Chilpancingo gro, 9 de diciembre 2024. // Bomberos del Chilpancingo sofocan el incendio de una camioneta repartidor de gas LP en la calle Ignacio Manuel Altamirano en el centro de Chilpancingo. // Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
Unos 18 cilindros de gas LP se incendiaron cuando eran transportados en una camioneta por el centro de esta capital.
El siniestro ocurrió a las 11:30 horas y causó pánico en la población.
No se reportaron heridos, pero sí daños a tres vehículos (uno con pérdida total), dos motocicletas y tres locales, entre ellos una escuela privada.
En un hecho inusitado, los tanques de gas que transportaba una camioneta marca Nissan tipo NP300 de la empresa Gas del Sur se prendieron cuando circulaba en la calle Ignacio Manuel Altamirano, con dirección de norte a sur, casi al llegar a la esquina de la calle Niños Héroes.
Vecinos que vieron cómo un tanque lanzaba llamas le gritaron al chofer que bajara del vehículo.
El conductor logró bajar y pidió auxilio a los transeúntes y encargados de comercios.
De inmediato el fuego se propagó a los demás tanques que transportaba.
El sonido y la imagen de las flamas se escuchó y se pudo observar a la distancia.
Al lugar llegaron 13 bomberos del gobierno municipal de Chilpancingo con tres pipas de agua y lograron sofocar el fuego.
Eduardo Cabañas García, director del Honorable Cuerpo de Bomberos de Chilpancingo, informó que a causa de una probable falla eléctrica se incendió una camioneta que transportadora cilindros de gas de 30 y 20 litros para su venta.
Dijo que la causa la determinará la Fiscalía estatal. La unidad fue consumida totalmente y se logró enfriar los tanques. “Afortunadamente no pasó a mayores. Fueron alrededor de 18 cilindros; al parecer fue por una falla eléctrica”, dijo.
Consultado a las 12:30 de la tarde, dijo que ya no había ningún riesgo para la población y que todo el material inflamable ya había sido retirado.
Los estudiantes de la universidad privada Instituto de Monserrat fueron evacuados, los negocios de la zona cerraron y las calles aledañas fueron cerradas a la circulación.
El Sanatorio América que se ubica en ese tramo de la calle continuó funcionando, aunque provocó alarma entre familiares de pacientes.
Para sofocar el incendio llegaron 13 elementos de Bomberos municipal con cuatro unidades y tres pipas de agua.
También llegó personal de Protección Civil del estado, Policia Ministerial y agentes de la Guardia Nacional.
Por la radiación del fuego tres vehículos resultaron quemados, uno con pérdida total, dos motocicletas, así como la fachada de dos negocios y una escuela particular.
El gabinete de seguridad mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de dos personas en el municipio de San Marcos, que tenían en su poder armas de fuego.
En un comunicado conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la SSPC se dieron a conocer las acciones de seguridad durante el viernes seis de diciembre y el fin de semana, donde en Guerrero se muestra la detención de personas en San Marcos.
La detención fue realizada por elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General del Estado y la Policía estatal.
“En San Marcos, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado y Policía Estatal, con trabajos de inteligencia, detuvieron a dos personas con nueve armas cortas, 10 cargadores, 74 chalecos tácticos y 40 placas balísticas” reportó el gabinete.
No dieron mayor información respecto a la detención de las dos personas en San Marcos, así como no se ofrecieron más detalles respecto a la fecha de la detención.
Destrucción de plantíos
De igual forma el Gabinete señaló que en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Guerrero se hizo la destrucción de plantíos de amapola y mariguana, pero no se detalló la superficie completa que fue destruida en el estado.
“En Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero, elementos del Ejército Mexicano destruyeron 68 plantíos de amapola en siete hectáreas y 20 plantíos de mariguana en una hectárea. En las mismas entidades, también destruyeron otros 110 plantíos de amapola en 11 hectáreas y 11 plantíos de mariguana en una hectárea. Además, se destruyeron 42 plantíos de amapola en cuatro hectáreas y 16 plantíos de mariguana en una hectárea”. Dando un total de 220 plantíos de amapola en 22 hectáreas y 47 plantíos de mariguana en tres hectáreas”, informó el gabinete.
En un comunicado presentado por la Marina, la dependencia remarcó sobre acciones de los primeros 100 días de la administración en materia de seguridad. En una acción se reportó el aseguramiento de armamento, municiones, equipo táctico y droga en la colonia Guadalupe en Tierra Colorada.
En las acciones del tres de diciembre, el gabinete informó que la Marina aseguró mariguana, metanfetamina, armas largas, cartuchos, cargadores, chalecos balísticos, cuatro vehículos y dos motocicletas en Tierra Colorada.
Se reportó que en Maldonado se hizo el aseguramiento de armas de fuego, municiones, equipo táctico y dos camionetas. En las acciones del primero de diciembre se informó sobre aseguramiento de tres armas largas, 273 cartuchos, 10 cargadores, equipo táctico y dos vehículos en Maldonado en el municipio de Cuajinicuilapa. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).
El jefe de plaza del grupo delictivo La Bandera, escisión de Guerreros Unidos, Jesús Martínez Brito, El Marranero, habría sido ejecutado a balazos la tarde del domingo en el salón de fiestas Ex Hacienda San Bartolo, al sur de la capital de Puebla, a donde asistió a una boda.
Distintos medios locales confirmaron ayer la identidad de Chucho Brito, de 55 años, como también era conocido el líder criminal originario del municipio de Iguala, y que de acuerdo con la información recabada, había estado avecindado en Colima, pues contaba con una orden de captura por delincuencia organizada y otros delitos.
La ejecución directa cometida por tres sicarios ocurrió cerca de las 4 de la tarde del domingo en el estacionamiento de un salón de fiestas, ubicado en la calle 3 Sur de la colonia Fuentes de San Bartolo, al sur de la capital poblana.
En un video captado por una cámara de vigilancia ubicada en el estacionamiento del salón, el cual fue difundido en las redes sociales, se ve a tres sicarios que persiguen con disparos a un hombre que intenta huir pero que es alcanzado poco antes de llegar a un automóvil estacionado.
Al menos dos de los sicarios que iban al frente iban armados, pero solo a uno se le ve disparar contra quien sería El Marranero. Al darle alcance y ya en el piso, lo remata con más disparos a corta distancia para asegurar la ejecución.
Enseguida los agresores salen corriendo, uno de ellos tropieza y cae al suelo mientras que su compañero lo ayuda a levantarse y este segundo que no había disparado apunta hacia adentro del salón y realiza algunos disparos. Al momento de que escapan se alcanza a ver a una mujer que sale corriendo con dirección a la víctima.
Hasta el cierre de esta edición las autoridades en Puebla y del gobierno federal no habían emitido información relacionada con este hecho, ni habían confirmado la ejecución de Martínez Brito. Tampoco se sabe quiénes eran los novios de la boda a la que fue invitado el capo.
El Marranero, como se le conoce por su anterior actividad como carnicero y líder de tablajeros en el mercado municipal Adrián Castrejón de Iguala, era identificado por las autoridades federales como jefe de plaza de la organización criminal La Bandera, luego de la fragmentación y desaparición de Guerreros Unidos, organización a la que se adjudican los ataques contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que dejaron tres alumnos muertos y 43 desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con registros periodísticos, Martínez Brito fue detenido en octubre de 2011 en Iguala junto a Gerardo Ocampo, El Rábano, por efectivos del 27 Batallón de Infantería, quienes les confiscaron tres fusiles de asalto, por lo que fue puesto a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) en la subsede ubicada en la misma ciudad donde fue detenido, y posteriormente fue encarcelado durante cinco años en Veracruz.
Tras las detenciones de la mayoría de los principales líderes de Guerreros Unidos luego de las investigaciones por el caso Ayotzinapa, El Marranero, quien antes de su detención había sido jefe de sicarios de esa organización, formó con otros de sus compinches la célula La Bandera, entre ellos Héctor Rodríguez Urióstegui, El Colín, detenido el 1 de mayo de 2021, y Juan Carlos Flores Ascencio, La Beba, también ejecutado el 29 de agosto de este año dentro de una propiedad en León, Guanajuato, homicidio que se adjudicó La Familia Michoacana.
Desde finales de 2019 La Bandera había disputado el control de Iguala y municipios colindantes con sus anteriores aliados, el Cártel de la Sierra o Tlacos, guerra que generó cientos de muertes desde ese tiempo hasta principios de este año, luego de que en febrero los líderes de las organizaciones en disputa pactaron una tregua.
Integrantes del Cipog- EZ con el director del Cicaeg Martín Vega y el delegado del INPI Manuel Vázquez Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), quienes anunciaron acciones de protesta para este lunes, las suspendieron luego de una mesa de diálogo en la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).
El viernes, el dirigente de la agrupación, Jesús Plácido Galindo denunció que las autoridades del gobierno federal y estatal les cancelaron una reunión para atender sus demandas de reparación de las carreteras que fueron dañadas por las lluvias del huracán John, por lo que advirtió que este lunes realizarían acciones de protesta en la capital.
Informó que su demanda principal es el arreglo de la carretera que comunica del crucero de Llano Silleta, Jicamaltepec y Hoja de Venado, municipio de San Luis Acatlán que se encuentra en malas condiciones después de las lluvias del huracán John.
Sin embargo, este lunes el contingente de integrantes del Cipog-EZ no llegó a manifestarse al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, como lo había anunciado el dirigente de la agrupación.
Vía telefónica informó la tarde de ayer que, finalmente, se reunieron en las instalaciones de la CICAEG con el titular de esta dependencia, Martín Vega González y con el delegado de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero.
Los acuerdos
Informó que el titular de la CICAEG les dijo que “dentro de su proyecto para el ejercicio fiscal del 2025 ha propuesto al Congreso del estado 10 millones de pesos para la segunda etapa”, de ese tramo carretero.
Otro de los acuerdos que suscribieron en una minuta fue que el director general del INPI, Adolfo Regino Montes, solicitará una reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), con la finalidad de gestionar recursos para la continuación de la rehabilitación del camino Pueblo Hidalgo-Buenavista-Río Iguapa, también del municipio de San Luis Acatlán.
En otro punto se informa que en enero próximo el INPI realizará la actualización y gestión del expediente técnico, para la construcción de la Casa de la Niñez Indígena en la comunidad de Buenavista, municipio de San LuIs Acatlán.
Vecinos del asentamiento irregular La Cañada de la Benito Juárez denunciaron que el ex director del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), José María Morelos Martínez con mentiras les vendió en 2022 los predios que ocupan desde 1990, pues les aseguró que la dirección municipal de Desarrollo Urbano ya había aprobado todo el procedimiento para regularizarla, pero se dieron cuenta de la verdad cuando acudieron a tramitar los servicios básicos y les dijeron que sigue en proceso de regularización.
La mencionada colonia se ubica en la zona poniente del puerto de Zihuatanejo, la cual está en una superficie que es una barranca, lo que hasta hace algunos años estaba considerada como zona de alto riesgo y las 16 familias que inicialmente ahí vivían tenían que ser reubicadas.
Desde entonces se encontraban en espera ya sea de la reubicación o de la urbanización con obras de mitigación para evitar el riesgo de vivir a los costados de un cauce natural, que crece en temporada de lluvias.
Este lunes un grupo de vecinos de La Cañada acudieron a reunirse a la actual directora del Fibazi, Marcia Elsa Valencia Guzmán, para solicitarle que se le dé una solución a su situación, pero no se encontraba en sus oficinas, por lo que fueron atendidos por otros funcionarios del fideicomiso, a quienes le expusieron sus inconformidades y pidieron que les regresen el dinero que dieron como enganche porque están generando intereses moratorios o les regularicen la colonia y les renueven el contrato.
Uno de los vecinos dijo que entre las irregularidades que el ex director Morelos Martínez cometió, “fue que éramos 16 las familias que estábamos en la colonia desde 1990, y ahora que según él regularizó, metió a siete familias más que han generado conflictos porque son muy problemáticos y además, otros que compraron pero jamás han vivido ahí, ya revendieron, y gracias a eso, los lotes que pudieron haber salido de 120 metros cuadrados, nos los redujeron a 90 metros, los cuales tuvimos que comprar a 800 pesos el metro cuadrado”.
Agregó que en la administración de Morelos se enteraron de la contratación de sus lotes por terceras personas, por lo que, “literalmente nos obligaron a contratar y dar el enganche porque de lo contrario, nuestros terrenos los iban a vender al mejor postor, lo peor del caso es que a algunos de nosotros nos reubicaron ahí mismo en la colonia para darle los mejores lotes a gente de afuera, por lo que hay vecinos que están viviendo en los peores terrenos y aún así, por la necesidad, contratamos, porque él nos aseguró que todo estaba en orden y aprobado por Desarrollo Urbano”.
Otra de las vecinas comentó que, “ya con esa confianza nos organizamos para ir al Ayuntamiento a pedir que nos apoyaran con los servicios de drenaje y agua potable, y cuál fue nuestra sorpresa que nos dijeron que no nos los podían dar porque nuestra colonia sigue en proceso de regularización, que hacen falta los dictámenes de Protección Civil del estado y otros trámites, que no sabían por qué nos habían contratado si no está regularizada”.
“Lo que veníamos a pedirle a la directora es que nos ayude a arreglar este problema porque nos urge el asunto del drenaje, muchos de nosotros ya tenemos nuestras fosas sépticas llenas, se están desparramando y se están convirtiendo en un foco de infección, sabemos que no es una irregularidad que ella cometió el de vendernos con mentiras, pero nos urge una solución a la brevedad”, suplicó.
Comisarios de la sierra de Heliodoro Castillo y de Chilpancingo acompañados por el diputado federal Manuel Vázquez Arellano, durante la toma de las oficinas de la Secretaría de Bienestar en la capital del estado para exigir una audiencia con el delegado Iván Hernández Díaz Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Comisarios de la Sierra de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y de Chilpancingo cerraron alrededor de cinco horas la oficina de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal en la capital del estado, para exigir una audiencia con el delegado Iván Hernández Díaz, para informarle sobre la devastación que provocó el huracán John en sus comunidades.
El presidente del Consejo de Comisarios de la Sierra de Guerrero, José Solano Flores indicó que han reunido datos de 30 comunidades afectadas en caminos, cultivos y servicios, pero son muchas más las que tienen daños.
Denunció que el funcionario federal no responde a las solicitudes de audiencia ni a las llamadas telefónicas. También intentaron llamar al secretario de Bienestar estatal, Pablo Gordillo Oliveros, para tener un interlocutor, pero tampoco respondió su teléfono.
Las autoridades llegaron alrededor de las 10 de la mañana y se retiraron a las 3 de la tarde, después de haber dejado un oficio requirieron una fecha y hora exacta de la audiencia.
Recriminaron que la mayoría de los pueblos de la Sierra no fueron censados para recibir apoyo como damnificados, “nos están saltando en la Sierra”, no obstante que las autoridades de los tres niveles de gobierno saben que estuvieron incomunicados y tienen daños en viviendas, puentes y carreteras.
Aseguraron que aún hay pueblos sin acceso con vehículos, porque sus carreteras no han sido abiertas, entre las autoridades que acompañan la gestión se encuentra Filo de Caballos, Carrizal de Bravos, El Caracol, Los Hoyos, La Parota, San Pedro y El Limoncito.
Insistieron en que la federación voltee a ver a la Sierra, porque Guerrero “no es sólo Acapulco”.
El caficultor Acacio Castro Serrano en entrevista en la biblioteca pública del Zócalo de Atoyac después de las actividades de la semana conmemorativa por los 50 años de la muerte de Lucio Cabañas Foto:?Ramón Gracida
Ramón Gracida Gómez
Atoyac
Uno de los factores de la bonanza del café en Atoyac en la década de 1970 fue el precio internacional récord que se alcanzó en 1977 y actualmente se tienen los mismos niveles e incluso por encima, pero hace falta una política de Estado que conciba al café como un “cultivo estratégico” por todos los beneficios ambientales, sociales y económicos que trae consigo, dijo el productor Acacio Castro Serrano.
En esos años, el gobierno federal, por medio del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), también impulsó su producción en las comunidades de la Sierra para “amortiguar” la presión social que existía por la presencia de la lucha armada encabezada por el profesor Lucio Cabañas Barrientos y por la represión, señaló en entrevista el ingeniero agrónomo.
Un estudio del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela que sólo poco más de 7 mil hectáreas, el 5 por ciento del total con las que cuenta este municipio de la Costa Grande, se encuentran en óptimas condiciones para la siembra del grano. Aun así, el caficultor destacó que hay condiciones para mejorar la producción porque el café de Atoyac es considerado de “alta calidad” en certámenes nacionales.
En una entrevista en la biblioteca pública del Zócalo de Atoyac después de las actividades de la semana conmemorativa por los 50 años de la muerte en combate de Lucio Cabañas, el productor de café de la comunidad de Santo Domingo y ex presidente municipal priista (1999-2002), comentó que las afectaciones en Brasil en 1977 tuvieron un impacto en el precio internacional del café que llegó a 326 dólares por 100 libras mientras que los costos de cultivo eran de 20 dólares, cuando se le conoció como el “oro verde”.
“El mayor esplendor de la cafeticultura fue en ese momento por esos altos precios porque los precios de cultivo son bajos. Eso hizo que muchos productores realmente se capitalizaran un poco, eso ayudó mucho al sistema cafetalero”.
También estaba vigente un convenio de la Asociación Internacional del Café entre países productores y consumidores por el que el precio se regulaba en una franja de 120 a 140 dólares.
Durante las décadas de 1960 y 1970 se amplió la superficie cultivada, todas las plantaciones estaban en su pleno apogeo productivo con plantas jóvenes, que sin necesidad de grandes usos de químicos y tan sólo con mantener la plantación limpia, daban “excelentes producciones”; la actividad creció hasta las 25 mil hectáreas de café cultivadas en Atoyac de las 50 mil registradas en el estado.
El caficultor señaló que el Inmecafé jugó un papel importante para mejorar las formas de sistema de producción con asistencia técnica y nuevas variedades de café, aumentando las densidades de siembra.
La bonanza del café en Atoyac en la década de 1970 convivió con la guerra sucia en la que el Ejército mexicano desapareció a cientos de campesinos, “el gobierno incentivó muchas cosas por la inconformidad social que había, el Inmecafé no llegó por una planeación del gobierno federal para restablecer; no, fue por la presión social, muchas de las cosas que el gobierno se obligó a mejorar”.
“La producción estaba en manos de acaparadores, con precios de ventas al tiempo: te voy a dar mil pesos por un quintal, cuando en su momento ya valía 2 mil pesos”.
Castro Serrano dijo que “el gobierno no tenía una visión sobre el desarrollo de los pueblos, era la explotación de los recursos” y la llegada del Inmecafé no fue “porque ellos quisieran ayudar sinceramente, querían amortiguar la inconformidad social”.
Incluso en los comunicados de Lucio Cabañas se señaló el abuso de los acaparadores, “un esquema agiotista”, entonces el Inmecafé jugó el papel más importante porque “puso centros de acopio y los centros de acopio los puso en todas las comunidades, así que el productor no tenía costo de mover el café y se le pagaba lo mismo aquí en Atoyac que allá en Pie de la Cuesta, que es la comunidad más difícil, la más lejana” de la sierra de este municipio.
La desaparición del Inmecafé en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) forma parte de la política del retiro del Estado de muchas actividades y el rompimiento de los acuerdos internacionales en 1989 provocó “una de las peores crisis” con un precio que cayó hasta los 48 dólares.
El café de Atoyac “tiene altos niveles de calidad”
El caficultor comentó que el programa federal de Sembrando Vida ha estimulado la producción cafetalera con la inclusión de unas mil familias cafetaleras en el padrón, “porque sí hubo un momento de abandono total, de hecho ahorita incluso el café en Atoyac no es suficiente el café que se produce en la región para el consumo local”.
Uno de los problemas es que el costo de producción ha subido mucho, “antes, con el 10 por ciento de lo que tú vendías, con eso cubrías toda tu temporada de la cosecha y hoy se lleva hasta el 70, 80 por ciento; y si lo quieres vender como materia prima a los intermediarios, el productor queda tablas, o sea, no hay ingresos”.
Actualmente los precios son más altos que el histórico de 1977, fueron 335 dólares hace unas semanas, pero el comercializador en México no va a pagar ese precio de referencia del mercado internacional por los altos precios que ellos ponen de comercialización, por lo que llegan a quitarle hasta 80 dólares al precio internacional.
“El productor ya no puede estar sujeto a los intermediarios locales, por eso muchos productores lo que estamos buscando es vender nuestro café como producto terminado al consumidor como café tostado y molido”, expuso y resaltó que en los certámenes nacionales el café de Atoyac “tiene altos niveles de calidad”.
La Sociedad Americana del Café de Especialidad establece un puntaje de 0 a 100, en México el más alto lo obtuvo uno de Chiapas con 93 puntos, pero este año en la comunidad atoyaquense de Pie de la Cuesta llegó a 85.
“El asunto del café es que hay grandes intereses en la cadena, pesa más lo que diga Nestlé a los gobiernos, incluso actualmente, no sólo de los neoliberales, que lo que digan los productores, los productores no son escuchados por el gobierno para atender las políticas cafetaleras”.
Esto se refleja en la inexistente “visión de Estado” hacia el café, cuando el gobierno debería verlo “como un cultivo estratégico por muchas cosas, ambiental, social y económicamente”, dijo el caficultor.
Advirtió que “la rebelión, la inconformidad social” se ha contenido porque “muchísimo productor de café” migró a Estados Unidos ante la falta de oportunidades en su tierra natal.
7 mil hectáreas óptimas para cultivar café en Atoyac: UNAM
Además, expuso Castro Serrano, ya no son las mismas condiciones que se vivieron hace 50 años y citó el estudio Zonificación agroecológica del café arabica en el municipio Atoyac de Álvarez, Guerrero, México, publicado por el Instituto de Geografía de la UNAM y escrito por el integrante de esta institución, José Ramón Hernández Santana, y de la unidad académica de Ciencias en Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Humberto Antonio González González.
“La zona cafetalera de Guerrero corresponde a una de las pocas selvas tropicales en el mundo con altitudes de más de 1000 msnm (metros sobre el nivel del mar), donde el café bajo sombra se ha adaptado favorablemente”.
Sin embargo, de un total de 155 mil 845 hectáreas, las que tienen potenciales “óptimos” para el desarrollo del café son 7 mil 163.47, es decir, el 5 por ciento, y tienen las características de encontrarse entre los mil y mil 500 metros de altura, con pendientes menos de 18 grados, precipitaciones medias anuales mil 500 y 2 mil mililitros, temperaturas entre 18 y 22 grados centígrados y unidades de suelos acrisoles, con textura media y profundidad mayor a 100 centímetros.
Las hectáreas con potenciales “medios” suman 28 mil 143.75, el 18 por ciento; con potenciales “bajos” son 62 mil 130.65 hectáreas, 40 por ciento; y con potenciales “muy bajos” ascienden a 58 mil 411.38 hectáreas, el 37 por ciento, se expone en el documento publicado en 2016.
Maestros estatales jubilados y pensionados de la región Centro en la protesta en la entrada principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Maestros estatales ya jubilados, protestaron a las 11 de la mañana de este lunes afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, donde exigieron que les den a conocer el calendario con las fechas del pago de su pensión correspondiente a diciembre, así como del aguinaldo en una sola emisión.
También reclamaron el pago de retroactivos de 2023 y 2024, así como pasivos de varios jubilados que, aun cuando ya fueron subidos a nómina, no les comienzan a pagar.
En su protesta, responsabilizaron a la directora del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Dayana Gálvez Pino, a la que acusaron de no realizar las gestiones ante las instituciones deudoras, para que el organismo cuente con los recursos suficientes para los pagos.
Los alrededor de 50 jubilados protestaron al margen de sus asociaciones, a cuyos representantes acusaron de haber firmado documentos con la dirección del ISSSPEG y funcionarios del gobierno, en donde no se especifican las fechas del pago de sus percepciones.
La maestra jubilada Sandra Luz Álvarez Castrejón declaró que su exigencia es que les especifiquen las fechas en que les pagarán la pensión correspondiente a diciembre y el aguinaldo, debido a que los meses pasados les han retrasado los pagos o se los dan en dos partes, en tanto que, a algunos de sus compañeros todavía les deben noviembre.
Recordó que en noviembre debieron tomar la Subsecretaría de Finanzas y luego fue que les pagaron el 50 por ciento, con la condición de que suspendieran la toma de las oficinas.
Denunció que, entonces, representantes de las cuatro asociaciones de jubilados y pensionados firmaron una minuta de acuerdos, en la que acordaron el pago del 50 por ciento de sus percepciones correspondientes a ese mes y, además, se estableció que el pago de la primera parte del aguinaldo y la mensualidad de diciembre será “oportuna”.
Señaló que por eso están inconformes, puesto que no se estableció una fecha precisa, “por eso estamos aquí, exigiendo fechas, y mire cómo nos tratan”, agregó ante la falta de atención, tanto de la dirección del ISSSPEG, como de funcionarios del gobierno estatal.
“Todo el tiempo es así, tenemos que venir a pelear, a protestar, a bloquear, porque la directora del ISSSPEG, Dayana Gálvez Pino, no hace las gestiones. Nomás le echa la culpa a los ayuntamientos que deben y argumenta que, por eso no hay dinero, pero ella no se da el tiempo para andar visitando a las instituciones deudoras, cuando ese es su trabajo”, reprochó.
Son casi 7 mil maestros jubilados en todo el estado, que enfrentan la misma situación, y están en la incertidumbre respecto a cuándo recibirán su pensión de diciembre y el aguinaldo.
Otra de las maestras jubiladas agregó que piden, además, que el aguinaldo se los paguen en una sola emisión y la mensualidad de diciembre que se las den completa, “no como en los meses anteriores, que ha sido en dos partes”.
Dijo que también exigen el pago de los retroactivos de 2023 y 2024, así como algunos pasivos que les adeudan a algunos de los jubilados, quienes a pesar de que ya fueron subidos a nómina todavía no les comienzan a pagar “ya les adeudan mucho dinero”.
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, durante su intervención en el acto de inauguración del edificio sindical del STAUAG ubicado en el barrio de Santa Cruz en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que llevará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un plan de austeridad ajustado, que mandató el Consejo Universitario, para disminuir más el gasto, con 14 acciones que incluyen un ajuste del tabulador a la baja.
Consulado tras la inauguración del nuevo edificio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), en el barrio Santa Cruz, explicó que no se trata de no afectar la calidad de la educación, sino de ajustar el gasto público, una política del sexenio anterior, para eliminar el dispendio.
Asimismo, dijo que están realizando gestiones en la Cámara de Diputados para acceder a un apoyo especial para el pago de adeudos por fallecidos en la pandemia, atender los daños de los huracanes Otis y de John, que se estiman en 542 millones de pesos.
Aclaró que ese rezago es independiente al adeudo histórico por laudos laborales, impuestos que se dejaron de pagar en 2010 y otras obligaciones fiscales que arrastran todas las universidades, incluso instituciones públicas.
En su mensaje, informó que ya se estaba pagando 45 días de aguinaldo a los trabajadores, que sólo faltaría la parte correspondiente a los acuerdos contractuales con los sindicatos: dos bonos de cinco días cada uno, que se entregarán en enero.
En la consulta, precisó que espera ver a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el próximo jueves, que ahí van a platicar sobre una propuesta económica que le requirió. Con ello, estimó que podrán cubrir las obligaciones pactadas con los sindicatos.
Añadió que también está pendiente la entrega de una ministración del presupuesto aprobado en 2024, de cerca de 200 millones de pesos, que corresponden al gobierno federal, que ya están en tránsito en estos días.
Así como 55 millones de pesos de la contraparte del gobierno estatal, por concepto de política salarial.
Precisó que esos ingresos son aparte del pago del aguinaldo, que asciende a 280 millones de pesos, y que corresponden a la previsión que se ha estado realizando desde enero, “siempre estamos ahorrando”.
Inauguración
En el acto de inauguración, el rector aludió al ex rector Ramón Reyes Carreto, que con otros universitarios promovió una demanda contra el Comité Ejecutivo Central del STAUAG, que encabeza Ofelio Martínez Llanes.
Señaló que en aquella administración les quedaron a deber los salarios a los trabajadores, lo que nunca ocurrió en su gestión, incluso despidieron a trabajadores. Aclaró que hoy sólo se han dado de baja a aquellos señalados de abusos, no como acciones políticas.
Reconoció la unidad con los sindicatos académicos y administrativos, para cumplir retos de la institución y, sobre todo, por asumir el compromiso con la gente más pobre de Guerrero, que envía a sus hijos a estudiar a la UAG.
A la par, indicó que también es la universidad más auditada del país, pero que durante ocho años consecutivos no han tenido observaciones en la rendición de cuentas.
Recordó que hace siete años, la de UAG estaba entre las siete con universidades con crisis financiera, que pudieron sanear “gracias a que hemos ejercido el recurso de acuerdo con los lineamientos que marca la Secretaría de Educación Pública, la Hacienda”.
Enfatizó que han avanzado con apoyo de los sindicatos, que entienden el concepto de autonomía, no en la protesta, sino para construir y coadyuvar al desarrollo de la institución.
Destacó que el secretario saliente del comité del STAUAG deja un buen sabor de boca, cuya gestión que comenzó en 2013, y permitió un relevo generacional.
Indicó que se retiraron del servicio casi 2 mil 500 personas y 500 siguen en la antesala urgente, porque ya padecen enfermedades crónicas.
El secretario del sindicato confirmó que hicieron un equipo con la administración central de la UAG, “porque siempre ha sido eficiente en el trabajo, pero se debe ser eficiente en los recursos”.
Como parte de su informe Martínez Dillanes informó que el sindicato logró más de 10 mil acciones, entre recategorizaciones, entrega de plazas base y cambios de adscripción. Destacó casos de justicia laboral, como la entrega de una base a un interino con 30 años en el servicio.
Reconoció que ayudó mucho que la administración central nunca dejó de pagar salarios ni aguinaldos.
Asistió como invitado al evento, el secretario general electo del STAUAG, como dirección colectiva, Francisco Hernandez Herrera.
Del nuevo edificio del STAUAG, aún sin equipamiento, informó que fue diseñado por el arquitecto Salvador Amezcua, que comenzó su construcción en 2005 y terminó en 2007. Se ocupará en 2025.
Maestros de preparatorias populares señalaron que el disminuyó el nivel de aprendizaje en educación básica, así como que la falta de infraestructura en las escuelas y la violencia son causas de la deserción escolar en la entidad.
En un foro convocado por el Sindicato Independiente de Preparatorias Populares del Estado de Guerrero (SIPPEG), que se realizó en el auditorio del edificio de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ubicado sobre el encauzamiento del río Huacapa al sur de la capital, los docentes también llamaron a las autoridades a regularizar esos planteles.
Durante su presentación, maestros de varias preparatorias populares coincidieron en que algunos estudiantes llegan al subsistema de Educación Media Superior sin saber leer y escribir, lo que dificulta su labor, al no poder abordar los programas de estudio, debido a que tienen que dedicar tiempo a repasar lo básico.
También manifestaron que las preparatorias populares no cuentan con instalaciones y equipo, para poder enseñar de manera práctica a los estudiantes.
Además de que la violencia registrada en la entidad contribuye a la deserción escolar, al igual que la pobreza y la marginación de las comunidades, sobre todo en las regiones Montaña, Costa Chica, Tierra Caliente y Sierra.
Coincidieron en que el bullying en las escuelas es una realidad y afecta no sólo el desempeño académico, sino la salud emocional de los estudiantes, pero las preparatorias populares no cuentan con psicólogos para atender estos casos.
En declaraciones la secretaria del SIPPEG, Julia Suárez Martínez, explicó que el pasado 1 de diciembre los agremiados tuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, quien les pidió sumarse al proyecto de la Nueva Escuela Mexicana que pretende la erradicación de la deserción escolar en cinco años.
Por ello, el SIPPEG organizó este primer foro, para abordar el tema, conocer las dificultades que enfrentan al no contar con infraestructura ni su reconocimiento, pero también las propuestas para atender sus necesidades, mismas que serán expuestas en una reunión con Mario Delgado y la estructura de la SEP, el próximo 12 de diciembre en Ciudad de México.
“Aun con todas las carencias del mundo y que no tenemos las prestaciones que por ley nos corresponde, los maestros seguimos en la lucha para educar a la juventud. Si queremos una sociedad mejor para nosotros, entonces hay que educar a los jóvenes”, expresó.
Aseguró que hay 107 preparatorias populares en la entidad, en las que dijo que laboran mil 20 maestros y trabajadores administrativos, quienes atienden a 13 mil 500 jóvenes, “somos el segundo subsistema más grande, sin embargo no contamos con reconocimiento oficial”.
Señaló que en las preparatorias populares la deserción escolar es mínima, de apenas 1 por ciento, pero los sindicalizados están comprometidos con realizar acciones para evitar las bajas.
En ese sentido, llamó a las autoridades a reconocer las preparatorias populares, que necesitan un presupuesto de al menos 250 millones de pesos para que los maestros reciban un salario justo.
Sobre la violencia, declaró que antes no había en las localidades, pero “llegó para quedarse, hemos luchado contra eso, pero desafortunadamente las autoridades no nos apoyan”.
Dijo que también se requieren recursos para erradicar la violencia, porque los jóvenes que no se preparan y no cuentan con oportunidades laborales, por lo que se dedican a delinquir, “la violencia, desgraciadamente, no la podemos erradicar nosotros. Vamos a lograr en conjunto toda la sociedad”.
