La presidenta de la Asociación Guerrero contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, informó que el gobierno del estado no ha entregado el programa de trabajo y el cronograma ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a pesar de que ayer se venció el plazo.
Este jueves por la mañana, feministas de Guerrero se reunieron en la Ciudad de México con la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta, a quien le expusieron su postura sobre el trabajo realizado por el gobierno de Guerrero tras la declaratoria de Alerta de Género.
Reyna Aguilar explicó que en el encuentro se les informó que el gobierno de Héctor Astudillo Flores no presentó este jueves 6 de julio su programa de trabajo con respaldo presupuestal ante la Conavim, como se tiene estipulado.
“Hoy justamente se venció el plazo y no lo han entregado, seguramente lo entregarán y van a ver si reúnen las condiciones que deben de llevar y si no lo regresarán a Guerrero”, agregó.
Insistió en que la postura de las organizaciones feministas del estado, es que el actual gobierno ya deje de simular, y que realmente se aplique e incidan en las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia.
“Nosotras en la sesión del sistema de la próxima semana eso vamos a plantear, que no se simulen las acciones, hemos visto mucha simulación por parte del estado”, comentó.
Detalló que después de que se revise el cronograma y programa de trabajo se tendrá que hacer una reunión en Guerrero, donde participe el gobernador, junto con los funcionarios de primer nivel para que desarrollen las acciones con prioridad.
“De ahí trabajara en esas técnicas especificas con personal de áreas responsables de desarrollar las acciones en las que también se sumarán las organizaciones civiles para estar como observadoras y dar seguimiento a las acciones del gobierno”, señaló.
Dijo que las organizaciones feministas están pidiendo que participen los ayuntamientos de los ocho municipios donde se declaro la alerta, ante la responsabilidad directa que asumieron los alcaldes.
“Lo que hemos visto es que no se han involucrado, y no se han aplicado, lo que pedimos es que trabajen”, agregó.
Señaló que en la reunión de este jueves sus compañeras de Acapulco plantearon la preocupación por la falta de profesionalización en el sistema municipal, ya que la instalación del Sistema para atender la violencia de género se realizó al mismo tiempo que el Sistema de Igualdad, aparte de una convocatoria amplia.
Dijo que lo que plantean es que se les dé la importancia a cada uno de los Sistemas para prevenir, erradicar y castigar la violencia contra las mujeres, que se tengan instalar de manera permanente.
Agregó que en el encuentro también se hablo sobre la movilización de las cien mujeres de La Ciudad de Las Mujeres de Tlapa, que exigen el pago de cuatro meses de salario que se les adeuda, ya que están siendo violentadas sus garantías en un programa de corte federal.

 

La Secretaría General de Gobierno precisó que Jorge Uriel de los Santos Barrila fue nombrado subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa oficina en sustitución de David Augusto Sotelo Rosas, y como director general de Asuntos Jurídicos quedó Luis Raúl Leyva Montaño.
La precisión fue dada luego de que en el boletín de prensa distribuido en el portal oficial del gobierno del estado este miércoles, se informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores tomó protesta de ley a Luis Raúl Leyva Montaño y Jorge Uriel de los Santos como Director y Subdirector de Asuntos Jurídicos y Derechos humanos, respectivamente, de la Secretaría General de Gobierno.
Incluso en la fotografía publicada como inserción pagada en la página 4 de este periódico, se describe que los dos nuevos funcionarios tomaron protesta como director y subdirector de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos “respectivamente”.
La información fue rectificada y precisada por la misma Secretaría en un boletín en el que detalla que en compañía del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, se tomó protesta a quien fungirá como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y Luis Raúl Leyva Montaño como Director de Asuntos Jurídicos. (Anarsis Pacheco / Chilpancingo).

 

El Congreso local, con el voto del PRI, PAN, MC y PVEM, aprobó por unanimidad citar el 12 de julio al director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco (Capama), Javier Chona Gutiérrez, para que rinda cuentas sobre las descargas residuales en diferentes puntos de la bahía, las condiciones de la infraestructura y la situación financiera del organismo.
Con el voto en contra del PRD y PT –la diputada de Morena María de Jesús Cisneros no asistió a la sesión- se aprobó además un exhorto para llamar al alcalde de Acapulco, Evodio Velazquez, a suspender de inmediato el programa Brigadas Hércules, por el uso propagandístico en favor del presidente municipal y de los colores de su partido en acciones de gobierno, sin el logo del ayuntamiento.
Y por mayoría, rechazó como asunto de urgente y obvia resolución, la petición del PRD, de llamar a comparecer al alcalde de Chilpancingo, Marco Leyva Mena, para que informe de la situación administrativa y financiera del contrato de arrendamiento que el Ayuntamiento suscribió con la empresa Estrategia de movilidad urbana, para regular el estacionamiento en la vía pública a través de parquímetros. El asunto se turnó a comisiones para seguir el procedimiento ordinario de los puntos de acuerdo antes someterlo a votación.
Ayer se realizaron dos sesiones continuas para aprobar la comparecencia en diez días del director de la Capama, en la sala José Francisco Ruiz Massieu.
El exhorto para el alcalde de Acapulco, se sometió a votación en la primera de las dos sesiones del día, luego de una ronda de cinco intervenciones, dado que la mesa directiva consideró el caso fue suficientemente discutido, pese a la inconformidad de los perredistas.
El diputado Osiel García Trujillo, replicó que los priistas “traen al presidente de Acapulco entre ceja y ceja, les hace estorbo político y creen que con los azotes mediáticos lo van a desbancar”.
Consideró que ningún político debería pedir que se retiren programas sociales de beneficio directo a la población, “el dolor es político, y el PRI está polarizando la vida de Guerrero, busca calentar el ambiente político, y es peligroso lanzar juicios apresurados que aliente (a acciones) a sus seguidores”.
Pidió que dejen trabajar al presidente, pues “el PRD ha sido prudente con el (jefe del) Ejecutivo porque no quiere confrontación, pero si así lo quieren, hay mucho más qué decir de enfrente”, advirtió.
Del Partido del Trabajo, Jesús Martínez Martínez señaló que no le toca al Congreso pedir la cancelación de programas sociales. Estimó que el programa no violenta ninguna disposición legal. Al contrario, opinó que es integral porque involucra a todas las oficinas del gobierno para brindar atención directa y de calidad de los acapulqueños. En todo caso, propuso que se dirija un exhorto urgente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y otras autoridades competentes, para que vigile a toda las autoridades que usan recursos públicos y sancionen a quien violente la ley electoral, para que prevalezcan los principios rectores de la democracia.
Del PRI, el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, aseguró que el punto de acuerdo fue razonado, “no es al calor del momento político que está pasando Acapulco por el tema de las comisarias”.
Aseguró que hay un sustento jurídico, por violaciones sistemáticas a la ley “posiblemente su grupo de asesores no le han dicho (al alcalde) que incurre en violación, entiendo que los diputados de su partido tienen que defenderlos, pero Acapulco es internacional y prioritario en Guerrero, inmerso en una crisis de inseguridad que tenemos que cuidarlo todos”.
Reconoció que en todos los gobiernos municipales tienen programas de apoyo directo, pero que acompañan las acciones de gobierno con los logos del ayuntamiento.
Señaló que esta legislatura ha emitido 44 exhortos al gobierno federal, 50 al gobernador Héctor Astudillo Flores, y 12 al alcalde de Acapulco, “un exhorto es para corregir y veo que ustedes se oponen a corregir lo que hace mal el alcalde de Acapulco”.
Siguió el turno el diputado del PRD, Ernesto Fidel González, para insistir en que el Congreso no es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ni la contraloría, que deben señalar estas presuntas irregularidades.
Coincidió en que el Congreso se extralimitaba en sus funciones al pedir el retiro de un programa de gobierno, no obstante, destacó que el PRI asumió que hay programas paternalistas y electoreros “igual que Prospera”, que otorga becas, pensión y apoyos a estudiantes, adultas mayores y madres de escasos recursos.

El PRI no voltea a ver a Chilpancingo

Añadió que no sólo Acapulco tiene una crisis de inseguridad, la hay en Chilapa, Iguala y Chilpancingo, “la capital más peligrosa del país”, y los priistas no la voltean a ver.
Solicitó que en lugar de convocar al alcalde, el PRI llame la atención al dirigente municipal en Acapulco, que en su pagina de Facebook, publicó el 17 de junio la entrega de láminas del gobierno del estado, “no hablemos de ser puritanos cuando hay mucho atrás, si es mentira, suban aquí y díganlo”.
Finalmente, el priista Vicario Castrejón declaró que “sin duda el tema que nos ocupa causa escozor, comezón, pretenden confundir la gimnasia con la magnesia, cuando no se tiene claridad ni en el concepto ni en el tema”.
Opinó que decir que el programa Hércules no tiene una tendencia electoral “es querer pasarse de listo”, así como responsabilizar al pasado del desastre actual de la Capama, “pues han tenido tiempo de arreglarlo. Capama es un problema evidente y (los gobiernos del PRD) no han tenido capacidad técnica, porque financiera sí la han tenido, para resolverlos, y el (festival) Acamoto fue la cantina más grande de México, de venta de drogas, no queremos eso para Acapulco”.

Atención para universitarios víctimas del delito

En el siguiente punto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco pidió que se aprobara como asunto de urgente y obvia resolución, un exhorto a la Comisión Nacional de Atención a víctimas, y su par estatal, para brindar atención a las víctimas universitarias de la violencia.
Vicario Castrejón, pidió precisar el acuerdo para que “se garantice medidas de ayuda oportuna, de asistencia, protección y reparación a los universitarios víctimas de delitos”, que se aprobó por unanimidad sin más trámite.
Siguió el turno a la propuesta del PRD como asunto urgente y de obvia resolución para llamar a comparecer al alcalde de Chilpancingo, sobre el contrato de arrendamiento por diez años, que se otorgó en adjudicación directa el 4 septiembre de 2014, a Estrategias de Movilidad Urbana SA de CV, para brindar servicios de ordenamiento y regulación de estacionamiento en la vía pública con mil equipos de parquímetros.
Señaló que hubo desaprobación de los ciudadanos a los parquímetros, y el propio alcalde reconoció el carácter ventajoso del contrato con la empresa, que además de ilegal, porque una adjudicación directa en una inversión municipal importante, requiere autorización del Congreso, salvo en programas de Tránsito y seguridad publica.
Pidió que el alcalde presente toda la documentación técnica y financiera del contrato de arrendamiento, que fue votado en contra por la mayoría del Congreso y rechazado por mayoría como asunto de urgente obvia resolución, e ingresó a comisiones para continuar el procedimiento ordinario.

 

El fiscal general Javier Olea Peláez tendrá seis meses para remitir al Congreso local una propuesta del profesionista que ocupará la Fiscalía Especializada Anticorrupción, y tres para solicitar al gobernador Héctor Astudillo Flores las ampliaciones presupuestarias para la óptima operación de la misma, después de la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que propuso el ejecutivo.
La iniciativa es parte de una serie de reformas enviadas al Congreso local que entraron a comisiones el 15 de junio, a casi un mes de que termine el plazo de un año otorgado a los estados para homologar la legislación local con la federal, que permitirá a Guerrero formar parte al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El Comité de Participación Ciudadana solicitó a los gobernadores y congresos locales que a más tardar el 18 de julio implementen sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción. Los estados deberán contar antes de este día con las leyes y las adecuaciones normativas necesarias para la puesta en marcha.
El gobernador dijo anteriormente que el plazo perentorio de las reformas señalado en la Constitución federal es el 18 de julio, y los planteamientos son los mismos que impulsaron gobiernos en otros estados.
En la argumentación de la propuesta de la Ley Estatal Anticorrupción, el gobierno destacó la poca confianza de los ciudadanos en los jueces y los altos niveles de percepción sobre la corrupción en la función pública, que ha llevado a que 97 por ciento de los delitos en Guerrero no son denunciados “y sin duda contribuye a la inseguridad”.
En este escenario, dice que “se requiere de un nuevo diseño institucional que permita la rendición de cuentas, un sistema que active mecanismos de prevención, control, investigación, sanción y rendición de cuentas horizontal, es decir un sistema de administración moderno, transparente y ágil”.
La propuesta de Ley Estatal Anticorrupción propone la creación de comités que conformarán el Sistema Anticorrupción de Guerrero, igual que en el Sistema Nacional: un comité de participación ciudadana con cinco integrantes elegidos por un comité seleccionador, no por el Congreso ni el Ejecutivo estatal.
Un comité coordinador del sistema conformado por funcionaros públicos y encabezado por un representante del comité ciudadano (coadyuvante del sistema coordinador), y un comité rector del sistema de fiscalización donde concurrirán los municipios a través de sus representantes.
Señala que el comité coordinador sesionará de forma ordinaria cada tres meses, y “podrá emitir recomendaciones públicas no vinculantes”, y todas las sesiones serán públicas.
A partir de la entrada en vigor de la ley, se proponen 90 días naturales para que el Congreso local designe a los integrantes del comité de selección que nombre al comité ciudadano, con el cual comienzan las acciones del Sistema que tendría una estructura propia.

El fiscal anticorrupción

La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado indica que la institución tendría las vicefiscalías y fiscalías especializadas y regionales que se requieran para el ejercicio de sus funciones, y el gobernador podrá intervenir en nombramientos cuando se trate de “aquellos cuya designación corresponda al Congreso”,
es decir, los fiscales especializados y el titular del órgano interno de control (de nueva creación en la estructura de la Fiscalía), serán nombrados en el Congreso a propuesta del Ejecutivo.
Los vicefiscales serán nombrados y removidos por el fiscal general, así como los demás servidores públicos de la institución.
En el artículo 24 se establece la creación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los actos y hechos de corrupción que la ley considera como delitos del fuero común. Se equiparará jerárquicamente con una vicefiscalía.
Según el documento, contará con agentes del Ministerio Público y Policía Investigadora especializados para combatir, investigar y perseguir delitos de corrupción, mientras el Órgano de Control Interno se encargará de investigar a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.
No hay particularidades sobre el perfil del fiscal anticorrupción pero sí de sus funciones, una es presentar anualmente un informe de actividades sustantivas, cuyos resultados sean públicos y entregados al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero y al Congreso del estado.
Además de recibir denuncias, querellas, incluyendo información anónima sobre hechos que se consideren delitos de corrupción, y ejercitar acción penal y solicitar audiencia de control de detención, de formulario de imputación, incluso ordenar aseguramiento de bienes.
Formará parte del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fiscal general, el auditor superior del estado de Guerrero, el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y un representante del Consejo de la Judicatura.
La armonización de la legislación local con la federal, para poner el marcha el sistema anticorrupción, también implica modificaciones a la Constitución local, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, la de Presupuesto y Disciplina Fiscal, la de Reglamento Interno de la Auditoría General del Estado, y la Ley Orgánica de lo Contencioso Administrativo.

 

 

 

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en la capital, Víctor Ortega Corona, señaló que la denuncia presentada por el alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena ante la Procuraduría General de la República (PGR) sólo es una acción para buscar protagonismo.
Recordó que antes, a principios de su gobierno, Leyva Mena reveló que había sido hostigado y amenazado por grupos del crimen organizado y luego no pasó nada.
Señaló que la denuncia que él presentó tras recibir los mensajes de texto con amenazas durante la noche del domingo y la mañana del lunes, la hizo como parte de su responsabilidad civil para que se encuentre a los responsables y se castiguen.
Ortega recibió las amenazas luego de que declaró a los medios que desde la Dirección de Gobernación municipal se extorsiona a los comerciantes, por lo que pidió que se investigue.
Consultado vía telefónica, el empresario local y dirigente de la Canaco, informó que este miércoles por la tarde de manera privada se reunieron empresarios capitalinos para determinar las acciones a seguir para enfrentar la realidad cotidiana de extorsiones y asaltos.
Dijo que los detalles del encuentro no se pueden revelar porque se decidió entre todos ser discretos.
De lo que sí pudo hablar es que se plantea una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero al que le darán detalles sobre las nuevas modalidad de extorsión de los grupos del crimen organizado.
Se le preguntó si buscarán nuevamente al gobernador Héctor Astudillo Flores, pero dijo que no está dentro de las acciones del grupo empresarial.

Un comerciante del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla de 27 años, dos licenciados de derecho y un joven fueron ejecutados a balazos en distintos hechos de violencia en Chilpancingo.
Además un hombre resultó herido de bala en la colonia Amate, al norte de la ciudad, y sus familiares lo trasladaron al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en donde murió.
En lo que va del año en la capital suman 150 personas asesinadas en hechos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.
Un comerciante del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla fue asesinado a balazos la tarde de ayer en una cancha de basquetbol de la colonia Galeana, frente a la tienda Bodega Aurrera Norte.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 3:50 de la tarde se reportó que había un hombre herido de bala en las canchas de basquetbol y futbol ubicadas en esa colonia.
Según testigos, el joven se encontraba sentado en una de las gradas de la cancha de basquetbol, viendo un partido de futbol de barrios de la colonia Galeana que inició a las 2 de la tarde; había unos 80 espectadores viendo el juego.
Al finalizar el partido de futbol, la víctima caminó en la cancha de basquetbol techada para irse a su casa, y un hombre armado lo alcanzó y le disparó en 10 ocasiones en el cuerpo.
El ataque armado provocó miedo y zozobra en los jugadores, jóvenes, niños y mujeres, que se encontraban en las canchas; una mujer sufrió un ataque de nervios y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja.
El cuerpo del comerciante quedó tendido en medio de una de las canchas, y fue identificado como Javier de 27 años, vecino de la colonia Los Ángeles de esta ciudad. En el lugar había 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
A la cancha de la colonia Galeana llegaron policías municipales, estatales, ministeriales y militares a acordonar la zona, y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) a cumplir las diligencias de ley.
El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
En otro hecho dos hombres que iban a bordo de una motocicleta fueron atacados a balazos por hombres armados cerca de la cancha de basquetbol y el jardín de niños Club de Leones, en la colonia Los Ángeles, al oriente de la capital.
Fuentes de la Fiscalía informaron que a las 7:30 de la noche recibieron un reporte de que había una balacera en este asentamiento.
Según testigos, las dos víctimas iban en una motocicleta y fueron interceptadas por hombres armados que los atacaron a balazos cerca de la cancha de basquetbol, donde jóvenes jugaban futbol en el lugar.
Fuentes de la FGE informaron que las víctimas se llamaban Sergio y Fernando, quienes eran licenciados de derecho.
En otro hecho, un joven de unos 25 años fue ejecutado a balazos en un terreno baldío en la colonia Paludismo, frente a la Fiscalía General del Estado, al sur de la capital.
Fuentes policiacas informaron que a las 8:30 de la noche recibieron un reporte de que había un hombre herido de bala en este asentamiento.
La víctima tenía las manos atadas, vestía un pantalón de mezclilla azul, tenis color de rosa y estaba desnuda del torso.
Por último, un hombre resultó herido de bala en la colonia Amate ubicado al norte de la ciudad; sus familiares lo trasladaron al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en donde murió.
En la capital continúan los hechos de violencia ante la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
La mañana del lunes, el cuerpo de un hombre desmembrado, decapitado y depositado en dos bolsas de plástico negras, fue encontrado afuera del mercado de la colonia Los Ángeles, al oriente de la capital.
El domingo un hombre asesinado a balazos fue hallado en la esquina de las calles Juan R. Escudero y Anenecuilco, de la colonia Emiliano Zapata, al poniente de la capital, cerca de la colonia PRD y del camino a la comunidad Amojileca.
Hace siete días, un vendedor de comida fue ejecutado a balazos y otro hombre resultó herido de bala en el tianguis del mercado central Baltazar R Leyva Mancilla, mientras que el cuerpo de un joven de entre 17 y 19 años depositado en bolsas negras y con cinta canela fue encontrado en el fraccionamiento Villas de Leyva, en la parte alta de Chilpancingo.