Este lunes tomó protesta en el Congreso Luis Camacho Mancilla como comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), entre señalamientos de Movimiento Ciudadano (MC), que adelantó que éste responderá a los intereses del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y no de las víctimas en el estado.
Tras la aprobación de la Ley 450 de Víctimas, que entró en vigencia el 12 de mayo pasado, en la que se apunta que a partir de ese día quedaban sin efecto los nombramientos de José Luis Gallegos, quien presidía la Comisión, y tenía como consejeros a Javier Morlet Macho y María Elena Jaimes Martínez.
Por única ocasión, el Congreso local autorizó al gobernador Héctor Astudillo Flores que en un plazo de 30 días enviara al Poder Legislativo la propuesta de una persona, para ser nombrada como comisionada ejecutiva estatal de atención a víctimas, que durará en el cargo tres años.
El nuevo comisionado fue acompañado por un grupo de diputados hasta el pleno del Congreso local, donde la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Díaz, le tomó protesta.
Su periodo en el cargo será del 20 de junio de 2017 al 19 de junio de 2020.
Por su parte, el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja, antes de la votación anunció en tribuna la abstención de su fracción en la votación para el nombramiento de Luis Camacho Mancilla.
Argumentó que no desacreditan su capacidad y trayectoria como abogado, pero no ha tenido trabajo relacionado con los derechos humanos, atención a víctimas o trato con colectivos que ya tienen una agenda de atención.
Precisó que la propuesta del gobernador, que tomó protesta en el Congreso, formalmente cumple con los requisitos que establece la nueva ley, y a pesar de que por esta ocasión el Poder Legislativo le autorizó a Héctor Astudillo el nombramiento del comisionado, Mejía Berdeja consideró que eso no le impedía consultar a los colectivos de derechos humanos y familiares de desaparecidos.
Consideró que no debe de tratarse de un “enemigo del gobierno ni de las instituciones, pero tampoco de un subordinado” del gobierno estatal y se refirió en particular al secretario general de Gobierno.
En ese sentido, precisó: “Porque todos sabemos que aunque formalmente es una propuesta del gobernador, materialmente es una propuesta del secretario de Gobierno, Florencio Salazar”.
Por eso, afirmó que cuando Luis Camacho tenga que actuar, “más que estar del lado de las víctimas, pueda estar atendiendo las indicaciones del secretario de Gobierno y nos parece que esto no le ayuda al Estado ni le ayuda a las víctimas”.
El coordinador de los diputados de MC argumentó que en la entidad hay temas como el desplazamiento forzado interno por violencia, en el que Guerrero ocupa el primer lugar en el país, al igual que en homicidios dolosos, fosas clandestinas, desaparición forzada y tercer lugar en feminicidios, por lo que por eso un cargo tan importante debió contar con un “amplio” aval.
Dijo que a MC le preocupa que la resistencia a que se emita la alerta por violencia de género en el estado es por Florencio Salazar y que ahora habrá “un comisionado que responde a la investidura del secretario de Gobierno, entonces sí es un problema para la comisión de víctimas, por esa razón no vamos a apoyar la propuesta”.

 

Los representantes de partido en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) exigieron la inclusión de 60 aspirantes registrados para concursar en la convocatoria de consejeros distritales en el proceso de ayuntamientos, diputados y gobernador, a pesar de que aparecen afiliados en los padrones del PRI, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena.
Por la presión de los representantes de partido, que coincidieron en que los aspirantes pudieron ser afiliados contra su voluntad y que recurrieron a una jurisprudencia según la cual el padrón de los partidos “publicado en internet” es insuficiente para acreditar la militancia de un ciudadano, los consejeros estatales modificaron el punto de acuerdo y aprobaron una lista más amplia de aspirantes que cumplieron con los requisitos de para sustentar el examen de conocimiento el 1 de julio.
Sin embargo, advirtieron que se incluyen los 60 posibles militantes de partidos en el proceso de selección de consejeros distritales electorales, pero se verificará su situación política para garantizar el principio de imparcialidad de la elección.
En la sesión extraordinaria se omitió la lectura del único punto del orden del día, dado que ya había sido discutido en una reunión previa con los representantes de partido, y el consejero Jorge Valdés, explicó que de 237 aspirantes, 70 no cumplieron con los requisitos, de los cuales 60 estaban registrados en los padrones de los partidos difundidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La presidenta del Consejo, Marisela Reyes Reyes, recordó que a petición de los propios representantes de partido se realizó la compulsa de los nombres de los aspirantes con el padrón del INE, y el resultado fue que 37 aparecen como militantes del PRD, nueve de Movimiento Ciudadano, seis del PRI, dos de Nueva Alianza, uno del Partido Verde Ecologista, y uno del Partido del Trabajo.
El representante del PRD, Nicanor Adame Serrano, abrió la discusión y advirtió que con la primera redacción del acuerdo, el IEPC violentaba el derecho de los aspirantes ya que la convocatoria señala como impedimento para ser consejero distrital “tener una militancia activa o pública, no (sólo) afiliación partidista”.
Argumentó una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice “el padrón en el portal del Instituto Nacional Electoral, constituye una fuente de información indirecta, por lo tanto no es idóneo para acreditar que un ciudadano, cuyo nombre está en ese padrón, efectivamente es militante de un partido político”.
No obstante que la jurisprudencia del 11 de marzo 2015, explica que el padrón en internet es prueba insuficiente para considerar que un ciudadano no cumple con el requisito de elegibilidad para ocupar el cargo de supervisor electoral o capacitador-asistente.
El representante de Morena, Sergio Montes Carrillo, se sumó al llamado del PRD para no violentar el derecho de los aspirantes de quienes no se ha confirmado una militancia. Sin embargo, matizó que no es lo mismo una afiliación en el padrón que una militancia activa, dado que muchos simpatizantes del PRI y del PAN que no están afiliados y buscan espacios en la estructura electoral.
El representante del PAN, Carlos Millán Sánchez, demandó al representante de Morena que “señale los casos de familiares (de políticos) de una vez”. En cuanto a los aspirantes a consejeros ubicados en los padrones de los partido, planteó que el IEPC busque otros mecanismos para valorar la militancia activa de los aspirantes y la posible participación de familiares de políticos.
El representante del PRI, César Julián Beltrán, ratificó que la convocatoria de consejeros distritales habla de una militancia activa, en la segunda ronda de tres rondas de participaciones aclaró que afiliado y militante son sinónimos en la ley general de partidos políticos.
En defensa de la primera propuesta, la consejera Alma Delia Gutiérrez Gutiérrez señaló como un foco rojo que 60 aspirantes que entregaron un escrito bajo protesta de decir verdad, diciendo que no eran militantes ni participaban en partido políticos, hayan aparecido en los padrones del INE. Consideró que se necesita una investigación para verificar si efectivamente son afiliados a los partidos.
En repuesta, el representante de Movimiento Ciudadano, Jesús Tapia Iturbide, consideró que hubo una interpretación restringida de la ley, que los consejeros están prejuzgando a los aspirantes en una etapa que no es definitiva de designación y podría generar “responsabilidades” contra ellos mismos si hay inconformidades.
El consejero Jorge Valdez añadió que el planteamiento de los partidos, de hacer una investigación profunda cuestiona la imparcialidad, “y no podemos dejar lugar a dudas de la imparcialidad que pasa por la integración de los órganos electorales”, pues afiliarse a un partido ya implica una participación activa.
Entonces, del PVEM, Juan Manuel Maciel, mencionó el antecedente de dos consejeros electorales en Acapulco, que impugnaron una presunta militancia partidista y el organismo se vio obligado a reinstalarlos cuando el partido político que los cuestionó no pudo confirmar su militancia.
La discusión de los partidos continuó sobre la legitimidad de las afiliaciones de los aspirantes, y la presidenta Marisela Reyes confrontó así, “si a ustedes no les sugiere nada este indicador, ¿cómo vamos a identificar la militancia partidista (de los aspirantes a consejeros distritales) en una etapa plenamente subjetiva que es la entrevista?”.
Señaló que la decisión de separar a los militantes fue para evitar cuestionamientos sobre la parcialidad de los consejeros electorales, de procurar una cancha pareja para todos los candidatos.
Frente a la insistencia de los partidos de que un afiliado no es lo mismo que una militancia activa, cuestionó: “¿En qué momento esta militancia se vuelve activa?”.
Aclaró que como el IEPC no puede decir que los ciudadanos fueron afiliados contra su voluntad, porque implicaría una investigación para sancionar a quien afilie a personas contra su voluntad, “esto por supuesto debilita el sistema de partidos”.
Se informó que de los 237 ciudadanos que entregaron su documentación, 222 cumplen con los requisitos y 15 no podrán continuar en el proceso de selección, siendo el examen de conocimientos la siguiente etapa para la designación de Consejeras y Consejeros Electorales Distritales y será aplicado el 1 de julio del año en curso. Se anunció que las listas están publicadas en la página web www.iepcgro.mx

El miedo de los vecinos y la violencia de los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos mantiene casi deshabitadas tres comunidades nahuas del municipio de Chilapa de Álvarez desde el 6 de junio, a pesar de la presencia del Ejército y de la Policía Estatal.
En un recorrido con personal del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) en Ahuihuiyuco, Tetitlán de la Lima y Tepozcuatla, se constató que la normalidad no ha llegado.
En Ahuihuiyuco sólo se escucha el sonido de los animales que se encuentran dispersos, las calles se ven solas y las casas cerradas con candados.
En la Comisaría sólo está un campamento de militares que se encarga de la seguridad de lo que queda en el pueblo.
Los pocos pobladores que hay evitan hablar, pareciera que los visitantes no existen y sólo expresan un “buenos días”.
El pueblo se asemeja al Comala que Juan Rulfo describe en Pedro Páramo, pareciera que sólo ronda la muerte.
La escuela primaria se encuentra cerrada, en los salones polvosos únicamente quedan los pizarrones, pupitres, vidrios rotos y algunos libros.
La Iglesia destella su color verde, dentro las bancas están vacías, vigiladas por algunos santos y veladoras que son llevadas por los pocos católicos que se quedaron.
“El padre ya no ha venido, este domingo no dio misa y desde hace dos semanas no hay celebración (eclesiástica) en el pueblo”, dijo un sacristán que abrió la puerta del templo y se retiró.
“En este pueblo hay 30 personas desaparecidas, la mayoría indígenas nahuas. De las cerca de 350 familias que huyeron, solo han regresado 20” informó el secretario técnico del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
En Tetitlán de la Lima, pueblo vecino de Ahuihuiyuco, se ve más movimiento “algunos pobladores se fueron por miedo y regresaron”, dijo un hombre que montaba su caballo y se dirigía a trabajar a su parcela.
Sin temor expresa que la gente se fue por amenazas en la redes sociales y que él “prefirió quedarse con su familia porque no debe nada”.
En ese lugar el jardín de niños está cerrado desde hace dos semanas, los maestros no quisieron regresar por miedo a que un grupo del crimen organizado tome los pueblos de esa zona indígena, como fue la advertencia.
Tepozcuatla es otra de las poblaciones afectadas por la violencia que ha provocado desplazados. También se nota la soledad y el silencio en sus calles.
Sus escuelas también están cerradas y su Comisaría es el campamento de otro grupo de militares y policías estatales que vigilan la localidad.
El centro de salud está cerrado con candado. Adentro sólo se ve una silla y una bata blanca colgada de ella, algunos posters de planificación familiar y vacunación adornan su puerta de vidrio. Afuera al menos 30 bancas solas esperan a los pacientes.
La gente evita hablar, nadie dice nada y a lo lejos se escucha una bocina con música de banda sinaloense.
Uno de los militares justifica el abandono porque dice que a esa hora “la gente va al campo a trabajar su siembra” de maíz.
En este lugar el 6 de junio había 127 familias, de las que sólo quedaron 58.
Los tres pueblos se encuentran en un camino de terracería a media hora de Chilapa, municipio que desde hace dos años se encuentra en medio de una disputa entre los grupos de la delincuencia Los Rojos y Los Ardillos.
Un mando militar consultado en la zona dijo que se encontraban “trabajando y garantizando la seguridad para los que quisieran regresar”, y que las operaciones iban dirigidas para detener a un jefe de la banda de Los Ardillos de nombre Fulgencio.
A pesar del despliegue de seguridad en esa zona los pobladores que abandonaron sus propiedades no quieren regresar, “por la desconfianza de que cuando desaparecieron y mataron a mucha gente los militares que estaban ahí no hicieron nada para evitarlo”, reveló Manuel Olivares.

 

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero condenó la represión de las policías contra los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, cuando iban rumbo a Cancún, y amenazaron con armas el autobús en el que viajaban.
Además informaron que desconocen el motivo pero que las 12 órdenes de aprehensión que había contra ellos por la toma de las instalaciones de Prospera en enero, se cancelaron.
En conferencia de prensa ayer en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), condenaron al Estado por la represión que sufrió la caravana que encabezan los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Nicolás Chávez Adame expuso que el Estado mexicano presiona, persigue y encarcela a los luchadores sociales para callar sus voces, y lamentó la represión en Nochixtlán, Oaxaca, a un año de los acontecimientos.
Además condenó el ataque a balazos que sufrió el dirigente del Frente Amplio de la Sociedad Igualteca y de Organizaciones Sociales (FASIOS), Jorge Rubén Popoca Salgado.
Al respecto dijo “que son señales de que el Estado no va a permitir ninguna protesta, pero la lucha social está planteando un proceso de articulación, hoy platicamos con el compañero Vidulfo (Rosales Sierra) para iniciar una jornada de lucha conjunta y sobre todo reivindicar los tres ejes, la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas, el castigo a los culpables de los hechos de Iguala y la apoyo incondicional a los padres de familia, de ahí compañeros que también condenamos los hechos que pasaron en (San Pedro) Cacahuatepec donde perdieron la vida niños inocentes de 11 meses”, dijo respecto de los ataques de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

El alcalde de Iguala lleva la misma línea que José Luis Abarca

Chávez Adame consideró que el alcalde de Iguala, el priista Herón Delgado lleva la misma línea criminal que el ex alcalde José Luis Abarca, este último preso y señalado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además indicó que en su caso y en el de su compañero Simón Tavira hay una ruptura con el Estado y que les preocupa, porque interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) pero no ha surtido efecto.
Dijo que hay alarma en todos los luchadores sociales, así como también hay organizaciones con las que el estado tiene una relación de alianza, pero a quienes tienen una posición radical, les “están tendiendo una mano dura”.
Chávez Adame abundó que si no es el encarcelamiento es la persecución, el hostigamiento y la ejecución.
“El gobierno federal tiene la línea de no permitir ninguna manifestación que los esté evidenciando, que hay una mano oscura negra que ha asesinado y que sigue reprimiendo la lucha… los gobiernos se pueden pelear públicamente, políticamente, pero es la misma familia de espionaje sigue operando y creo que todos los teléfonos de dirigentes, llámese de todos los sectores, periodistas, estamos bajo la lupa del seguimiento”, expuso ante la denuncia que hicieron periodistas de que han sido blanco de espionaje del gobierno mexicano.

De las órdenes de aprehensión

En enero durante 15 días integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos siete trabajadores despedidos de Prospera, cerraron la delegación y fueron desalojados por policías estatales antimotines.
Después se enteraron que se giraron órdenes de aprehensión a los siete despedidos y al resto de integrantes de la organización.
Al respecto, Chávez Adame informó que “no sé por qué razones el gobierno federal, en la orden de aprehensión que se tenía de Prospera ya no prosperó, los abogados dieron elementos que no había amparo, queda sin efecto”.
Por otro lado informo que el indígena nahua Patricio Margarito recobró su libertad, sin precisar la fecha, después de haber sido acusado por el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame de despojarlo de su terreno.
Añadió que está buscando a su hija, Josefina Margarito para que dé más detalles al respecto, pues dijo que supo que se dio bajo los condicionamientos del estado, que fue una negociación cerrada, finalmente la familia se tuvo que salir de su vivienda y tienen temor de dar declaraciones a la prensa.

 

 

Agentes de la Policía Estatal despedidos informaron que el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón y tres mandos de la corporación están bajo un procedimiento federal porque no atendieron el amparo otorgado a los 206 agentes, en el que piden el cese al abuso de autoridad y su reinstalación en la corporación.
El 7 de junio, los agentes informaron que tramitaron un amparo en contra de su despido injustificado y abuso de autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que interpusieron ante los juzgados primero y segundo de distrito.
Ayer, en conferencia de prensa en la explanada de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Chilpancingo, los agentes estatales dados de baja se quejaron del presidente de este organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, porque no ha intervenido en la reanudación de las mesas de diálogo para que se resuelva su situación laboral.
Un policía estatal despedido que omitió su nombre leyó un comunicado y explicó que el amparo fue notificado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, al secretario general de Gobierno, al secretario de Finanzas y tres mandos de la corporación, de los que no detallaron los nombres, para que atendieran el proceso laboral de los agentes, pero al no resolver la demanda, “se encuentran bajo un procedimiento federal y ante un órgano que procura justica”.
Detalló que el procedimiento federal pide a los funcionarios del gobierno y de la SSP, el cese del abuso de autoridad, la restitución en la corporación y una disculpa pública para los 206 policías estatales dados de baja.
Dijo que a pesar de que fueron despedidos arbitrariamente siguen sufriendo represalias de los mandos de la SSP, porque no les dejan entrar al cuartel central de la corporación ni al Palacio de Gobierno para pedir información de su liquidación o situación laboral, además les retuvieron la quincena de junio y viáticos, constancias de servicio y el bono del Día del Padre.
“No nos han dado la cara el secretario de Seguridad Pública, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores no tiene la voluntad de resolver el problema. Es coraje de orgullo lo que tiene el secretario, le hace falta capacidad, no puede con la seguridad pública del estado y no resuelve este problema mínimo que (se) le salió de las manos”, declaró el policía despedido.
Afirmó que están en la mejor disposición para regresar a la corporación cuando no haya represalias de los mandos y les entreguen las constancias de servicio de manera normal, sin hostigarlos.
Este lunes, Almazán Cervantes aseguró que el despido de 206 policías no afecta la seguridad en la entidad, ni las operaciones nuevas o las permanentes.
Ayer, otro agente despedido que no informó su nombre respondió que Almazán Cervantes no tiene conocimiento y capacidad para estar al frente de la corporación, agregó que es claro que sí hacen falta, porque en el estado hay inseguridad, “él no lo valora, me da tristeza que sea militar y no sepa desempeñar su papel”.
Comentó que, “primero debió escuchar los problemas de nosotros para buscar una solución, por eso es un funcionario público de primer nivel”, pero sólo despidió a los 206 agentes.
En tanto, una policía despedida se quejó de que Almazán Cervantes cuenta con escoltas al igual que los funcionarios de gobierno para su protección, y minimiza el trabajo de los 206 policías dados de baja, porque aseguró le hacen falta a la población para darles seguridad.
Los agentes estatales despedidos denunciaron que sus compañeros activos siguen siendo hostigados y son víctimas de represalias de los mandos de la corporación, responsabilizaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes de lo que les pueda pasar a los agentes despedidos y a sus familiares.
El 29 de mayo, unos 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central, Chilpancingo, para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
El 31 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó en un boletín de prensa que separó del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.
El 12 de junio, los agentes despedidos informaron que ya eran 206 policías estales dados de baja de la corporación.