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Siembran en Atoyac 43 ceibas en memoria de los normalistas

Organizaciones sociales de Atoyac y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sembraron ayer el mismo número de ceibas en el bulevar Juan Álvarez de Atoyac y exigieron la presentación con vida de los normalistas

Francisco Magaña

Atoyac

La caravana de padres y familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa llegó al municipio de Atoyac, donde permanecerá dos días.
Ayer estuvo en la colonia 18 de Mayo de la comunidad de San Juan de las Flores, y hoy sábado estará en El Ticuí para dar a conocer la verdad sobre las investigaciones del paradero de los estudiantes, y para anunciar la conformación de comités de información y apoyo en comunidades de donde son cuatro jóvenes detenidos desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares llegaron a la ciudad de Atoyac en un autobús de la empresa Estrella de Oro y fueron recibidos por representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Frente de Defensa Popular (FDP), de la Preparatoria Popular de El Quemado y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Nuevo Horizonte, de la entrada de la ciudad.
La primera actividad de los padres de los normalistas fue el trasplante de 43 ceibas en el bulevar Juan Álvarez, en memoria y demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En la primera ceiba pusieron la leyenda “quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas, nos falta 43”.
El contingente caminó los 3 kilómetros del bulevar donde fueron plantados los arboles hasta llegar a la colonia Zapata, donde hubo una conferencia de prensa y un almuerzo para los integrantes de la caravana.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que el FDP, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Preparatoria Popular de El Quemado y la CETEG respaldan la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Por su parte, el vocero de los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que el plantado de los 43 árboles es un acto simbólico con el que representan que, para ellos, los jóvenes están vivos.
Destacó que el movimiento ha crecido en todo el país, donde la gente ha estado pendiente del caso, y ahora con la muestra de dignidad y resistencia de los maestros, el apoyo es mucho mayor.
Dijo que con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del país y del caso, el gobierno mexicano demuestra que se estaba descubriendo la verdad, “por eso los corrieron cuando estaban cerca de encontrar quiénes son los responsables de ese crimen”.
Sostuvo que seguirán defendiendo el mecanismo de seguimiento que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no confían en las investigaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Cruz dijo que están visitando las comunidades de donde son originarios los normalistas desaparecidos, cuatro de ellos de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, de la comunidad serrana de San Juan de las Flores; Israel Jacinto Rebolledo, de la colonia 18 de Mayo, y Jonás Trujillo Gonzales, de El Ticuí.
Reiteró que están informando de viva voz a las comunidades porque las televisoras y los medios oficiales desinforman y mienten presentando la verdad histórica de la PGR, que asegura que los 43 normalistas están muertos.

Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional

A dos años de los ataques, se promoverá una movilización nacional y en otros países, para lo cual Atoyac se propone como sede de la marcha regional, porque tiene cuatro normalistas desaparecidos.
Sostuvo que seguirán defendiendo y exigiendo pruebas científicas que sus hijos están muertos, como ha querido el gobierno hacer creer a la sociedad, mientras que para ellos siguen vivos y exigen su presentación.
Denunció que los resultados que dejaron los expertos deja claro el tipo de gobierno que hay en el país, “por eso no les permitieron terminar las investigaciones, por eso es importante para nosotros que las investigaciones sigan abiertas; exigimos que se acepte el mecanismo de seguimiento especial y esperamos a que llegue ese equipo de seguimiento”.

Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero

Lamento que se esté buscando el regreso del ex gobernador Ángel Aguirre a la actividad política, “nosotros pedimos que primero nos regrese a los 43 jóvenes, porque sabemos que él forma parte de esa mafia de poder, y él sabe lo que sucedió el 26 (de septiembre de 2014) y lo ha ocultado, como todos los políticos, protegiéndose entre ellos”.
El regreso de Aguirre Rivero que sea, dijo, pero para que lo metan a la cárcel por ser cómplice y haber formado parte de ese crimen.
Aclaró que ignoran cuáles son los intereses del PRD de que regrese a sus fila el ex gobernador, aunque a ellos, “los partidos no nos generan confianza, al contrario, le pedimos a la comunidad, al pueblo, que deje de creer en los partidos, que son una de las máscaras para seguir hundiendo al pueblo en la miseria y seguir vendiendo lo poquito que tenemos”.
Asimismo, el padre del normalista desaparecido Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Máximo Hernández Cruz agradeció el apoyo de los vecinos del municipio, que fueron desde un inicio a los que les dijo, “sigamos caminando junto hasta saber la verdad y nos los entreguen vivos, porque vivo se los llevaron, ellos –el gobierno–, dicen que se los llevó la delincuencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que la policía fue la que los desaparecido”.
Por otro lado, María Elena Guerrero dijo que su hijo, Giovanny, fue desaparecido, y “a 20 meses no hemos parado, no hemos descansado y no nos vamos a rendir hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos, porque fueron policías quienes se los llevaron”.
Advirtió que si ellos, los familiares, abandonan el movimiento, condenarían a otros jóvenes a que vuelva a pasar lo mismo, “no queremos que otra familia, otros padres sufran, porque es muy duro este dolor, pero no es imposible, no es que no queramos la verdad histórica que inventó el gobierno, pero no hay pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos no están, seguiremos luchando junto con los maestros y organizaciones, porque no podemos dejarles este México podrido a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
La caravana se dirigió a la comunidad de San Juan de las Flores, en el brazo serrano de Pie de la Cuesta, donde fueron recibidos por el comisario municipal, Juan Castro Gervasio.
Ahí el vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo que es importante que se una la comunidad y no sigan permitiendo que desaparezcan los jóvenes, “si en otros países marchan y protestan por ellos, porque aquí, de donde son dos de ellos, aquí nacieron aquí estudiaron primaria y secundaria, aquí por qué no”.
En su turno, Carmen Cruz dijo que su hijo, Jesús Mendoza, es uno de los estudiantes desaparecidos, y como madre no lo va a dejar como perdido, aun cuando hay desgaste físico y enfermedad.
Sostuvo que el amor a sus hijos la mantiene en pie, “me da coraje con esa gente que antes les desaparecían, les asesinaban a sus familiares, y nadie decía nada porque tenían miedo, son unos cobardes, nosotros no seguiremos hasta las últimas consecuencias, al menos mi corazón de madre no me falla, me dice que mi hijo está vivo, y todos sus compañeros”.
Narró que viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan hambre y desvelos, pensando qué les hacen a sus hijos.
Asimismo, Margarito Ramírez Rodríguez dijo que son gente de pueblo, no como los del gobierno de alto nivel, “pero no por eso vamos a dejar que otras familias pasen los mismo que nosotros, por eso andamos en las comunidades transmitiéndoles (nuestro mensaje) de viva voz”.
En declaraciones la madre de Bernardo Flores Alcaraz, María Isabel Alcaraz, se dijo motivada porque hayan llegado los padres a su comunidad, a estar en la cancha de su pueblo, a informar al pueblo lo que está pasando.
Dijo que a dos años es angustioso no saber nada de las investigaciones que hace el gobierno, “ellos no hacen su trabajo como debe ser, las autoridades de nuestros país, encontraron al Chapo, que es una persona, y nuestros hijos son 43 y siguen perdidos, no sabemos qué pasa con ellos”.
Añadió que ha sido difícil la vida en este país donde no hay seguridad ni confianza en las autoridades que gobiernan, ni en las corporaciones policiacas que están coludidas con los delincuentes.
A raíz de la desaparición de su hijo, la situación emocional ha impactado en toda su familia, al grado de que han tenido que ser atendidos por especialistas, “tengo resentimiento y coraje con el gobierno por lo que ha pasado, veo a otros jóvenes y pienso que podría ser mi hijo”.
La caravana regresó a la ciudad de Atoyac para una velada cultural en la colonia 18 de Mayo, donde se integraron desde su llegada la madre y dos hermanas del joven desaparecido originario de ese lugar.

Cierran maestros y activistas el Ayuntamiento, tres tiendas y tres bancos en Tlapa

15:37. Unos 400 maestros cetegistas, activistas, comerciantes y padres de familia marcharon y cerraron el Ayuntamiento, las tiendas Super Che, Aurrerá, Elektra, y los bancos Banamex, HSBC y Bancomer, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde de este viernes.

En las acciones, que son parte de la jornada nacional de lucha contra la reforma educativa, participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), padres de familia, el Frente Popular de Tlapa y comerciantes.

La movilización partió del arco de entrada a la ciudad y terminó con un mitin en el Ayuntamiento, que fue cerrado por los trabajadores. Al inicio de la marcha, los maestros desalojaron la tienda Súper Che y colocaron sellos de clausura; al llegar a Aurrerá la tienda ya había sido cerrada pero los maestros también clausuraron de manera simbólica el inmueble.

En el centro, los manifestantes le pidieron a la gente que se saliera de la tienda Elektra y los bancos Banamex, HSBC y Bancomer -aunque en éstos dos los clientes se negaron y permanecieron adentro durante la protesta- y los maestros lanzaron huevos contra la primera sucursal bancaria.

Marchan contra la reforma educativa 800 maestros, padres y alumnos en Huitzuco

Unos 800 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), el Colegio de Bachilleres, jubilados y pensionados marchan contra la reforma educativa y la evaluación punitiva, acompañados por padres de familia y alumnos.

El contingente, compuesto por maestros de Huitzuco, Atenango, Copalillo, Tepecoacuilco e Igual, partió antes de las 11 de la mañana de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, ubicada en la entrada a Huitzuco, y avanzó por la carretera que comunica el municipio con Iguala.

Los manifestantes gritan consignas contra el presidente Enrique Peña Nieto y la reforma educativa. Se espera que la marcha llegue al centro de la ciudad y que se haga un mitin en la explanada ubicada frente al Ayuntamiento para demandar también el pago de los descuentos hechos a maestros y la liberación de los dos lideres de la CNTE en Oaxaca.

Una comisión buscará reunirse con el alcalde priísta, José Luis Ávila López, para pedir que sea mediador para la mesa de negociaciones que el magisterio pide con Peña Nieto y el secretario de Educación, Aurelio Nuño.

Llega la caravana de los padres de Ayotzinapa a Atoyac y planta 43 ceibas

11:59. La caravana de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegó cerca de las 11 de la mañana a este municipio para denunciar el caso perpetrado el 26 septiembre de 2014 en Iguala.

Cuatro de los estudiantes desparecidos son originarios de Atoyac, de los pueblos de San Juan de Las Flores, El Ticuí y la colonia 18 de Mayo. La caravana visitará las comunidades y sus hogares y participará en una velada cultural.

Integrantes de organizaciones sociales los recibieron en la colonia Nuevo Horizonte y en el bulevar sembraron 43 árboles de ceibas en exigencia de la presentación con vida de los jóvenes.

Toma la CETEG dos autobuses en Chilpancingo para ir a la marcha en la CDMX

11:51. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), afines al secretario general, Ramos Reyes Guerrero, tomaron dos autobuses de las empresas Costa Line y Futura para trasladarse a la marcha nacional que se hará esta tarde en la Ciudad de México contra la reforma educativa y la evaluación docente y para exigir la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A las 10:30 de la mañana, un grupo de unos cien maestros llegó a los carriles sur-norte de la Autopista del Sol, cerca del restaurante Vips, y realizó un bloqueo intermitente para tomar los autobuses.

Durante las acciones, un grupo de la avanzada de la CETEG correteó a una patrulla de la Policía Federal y a las 11:20 de la mañana los maestros se retiraron luego de la llegada de una patrulla y un camión de la policía estatal con antimotines para disuadir la protesta y el bloqueo.

Ejecutan a una mujer y a un hombre en Iguala

09:59. Los cuerpos de una mujer y un hombre asesinados con disparos en la cabeza fueron hallados la madrugada de este viernes en la colonia Parotas, ubicada en la zona donde policías estatales resguardan las fosas clandestinas.

Fuentes de seguridad pública informaron que el hallazgo ocurrió antes de las 2 de la madrugada. El cuerpo del hombre tenía un disparo en el ojo izquierdo y la mujer tenía una herida de bala en la frente y las manos atadas.

En el lugar, policías y peritos también hallaron dos casquillos percutidos de dos calibres distintos y un narcomensaje.

En lo que va del año en Iguala suman ya 60 víctimas de hechos violentos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.

Maestros detenidos ilegalmente

Es inútil exigir pulcritud jurídica en la aprehensión de los líderes del movimiento magisterial contra la reforma educativa, pues no se trata de la persecución de un presunto delito sino de un castigo a la disensión política.
Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, fue detenido el domingo pasado acusado de lavado de dinero por una suma que ascendería a 24 millones de pesos, y su arresto se agregó al de Francisco Villalobos, Aciel Sibaja, Efraín Picazo y Othón Nazariega, integrantes también a la sección oaxaqueña.
La PGR informó que Núñez firmó convenios ilegales entre 2013 y 2015 con empresas proveedoras de productos y servicios para los maestros oaxaqueños, cuyo pago se realizaba mediante descuentos vía nómina. El origen de la acusación se encuentra en que 3.5 por ciento de los préstamos realizados de esa forma a los maestros de la sección 22 era retenido por la dirigencia sindical, fondos que a su vez servían para financiar las movilizaciones magisteriales y presuntamente también para beneficiar a los miembros de la dirigencia. El conjunto de las operaciones que la PGR cuestiona alcanzarían los 132 millones de pesos.
Antes de que la opinión pública se forme un juicio acerca de los cargos contra los dirigentes de la CNTE, debe considerarse que –legales o no, se cuestionen o no– las operaciones por las que la PGR ejecutó las órdenes de aprehensión contra los cinco acusados son una práctica común y se efectúan en todas las secciones del SNTE, el sindicato oficial de los maestros, con el aval de la SEP.
Debe tomarse en cuenta además que en un caso manifiestamente de dudosa legitimidad, un ex dirigente de sección del SNTE y hoy diputado federal por el Partido Nueva Alianza, Bernardo Quezada Salas, fue exhibido en abril pasado por el exorbitante enriquecimiento personal que obtuvo mediante los mecanismos que la PGR le imputa a la CNTE, pero sin que se haya producido la menor reacción por parte de las autoridades para indagar ni señalar responsabilidades. Un poquito peor todavía, porque entre las empresas contratadas por la CNTE se encuentra Etesa, utilizada por Quezada Salas para enriquecerse y formalmente propiedad de su suegro, Héctor Peredo, y su esposa. Es decir, de proceder la acción judicial contra los dirigentes de la CNTE, la misma conducta y el mismo mecanismo será un delito en un caso y no en el otro.
El caso de Bernardo Quezada lo dio a conocer el diario Miami Herald el 16 de abril de este año, y fue retomado en México por el diario Reforma. La noticia era que el ex dirigente de la sección 60 del SNTE –que corresponde al Instituto Politécnico Nacional– había comprado, mientras ejercía el cargo sindical, 13 departamentos de lujo en Miami, en los que gastó 8.2 millones de dólares, unos 150 millones de pesos a la cotización de estos días. Once de esas propiedades fueron adquiridas en el desarrollo de lujo Brickell Arch, en operaciones realizadas en un solo día el 1 de junio de 2005.
En notas adicionales, Reforma documentó hace dos meses la procedencia de la fortuna de Quezada Salas, cuyo sueldo rondaba los 30 mil pesos, y recordó que el ahora diputado federal fue parte de la dirigencia del SNTE junto a la maestra Elba Esther Gordillo, desde donde “orquestó una millonaria operación de usura al otorgar créditos a afiliados al sindicato con altas tasas de interés y largos plazos”, para lo cual utilizó la empresa de su suegro y de su esposa, Etesa. Esta firma hacía préstamos a los maestros a tasas de hasta 180 por ciento y ofrecía artículos tales como motocicletas, autos, refrigeradores y muebles, que eran pagados mediante descuentos vía la nómina de la SEP.
El mecanismo que Quezada Salas utilizó para enriquecerse, es el mismo en el que la PGR ve ahora los delitos que le adjudica a los líderes de la CNTE, pero no por hacer negocios privados con una empresa usurera a costa de los maestros, sino sólo por el 3.5 por ciento de los préstamos con que se quedaba la dirigencia sindical. No se ve cómo eso pueda ser lavado de dinero si, por añadidura, esas operaciones contaban y cuentan con el conocimiento y la participación de la SEP, que es la que realiza los descuentos. Y, por lo demás, la pregunta brinca sola: ¿por qué ese mecanismo de préstamos y operaciones financieras resulta delictuoso en la sección 22 pero no en el caso de Bernardo Quezada ni en las demás secciones en las que se aplica? ¿O detendrá la PGR también a otros secretarios de las secciones del SNTE?
La procuradora Arely Gómez dijo el martes que la PGR actúa “con absoluta responsabilidad”, no “de manera política” sino “jurídica”. Sin embargo, esa declaración carece de veracidad y credibilidad si, como se ve, el caso del diputado Bernardo Quezada no produjo la menor reacción ni en la PGR ni en el gobierno.
Por lo anterior resulta ocioso pedir pulcritud jurídica en el juicio al que intenta someterse a los dirigentes de la CNTE, pues no puede haberla en un arresto sin fundamento legal. Lo que las autoridades federales pretenden es desactivar las movilizaciones contra la reforma educativa mediante la socorrida criminalización de la protesta. Es verdad que las acciones de los maestros de la CNTE caminan en el filo de la violencia inaceptable, como se ha visto en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero ni siquiera esos desmanes sin sentido deslegitiman su inconformidad contra la reforma educativa, pues fue inocultable que ésta fue aprobada en el Congreso gracias a los acuerdos entre las cúpulas de los partidos pero sin consenso social.
Hay más, pues el actual conflicto magisterial adquirió mayor relevancia y sonoridad porque está siendo usado como arena para dirimir la sucesión presidencial dentro del PRI. Es perceptible que en la disputa interna en el gobierno por la candidatura presidencial priísta, las movilizaciones que acorralan al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, benefician las posibilidades del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Una lectura del mismo tipo puede aplicarse al enfrentamiento entre Nuño Mayer y el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El titular de la SEP encontró en el apoyo de López Obrador a la CNTE el pretexto para hacer campaña interna en busca de una imagen presidenciable.
Al contrario de lo que dijo la procuradora, todo el caso de los maestros es político, refleja la existencia de dos concepciones del país y promete mantenerse en el interés público por algún tiempo. Y la detención de los líderes oaxaqueños es ilegal.
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Liberan a comunitarios detenidos por otros comunitarios

Entregan sus armas al gobierno los dos grupos de la CRAC de Palantla; liberan a los 14 retenidos

En una asamblea reconocen como única autoridad al comisario Francisco Chautla. El coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco le pide que no permita más violencia: “líder que quiera integrar un grupo que atropelle a los derechos del pueblo sin consenso de la mayoría, expúlsenlo”. La seguridad de esta comunidad del municipio de Chilapa quedará a cargo de la Policía Estatal, acuerdan

Luis Daniel Nava

Chilapa

Los 14 policías comunitarios de Rincón de Chautla detenidos el sábado por policías comunitarios de San Jerónimo Palantla adheridos a la Casa de Justicia de Espino Blanco, fueron liberados luego de que ambos grupos entregaron sus armas al gobierno del estado y aceptaron que la Policía Estatal se quede a cargo de la seguridad en la zona.
A las 2 de la tarde el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que le habían confirmado que a la 1:30 liberaron a los 14, que los dos grupos de policías comunitarias que operan en esa zona fueron desarmados, “se firmó un acta y el tema ha sido debidamente concluido”.
Asimismo se reconoció como única autoridad al comisario Francisco Chautla Zizinteco -promotor de la Policía Comunitaria de Espino Blanco que se confrontó a la de los Pueblos Fundadores- y que ahora se coordinará con los policías del estado.
Ayer a las 10:30 de la mañana en la Comisaría de San Jerónimo Palantla hubo una asamblea para formalizar ante la población el acuerdo, que un día antes se tomó en Ayutla.
Los grupos confrontados son de la Coordinadora Regional de la Autoridades Comunitarias (CRAC): el de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de los Pueblos Fundadores que encabeza Cirino Plácido Valerio y el de San Jerónimo Palantla, promovido por el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) Efraín Torres Fierro, que apenas el sábado anunció su adhesión a la Casa de Justicia de Espino Blanco, Malinaltepec.
El sábado en la mañana 15 vecinos de San Jerónimo Palantla encabezados por el comisario Francisco Chautla, el ex comisario Alfonso Orgín y Efraín Torres, formaron una Policía Comunitaria y junto a integrantes de la Policía Ciudadana de Temalacatzingo, Olinalá, la de Tlatlauquitepec y algunos de Ahuacuotzingo detuvieron a 14 comunitarios de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla en las comunidades de San Jerónimo Palantla y Xochitempa.
En la búsqueda y cateos a las viviendas mataron al comandante suplente Florencio Morales en la puerta de su casa, según informaron autoridades ministeriales.
Ayer los 14 comunitarios retenidos llegaron a la explanada de la Comisaría escoltados por policías comunitarios de Espino Blanco.
En la asamblea estuvieron el asesor del gobernador César Flores Maldonado, el visitador regional de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Juan Silva Santana, y el director jurídico de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Felipe Sánchez Ramírez.
Además el coordinador de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, Bernardino Sánchez Luna y los coordinadores de la Comunitaria de Espino Blanco, César Ramírez Bello, Jesús Reyes Basurto y Jesús Cesáreo Sánchez.
La asamblea la condujo César Ramírez Bello quien traía los puntos del orden del día: conciliación de ambas partes, desarme y “desafuero” de los grupos comunitarios, seguridad del pueblo por el gobierno del estado y la liberación de los detenidos, para que la población le diera su aprobación.
“La única finalidad es que las cosas las pongamos en paz, que estos problemas que ustedes arrastran de años atrás se terminen y hoy hagamos una reconciliación”, expuso.
“A eso se debe nuestra visita, esa es la buena intención del licenciado Héctor Astudillo Flores, quiere que en los pueblos del estado haya paz, seguridad y justicia pero también es cierto que el que haga delito debe de estar en la cárcel”, advirtió el coordinador de la CRAC de Espino Blanco.
Ramírez Bello también le pidió al comisario que por haber sido electo como autoridad, sea quien tome las riendas del pueblo, que no permita más violencia y que llame siempre a la unidad y a la paz.
“El enemigo no esta aquí, viviendo en un pueblo son una familia, no se vean como los peores enemigos”, llamó.
En su intervención el comisario Francisco Chautla volvió a señalar a los detenidos como los responsables de hacer daño al pueblo, y recordó que el problema se originó el ocho de febrero de 2015 cuando, dijo, los comunitarios atacaron la Comisaría, donde resultaron cinco personas muertas.
En el asamblea no se habló del ataque armado del 23 de noviembre de 2015, donde el consejero en San Jerónimo Palantla de la Policía de Rincón de Chautla, Isaac Xochitempa fue asesinado a tiros junto a tres mujeres, cuando conducía una Urvan de transporte público. De este hecho la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla responsabilizó y detuvo al entonces comisario Alfonso Orguín y a otras tres personas.
No participó ningún integrante de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla.
César Ramírez dijo que para que nadie tenga autoridad en la comunidad se tendría que desarmar a los dos grupos, y pidió a la asamblea expulsar a los líderes que intenten desorganizar al pueblo.
“Líder que quiera integrar un grupo que atropelle a los derechos del pueblo sin consenso de la mayoría, expúlsenlo del pueblo”, dijo el coordinador de la CRAC con la anuencia del enviado del gobierno del estado, César Flores.
Algunos asistentes pidieron castigo a los responsables de los asesinatos de ambas partes, pero de inmediato se aprobó a mano alzada el punto de la conciliación de los integrantes de los dos grupos, el desarme y la disolución de la figura de policías comunitarias en la localidad para dejar la seguridad en manos de la Policía del Estado.

Entregan armas, playeras, gorras y credenciales de la CRAC a la Policía del Estado

Luego de la votación se entregaron las armas, playeras, gorras y credenciales que identificaban a 27 vecinos como policías comunitarios de ambos grupos de la CRAC.
Las armas fueron llevadas a la oficina de la Comisaría en resguardo de la Policía Estatal y se dijo que serían devueltas a la comunidad.
El grupo de Rincón de Chautla devolvió cinco rifles, tres armas cortas de bajo calibre, 10 playeras verde olivo, 17 credenciales y tres copias de credencial de elector. Los de San Jerónimo Palantla entregaron una escopeta y tres rifles, cartuchos, tres armas cortas, 15 playeras en su mayoría negras y 11 identificaciones.
El acta, que no menciona si los grupos se desistirán de denunciar penalmente los asesinatos, fue firmada a las 12:45 del día por las autoridades y representantes de las dos facciones de la CRAC.
Consultado aparte César Flores Maldonado dijo que los asesinatos se tendrán que resolver en las instancias de procuración de justicia.
De la declaración del gobernador en el sentido de que el conflicto se debía a la infiltración del crimen organizado, dijo que sólo acudieron a darle armonía al pueblo y que otras instancias de procuración de justicia del gobierno estatal y federal “podrían continuar, si es que tienen temas pendientes en el área la delincuencia organizada”.
La garantía para que se cumpla el acuerdo, respondió a pregunta expresa, es que no haya policías comunitarios ni de un grupo ni de otro.

La violencia del narco se salió de control, advierte investigador de la CNDH

Van 150 mil ejecuciones, 28 mil desaparecidos y 148 mil desplazados en el país, afirma especialista

La violencia en torno al combate al crimen organizado se salió de los cauces y de control, asegura Carlos Brockmman Haro, investigador de la CNDH. Los cárteles operan como empresas capitalistas y anulan cualquier consideración por la vida con tal de incrementar sus ganancias, dice

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

La fallida estrategia del gobierno federal en el combate al crimen organizado ha propiciado una crisis de derechos humanos y que la violencia “se salga de los cauces y de control”, manifestó el doctor Carlos Brockmman Haro, investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Este jueves se llevó a cabo la conferencia magistral Derechos humanos, justicia y desarrollo sustentable, que organizó el Co-mité Ejecutivo Estatal del PRD en un salón del hotel Paradise Inn, en el que participaron como ponentes Brockmman Haro; el maestro en derecho constitucional, penal y público Álvaro Adame Arcos, y el doctor Gilberto Garza Grimaldo, investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La conferencia se organizó con el objetivo de dotar a los asistentes de herramientas para entender la situación actual de los derechos humanos, la realidad de la impartición de justicia en el país y el estado, y comprender el desarrollo sustentable y el derecho de la naturaleza, según se leía en la convocatoria.
En su ponencia Derechos humanos y combate a las organizaciones delictivas violentas. Factores regionales, Brockmman expuso que en México, debido a la “intensa violencia” provocada por el combate a grupos del narcotráfico, se han registrado por lo menos 150 mil ejecuciones, 28 mil desaparecidos y, según la cifra más baja de las Naciones Unidas, 148 mil desplazados.
Aseguró que ante varios organismos y observatorios nacionales e internacionales estas cifras “nos tienen en el umbral de una guerra civil”.
Advirtió que los cárteles operan como empresas capitalistas, incurriendo en actos inhumanos que anulan cualquier consideración por la vida con tal de incrementar sus ganancias, y puso de ejemplo el caso de una niña rescatada recientemente de un grupo de traficantes de mujeres, que era violada 40 veces al día.
Recordó que hace más de 20 años que no existe un grupo delictivo hegemónico, y ante la presencia de varios hay mayor competencia por controlar el mercado, lo que genera constantes confrontaciones que derivan en homicidios.
Brockmman Haro recordó que en su peor momento, en Colombia por cada atentado había una persona muerta (el objetivo) y dos o tres lesionadas en ataques perpetrados por dos hombres con armas pequeñas que disparaban en no más de cinco ocasiones, mientras que en México, el promedio es que por cada atentado hay seis personas asesinadas (entre éstas el objetivo) y otros 10 lesionados en ataques que realizan grupos de 15 civiles con armas largas como R-15 y AK-47 que disparan entre 50 y 80 ocasiones.
Explicó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) establece que cuando el precio de las drogas sube y baja su calidad, significa que las acciones contra el narcotráfico están funcionando.
Sin embargo informó que las estadísticas muestran que la estrategia ha fallado.
Dijo que mientras en 1981 la cocaína costaba 670 dólares (no especificó la porción) con una pureza del 40 por ciento, para 2011 el precio disminuyó a 177 dólares con una pureza del 52 por ciento. Respecto a la heroína, indicó que de mil 896 dólares que costaba en 1981 con el 11 por ciento de pureza pasó a 408 dólares con 28 por ciento de pureza.
“El resultado es desesperanzador, los precios bajaron y la calidad se incrementó, eso nos dice que la estrategia que hemos seguido ha sido la equivocada, hoy la geografía del trasiego nos muestra claramente cuáles son los grupos importantes, las organizaciones se especializan cada vez más en sus funciones y además las diversifican”, precisó.
El investigador aseguró que si del total de los homicidios registrados en Guerrero la mayoría no son investigados y permanecen en la impunidad, es porque todo el dinero en materia de seguridad se destina “a la decapitación de los cárteles de la droga” y no a la procuración de justicia.
Aseguró que la crisis de derechos humanos se debe a la violencia “que se ha salido por completo de los cauces y del control”, en un intento del gobierno por combatir a grupos del narcotráfico.
Advirtió que las drogas se han presentado como un problema de salud pública, sin embargo esa po-lítica es incoherente, pues mientras se prohíbe la venta y consumo de las que no causan adicción, se permite la libre comercialización de alcohol y tabaco.
Y mostró una tabla en la que se indicaba que mariguana, me-tanfetaminas, esteroides, éxtasis, solventes y LSD provocan menos adicción y daño al cuerpo humano que el alcohol y los cigarros.
Indicó que al año hay entre mil y mil 500 muertos por consumo de drogas prohibidas, mientras que en ese mismo lapso mueren entre 50 mil y 60 mil por alcohol y hay cerca de un millón con problemas respiratorios ocasionados por el consumo de cigarros.
También mostró una lista en la que se leía que en 2010 el 70 por ciento de la violencia en el país se concentró en 80 municipios, entre éstos Acapulco, que ocupaba entonces el quinto lugar.
A manera de conclusión indicó que los mexicanos viven en un estado “auténtico de excepcionalidad”, de terror e indefensión, con un problema grave en materia de prevención de delitos y procuración de justicia; y advirtió que en caso de que las autoridades no garanticen la seguridad el resto de los derechos humanos no podrán ser defendidos.

Justicia por propia mano, riesgo

En su ponencia La justicia en México y Guerrero, su reto con el nuevo sistema penal acusatorio, el abogado Álvaro Adame advirtió que en caso de no haber una correcta aplicación del sistema penal se corre el riesgo de que los ciudadanos quieran hacer justicia por su propia mano.
Durante su exposición recordó que en Acapulco se han celebrado ya dos audiencias con el nuevo sistema, en las que quedaron en libertad personas acusadas de secuestro y extorsión, lo que, ad-virtió, genera desconfianza en los ciudadanos para presentar denuncias ante los ministerios públicos.
“Guerrero es un estado con ciudadanos rebeldes por naturaleza, y si voy y presento la denuncia contra un extorsionador y el juez lo deja libre, vamos a sentir un agravio, porque a alguien que nos hizo daño no se le castigó, y veo riesgos en el nuevo sistema porque no vayamos a caer en hacernos justicia por la propia mano”.
Como antecedente mencionó que ante la desatención de las autoridades en materia de seguridad pública poblaciones enteras decidieron levantarse en armas para defenderse.
“Veo graves riesgos en el sistema, ojalá me equivoque, de lo contrario va a incrementar la venganza, el resentimiento social, la ira de todos nosotros, ojalá que los partidos presionen para que se dé una verdadera justicia, que haga un encuentro entre seres humanos”, expresó.
A la conferencia asistieron cerca de 70 militantes del PRD, y los secretarios de Formación Política, Miguel Flores Morales; de Organización, Pánfilo Sánchez Almazán; de Finanzas, Mario Ruiz Valencia, y de Derechos Humanos, Yenedith Barrientos Santiago.

Sí ayudaría a erradicar la violencia la siembra legal de amapola, dice Brockman

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

El doctor Carlos Brockmman Haro, investigador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), consideró que la despenalización paulatina de la amapola servirá “como válvula de escape” para el problema de sobrepoblación en los penales y a largo plazo podría ayudar a erradicar la violencia.
En breves declaraciones al concluir la conferencia magistral Derechos humanos, justicia y desarrollo sustentable, que organizó el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, y con la aclaración de que se trata de una postura personal y no de la CNDH, el investigador manifestó que antes de llevar el tema a los congresos debe socializarse y abrirse el debate público para que la ciudadanía conozca las ventajas y desventajas de esa iniciativa.
“En lo personal sí opino que la despenalización paulatina puede ser de gran ayuda como válvula de escape para la sobrepoblación de los penales, en el caso del cultivo restringido y controlado con propósitos medicinales me parece que sí podría ser una solución (a la violencia) a largo plazo, a muy largo plazo”, expuso.
De los planteamientos que se han hecho en el ámbito local, como la propuesta que presentó el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, para legalizar la siembra de amapola y el anuncio de que promoverá una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión, el investigador explicó que antes de comenzar la ruta legislativa es necesario llevar el tema a la sociedad.
“Con base a lo que sucedió con la mariguana, con la iniciativa presidencial, antes se tendría que abrir el debate público, realmente socializarlo y ver las ventajas y desventajas”, dijo.
Mencionó que en el país existe un problema de perspectiva cultural que se tiene que trabajar, pues insistió en que el alcohol y los cigarros provocan más daño que algunas drogas, situación que no todos comprenden.
Aclaró que no está de acuerdo en que la despenalización de la amapola se dé para trasiego, lavado de dinero o cualquier otra actividad ilícita, e insistió en que debe ser sólo para fines médicos, por lo que consideró necesario tener una clara conciencia de cómo se va a vender y qué cantidad se va a producir.
Finalmente, dijo que el único problema que ve en la intención de la legalización de amapola es asegurar que todo lo que se produzca realmente tenga propósitos médicos y no para su venta como heroína.

Buscarán MC y comisarios de la sierra recabar 110 mil firmas para la legalización de la amapola

Optan por la vía ciudadana para presentar la iniciativa en el Congreso federal. Los diputados del PRI están frenando en el Congreso local la propuesta: Mejía Berdeja

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y Desarrollo de la Sierra de Guerrero y la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano (MC) acordaron ayer presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión y la recolección de firmas para la legalización de la siembra de amapola con fines medicinales.
El coordinador de la fracción de MC, Ricardo Mejía Berdeja, y el diputado Silvano Blanco Deaquino, se reunieron ayer con 15 comisarios de comunidades de los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri, Chilpancingo y San Miguel Totolapan, en la sala Jorge Bajos Valverde del Congreso local, donde tomaron ese acuerdo.
El objetivo de la fracción de MC y de la Unión de Comisarios, que estuvo representada en esta reunión por su presidente, Ismael Cástulo Guzmán; su secretario, Arturo López Torres, y su tesorero, René Dimas Mosso, es juntar más de 110 mil firmas para respaldar la iniciativa y entregarla al Congreso de la Unión antes del 1 de septiembre, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones.
Al final de la reunión que duró más de 2 horas y media, los comisarios y los diputados de MC ofrecieron una conferencia de prensa conjunta.
Los diputados de MC son los que presentaron el 17 de marzo al Congreso local una iniciativa para legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales, a la que no se le ha dado trámite.
Mejía Berdeja dijo a los comisarios que han encontrado “resistencias” en el Congreso para procesar esa iniciativa, y que la intención de MC es que sea la legislatura de Guerrero, como principal productor nacional de amapola y el que concentra el 60 por ciento de la producción nacional, el que, “con esa legitimidad”, presente la iniciativa, en términos de lo que dice la Constitución, “pero desafortunadamente, no obstante el discurso a favor del gobernador, los diputados del PRI están frenando en el Congreso local la iniciativa”, se quejó.
Criticó que en ese sentido existe un doble discurso, porque aunque el gobernador dice que está de acuerdo, los diputados de su partido no dicen que no, “dicen que sí, pero no dicen cuándo”.
Subrayó que por un lado falta decisión y por otro hay una visión muy conservadora que no quiere hacer olas y no meterse de lleno, “y nosotros sí queremos agarrar el toro por los cuernos”, dijo.
Explicó que aunque la diputada Magdalena Camacho no asistió, está “en la misma sintonía”.

Romper los intereses creados

Por su parte, el diputado Blanco Deaquino declaró que hay muchos intereses creados para que esta situación siga como está, “le beneficia a mucha gente en el país, tanto a gente de la delincuencia organizada como a una cadena de políticos en el país y en el estado, que están interesados para que la situación se mantenga como está, y que no se legalice”.
Anunció que están conscientes de que habrá resistencias, “pero hicimos un compromiso de que tenemos que dar pasos firmes y resistir a toda la situación adversa que se venga, porque estos grupos utilizan distintos medios para llegar al fin que ellos pretenden, que es que el estado de cosas en Guerrero se mantenga tal y como está; con pobreza, con violencia, y esto tenemos que cambiarlo con decisiones firmes”.
En esas circunstancias, los diputados de MC decidieron irse por la vía de la iniciativa ciudadana, que significa que son los ciudadanos los que directamente presentan ante el Congreso de la Unión iniciativas con una cantidad de firmas equivalente al 0.13 por ciento del padrón electoral. Mejía Berdeja citó como ejemplo la Ley 3 de 3, “que aunque salió descafeinada es un antecedente importante, y es una lucha que no va a terminar con la aprobación que se dio en estos días”, dijo.
Declaró que mediante la iniciativa ciudadana, los diputados de MC y la Unión de Comisarios buscan terminar “con esta absurda prohibición (la siembra de la amapola) que en el caso de Guerrero sólo ha traído violencia, violaciones a los derechos humanos, pobreza y falta de desarrollo para la región de la Sierra”.
Al respecto explicó que se proponen juntar el número de firmas suficientes y presentar directamente al Congreso de la Unión la iniciativa, “y dar la batalla para que se termine con esta prohibición”.
Recordó que hay 18 países en el mundo que legalmente pueden cultivar la amapola con fines medicinales, y que en el caso de México, y particularmente de Guerrero, no hay ninguna razón para que no se pueda autorizar esta situación, “es la lucha que vamos a librar”, dijo, y anunció que la recolección de firmas se hará en todo el estado, no solamente en la Sierra.
Informó que el proyecto de iniciativa y las firmas serán presentadas al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza el 1 de septiembre.
Explicó que el mínimo de firmas es aproximadamente 110 mil, pero que la intención de los diputados del MC y de la Unión de Comisarios es entregar un número de firmas mucho mayor.
Mejía Berdeja anunció que realizarán cuando menos dos foros, las reuniones que sean necesarias y volanteos en todas las regiones del estado para informar a los ciudadanos en qué consiste esta iniciativa y la importancia de su firma, “porque nosotros (los del MC) sí tenemos la determinación de ir a este proceso, nosotros no decimos una cosa y hacemos otra”.
Mientras tanto, Blanco Deaquino subrayó que a pesar de que los diputados del PRI han frenado la iniciativa en el Congreso, esperarían que el gobernador Héctor Astudillo, “con esa buena intención que tiene de impulsar la legalización de la amapola, respalde esta iniciativa ciudadana y que involucre a su gobierno en estas acciones que se van a realizar. Será bienvenida la participación de él y de todos los guerrerenses”, expresó.
Nuevamente Mejía Berdeja explicó que el problema de la legalización de la amapola es transversal, porque el clandestinaje y la prohibición lo único que han generado es violaciones a derechos humanos, inseguridad pública, pobreza y falta de desarrollo.
Añadió que se requiere de la solidaridad de regiones que no tienen directamente el problema, porque finalmente afecta a todo el estado, “¿por qué Guerrero tiene que estar padeciendo las cifras más alarmantes en desaparición forzada, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos, si puede convertir todo esto en una oportunidad de desarrollo?”, se preguntó.
Insistió que si hay un potencial medicinal con la amapola, “por qué nos estamos frenando nosotros mismos, cuando, además, todo mundo está perdiendo con la guerra absurda que se ha librado contra las drogas y con la prohibición, y los únicos que se están beneficiando son los narcotraficantes y la narco política, que no quiere que se rompa éste orden establecido”.
Subrayó que a pesar de la guerra contra el narcotráfico, no se ha reducido la prohibición ni el nivel de acciones y que por eso se tiene que dar un giro haciendo un esfuerzo para la legalización de la siembra.

Puede ser lo último que deje a mis nietos: comisario

El comisario de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, y secretario de la Unión de Comisarios por la Paz, Arturo López Torres, declaró por su parte que la legalización de la siembra de amapola daría “mucho empuje” a la región y que les ayudaría a resolver el problema de asesinatos, desapariciones y desplazamientos de los pueblos por la delincuencia.
Dijo que para la legalización de la siembra de la amapola lo único que se necesita es valor y que la iniciativa es ajena a cualquier color, partido y religión, “esto es una necesidad de los habitantes de la Sierra y queremos sacarla adelante por la vía legal, vamos por la paz y el desarrollo de la región”, declaró.
Adelantó que de parte de los comisarios van a hacer todo lo que esté a su alcance para que esta iniciativa tenga sus frutos.
Reconoció que no va a ser fácil, “ya vimos ahorita la serie de obstáculos que están poniendo”.
Pero añadió que el temor a las reacciones que pudieran tener “no es de ahorita, lo tenemos desde hace 40 años, cuando se comenzó la siembra de amapola, y cada vez ha crecido más, por el desorden en la Sierra, ahorita nuestro temor es grande, pero si no levantamos la voz, toda la vida vamos a vivir con ese temor”.
Agregó: “desgraciadamente, o afortunadamente, ya estamos grandecitos. Yo ya tengo una edad más o menos avanzada, y lo que pase, Dios es el único que va a decidir, pero tenemos que tomar una decisión y una reacción inmediata para que las generaciones que vienen atrás vivan en paz. Yo ya tengo nietos. Quiero que mis nietos vivan en un estado como el que teníamos hace 50 o 60 años. Puede ser lo último que les deje”, dijo.

El arzobispo Garfias Merlos “sobreadjetiva” la violencia, responde el gobernador Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que se debe cuidar de no “sobreadjetivizar” las cifras de la violencia, y admitió que el problema de la inseguridad es uno de los pendientes que tiene Guerrero y por eso impulsa la construcción de un C-5.
En conferencia de prensa en un salón de la Casa de la Cultura de Acapulco, al gobernador se le preguntó sobre lo dicho por el arzobispo Carlos Garfias Merlos, que Guerrero es el “nuevo epicentro de la violencia en México”, porque el número de homicidios que ocurren en la entidad es superior en 247 por ciento a la media nacional.
En respuesta, Astudillo Flores dijo que las expresiones del arzobispo “son adjetivos que están ligados a los datos que no podemos negar, pero por supuesto son adjetivos personales y estos adjetivos por supuesto que yo los respeto, pero me parece que es un asunto que hay que cuidar de no sobreadjetivizar el tema”.
Sobre las protestas magisteriales, el gobernador señaló que “no se resuelve nada agarrando a pedradas al Palacio de Gobierno, agarrando a pedradas la Cámara de Diputados”.
Insistió en que no le parece correcto que los maestros lancen piedras a los edificios públicos y se enfrenten con palos con los policías.
“El gobernador lo que menos quiere es iniciar una guerra contra los maestros, ellos tiran una piedra, yo tiro dos, yo creo que no es lo que me corresponde, trato de entender el problema por supuesto, de ubicarlo, pero mal haría en instruir a los policías que si reciben un palazo contesten con dos, el gobierno no puede caer en las provocaciones”, dijo.
Agregó que las protestas contra la reforma educativa son de carácter federal y aunque él quiera tener diálogo con los maestros, lo que los profesores buscan es dialogar con autoridades federales, y “ellos tienen mucha claridad que el problema está relacionado con la reforma que es federal, no con una acción del estado, llámese gobierno del estado”.
Indicó que el miércoles en Atoyac, durante la gira con el secretario de Ganadería, Agricultura, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimen-tación, José Calzada Rovirosa, tuvo un acercamiento muy respetuoso con los maestros que se oponen a la reforma educativa, quienes le entregaron un documento.
Del anuncio de auditorías que hará la SEP, dijo que no tiene inconvenientes y que se conozcan los resultados, pues él apenas tiene siete meses como gobernador, “y lo que menos haré es meterle la mano indebidamente a ninguna nómina, sea de educación o sea cualquiera, y si salen resultados de que hay gente que no trabaja, pues nos van a ayudar mucho a detectarlos”.

El mezcal genera buenos ingresos

En la conferencia Astudillo Flores también habló sobre la visita de José Calzada Rovirosao,y dijo que era el único secretario que hacía falta que visitara la entidad.
De la visita a Pilcaya, el gobernador dijo que fueron a conocer la mezcalera que hay en ese municipio, que es la más importante del país pero no tiene la capacidad para atender la demanda y tiene un crecimiento muy bueno.
“El mezcal es la única bebida alcohólica que ha crecido 35 por ciento su consumo en el mundo”, señaló.
Consideró que el gobierno del estado debe impulsar esa industria para que la entidad se convierta en el primer productor de mezcal en el país, y planteó que la siembra de agave podría ser un cambio de los cultivos ilícitos a los lícitos, y puede generar buenos ingresos.
Indicó que quien siembra una hectárea de maíz puede ganar 10 mil pesos, quien siembra una hectárea de agave para el mezcal “puede ganar hasta 600 mil pesos”, y precisó que no había comparado si los ingresos por siembra de agave son mayores que por el cultivo de amapola.
Informó también que el Acabús entrará en funciones el 24 de junio, y que la fecha que había dado, del día 21, fue equivocada; y adelantó que en los próximos días empezarán a circular vehículos del Acabús por la Costera.
Sobre el reparto de agua en pipas en Acapulco, el gobernador dijo que la aportación que hizo el gobierno del estado está en manos del ayuntamiento, “espero, deseo, quiero esté actuando con absoluta transparencia y esté dando trato igualitario para el reparto del agua”.

Ayuda a familiares de víctimas de Orlando y al niño accidentado en Argentina

Sobre los dos guerrerenses víctimas del ataque terrorista a la discoteca Pulse en Orlando, Florida, la madrugada del domingo, el gobernador informó que ya contactó a la familia de Luis Sergio Vielma Astudillo, de Coyuca Catalán, quien será sepultado en Guerrero y está en espera de que la familia le indique cómo los podrá ayudar.
En el caso de Miguel Ángel Honorato, originario de Ixcateopan, Astudillo Flores dijo que la familia le informó que será sepultado en Estados Unidos.
Del caso del menor José Miguel Tello Cortés, quien permanece hospitalizado en Argentina luego de un accidente que sufrió en marzo en aquel país, el gobernador informó que el gobierno del estado hizo una transferencia de dinero a los padres del menor para que pueda ser atendido, pero dijo que se reserva el monto de la cantidad “para no generar un abuso de la ayuda”.