Del adeudo de seis meses de salario devengado a trabajadores operativos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), quienes mantienen tomadas las instalaciones de Sedatu, dijo que gestiona ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recursos económicos.
Al término de la reunión con los damnificados informaron a los que permanecieron plantados afuera del edificio, que los acuerdos fueron que se les entregaría un cronograma de actividades, habrá una reunión con el alcalde Jesús Tejeda Vargas el viernes a la 1 de la tarde, y hoy miércoles les entregarán los planos de las escuelas, pues ya se les donó el terreno para el preescolar, primaria y secundaria.