La masacre de una familia, incluyendo niños, perpetrada por policías de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG) en San Pedro Cacahuatepec, ha puesto de relieve lo que ya se veía venir desde que se generaron los grupos de autodefensa en Guerrero. La experiencia de las autodefensas colombianas, que derivaron en grupos paramilitares, que con el apoyo de políticos, militares y latifundistas, se convirtieron en un actor armado sumamente violento, dejando un amplio saldo de víctimas, no presagiaba una solución.
Hay que reconocer que las autodefensas en Guerrero, donde están presentes en casi todas las regiones, han surgido en momentos de crisis humanitaria, donde personas, familias y comunidades se han visto amenazadas y han tenido la necesidad de defender la vida y el patrimonio. Han sido movimientos espontáneos y carentes de control jurídico, que han tomado en sus manos la responsabilidad de defender la vida con el recurso de las armas. En principio, esta defensa de la vida y del patrimonio ha sido legítima y ha estado sustentada en el derecho a defender la vida propia y de las comunidades.
Hasta aquí no hay mayor problema en cuanto a legitimidad y a legalidad. Los problemas comienzan cuando, pasado el momento de la crisis que les obligó a armarse para defenderse, tienen que mantenerse armados para protegerse de las organizaciones criminales. De ordinario, el ingreso a formar estos grupos de autodefensa es voluntario y abierto a todos los que quieran participar, y paulatinamente se van dando la organización y la movilización.
De pasada, hay que reconocer que el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se sustenta en la Ley 701 que regula y reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y en convenios internacionales auspiciados y promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tanto el derecho internacional como la legislación local avalan el derecho de los pueblos indígenas a darse a sí mismos las formas de gobierno y de organización acordes con sus culturas sin menoscabo de las leyes generales de la nación. El caso de la CRAC es diferente, pues no se puede equiparar a una organización improvisada de autodefensa.
Así las cosas, hay que señalar que el surgimiento de las autodefensas es forzado por la ausencia del Estado y de sus instituciones de seguridad. Como las fuerzas públicas (policías y militares) no garantizan la seguridad, entonces la gente tiene que organizarse para conseguirla por sí misma. En este sentido, el primer responsable del surgimiento y del desarrollo de las autodefensas en Guerrero, han sido los gobiernos, tanto el federal como el estatal. Han sido omisos en el mejor de los casos. En el peor, han estado coludidos o cooptados por las bandas criminales, dejando indefensos y desprotegidos a los pueblos.
Esta grave responsabilidad en el surgimiento y en el desarrollo de las autodefensas no ha sido reconocida por las autoridades en toda su gravedad, pues se reducen a recordarles que están fuera de la legalidad y/o, en su caso, las han utilizado en sus estrategias políticas y de seguridad. El caso es que todos estos grupos son tolerados y, eventualmente, utilizados. Y, así como van las cosas, pueden surgir aún más grupos de autodefensas en las regiones donde la seguridad es crítica generando miedo y enojo social.
Para desactivar estos grupos de autodefensa se requiere que se atiendan las causas que les dieron origen. Simplemente desarmarlas no dará resultados sostenidos. Hay que atender la situación de indefensión crítica que viven los pueblos. Si se sienten defendidos y protegidos, no van a tomar las armas para defenderse por sí mismos. ¿Está el gobierno en condiciones para responder a esta necesidad? Creo que no. Lo que sí sé es que si no da seguridad a los pueblos y comunidades, no está en condiciones para desarmar a todos los grupos de civiles armados al margen de la ley. Y de hacerlo se generarían conflictos sociales y aún políticos imprevisibles.
Los grupos civiles armados o autodefensas no son la solución para la seguridad de las comunidades. Se van convirtiendo en un verdadero riesgo, pues no tienen soporte comunitario, y se han desarrollado, en muchos casos, sin el aval de sus comunidades y de sus autoridades comunitarias. Y para sostenerse tienen que recurrir a fuentes de financiamiento oscuras. Están a la deriva, al arbitrio de sus dirigentes y de sus líderes. Y de ahí, es fácil ser cooptados por políticos o por delincuentes para entrar a la lógica de la delincuencia organizada que pugna por territorios y por fuentes de ingresos ilegales. En fin, careciendo de legitimidad y de legalidad, solo incrementan las violencias en los pueblos y en las comunidades.
Urge legislar sobre las condiciones en las que podrían permitirse las policías ciudadanas. Creo que un planteamiento adecuado debería ser el de reconocer facultades a las autoridades comunitarias en las localidades y en las regiones no indígenas, al estilo de la CRAC. Vale la pena considerar esta opción habiendo reconocido el fracaso de las estrategias gubernamentales de seguridad, que no han tomado en cuenta, precisamente, a las comunidades. A mi juicio, este ha sido un error. La seguridad debiera ser un tema de los tres niveles de gobierno, con diferentes atribuciones, pero también de las comunidades locales, con tareas específicas desde sus propias perspectivas y recursos.
Se ha hablado del cuarto nivel de gobierno en el entorno de las comunidades locales, con el reconocimiento de facultades y funciones propias y con la participación de los ciudadanos en las asambleas comunitarias presididas por los comisarios municipales. La cuestión está en reconocer cuál es la parte que les toca a las comunidades en una estrategia integral de seguridad. Creo que es fundamental el reconocimiento de que las comunidades deben participar en las decisiones que les afectan y a no ser atropelladas por decisiones de los gobiernos municipales, estatal o del federal. Y el tema de la seguridad tendría que ser procesado por las autoridades competentes, tomando en cuenta a las comunidades afectadas. Y no solamente de seguridad, sino también en los temas de desarrollo. En este contexto, podría hablarse de policías ciudadanas, armadas o no armadas.
Con todo, tienen que buscarse alternativas no armadas, fortaleciendo a la sociedad civil con respuestas civiles adecuadas que prevengan la violencia y proporcionen seguridad. En cuanto menos armas haya en manos de civiles, mejor. Suelen generar más problemas que soluciones. Y otro pendiente, muy complicado, por cierto, tiene que ver con hacer confiables a las policías municipales, estatales y federales.
Para resolver la situación problemática relacionada con las autodefensas, se requiere que los gobiernos garanticen la seguridad que no han dado en tantos años y que tomen en cuenta a las comunidades en las decisiones que les afectan en este tema. Parece que esto está en chino. No lo han entendido en tantos años.

Al mediodía de este domingo, hombres armados irrumpieron en la casa del líder del Frente Amplio de la Sociedad Igualteca y de Organizaciones Sociales, (FASIOS), Jorge Rubén Popoca Salgado, de 44 años, y lo hirieron a balazos, en la colonia Centro en Iguala.
El viernes, Popoca Salgado encabezó a los miembros de su organización que realizaron pintas en la fachada del Palacio Municipal para exigir justicia por el asesinato de su compañero Eleazar Vargas Lara, quien fue asesinado a balazos hace 13 días en esta ciudad.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 12:30 del día recibieron un reporte de que en la calle Hinojosa en la colonia Centro hombres armados entraron a la casa del líder de la organización y lo atacaron a balazos.
Las primeras versiones indican que los familiares lo trasladaron en un taxi al hospital general de Iguala para recibir atención médica, que su estado de salud es grave, porque recibió dos dispararos en el abdomen y uno en la pierna derecha.
En el parte de la policía estatal se informó que hombres armados, a bordo de una motocicleta, llegaron a la casa de dos pisos del líder de la organización FASIOS y entraron porque las puertas estaban abiertas y después atacaron a balazos a Popoca Salgado.
A la calle Hinojosa llegaron policías estatales, ministeriales y municipales, quienes acordonaron la zona, y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las primeras investigaciones.
En la movilización del viernes, el también dirigente de comerciantes ambulantes Popoca Salgado hizo pintas con aerosol negro en la fachada del edificio, y en el auditorio pintó una cruz negra, abajo el nombre de su compañero asesinado y alrededor señalamientos como “mata líderes”, “Herón asesino”, y “fuera Herón”, en referencia al alcalde priista, Herón Delgado Castañeda.
El lunes 5 de junio, el miembro de la organización Eleazar Vargas Lara, fue asesinado en la colonia Franja de Santiaguito, al norte de Iguala, en el lugar que ocupaba para sus reuniones con sus seguidores ubicado junto a su casa.
Dos días después del asesinato de Vargas Lara, Jorge Rubén Popoca Salgado y otros siete miembros del FASIOS pidieron medidas cautelares a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), porque temían por su vida ante posibles represalias del acalde Delgado Castañeda.

El consejero del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, Pablo Guzmán Hernández, confirmó que hay acercamientos para una reunión entre el Frente Progresista de México para reunirse con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC) rumbo a las elecciones de 2018.
En consulta telefónica, consideró que existe la posibilidad de que la asamblea general de la CRAC escuche los planteamientos de la organización que apoya la postulación del líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, a presidente de la República, pero ve muy difícil que el sistema comunitario haga un pronunciamiento por un partido o aspirante político.
Tampoco lo descartó. Indicó que por reglamento, las asambleas son las instancias donde se pueden tomar decisiones relevantes.
Recordó que la CRAC no es una organización política, que es el grupo operativo del sistema comunitario que nació del pueblo para la gente de los pueblos, donde participan personas apartidistas, simpatizantes de cualquiera de los partidos registrados y de distintas religiones, “la característica del sistema es que integra a todos los ciudadanos como parte de las comunidades con los mismos derechos, no se trabaja en función de ideologías, clero, ni posición económica”.
Añadió que lo que resta del año y el siguiente, el tema serán la elecciones de 2018, y el territorio comunitario no será ajeno a esta coyuntura. Sobre el frente señaló que está conformado por organizaciones, algunas de izquierda, “no sé si este acercamiento tendría que hacerse con la asamblea general, tal vez sólo escuche los planteamientos”.
Aseguró que la asamblea regional recibe a todas las organizaciones, incluso políticas, nunca se ha negado a escuchar a partidos o gobierno, “el diálogo es fundamental en la sociedad, permiten compartir ideas, puntos de vista diferentes, al final ayuda comunicarse, en el entendido de que los diálogos son de buena voluntad, a lo que cada quien piensa”.
En el marco de 2018, se le preguntó sobre el nombramiento de la vocera del Consejo Nacional Indígena (CNI) y opinó que es importante que en procesos electorales se contemple la agenda de los pueblos originarios, y “veo bien de entrada, atinado que haya un voz y rostro, sobre todo que sea mujer que haya visible la voz a los pueblos indígenas”, agregó que en su mayoría son los que viven en mayor grado de marginación.
Sin embargo, dijo que no hay representación del sistema comunitario en el CNI, tampoco recibieron una invitación informal a ser parte del CNI, por lo tanto, “no podemos tener posición y precisa”.
Estimó que en el plano de las alianzas “sería lamentable que (la candidatura de la vocera del CNI) fuera en detrimento de una voluntad mayoritaria del pueblo de México, lo importante es confluir o fuerzas, para dar garantía de un cambio”. Aunque, precisó que el tema no ha sido discutido con los coordinadores ni en asambleas.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, indicó que hay autocrítica y planificación para el 2018. Consultado vía telefónica en relación con la reunión del sábado entre la militancia priísta convocada por la expresión Alianza Generacional en la Ciudad de México, respondió que el “dedazo, es del pasado”.
Consideró que el encuentro entre los 90 priístas, que “ya se denominó para poder empujar uno de los métodos de selección que tiene el PRI, es una idea, un aviso que hay que estar muy atentos por parte desde luego de la dirigencia, pero también coyunturas, son momentos que se tienen que ir tomando determinadas decisiones”.
El viernes un grupo de militantes que han ocupado cargos públicos y de mando en el PRI, en una reunión privada pidieron un candidato presidencial “limpio”. También llamaron a que el candidato surja de una consulta directa a la base, porque “el dedazo” en la elección de candidatos ha mermado la rentabilidad electoral del partido.
Consultado este domingo, el dirigente del PRI en Guerrero indicó que existe diversos métodos para seleccionar a un candidato. De la reunión entre sus compañeros, celebró que existan expresiones como Alianza Generacional, porque dan al partido vitalidad y promueven la unidad en el partido.
Se le preguntó si en Guerrero también había quejas de la militancia por “el dedazo”, como se exhibió en el terreno nacional, “es un tema del pasado, estamos en una nueva apertura, en una nueva dinámica donde se privilegia la militancia, lo que nos marca nuestros estatutos”.
Reconoció que en todos los militantes hay la aspiración de ser candidato, pero tienen que entender que tienen que ser a través del consenso del partido, “no es la primera vez que el PRI vayamos a tener una competencia interna en un municipio o para el propio gobernador”. Destacó que la democracia interna “no espanta” a los priístas.