Tras el bloqueo intermitente de este jueves que duró 2 horas en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, el alcalde de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva se reunió con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame para atender las demandas de los manifestantes.
A las 10 de la mañana de este jueves vecinos de San Marcos bloquearon la carretera federal para exigir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que concluya la construcción del puente de la colonia Quinta Sección, que comunica a ese lugar con la carretera federal Las Mesas-San Marcos.
En respuesta a la demanda de los manifestantes al mediodía de este viernes en el edificio Norte de Palacio de Gobierno se reunió el secretario general con el alcalde Molina Villanueva.
Minutos antes de la reunión Molina Villanueva explicó que se busca establecer un compromiso para iniciar las obras de construcción del puente que comunica a las comunidades de la región norte del municipio.
El puente es necesario para evitar que en esta temporada de lluvias queden incomunicadas más de 17 comunidades donde viven poco más de 20 mil habitantes, informó.
Señaló que de manera provisional el Ayuntamiento dota de mantenimiento a un vado que ayuda a que las familias puedan ingresar a la cabecera, pero reconoció que corre riesgo ante la crecida del río.
Señaló que no hay evidencia que compruebe que la anterior administración municipal haya buscado a la SEDATU para que concluyera la construcción del puente, que pueda explicar porque no se concluyó en tiempo y forma.
“Tiene prácticamente dos años y no se concluyó, lo que puedo señalar es que a raíz de que tomamos las riendas de la administración municipal nos hemos acercado con la nueva delegación”, concluyó. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Vecinos de la comunidad San Vicente, en la sierra de Chilpancingo, exigieron el pago de indemnización de 175 toneladas de maíz para 47 productores, luego de la afectación en la siembra que sufrieron por la irrupción arbitraria del Ejército en el predio Los Amates, donde cuestionaron el trabajo de los campesinos y rastrearon el terreno ubicado junto a la comunidad de Amojileca.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) denunció que solicitarán que el Ejército no intervenga en los proyectos municipales, y que anteriormente han atentado contra los derechos humanos de los serranos.
El pasado jueves autoridades de la comunidad de San Vicente, pertenecientes a la APPG, se reunieron en el Ayuntamiento con el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena, para informarle que el Ejército, Bomberos y rescatistas de Protección Civil provocaron daños en el predio Los Amates.
Las corporaciones acudieron a preparar el terreno que planean reforestar con el gobierno del estado, para iniciar la construcción del parque ecológico Nicolás Bravo, a donde acudirá el lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores.
En ese momento el dirigente de la APPG denunció que además de los daños al predio, la presencia del Ejército fue intimidatoria, ya que los soldados, policías y rescatistas de Protección Civil dañaron cosechas y cercas que vecinos habían construido en ese predio.
Ayer a las 9 de la mañana acudieron al terreno el coordinador de gabinete municipal, Héctor Avilés y el director de Ecología municipal, Alejandro Zepeda Castorena, para limitar junto a los habitantes las áreas que serán utilizadas para el cultivo de maíz, planificar las opciones de reforestación y dar a conocer la minuta de acuerdos firmada con el alcalde Leyva Mena, tras la reunión del jueves.

Son terrenos de cultivo que les cedieron a cambio de agua, informan

El predio Los Amates está ubicado en la sierra de Chilpancingo a 40 minutos de la cabecera municipal, entre las comunidades de San Vicente y Amojileca, mide 57 hectáreas que de acuerdo a los campesinos fueron utilizadas desde hace 13 años como terrenos para el cultivo de maíz para productores de San Vicente.
Allí el comisario ejidal José Nava Lorenzo, explicó que de manera verbal se acordó durante la primera administración del ex presidente municipal Mario Moreno Arcos, la donación del terreno para que algunos habitantes de San Vicente lo utilizaran como tierra de labor temporal para la siembra de maíz, como contraprestación por la extracción de agua de la fuente conocida como El Retaje.
Detalló que en las 57 hectáreas trabajaban 47 productores que de manera individual generan unas cinco toneladas de maíz anuales, avaladas por el comisariado ejidal de la comunidad.
En el lugar se observó que la tranca para ingresar al terreno fue forzada, la puerta del acceso principal se encontraba abierta con la cadena y los candados tirados en el piso.
En el predio con algunos arbustos y matorrales dispersos, se apreció que fue allanado en su totalidad por maquinaria del Ayuntamiento, donde incluso permanecía en labores una aplanadora de Protección Civil.
El comisario José Nava Lorenzo relató que a mediados de abril acudió la maquinaria para rastrear los terrenos del cultivo de maíz debido a la visita del alcalde Leyva Mena a la zona, sin tomar en cuenta a las autoridades ejidales ni a los vecinos de la localidad.
Externó que se “abusó” y rompió el acuerdo verbal establecido con el ex alcalde Moreno Arcos, “era un intercambio, ellos se llevaban el agua a Chilpancingo y nosotros ocupábamos este terreno para la siembra”, se quejó.
Sin embargo, detalló que los campesinos siguieron sembrando maíz en el ejido y por ello el miércoles pasado acudieron Protección Civil, Bomberos y el Ejército para notificar que el terreno sería reforestado con la presencia del gobernador Astudillo Flores.
“Los militares no nos agredieron pero recorrieron el terreno y lo acordonaron, no tenían por qué intervenir en el proyecto del Ayuntamiento y menos de esa forma autoritaria forzando la cadena. Nosotros no portamos armas, nos dedicamos únicamente a la siembra de maíz”, externó.
Recordó que el predio fue adquirido por el ex presidente municipal Saúl Alarcón Abarca, para construir un relleno sanitario hacia el municipio.
De acuerdo al dirigente de la APPG, Nicolás Chávez, hace cuatro días cuando acudieron los soldados e ingenieros de Semarnat, el terreno ya se encontraba sembrado “y aplanaron de manera arbitraria el sembradío”.
El líder de la organización enfatizó, “los compañeros estaban trabajando y llegaron sin avisar forzando la puerta, allí un ingeniero de Semarnat de manera déspota y arbitraria solicitó la documentación que avalara que podrían trabajar la tierra, y sin medir consecuencias irrumpieron en el terreno”.
Reiteró que el próximo lunes acudirá el gobernador Héctor Astudillo Flores para la reforestación, que dará inicio a los trabajos en la zona donde se prevé la creación del parque ecológico Nicolás Bravo, que contará con una ciclo vía, paseos a caballo y cabañas para acampar, además de la construcción de un centro de Alto Rendimiento para el club de fútbol Los Avispones de Chilpancingo.
Denunció que la presencia del Ejército fue intimidatoria para los pobladores, debido a la mala experiencia que tienen con la Gendarmería que en meses anteriores provocó un accidente y la muerte de un vecino de la sierra.
Luego del arribo de la comisión municipal a Los Amates junto a la dirigencia de la APPG y pobladores de San Vicente, hicieron un breve recorrido hasta la colindancia con otro terreno.
Allí los funcionarios municipales junto al comisariado ejidal de San Vicente y la dirigencia de la APPG, sostuvieron una plática de  30 minutos, los representantes del Ayuntamiento aseguraron que la administración actual  desconocía el acuerdo verbal con el ex alcalde.
“Nosotros acudimos unas diez veces al predio antes de la inconformidad, aquí trabajamos y nunca nadie decía nada, hasta una fiesta hubo para quienes conocieron el proyecto, hicieron comida, todos hicieron recorridos con familias en bicicleta”, dijo el coordinador Héctor Avilés.
Chávez Adame enfatizó que los pobladores no están en desacuerdo con el proyecto, “sino en las formas, porque si se reforesta esta zona es porque el gobernador avalará el proyecto sin siquiera resolverse el conflicto”.
El director de Ecología, Alejandro Zepeda añadió que una alternativa viable sería buscar una zona dónde hacer la siembra temporal, “y los que alcancen aquí a sembrar apoyarlos y a los que no compensarles con el maíz su cosecha”.
Sin embargo Nicolás Chávez advirtió que los campesinos no se irán del predio, y reconoció el error por no haber firmado una minuta con Moreno Arcos, “esta es la prueba de que los políticos no garantizan la verdad, todos mienten”.
El comisariado ejidal propuso emitir un oficio dirigido al gobernador Astudillo Flores, donde se especifique la inconformidad de los campesinos y la circunstancia del terreno para que tenga conocimiento.

Los acuerdos previos con el
alcalde Marco Leyva

Posteriormente se leyó la minuta de acuerdos pactada con Leyva Mena durante su reunión del jueves, en la que se reconoció que en la primera administración, de manera verbal, se acordó con Mario Moreno Arcos la donación del terreno como contraprestación por la extracción de agua a Chilpancingo.
Además de la necesidad de reubicar a 578 familias de San Vicente, damnificadas por las contingencias de Ingrid y Manuel en 2013, sugiriendo que el predio donde serían reubicados sea el de Coapanguito o bien, el de Las Terrazas ubicado en la zona alta de la colonia PRD.
También se reconoció en la minuta que soldados del Ejército irrumpieron en las inmediaciones del predio para cuestionar a los campesinos que preparaban la tierra de labor para la siembra de maíz, ante la próxima temporada de lluvias.
Además se determinó que para la próxima temporada de lluvias queda garantizada la utilización de los terrenos que se ocupan como tierras de cultivo por los habitantes de la comunidad, y para los próximos ciclos agrícolas se buscarán las alternativas para los productores de acuerdo a su cosecha, o se analizará la entrega de otros terrenos para seguir el cultivo de maíz.
Se determinó también que el secretario general del Ayuntamiento, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo buscará una reunión con representantes del Ejército de la 35 Zona Militar, para comentar los temas relacionados con las demandas planteadas por los colonos, “con la firme finalidad de que se respeten sus derechos humanos”.
Sin embargo, Chávez Adame refirió que harán un agregado a la minuta, solicitarán una mesa de trabajo con autoridades del municipio, el estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para dar una fecha concreta para la reubicación de la comunidad.
Además de que exigirán el pago de 175 toneladas de maíz para los productores afectados, solicitarán que el Ejército no vuelva a intervenir en las actividades relacionadas con el municipio y que atenten contra los derechos humanos de la población.
Agregó que la “provocación” de la Gendarmería podría generar la reintegración de las brigadas ecológicas, y que los serranos vuelvan a vigilar los pueblos por su propia cuenta.
La resolución será entregada hoy a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento.

El gobernador Héctor Astudillo Flores insistió en que la narcoviolencia es el principal problema de Guerrero y negó que la estrategia de seguridad del gobierno federal en el combate a la violencia haya fallado, “sino que el problema está muy grave, hay demasiada delincuencia en Guerrero que no vino conmigo pero que me toca enfrentarlos”.
En declaraciones a reporteros la tarde de ayer luego de inaugurar la primera feria regional del queso y el mezcal, donde probó algunos de los productos, el mandatario indicó que seguirá siendo promotor de que en Guerrero se dé el cultivo lícito de la amapola con fines medicinales, “porque me parece que tarde que temprano lo vamos a lograr”.
A la pregunta de si la violencia del narco se salió de control en Guerrero por la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal, de acuerdo con el investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Carlos Brockmman Haro, el gobernador reconoció que “yo he dicho que la narcoviolencia es el principal problema de Guerrero, exactamente lo que dicen ahí”, dijo en alusión a la nota principal publicada en la edición de este viernes en El Sur.
“Ahora, creo que estamos metidos en un asunto delicado, pero así como para que el gobernador no haga, no instruya, no se meta o no coloque acciones, eso sí está muy alejado, aquí hay gobierno, el gobernador se llama Héctor Astudillo y todos los días le damos batalla a la narco violencia”, respondió.
—Hay señalamientos de que ha fallado la estrategia de seguridad del gobierno federal.
—Yo no creo que haya fallado, yo lo que creo es que el problema está muy grave. Lo vuelvo a repetir, hay demasiada delincuencia en Guerrero, ¿cómo se formó? Yo creo que requiere de una serie de análisis, no vinieron conmigo, no es mi disculpa pero yo creo que me toca enfrentarlos y así lo estamos haciendo todos los días.
Al mandatario se le pregunto sobre la ausencia de policías federales en municipios de la zona Norte, de donde fueron retirados desde el 2 de junio y hasta ayer no habían sido reincorporados, y sólo dijo, sin dar más detalles, que sí van a regresar, “es cuestión de días”.
A pregunta de un reportero, el gobernador celebró que en el mundo se ha registrado un aumentado en el consumo del mezcal, aún más que el propio coñac o el whisky, y Guerrero se está colocando como el productor de mezcal de mayor calidad, por lo que se está tratando de impulsar el cultivo de maguey en el estado.
Consideró que la siembra del maguey para la producción del campo es una buena alternativa para el trabajo en el campo, por sus características, que puede resistir mucho tiempo sin tener agua y genera muy buenos ingresos.
Sobre si es mejor el cultivo del maguey que el de la amapola, el mandatario dijo que son dos cosas diferentes pero al final de cuentas “medio parecidas, porque el maguey genera mezcal que está bien cotizado, y en el caso de la amapola, México sigue necesitando tener internamente medicamentos tan necesarios y que actualmente los compra, teniendo la amapola adentro”.
Sin que se le preguntara, el gobernador Héctor Astudillo dijo que “sin que caiga yo en la necedad, tarde que temprano el tema de la amapola también tendrá que colocarse en la ruta medicinal”.
Y confió en que la amapola siga el mismo camino que el de la mariguana, con el uso medicinal, “creo que puede seguir, el caso de la amapola el mismo camino, está planteado el camino, sólo hay que esperar que existan más voluntades para realmente impulsarlo”
Añadió  que él seguirá siendo promotor de este tema, “porque me parece que tarde que temprano lo vamos a lograr”.
El mandatario dio declaraciones después de inaugurar y recorrer los diferentes módulos de venta y exposición de la primera feria regional del queso y el mezcal, donde probó variedades de queso, mezcal y coyote, que es un licor elaborado con alcohol de caña, jugo de naranja, un toque de chile manzano, cebolla, sal y piña.
El gobernador estuvo acompañado por los diputados locales Héctor Vicario, David Gama y Silvia Romero, así como por el secretario de Desarrollo Económico, Abel Arredondo Aburto, el delegado federal de la Secretaría de Economía en Guerrero, Álvaro Burgos Barrera, y los alcaldes de Iguala, el priista Esteban Albarrán Mendoza, el de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño, y el de Apaxtla, de Nueva Alianza, el general retirado Salvador Martínez Villalobos, así como síndicos y regidores de los ayuntamientos de la zona Norte.

Integrantes de diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales y personalidades manifiestaron su consternación por la campaña de “desprestigio y la brutal represión que desde el gobierno federal se están aplicando contra los maestros y maestras de México”.
En un comunicado con cientos de firmas, entre ellas, la del obispo de Saltillo Raúl Vera; el padre Alejandro Solalinde Guerra; el ex fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas; el senador Alejandro Encinas y artistas como Ofelia Medina y Julieta Egurrola, los firmantes se pronuncian por la  instalación de un diálogo nacional resolutivo entre el gobierno federal y los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), “interlocutor legítimo del movimiento magisterial que rechaza con dignidad la llamada reforma educativa del gobierno federal”.
Los firmantes manifiestan que las autoridades correspondientes deben apostar al diálogo, “reconociendo las justas demandas del movimiento magisterial, y no a la fuerza para solucionar éste y cualquier otro conflicto, sobre todo en un país marcado por la violencia y la impunidad”.
Se pronuncian por la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos así como la cancelación de las órdenes de aprehensión como resultado de este conflicto.
También por la instalación de un diálogo nacional con el CNTE y el exigen el “cese a la represión y la persecución en contra del movimiento magisterial y de las miles de personas que han salido a manifestarse en contra de la llamada reforma educativa. Cancelar el derecho a la protesta social es, sin duda, característica principal de un Estado autoritario”.
Las más de mil firmas que trae el documento manifiestan su solidaridad con los maestros que se movilizan, con sus familias y con la sociedad civil que en diversas partes de México “hoy defiende su derecho a la educación pública y gratuita y a un trabajo digno”.
Entre las firmas están de maestros de universidades de Francia y España y el Sindicato de Trabajadores de la Univer-sidad de Sao Paulo, Brasil, entre otras.
Firman también el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” .
Además, organizaciones estudiantiles de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional.
Asimismo, el Frente Popular de la Ciudad de México, Congreso Popular, Social y Ciudadano del D.F., Coordinadora Metropolitana de Movimientos Populares, Colectivo de Grupos Asamblea de Barrios-Ciudad de México, Proyectos de Vida Digna- Asamblea de Barrios, Organización Nacional del Poder Popular (ONPP-PRP), Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica.

La Conferencia del Episcopado Mexicano difundió el llamado del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, para que haya diálogo entre el gobierno federal y el magisterio disidente y “dejar de lado la cerrazón”.
En un comunicado publicado en la página de internet de la jerarquía de la Iglesia católica, Garfias dice que la irracionalidad, imposición de la ley y el autoritarismo no ayudan a que se resuelva este conflicto y no favorece a la paz y el desarrollo del estado y del país.
Titulado Guerrero y México necesitan una educación para la paz, el arzobispo señala que a raíz de la reforma educativa en las últimas semanas se ha agudizado la confrontación entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Agrega que de ambas partes hay señalamientos de buscar sólo intereses partidistas, políticos y económicos, y agrega que desde el 2010 los obispos de México han señalado que el país vive una “emergencia educativa” y que ésta no tiene que ver sólo con la insuficiencia de recursos y de instalaciones para ofrecer una educación de calidad, sino que tiene que ver también con el “fracaso del esfuerzo por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás, y de dar un sentido a la propia vida”.
El arzobispo Carlos Garfias subraya que dicho fracaso se explica por el claro reduccionismo antropológico que concibe a la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado.
Añade que la “educación programada y propuesta en función del mercado no despliega los mejores valores de los jóvenes y los niños; no les enseñan caminos para superar la violencia ni para llevar una vida sobria y adquieran actitudes, virtudes y costumbres que darían estabilidad a su futuro hogar, convirtiéndolos en constructores solidarios de paz y del futuro de una sociedad”.
Indica que con base en ello hace un llamado al diálogo y a dejar a un lado la cerrazón. (Karina Contreras).

En una gira de trabajo realizada la tarde de ayer en la cabecera municipal de Tepecoacuilco, el gobernador Héctor Astudillo Flores puso en marcha el inicio de la construcción de la primera etapa de la red de distribución de agua potable con una inversión de 12 millones de pesos y dio el banderazo a la entrega de fertilizante gratuito “Más Maíz” para más de 40 mil productores de la zona Norte.
Primero dio el banderazo de inicio de la obra de la red de distribución, acto en el que el director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Palma Carro, explicó que en la actualidad Tepecoacuilco tiene una población, según el INEGI, de seis mil 393 habitantes y la obra está proyectada para beneficiar hasta ocho mil 638 habitantes, población prevista para el 2030.
Dijo que la población se abastece de tres pozos que dan en total 14.85 litros por segundo, y para dar cobertura al cien por ciento de la población se requieren 26 litros por segundo, por lo que la ampliación de la cobertura de la red puesta en marcha ayer es por 12 litros por segundo más.
Informó que se harán dos tanques de almacenamiento de 350 metros cúbicos, equipamiento de uno de los pozos que ya existe, línea de conducción de un kilómetro de seis pulgadas para llevar el agua al tanque de almacenamiento y después hacer la distribución del agua.
También se hará un pozo de 100 metros de profundidad con una inversión superior a los 12 millones de pesos, de los cuales el municipio pone 2.5 millones de pesos y el estado y la federación cerca de cinco millones de pesos cada uno.
Informó que con esta primera etapa se llegará al 80 por ciento de la cobertura y el próximo año con la segunda etapa se llegaría al 100 por ciento.
Después de la explicación, se dio el banderazo de inicio de la obra con la colocación del primer tubo de seis pulgadas, la cual está programada para terminarse en diciembre.
A su llegada, al gobernador Astudillo y la comitiva que lo acompañaban, entre ellos los diputados priistas David Gama y Héctor Vicario, y la perredista Silvia Romero, les colocaron cadenas de listones en color azul y blanco, los colores del partido al que pertenece a alcalde panista de este municipio, Julio Alberto Galarza Castro.
Después, la comitiva que acompañaba al gobernador realizó el corte inaugural de la pavimentación de la calle Valerio Trujano, ubicada junto a la sede del Ayuntamiento, de la que no se dio ninguna explicación del monto de su inversión.
En seguida el gobernador, acompañado por el alcalde panista Julio Alberto Galarza Castro, recorrieron el exterior de lo que fuera el lugar en el que estuvo prisionero, antes de ir al sacrificio, José María Morelos y Pavón.
Antes de llegar al templete instalado en la plaza principal del centro de Tepecoacuilco, frente al Ayuntamiento, un grupo de alumnos, padres de familia y alumnos de la extensión de la preparatoria número 10 de la Universidad Autónoma de Guerrero, con seis años de fundación, abordaron al gobernador Astudillo Flores para pedirle la construcción de su edificio y las gestiones para independizarse de la unidad académica con sede en Iguala y que sean la preparatoria 46.
Alumnos y padres de familia mostraron cartulinas al gobernador, a quien le pedían el apoyo para la construcción de su edificio y le hicieron firmar de recibido de la petición que le hicieron por escrito el coordinador de la extensión de la prepa 10 en Tepecoacuilco, Antonio Reyes Castelán, y el presidente del comité de padres de familia, Saturnino Catalán Vázquez.
El maestro Reyes Castelán dijo que están a punto de sacar la cuarta generación, pero no tienen aulas para más de 170 alumnos y 20 maestros que actualmente están en un local rentado.
Ya en el acto programado, en su intervención el alcalde panista pidió al gobernador la gestión de recursos para la reconstrucción del mercado municipal de esa cabecera municipal.
El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), Juan José Castro Justo, informó que dentro del programa de fertilizante, del que ayer se dio el banderazo oficial del inicio de la entrega gratuita, a Tepecoacuilco se le está apoyando con cinco millones 175 mil pesos, de los cuales dos millones se dieron en efectivo al municipio y el resto en fertilizante.
Ayer, dijo, se inició la entrega a Tepecoacuilco y en un plazo de días se terminará la entrega en ese municipio. Dijo que en la zona Norte, Tepecoacuilco es uno de los municipios en los que más se cultiva el maíz.
En declaraciones breves a reporteros, dijo que en Tepecoacuilco se beneficiará a mil 702  agricultores que siembran cuatro mil 410 hectáreas, y en la zona Norte se invertirán 76 millones de pesos para el cultivo de 80 mil hectáreas de terreno de unos 40 mil productores.
En ese lugar se entregaron simbólicamente cuatro vales de fertilizante del programa Más Maíz a agricultores de la zona.
En ese lugar también fueron entregados algunos apoyos del DIF estatal, como sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, carriolas, despensas y campañas médicas, así como corrección y trámites de actas de nacimiento y entrega de focos ahorradores.

Fertilizante gratuito

En su intervención, el gobernador Astudillo Flores justificó la ausencia de su esposa, la presidente del sistema DIF, Mercedes Calvo, porque tenía una entrevista en Acapulco con la periodista Adela Micha.
En el contexto de la entrega del programa de fertilizante gratuito, el gobernador Héctor Astudillo, que ayer por primera vez estuvo en este municipio, pidió a los presidentes municipales del estado “que nos ayuden, para que todos los productores tengan su fertilizante sin que les cobren un peso, para que el fertilizante llegue gratuito”.
Dijo que ahora en su gobierno, lo que anteriormente tenía que poner el productor, ahora lo manda el gobierno estatal y el agricultor ya no tiene que hacer ninguna aportación.
Pidió “que este programa opere como realmente tiene que operar, porque si no cuidamos que realmente sea gratuito, lo desvirtuamos, lo afectamos y esto ha sido un reclamo de hace muchos años de mucha gente que está en el campo”.
El gobernador celebró la inversión de más de 12 millones de pesos en la cabecera municipal, siete millones en Mayanalán y Tecuiziapan por 4.7 millones de pesos, en total cerca de 24 millones de pesos para mejorar el sistema de agua potable en ese municipio.
Después de ese acto, el gobernador se trasladó a pie al kiosco de ese poblado, para inaugurar su remodelación; antes, el mandatario pasó a saludar a comerciantes del mercado municipal.
Antes de llegar al kiosco, el mandatario fue abordado por alumnos y maestros del CBTA-223-1 de esa cabecera municipal, quienes también le pidieron la construcción de su edificio y le entregaron la petición por escrito.
Para terminar la gira en Tepecoacuilco, el gobernador, acompañado por el alcalde panista Julio Alberto Galarza Castro, el titular de la Sagadegro, Juan José Castro Justo, y los diputados locales David Gama, Héctor Vicario y Silvia Romero, dieron el banderazo de inicio de la entrega oficial del programa de fertilizante gratuito Más Maíz.

Inaugura la Primera Feria
regional del queso y el mezcal

Minutos después de las 2:00 de la tarde el gobernador Héctor Astudillo acompañado por los diputados locales Héctor Vicario, David Gama y Silvia Romero, así como por el secretario de Desarrollo Económico, Abel Arredondo Aburto, el delegado federal de la Secretaría de Economía en Guerrero, Álvaro Burgos Barrera y los alcaldes de Iguala, el priista Esteban Albarrán Mendoza, el de Teloloapan, el perredista Robell Uriostegui Patiño y el de Apaxtla, de Nueva Alianza, el general retirado Salvador Martínez Villalobos, así como síndicos y regidores de los Ayuntamientos de la zona Norte, inauguró la primera feria regional del queso y el mezcal.
También estuvo el representante del clúster minero Alfredo Philips Greene, y el presidente de la Canaco-Servitur México, Enrique Solano.
En su discurso pidió fomentar el cultivo de las plantas de maguey, “en todos los lugares donde haya laderas hay que repartir plantas de maguey, se llaman hijuelos, y hay que repartir mucho para que empiecen a repartir”.
Después el gobernador realizó un recorrido por los diferentes módulos donde degustó queso, mezcal y licor de piña llamado coyote.
Al término tuvo una reunión privada en las instalaciones del hospital particular UCI-Al-Mater, en el centro de la ciudad.

La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, Beatriz Canabal Cristiani, consideró que la siembra legal de amapola no es alternativa para combatir las condiciones de pobreza en regiones de la entidad como la Sierra.
Canabal Cristiani dictó la conferencia “Los actores sociales y la nueva ruralidad, ¿qué noción de desarrollo?”, a invitación de investigadores de la maestría en Gestión para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) ayer en la mañana en el salón Espejos del hotel Emporio.
La investigadora declaró a reporteros al final de su exposición que la siembra de amapola es una alternativa para los campesinos que “no tienen otra cosa que hacer”.
Sin embargo apeló a la reorganización de movimientos sociales para replantear la organización de actividades agrícolas y pecuarias, pues señaló que las políticas gubernamentales históricamente han mostrado su incapacidad para resolver la problemática de las zonas rurales y el campo.
“Si pensamos en el desarrollo rural, en el desarrollo de las capacidades, no sólo en lo económico, sino de las capacidades, que la gente está educada, se capacite, en que las mujeres vivan en iguales condiciones, en que los jóvenes tengan empleo, en que los niños no trabajen a cambio de un salario, si hay una armonía con la naturaleza; pero una siembra (como la amapola) de este tipo, que la hace la gente porque no hay otro tipo de actividades a las que pueda dedicarse, proporcionará una fortaleza económica al individuo y a su familia y es todo, y lo presionarán y estará con un tipo de relaciones más difíciles”, destacó.
Afirmó que no hay autosuficiencia en la agricultura y la enfocada al aspecto comercial está en desuso, lo que provoca que los jóvenes tengan pocas oportunidades de ocuparse en el campo.
“Salen a trabajar a otros lados, vuelven a ver a su familia y ahora el problema es que quizá las nuevas generaciones, los que ya nacieron en la ciudad, en Estados Unidos, se van despegando más de esos lugares antiguos, de los lugares originarios. Se va a perder el arraigo a la tierra. (Pero) si hubiera propuestas y alternativas económicas, los jóvenes pueden regresar, pero si no existen, se van a ir y se van a quedar en las ciudades. La política no está teniendo las mejores acciones para que el campo se desarrolle”, expresó.
Mencionó que en Guerrero han existido muchas organizaciones que tendrán que emerger con nuevas propuestas para que haya políticas importantes en beneficio al campo y a sus familias.
En su exposición ante unas 30 personas, dijo que las condiciones en las que se desarrollan las actividades agrícolas han generado una crisis en la seguridad alimentaria, de ingresos y de bienestar social.
“En el campo mexicano se percibe un proceso de reterritorialización a partir del cual grandes sectores de la población se mueven hacia otros destinos, llegan a ocupar nuevos espacios, fundando nuevos asentamientos, lo que ha implicado cambios demográficos importantes. Situación que ha propiciado una especie de vaciamiento de los espacios rurales con crecimiento negativo en algunos municipios, donde la población se desplaza hacia ciudades de la misma región, no fuera de ellos”, explicó.
Un destino importante de migración, destacó, son las zonas turísticas, entre las que mencionó Acapulco y Cancún.
Mencionó también que en su investigación encontró un creciente envejecimiento de la población rural e hizo referencia a que en 2004 seis de cada diez ejidatarios mexicanos tenían más de 50 años, y más de la cuarta parte de la población rural, durante ese mismo año, estaba en una situación de pobreza extrema y más de la mitad en pobreza moderada.
La polarización y la baja rentabilidad en la agricultura campesina, continuó, han promovido la pulverización del campesinado y una gran variedad de actores sociales que han tenido que vincularse en distintas actividades.
Hizo referencia a los cambios de uso de suelo que no benefician a la producción de alimentos, sino que propician el desarrollo de otras actividades y una nueva valoración del espacio rural por el ecologismo, la recreación o el turismo rural.
“La producción campesina ha perdido la capacidad de asegurar el abasto de alimentos para el mercado interno nacional, incluso para satisfacer las necesidades de autoconsumo de la mayor parte de las familias campesinas. Los sistemas agrarios tradicionales se han destruido y la familia ya no puede acceder a una ocupación en la unidad productiva familiar, porque ha aumentado el número de sus integrantes, que tienen que buscar empleo fuera de la parcela agrícola”, dijo Beatriz Canabal.
Señaló además que la baja rentabilidad de la producción agropecuaria y la escasez de empleos locales imponen la movilidad de jóvenes hacia otras ciudades, otras regiones agrícolas, Estados Unidos, y surge la necesidad de que los niños trabajen en apoyo a la economía familiar, situación que impide romper el círculo de la pobreza.
Destacó que los actores sociales en el medio rural de ahora, integran sus demandas a partir de la defensa de la tierra y el territorio, la producción, el medio ambiente o por sus derechos culturales.
La incorporación femenina, indicó, ha dado otro rostro a las realidades rurales, sin embargo, añadió que todavía no hay un reconocimiento al esfuerzo de las mujeres, no obstante que han actuado para ser reconocidas por la familia, la comunidad y las representaciones campesinas indígenas.
Otros factores sociales novedosos, continuó, son los jóvenes, pero “si los jóvenes no asumen el trabajo los conocimientos que tienen sus padres, el medio agrícola no tendrá futuro”, advirtió, y añadió que existen dificultades por retener a la población rural.
Señaló que el “jornalerismo” se convierte para grandes sectores campesinos de autosubsistencia, en una forma de vida o la única posibilidad de tener un ingreso, volver a sus comunidades para participar en sus cargos o volver a sembrar.
Pero advirtió que tal modo de subsistencia se convierte en una forma de vida que exige estancias cada vez más prolongadas fuera de su comunidad, y en sitios cada vez más alejados, lo que produce fuertes impactos en la integración de la familia y la comunidad.
“Muchos jornaleros agrícolas han establecido colonias conformando nuevos espacios sociales y en Sinaloa esto es muy claro, incluso hay un sindicato de jornaleros indígenas, curiosamente. Han impulsado nuevas formas de vida donde los migrantes se asientan entre los centros de trabajo y las ciudades. Este es un tema relevante que hemos visto en Acapulco por cómo vienen los migrantes indígenas y se asientan en colonias y en espacios que quizás nunca son los más adecuados, pero que integran la diversidad de estas metrópolis, la diversidad cultural y que lleguen en malas condiciones y discriminación cultural, principalmente; pero que ahora son residentes y crean sus espacios de vida, sus propias organizaciones, sus fiestas, sus redes sociales, pero que siempre van a ser indígenas, aunque estén en la ciudad y como tales se están organizando y defendiendo”, destacó.

El abogado Francisco López Bárcenas dijo que en el ejercicio de su autonomía “los pueblos pueden gobernarse como ellos quieran, no es el Estado ni un tribunal electoral el que debe decirles eso”.
Consultado sobre el proceso de consulta de los pueblos originarios de Ayutla, que piden elecciones municipales por usos y costumbres, durante un receso del congreso El quehacer antropológico en Guerrero, donde el especialista del derecho indígena en México participó como ponente, señaló que hay legislación sobre la autonomía de los pueblos en la Constitución, en los tratados internacionales y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
En el caso de la consulta de Ayultla, señaló que forma parte de los reclamos de los derechos políticos de los pueblos indígenas, pero no se agota en eso.
Como ejemplo, mencionó que a raíz de la sentencia a favor del municipio autónomo de Cherán,  en Michoacán, y la legislación de las elecciones por usos y costumbres en 70 por ciento de los municipios de Oaxaca, hay mucha atención a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero así se está acotando la mirada en el proceso, no en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que son parte de su autonomía.
Recordó que desde 1983, en Oaxaca se comenzó a legislar la elección por usos y costumbres, no por decisión de los políticos, sino porque la vida comunitaria es muy fuerte y los pueblos ya elegían a sus representantes en la comunidad.
En este sentido, el PRI registraba como candidatos a los que ya eran autoridad y siempre ganaba. En 1995, un año después del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, se modificó la ley electoral y se reconoció oficialmente el proceso de elección por usos y costumbre.
Aclaró que fue notable porque no había gastos de campaña, divisiones ni proselitismo, sin embargo pronto los partidos se colocaron detrás del proceso.
Otro proceso se vive en Sonora, donde se reconoce a regidores étnicos en los municipios y se subordina la autoridad comunitaria al cabildo.
Y el caso más claro es el municipio michoacano de Cherán, que en una decisión popular deciden desconocer no sólo su ayuntamiento, sino la forma de constituirse como ayuntamiento y forman un Concejo Municipal, “el pueblo recurre al tribunal electoral, y asombrosamente lo reconocen”.
Entonces “en México tenemos tres formas muy acotadas de ejercicio de derechos políticos, todas subordinadas a los municipios”, sólo que en el caso de Cherán es el único en el país que defiende los derechos indígenas.
La autodeterminación de los pueblos rebasa a los municipios, los límites estatales, “hay mixtecos allá y acá”, dijo sobre los limites de Oaxaca y Guerrero.
Estimó que hay muchas posibilidades de que tras la lucha legal en Ayutla, se apruebe otro método de elección, y después quedará subordinado a la legislación municipal.
“Jurídicamente es muy probable, formalmente tiene posibilidades de pasar, y si pasa ¿qué ganan los pueblos, que al final digan sí?, cuando mucho ganan en el proceso de elección de autoridades, y luego, van a quedar como Oaxaca, sumidos en lo que dice la ley, no es el centro de la demanda y no agota el asunto de los pueblos”, señaló.

La exigencia de erradicar la violencia que priva en el estado, críticas a los operativos de seguridad y frenar la corrupción en las instituciones fueron los temas que prevalecieron ayer en el décimo Parlamento Juvenil que organizó el Congreso local.
El acto se celebró ayer en la sala de sesiones del Congreso, donde estudiantes de secundaria de las siete regiones del estado participaron con el tema Los adolescentes y la cultura de la legalidad.
Al concluir la actividad, el director general de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Pedro Hernández Hernández, informó que al evento fueron convocados 48 estudiantes, sin embargo participaron 34; argumentó que los padres de algunos de los que no asistieron temían que sus hijos salieran de sus municipios por la inseguridad que priva en la entidad y por ello no acudieron.
En su intervención, Alberto Olaya Jaimes, de la secundaria Gabino Barreda de la región de Tierra Caliente, explicó que su mayor temor es la presencia de grupos de la delincuencia organizada que operan en esa zona y dijo que todos los días su mamá teme que ya no regrese a casa.
Explicó que muchas veces los jóvenes terminan en las filas de la delincuencia porque en sus hogares sus padres no los orientan, y advirtió que si eso no se corrige muchos podrían terminar trabajando para grupos delictivos.
Urgió al gobierno estatal erradicar la corrupción de las instituciones, pues consideró que eso también es un factor que impide acabar con el problema de inseguridad.
En tanto, Alondra Solís Guillén, de Zihuatanejo, aseguró que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala es sólo un eslabón más “de la cadena de hechos que tienen al país hundido”.
Manifestó que “el dramático” problema de inseguridad que priva en Guerrero se debe a la pobreza, la impunidad, la corrupción y la opacidad de las instituciones que se niegan a transparentarse y dar la información que los guerrerenses reclaman.
Andrea Eliza Adrián, de la secundaria técnica Ignacio Manuel Altamirano, de  la comunidad Paso de Arena del municipio de Coyuca de Catalán, afirmó que la sociedad enfrenta un “gran problema de convivencia”.
“La paz no es sólo la ausencia de guerra y no puede haber paz donde hay miedo, resignación, rabia, sumisión, obediencia impuesta y autoritarismo. En México se está deteriorando la convivencia social por los robos que enfrentamos, los secuestros y asesinatos que llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera”.
Llamó a los tres niveles de gobierno a que quiten las armas a los jóvenes involucrados en la delincuencia y les ofrezcan oportunidades para que se conviertan en ciudadanos de excelencia y no en criminales en potencia.
Elena Baranda Aparicio, de Costa Chica, lamentó que el narcotráfico, la corrupción y los asesinatos sean una constante en varios estados del país a pesar de que en reiteradas ocasiones se han desplegado “costosos” operativos de seguridad como la creación de la Gendarmería o el impulso del Mando Único policiaco.
Aseguró que la sociedad está secuestrada por la delincuencia organizada, lo que consideró un grave retroceso para el país, “¿hasta cuándo México será un país sin violencia? Basta ya de tanta inseguridad, queremos paz, no guerra, queremos vida, no muerte”.
La estudiante Paola Albarrán Mastache, de la región Norte, exigió que ya no haya “más sangre derramada” y criticó que los jóvenes ya no puedan salir de sus hogares sin miedo.
Exigió a las autoridades invertir el presupuesto correctamente “quitando las armas a los jóvenes que están con el crimen, pero denles un empleo, debemos plantar la semilla y abonarla. Hay que alfabetizar, fomentar el pensamiento crítico, formemos ciudadanos de excelencia y no delincuentes en potencia, es necesario ya un país libre de violencia”.
En su intervención Hazel Jiménez de la Cruz, de Petaquillas, Chilpancingo, recordó que la “guerra contra el narco” del ex presidente panista Felipe Calderón cobró más de 60 mil vidas, de las que 11 mil eran menores de edad.
Y dijo que en en 41 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto hay cerca de mil 500 ejecuciones por mes, es decir cerca de 49 diarias. ¿Con esos datos podemos hablar de paz?”.
Aseguró que uno de los principales problemas del estado es la producción de amapola, y refirió que por cada hectárea plantada se generan ocho kilos de goma de opio que sirve para producir un kilo de heroína, que en el mercado cuesta 4 millones 500 mil pesos, siendo el municipio de Coyuca de Catalán el primer lugar nacional en la siembra de ese enervante.
Manifestó no es posible hablar de paz cuando más del 52 por ciento de los mexicanos viven en situación de pobreza, “cuando la impunidad reina en los tribunales de nuestro país, por ello hay que combatir la impunidad y la corrupción que nos tienen cansados”.
Otra de las intervenciones que hizo referencia al problema de inseguridad fue la de Maximino Valladares Salinas, de Acapulco, quien lamentó que México esté “sumido en la violencia”.
“Los guerrerenses no queremos más violencia, más abusos e impunidad, no queremos gobernantes corruptos, no queremos revoluciones ni guerras civiles, no queremos autoritarismos, ni rezagos sociales”.

Temor de los padres

Consultado al concluir el Parlamento Juvenil, el director general de Educación Secundaria de la SEG, Pedro Hernández, informó que se convocó a 48 estudiantes pero no todos asistieron porque, ante el clima de violencia, los padres de algunos temían que ocurriera un incidente en el traslado desde sus municipios.
“Recibimos muchas llamadas de algunas partes del estado en el sentido de que los padres no querían asistir por la situación del traslado, algunos salieron por la madrugada de sus lugares de origen y en ese sentido se veían venir ciertos riesgos, pero pudimos constatar que ese temor se venció”, dijo.
Se le preguntó si el problema de inseguridad ha influido en la deserción escolar en el nivel secundaria y respondió que sí, principalmente en Tierra Caliente y Costa Grande.
Comentó que la deserción en Guerrero es del 4 por ciento en el nivel secundaria, lo que representa unos 10 mil estudiantes, pero aclaró que la mayoría son jóvenes que salen de una escuela para seguir sus estudios en otro plantel, es decir no abandonan sus estudios.
De lo que expresaron los jóvenes parlamentarios en sus intervenciones respecto a la violencia y la corrupción, el funcionario dijo que es responsabilidad de los diputados, maestros, gobierno del estado y padres de familia abonar desde sus trincheras a que esta situación se resuelva.