Al concluir el acto protocolario de ayer en Casa Guerrero, el gobernador fue consultado sobre los bloqueos que se realizaban en el municipio vecino de Tixtla.
“Yo hablé con el presidente municipal (el perredista Hossein Nabor Guillén) temprano y le pedí que buscara la comunicación”, dijo y abundó que la protesta “es entendible por la indignación de la familia del abogado asesinado Eduardo Catarino Dircio”.
“Por supuesto se comparte esa indignación, y yo haré lo que me corresponda para colaborar y para que se cumpla la ley y se haga justicia”, agregó.
Insistió en que se debe de buscar la manera de dialogar y tratar “de entender y buscar una salida que no complique a los demás. El gobernador del estado, como lo ha manifestado, es el más interesado en que la justicia se dé”.
El pasado domingo 4 de junio, el secretario del Colegio de Abogados de Tixtla y dirigente municipal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Catarino Dircio, fue asesinado dentro de su casa en Tixtla y frente a su familia por policías del estado que perseguían a balazos con civiles armados.
Ante esto, el gobernado dijo que él mismo le pidió al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y al fiscal general, Javier Olea Peláez, que “vieran la manera” en que los policías que participaron en el enfrentamiento declararan.
“Que expresaran frente a la autoridad correspondiente cuál era su versión de lo que sucedió, entiendo que la Fiscalía está desarrollando toda una investigación en torno a todo este asunto”, agregó.
Pidió que sobre este tema no se politice, ya que aseguró que en este “asunto” no tienen nada que ver los partidos”, y que además de lo que se trata de hacer justicia.
“No se trata de que el Ejército y la policía nunca vuelvan a ir, porque a eso definitivamente no me voy a prestar”, señaló en respuesta a la demanda que se escuchó con insistencia en la marcha que realizaron este domingo familiares, vecinos y compañeros del abogado asesinado.

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores subrayó sobre los hechos ocurridos en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco, que “está muy visible lo que sucedió”, por lo que advirtió que su gobierno tiene la determinación de qué los que cometen un delito sean castigados.
El viernes, policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), irrumpieron en cuatro casas de la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, donde asesinaron a balazos a tres mujeres, un hombre, un adolescente y un niño de un año, mientras que también resultó muerto un bebé d ecuatro meses aplastado por su mamá víctima de un disparo mortal.
“El gobierno de Guerrero no tiene otra determinación, más que los que cometen un delito como este sean castigados y en eso estamos, y en eso estaremos”, sostuvo el Ejecutivo.
Por la mañana de este lunes, en la Sala de la República, de Casa Guerrero, fueron entregados recursos para proyectos productivos a mujeres indígenas, así como se realizó la firma del convenio de colaboración y coordinación de campañas de registro civil del programa Identidad de los Pueblos Indígenas.
En la consulta se le preguntó a Héctor Astudillo Flores sobre la irrupción en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, a lo que contestó: “Me parece que está muy visible lo que sucedió, el gobierno de Guerrero no tiene otra determinación, más qué los que cometen un delito como esté sean castigados y en eso estamos”.
Un reportero le preguntó sobre si hay algún requerimiento para el líder de la UPOEG, Bruno Placido Valerio, a lo que respondió que ninguno y que la aplicación de la ley no es especial para nadie, sino genérica.

Durante la consulta, a Astudillo Flores se le preguntó sobre la denuncia pública de comerciantes de Chilpancingo afiliados a la Canaco, quienes acordaron tener armas en sus negocios y cerrar más temprano ante las amenazas de grupos delincuenciales que les exigen cobro de piso, pero a pesar de insistirle varias ocasiones, el gobernador no fijó ninguna postura al respecto.
Una segunda ronda de declaraciones, que principalmente se las dio al corresponsal de Televisa, se refirió al percance que sufrieron integrantes de una patrulla de la policía militar que el sábado pasado transitaba hacia la sierra desde San Miguel Totolapan, y fueron sepultados por un alud junto a un arroyo.
Astudillo Flores explicó que hasta las 10 de la mañana de ayer habían sido encontrados los cuerpos de seis soldados, dos permanecían desaparecidos y un herido está siendo atendido en el hospital militar de Chilpancingo. Más tarde se informó que los dos desaparecidos fueron hallados muertos.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) no fijará postura sobre los resultados preliminares de la consulta sobre el modelo de elección usos y costumbres para la elección municipal, que se votó sábado y domingo en 140 comunidades y colonias Ayutla, porque aún no hay con qué comparar la información, precisó el consejero electoral, Felipe Arturo Sánchez Miranda.
Confirmó que el miércoles, después de la sesión de la Comisión Especial de Sistemas Normativos, que preside, los integrantes emitirán un acuerdo de los resultados y se someterá a consideración del Consejo General, para que se valore y pronuncie.
En tanto, el abogado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Manuel Vázquez Quintero, ratificó la tendencia en favor del modelo por usos y costumbres, según los datos publicados en los carteles del IEPC en comisarías y delegaciones de las localidades consultadas.
Indicó que el cómputo preliminar del total de participaciones arrojó los siguientes datos: de alrededor de 13 mil participantes, 53 por ciento votaron por el modelo de elección A de elegir autoridades en asambleas; 44 por ciento para el modelo B de planillas, y 3 por ciento de abstenciones.
Promotores de la consulta y la elección por usos y costumbres se reunieron con representantes del IEPC, para solicitar copias simples de las 140 actas escrutinio de la consulta, para comparar y corroborar los datos que ellos levantaron en las comunidades.
Después de la reunión en la sala de sesiones del IEPC, Sánchez Miranda informó que el modelo que obtenga más votos va a definir el tipo de gobierno que va a regir al municipio el próximo trienio.
Explicó que el modelo A, abre la posibilidad de modificar la estructura actual del ayuntamiento, porque la propuesta consiste en que la conformación de un consejo con dos representantes de cada comunidad y colonia; un hombre y una mujer. Así se garantiza la paridad de género.
Con la representación de sus comunidades y colonias, ese conjunto de personas, 280 en total determinarían, también por voto, quiénes asumirían qué tipo cargos. Aclaró que no es posible hablar de una estructura, porque no se ha llegado a esa etapa del proceso.
Del modelo B, dijo que propone planillas de presidente, síndico y regidores y en asamblea por comunidad y colonia, la población va a acordar el método de votación. No obstante, añadió que para el modelo A y B, el IEPC tiene hasta la tercera semana de julio de 2018 para construir la forma gobierno que se requiera.
Del Congreso, señaló que tendrá que participar para establecer el margen que da la legislación a los pueblos para diseñar su forma de gobierno, y hacer modificaciones posteriores a la ley local. Recordó que el Convenio 169 de la OIT, da certeza a los pobladores de Ayutla de diseñar e implementar un modelo distinto en el próximo periodo de gobierno.
Por separado, Vázquez Quintero confió en que el modelo de usos y costumbres va a prevalecer sobre el modelo de planillas, y llamó a todos los sectores de la población a valorar una amplia participación en el proceso de consulta, “la gente que creyó en el proyecto de usos y costumbres, entre todos debemos trabajar para construir el modelo de representación que sesionará para integrar la (próxima) autoridad municipal”.

El financiamiento asignado a los partidos políticos es un tema muy debatido en la sociedad debido a la cuantía de recursos que les son asignados año tras año. Esto se debe a que los partidos son concebidos como instituciones de interés público y por tanto, el sostenimiento de sus actividades se realiza con financiamiento de recursos del Estado. Este es uno de los derechos contemplados en las prerrogativas a las que tienen acceso y se denomina financiamiento público, el cual se otorga tanto a nivel nacional como a nivel estatal, y bajo tres modalidades: 1) para sus actividades ordinarias permanentes, 2) actividades específicas y, 3) para gastos de campaña. Esto quiere decir que el sistema de partidos políticos recibe doble financiamiento, por un lado a nivel federal que es determinado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el otro lado, el financiamiento local que determinan los Institutos Electorales de los estados, cuya sumatoria de las 32 entidades (en la actualidad), resulta igual que el financiamiento federal.
El financiamiento ordinario, al igual que el específico, es asignado de manera anual. El cálculo es una sencilla multiplicación: el total de ciudadanos en el padrón electoral federal o local, según corresponda, por el 65% de la unidad de medida y actualización (UMA), la cual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y de las entidades federativas. Sobre la base del cálculo del financiamiento ordinario, se determina el correspondiente para actividades específicas, el cual es el equivalente al 3% de éste, y en año de elección el gasto de campaña es el 50% del ordinario cuando se desarrollan las tres elecciones federales, y el 30% cuando sólo es de diputados federales.
Al introducir la variable padrón electoral, se interpreta que el diseño de la fórmula de cálculo del financiamiento a partidos, considera que el 100% de los ciudadanos acuden a las urnas a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, de acuerdo con datos del INE para las seis elecciones federales en el periodo de 2000 a 2015, el promedio de participación ciudadana ha sido de apenas el 53.23%. Dicho de otra manera, de cada diez ciudadanos en condiciones de ejercer su voto, poco más de la mitad lo ejerce, lo cual significa que hace falta mucho por remontar el abstencionismo. Por otra parte, tanto el padrón como la UMA (antes salario mínimo), son dos variables en constante crecimiento, y por tanto, el financiamiento público tiende a incrementar año tras año.
Para efectos de identificar una posible correlación entre el financiamiento y la participación electoral, para los años en que se desarrollaron elecciones, se sumaron los tres tipos de financiamiento del año de la elección y dos anteriores, por ejemplo, para la elección de 2000, se sumaron los años 1998, 1999 y 2000, y así consecutivamente, con la finalidad de acumular el financiamiento al que tuvieron acceso los partidos para llegar a la elección correspondiente. Lo anterior obedece a que, de acuerdo con la Constitución los partidos tienen como fin promover la participación política en la vida democrática, y esta se encuentra íntimamente ligada a la participación ciudadana en las elecciones, la cual no solamente debe perseguirse en el año electoral, sino debe ser un esfuerzo permanente de los partidos para fomentarla.
En el periodo analizado se desarrollaron elecciones federales en 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015. En estas seis elecciones, el financiamiento público (en sus tres modalidades) ascendió a 56 mil 151 millones de pesos, observando un crecimiento promedio del 18.73% entre una elección y otra, mientras que la participación promedio fue de 53.23%. De entrada se puede afirmar que el financiamiento público tiene escasos efectos positivos considerables en el aumento de la participación ciudadana.
Desde luego que el fenómeno de la participación ciudadana no es exclusivo de los partidos, también tienen que ver los órganos electorales, las condiciones educativas, sociales, económicas, políticas, entre otras. Y en este contexto, si se introducen al análisis los presupuestos asignados a los institutos electorales, los resultados no variarán mucho: los efectos positivos de dichos presupuestos en el incremento de la participación ciudadana, no son significativos. Aquí habría que señalar, que de acuerdo con el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México publicado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en 2014, las dos instituciones con la menor confianza de la sociedad son los partidos y los diputados, que se ubican por debajo del 20%, esto quiere decir que de cada cinco ciudadanos, poco menos de uno confía en ellos. Por su parte, el IFE apenas alcanzó el 34%, es decir, uno de cada tres ciudadanos confiaba en el órgano. Esto expresa la evaluación que hace que hace el ciudadano al sistema de partidos y a los órganos electorales, y en consecuencia, sobre la eficiencia del gasto ejercido en la democracia.
En conclusión, es necesario que el financiamiento público tenga una correlación con el nivel de participación ciudadana en las elecciones, y para esto se debe realizar un rediseño de la fórmula de cálculo para que el gasto de los partidos tenga una afectación positiva en la variabilidad de la participación. Para ello, es importante introducir en la fórmula de cálculo el porcentaje de la participación ciudadana, con la finalidad de que tenga un impacto directo sobre la parte del incremento del financiamiento.
La propuesta es dejar como base el financiamiento del año 2017, calcular el financiamiento de los años siguientes, y la diferencia entre el 2017 y el año a calcular multiplicarla por el porcentaje de la participación ciudadana registrado en la última elección de diputados federales. Bajo esta propuesta, en el cuadro uno se muestra la proyección del cálculo del financiamiento para 2018, tomando como base el 2017. Nótese que de seguir la fórmula en su estado actual en 2018 los partidos recibirían 4 mil 180 millones 900 mil pesos, pero al introducir la variable participación ciudadana la cifra quedaría en 4 mil 55 millones 500 mil pesos, es decir, 125.4 millones menos.
De lo contrario, cambiar de tajo el padrón electoral por la participación ciudadana, significaría reducir inmediatamente en casi un 50% el financiamiento, lo cual pondría en crisis financiera al sistema de partidos políticos y podría provocar que se busquen fuentes de financiamiento ilícitas y esto sería desastroso para nuestra joven democracia. La idea es que los impactos sean paulatinos y que vayan teniendo efectos positivos en la variabilidad de la participación ciudadana, y poco a poco, a una mayor participación ciudadana, mayor financiamiento público.

* Consejero del IEPC Guerrero.
Licenciado en Economía y maestro en Políticas Públicas Comparadas.

renevargas82@gmail.com

Unos 300 vecinos de la cabecera municipal y de comunidades de Tixtla bloquearon durante 7 horas dos lugares distintos de la carretera federal de Chilpancingo a Chilapa, el libramiento de cuota y la carretera que va a Mochitlán, para exigir seguridad y que la Policía Estatal no vuelva a entrar a sus casas sin órdenes de aprehensión.
“Al mismo tiempo queremos hacer un llamado a los grupos delictivos a que si se quieren dar en la madre que se den en el cerro, que no vengan a perjudicar a la gente de bien, ya la gente anda molesta, con miedo de que haya otra balacera”, dijo un vecino que participó en la manifestación y que pidió no revelar su nombre.
El 4 de junio en esta ciudad el abogado Eduardo Catarino Dircio fue asesinado por un policía estatal que irrumpió en su casa tras un enfrentamiento con sicarios, ese día vecinos y familiares denunciaron que los agentes catearon casas y asesinaron al líder municipal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Los bloqueos provocaron caos vial. Trabajadores, profesores, comerciantes y enfermos que se dirigían a Chilpancingo y Chilapa tenían que cruzar los retenes par tomar otro transporte para llegar a su destino. Quienes llevaron vehículo tuvieron que esperar hasta que se abrieron los accesos.
En el bloqueo participaron vecinos de Tixtla, de La Estacada, Atliaca, Ojitos de Agua y Plan de Guerrero, entre ellos estaban estudiantes normalistas de Ayotzinapa, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y profesores.
Para bloquear atravesaron vehículos y piedras, colocaron pancartas en las que se leyó: “Contra el pueblo no se puede, el pueblo es la ley”, “Sr. Gobernador queremos policías no asesinos”, “Policías asesinos”, “Dónde está tu Guerrero con orden y paz Héctor Astudillo”, “Exigimos la destitución de los policías estatales que asesinaron al lic. Eduardo”.

Demandas de seguridad y de respeto de los derechos humanos

Los manifestantes repartieron volantes, expusieron que se dirigían a la población porque su presidente municipal, el perredista Hosseín Nabor Guillén y su Cabildo se han declarado incompetentes en repetidas ocasiones para resolver el problema de la inseguridad den Tixtla, y que bloquearon para que se escuchen sus demandas: que el gobernador Héctor Astudillo Flores haga un comunicado público donde se comprometa a que ningún policía estatal entrará a las viviendas sin autorización o sin la orden de un juez, y que las operaciones sean apegadas a los protocolos nacionales e internacionales.
Que el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno les ayude a implementar un observatorio internacional de derechos humanos en el municipio, que el Ayuntamiento haga público y transparente el protocolo de seguridad del municipio, el esclarecimiento del asesinato del abogado y seguridad para toda la población.
Un vecino que participó en la manifestación, que pidió no revelar su nombre, resaltó que se tiene que poner orden en el municipio, que no es posible que el “gobierno armado” se meta a las casas, amenace, apunte con armas delante de niños a la población y la acribille.
Dos policías federales llegaron al bloqueo del libramiento de cuota y los vecinos les pidieron la presencia del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, y los uniformados se comprometieron a informar a las autoridades de su petición.
Antes de la 1 de la tarde al bloqueo ubicado en la salida de Tixtla rumbo a Chilapa, llegaron el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado del Moral, el alcalde de Tixtla y el fiscal regional Ernesto Jacobo García, quienes llegaron a siete acuerdos con los manifestantes.
Entre los acuerdo están que los gobiernos municipal, estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) van a coordinarse para que se respeten los protocolos de seguridad y se salvaguarde a los ciudadanos, agilizar las investigaciones del asesinato del abogado, hacer el recuento de los daños del 4 de junio para que el gobierno del estado y el municipal hagan la reparación.
Además de elaborar un protocolo para resolver la inseguridad en Tixtla, instalar un equipo de la Codehum en el municipio para velar por los derechos humanos de los vecinos, revisar 19 órdenes de aprehensión contra integrantes de la CRAC en 2013, y otra reunión este martes a las 9 de la mañana.
Cerca de la 1:30 de la tarde ante los acuerdos los manifestantes quitaron los cuatro bloqueos a las carreteras.
En consulta el presidente municipal Hosseín Nabor dijo que los vecinos mostraron una actitud de rechazo total a la injusticia del asesinato del abogado, y que el problema de inseguridad que vive Tixtla lo sufren también municipios como Chilapa, Zitlala, Mártir de Cuilapan (Apango), Eduardo Neri (Zumpango) y Chilpancingo.
Resaltó que en el caso de la integración de un protocolo de seguridad para el municipio, Tixtla entregó uno hace un año al gobierno federal, un plan piloto para bajar los índices de violencia en el municipio pero que la federación no lo ha atendido.
“El gobierno federal debe establecer una política nacional específica para estados como el de Guerrero, recordemos que no es Guerrero nada más, son varios estados de la República que presentan este problema (de violencia), no se trata nadamás de más presencia bélica, necesitamos restaurar el tejido familiar, necesitamos empleo, necesitamos educación”, planteó el alcalde.
Agregó que la seguridad en ese municipio sigue a cargo de la Policía Estatal, de la Municipal y de la Policía Comunitaria.
Afirmó que “Tixtla está desatendida, yo creo que del gobierno federal no hemos sentido la mano amiga. Necesitamos tenerla en Tixtla. hay mucha pobreza durante los últimos cuatro, cinco años, la economía ha bajado y eso obviamente repercute en muchos de los programas que nosotros quisiéramos emprender… estamos escasos en materia económica y tenemos que ir solventando muchas de las deudas que se han dejado”.
Dijo que la economía en Tixtla ha bajado en un 70 por ciento, principalmente en el comercio, recordó que ahí se producen hortalizas y flores.
Reprochó que mientras Chilpancingo está recaudando 90 millones de pesos al año en predial, Tixtla está recaudado sólo 2 millones 300 pesos porque la gente no paga.

Continúan las investigaciones del asesinato de Eduardo Catarino, dice el fiscal regional

El fiscal regional, Ernesto Jacobo García dijo que continúan las investigaciones del asesinato de Catarino Dircio, que ya han sido llamados a declarar 18 policías estatales.
“No podemos hablar de un estatus legal (de los policías), estamos haciendo la investigación, la carpeta de investigación se inició en el momento que se obtuvo la noticia criminal, y todos los actos de investigación a desarrollarse se están llevando a cabo, no hemos culminado, estamos elaborando dictámenes, tenemos que tener la certeza del evento en relación a pruebas científicas que ahora con el nuevo sistema son las apropiadas para acreditar alguna responsabilidad”, explicó.
La semana pasada acudieron 18 policías a rendir y se está en el análisis de la lista de los que participaron en el despliegue del 4 de junio en Tixtla, para determinar si son los únicos que estuvieron ese día, agregó.

Un vendedor de cocos fríos fue asesinado a balazos en la comunidad de Pénjamo en Coyuca de Benítez.
En lo que va del año 25 personas han sido ejecutadas en distintos hechos relacionados con la delincuencia organizada en ese municipio, de acuerdo a un recuento de El Sur.
El crimen fue reportado después de la medianoche del domingo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, según el reporte policiaco.
Esta comunidad está a casi 1 kilómetro de la cabecera municipal que correspondiente a la región de la Costa Grande.
Los policías encontraron a un hombre muerto a balazos adentro de una camioneta Chevrolet.
Los familiares no permitieron que las autoridades hicieran las diligencias correspondientes. El cuerpo fue levantado por sus familiares para trasladarlo a su vivienda.
El hombre se llamó Israel y tenía 40 años, según los familiares.
Por otro lado, era taxista el hombre hallado degollado el miércoles pasado en el río de Coyuca de Benítez, fue identificado como Exael de 32 años vecino de ese municipio, según la declaración ministerial de los familiares.