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Se ha detenido a tres choferes de camionetas que tiran basura en la zona Diamante

Aurora Harrison

El director de Ecología y Medio Ambiente, Miguel Balleza García, informó que en lo que va del año se ha detenido a tres operadores de camionetas que tiran basura en predios privados en la zona Diamante y que se han localizado tres nuevos tiraderos clandestinos.
Aseguró que los camiones de recolección de basura de la Dirección de Saneamiento Básico pasan por las colonias de la zona Diamante, pero han visto que hay personas que entregan sus desechos a “pechugueros”, que los depositan en lugares no establecidos.
El sábado y domingo en Joyas Diamante y en el poblado de Llano Largo ocurrieron dos incendios forestales, ante esa situación el funcionario explicó que dichos siniestros fueron provocados y se está buscando identificar a los responsables.
Sostuvo que trabajadores de la dirección “estamos en permanente operativo para detectar a las personas que tiren la basura en predios a cielo abierto y los quemen para sancionarlos de acuerdo con el Reglamento de Ecología”. Reiteró que la instrucción de la alcaldesa Abelina López Rodríguez es la prevención de los incendios.
Agregó que en estos primeros casi tres meses del año la dependencia a su cargo ha detenido a tres operadores de camionetas en la zona Diamante tirando residuos sólidos en predios privados; el año pasado detuvieron a ocho y han clausurado dos tiraderos.
Balleza García informó que aunque han clausurado predios donde tiran basura, también han localizado tres nuevos tiraderos clandestinos, haciendo un total de ocho tiraderos en la zona Diamante, por lo que llamó a los vecinos de esa zona a esperar el camión.
Recordó que la alcaldesa ha reforzado con vehículos el área de Saneamiento Básico para dar un mejor servicio, “pero se requiere de la participación social, nosotros hacemos lo que nos corresponde, y los ciudadanos deben de coadyuvar en mantener un ambiente sano”.

A la alza los incendios forestales

Por su parte el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Raúl Noyola Rocha, dijo que “tenemos 70 incendios por mes, vamos a la alza, el año pasado fueron 350, todavía nos falta abril y mayo que es lo más complicado para nosotros y pedimos a la ciudadanía que evite hacer ese tipo de quema”.
“Este año no ha habido respuesta de la gente, todos los días tenemos quemas clandestinas, quema ilegal por eso creo que a finales de este mes el municipio va a lanzar la Policía Ecológica, ya están las camionetas, ya está todo, sólo falta que se active”, indicó el coordinador que mencionó que “hay multas de hasta 4 mil pesos por ese tipo de quema”.
Recordó que la vegetación que se dañó hace más de dos años del huracán Otis y que ya se iba recuperando, “la estamos perdiendo nuevamente”.
Sostuvo que la dependencia a su cargo está dando cursos de capacitación para prevenir los incendios forestales y mencionó que estuvieron en Cerro de Piedra.

Ahora apoyará para que encarcelen a los líderes del Freg, advierte el rector de la UAG

El rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, durante el mensaje que ofreció durante la inauguración del nuevo edificio en la Unidad de Ciencias Químicas, ubicada en Ciudad Universitaria Sur en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, reveló que él apoyó a los líderes del Frente por la Educación, la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (Freg), para que salieran de la cárcel, pero ahora apoyará para que “los metan otra vez” por agredir a estudiantes.
Durante la firma del convenio de Monitoreo Ambiental 2026 con la Minera Media Luna, el viernes pasado, el rector dijo que “el gobierno necesita unidad, no necesita más problemas. ¿Para qué nos mandan a esos porros del Freg a provocar a la universidad? ¿Qué tal si paralizamos los 70 municipios en los que estamos? Pero nosotros estamos pensando con la cabeza y lo que tenemos que hacer es educar a la gente del pueblo”.
Su mensaje fue interpretado como un amago al gobierno estatal, pero este lunes el rector aseguró que “nunca ha sido eso. Eso sólo lo hace alguien que esté retrasado, no te puedes pelear ni amagar a los aliados. Yo no soy de esos, porque lo he sufrido siempre, desde que he sido funcionario, el amago de los aliados que luego ‘si no das esto, voy a hacer esto’”.
Consultado al respecto en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, el rector dijo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es una persona “muy respetuosa”, por lo que no dudaría de ella, pero “pudiera haber gente abajo” que respalda al Freg. Descartó que se trate de funcionarios del gobierno estatal, sino que es “otro tipo de gente”.
Puntualizó que es “del mismo equipo” que la gobernadora y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Afirmó que la información sobre quién envió a los integrantes del Freg a protestar en su contra, “la tienen en México. Yo ahí ya no me voy a meter ni voy a comentar”.
Manifestó que el tema es “complejo”, porque el Freg “nunca han presentado un tema a resolver, nunca presentaron listas ni nada. Lo que sí sabemos es que hay testimonios, que ya están en la Fiscalía, donde ellos han cobrado para ingresar” a las escuelas de la UAG.
“Yo apoyé para que ellos salieran, me pidieron que yo los apoyara, reparé el daño, ellos no lo hicieron”, dijo. Recordó que el pasado 13 de marzo, los integrantes del Freg “tocaron” a una estudiante de la Escuela Superior de Ciencias Económicas, que fue defendida por sus compañeros de grupo, quienes se enfrentaron a golpes con los manifestantes.
Señaló que los integrantes del Freg reciben dinero a cambio de desactivar sus protestas y que cuenta con videos como prueba, pero evadió señalar responsables.
A pregunta de si se opondría a que se realice la auditoría que solicita el Freg a su administración, respondió que “no, por supuesto, pero ellos con base en qué (la solicitan), que les hagan una auditoría a ellos, a los cabrones, porque a ellos los acusan de violación, los acusan de secuestro, estuvieron presos, salieron (de la cárcel)”.
“Yo ayudé para que los sacaran, pero ahorita voy a ayudar para que los metan otra vez, que se retome el caso porque son niñas que ellos violentaron. No sólo a ellas, a otras más, así es que tengo el testimonio de las alumnas y alumnos de que ustedes les cobraron”, añadió.

El Ejército insiste en que ya entregó todo lo que le piden sobre Ayotzinapa: Sheinbaum

Redacción y Juan Luis Altamirano

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo ayer que la Secretaría de la Defensa Nacional insiste en que ya entregó toda la información que tenía en su poder producto de las labores de inteligencia en Iguala, y que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa consideran que puede llevar a conocer lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 con los normalistas desaparecidos.
Además de la insistencia de los padres, el 19 de febrero, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el juicio de amparo 1350/2023 y ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información, que está contenida en 853 folios.
“Sedena lo que dice, y es lo que sostiene, es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar, desde hace tiempo, que todo sea entregado”, expresó la presidenta.
Sheinbaum casi descartó que vuelvan a la investigación del caso Ayotzinapa los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que el Ejército debe entregar los folios según la resolución del juez. La presidenta dijo que por consultas que se han hecho, los integrantes del GIEI no estarían muy abiertos a los actuales esquemas de investigación.
En cambio, Sheinbaum planteó que pedirá a la ONU que recomiende especialistas que participen en las investigaciones.
“Lo que hice fue pedirle a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, que pudiera presentarnos algunos expertos.
“A partir de que llegamos, en su momento, solicitamos al fiscal Gertz Manero que se cambiara al fiscal del caso Ayotzinapa.
“Entró un nuevo fiscal, que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente; entre ellos, una valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche y los días posteriores, que se analizaron, pero, desde la perspectiva de este nuevo fiscal, no con suficiente análisis.
“Esto ha llevado a nuevas detenciones, a nuevos sitios de búsqueda y a otras investigaciones con nuevas detenciones.
“Entonces, en esta perspectiva es que nosotros planteamos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, que pudiera apoyar con expertos internacionales.
“Los expertos que estuvieron en el GIEI, hay algunos padres de familia que siguen pidiendo que estén. Ellos –como ustedes saben– tenían una visión. Nosotros hemos preguntado, a través de (el subsecretario) Arturo Medina, si estarán dispuestos a abrir este nuevo esquema de investigación que se está haciendo, y no están muy abiertos a ello. Entonces, todavía se sigue platicando con ellos.
“Pero lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado son expertos, que recomiende Naciones Unidas, para que puedan dar certeza, digamos, de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho, tiene las suficientes herramientas.
“Lo que es cierto es que ha llevado a nuevas detenciones y nuevas líneas de investigación”.
También en la conferencia de ayer, la presidenta confirmó que se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis de la resolución de un tribunal colegiado de Tamaulipas, que en 2018 ordenó crear una comisión para la investigación y la justicia del caso Iguala.
La presidenta Sheinbaum calificó ayer de “muy cuestionable” esa resolución, “pero lo tiene que decidir la Corte”.
Explicó por qué es cuestionable la orden del tribunal de Tamaulipas: “ahí se liberó a muchas personas presuntamente por haber sido torturados, pero se liberó a otros que no necesariamente habían vivido tortura y que pudieran haber tenido información. Esto se explicó de manera muy amplia en su momento con el presidente López Obrador, ese proceso está en la Corte”.
Ante las preguntas de la re-portera de Proceso, que en un mo-mento causaron aparente confusión, la presidenta adelantó que dedicará un apartado especial para hablar sobre el caso Ayotzinapa.

Informará la Fiscalía, dice sobre la funeraria de Iguala

Sobre la revisión que llevaron a cabo padres y madres de los 43 en la funeraria El Ángel en Iguala donde se encontró una bolsa con restos óseos humanos, la presidenta dijo que la Fiscalía General de la República se encargará de reportar al respecto.
“Para abrirlo ya públicamente y que se conozca más a detalle, yo sí quisiera que fuera la propia Fiscalía, el fiscal, para que no interfiera en la propia investigación”, dijo la presidenta.
Sheinbaum expuso que en su momento la funeraria apareció en las investigaciones del GIEI, además de que se consideró que operaba de forma irregular, pero el Grupo consideró que no había más que investigar.
“Las nuevas investigaciones, en efecto, no quiero yo dar más información porque no sé si interfiere en las propias investigaciones, llevaron a este lugar que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene ya desde hace varios meses”, precisó.
La presidenta agregó que se detuvo a los dueños de la funeraria y que hay una “investigación muy profunda” y que encomendó al subsecretario de Gobernación a que les explicara a padres y madres de los 43.
Este domingo, el abogado Isidoro Vicario Aguilar informó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa dio a conocer a padres y madres de los 43 el hallazgo de una bolsa con restos óseos humanos que data del 2014, en la funeraria El Ángel en Iguala.
Las funerarias El Ángel y Rueda fueron aseguradas en octubre pasado por la Unidad, además de que sus dueños, Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo, Rodolfo Rueda Mazón fueron detenidos.

Celebran priistas en el 32 aniversario luctuoso de Colosio, el fracaso de la reforma electoral

Priistas gritan “viva Colosio” en la ceremonia por el 32 aniversario luctuoso de su candidato presidencial asesinado el 23 de marzo de 1994 en un acto de campaña en Tijuana. La ceremonia se realizó ante el monumento de la avenida Insurgentes frente al parque Margarita Maza Foto: Jessica Torres Barrera

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El PRI conmemoró este lunes en Chilpancingo y Acapulco el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial asesinado en 1994.
La mañana de este lunes, el Comité Directivo Estatal del PRI encabezó el homenaje ante la estatua ubicada en la avenida insurgentes, en la entrada norte de Chilpancingo. Ahí los priistas criticaron los programas sociales, la falta de resultados en materia de disminución de la pobreza y celebraron el “fracaso legislativo” de la reforma electoral, que dijeron, pretendía asfixiar a los partidos políticos y a los más pobres del país.
En su participación la diputada local, Beatriz Vélez Núñez consideró “urgente” que el PRI se reagrupe este 2026 “para darle a México y a Guerrero lo que le corresponde”.
“En 2026 la necesidad de reagruparnos es urgente para a darle a México y a Guerrero lo que por derecho le corresponde, no basta con recordar, hoy nos toca actuar, organizarnos y defender con valentía lo que creemos, que la memoria de Colosio sea una guía”.
Vélez Núñez también criticó a los gobiernos de Morena: “tienen un sistema de salud colapsado, cifras maquilladas de desaparecidos y han hecho un intento sistemático por desmantelar la democracia en México”.
Ahí fue donde la priista celebró el rechazo de la reforma electoral.
“Para nosotros, la oposición, ese fracaso legislativo del oficialismo no es sólo un triunfo de la ley sino una condición de supervivencia democrática que nos obliga a entender que nuestra legitimidad no vendrá y no tendrá más prerrogativas, sino que nuestra capacidad de ser el último dique que contenga entre el autoritarismo y la voz de quienes han sido excluidos”.
La diputada llamó a los priistas “a despojarse de sus intereses personales para trabajar en favor de un solo México en el que se terminen los cinturones de miseria, los derechos humanos se respeten, y la gente sepa lo que es mejor. ¿Y qué es mejor? Seguir con el PRI que sabe gobernar y que es el mejor partido de México”.
“Hay que recordarles a quienes han hecho del discurso su único método de gobierno, que la verdadera transformación no se logra destruyendo instituciones ni entregando dádivas que alivian la carencia inmediata pero perpetúa la pobreza, la verdadera transformación se logra con inversión, empleos bien remunerados y con respeto absoluto a los derechos humanos”.
Otro de los oradores en el homenaje fue el presidente del PRI en Chilpancingo, Edwin Morales Leguizamo, quien dijo que el legado de Colosio sigue vigente, y por ello deben detener “el deterioro de las instituciones democráticas en México”.
En su discurso Morales Leguizamo dijo que el país atraviesa un momento marcado por la concentración del poder, el debilitamiento de la división de poderes y el riesgo en el que están los órganos encargados de impartir justicia.
“(Colosio) Fue un hombre que no se formó en el privilegio, sino en la cultura del esfuerzo, que entendía el dolor de la gente y que apostaba por un México más justo. Las advertencias de Colosio sobre la necesidad de cambiar la política siguen vigentes, al considerar que hoy persisten condiciones que ponen en riesgo la democracia”.
Al homenaje asistieron el presidente del CDE, Alejandro Bravo Abarca, la secretaria general, Pilar Vadillo Ruiz, la diputada local, Beatriz Vélez Núñez, el ex alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, además de Morales Leguizamo quienes al finalizar montaron una guardia de honor.
Gobiernos de Morena, ineptos: Jaime Colón

En Acapulco, medio centenar de priistas se reunieron en la glorieta de Luis Donaldo Colosio en la unidad habitacional del mismo nombre para conmemorar.
Los priistas, encabezados por el presidente del Comité Directivo Municipal Jaime Colón García y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional Óscar Hernández Salgado, colocaron una ofrenda floral y una lona en la base de la glorieta y junto con los asistentes realizaron una guardia de honor en memoria del político.
En su mensaje, el delegado del CEN del PRI, Óscar Hernández llamó a “arrancar de estos ineptos (de Morena) la conducción del país, si lo hacemos estaremos honrando la memoria de Colosio”.
En su intervención el dirigente municipal dijo que el candidato presidencial ultimando es el principal idealista del PRI y convocó reivindicar el ideario de Colosio Murrieta.
En la ceremonia se esperaba la asistencia de la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI Pilar Vadillo Ruiz, recientemente reelecta, quien no llegó.
Entre los asistentes estuvieron Florentino Radilla, Martín Montiel, Alejandro Chanona, Daniel Mercado, Hugo Gallardo, Fanny Alcaraz, Edilberto Jaimes, Jorge Campos Chávez, Juan Jaime Mejía, la dirigente del OMPRI en Acapulco Azucena Escalera, de Jóvenes por Acapulco Esthela Vázquez y Juan Añorve Mejía.

Hay comunidades sin acceso al agua, reconoce Evelyn

La gobernadora dio un mensaje en línea por el Día Mundial del Agua, que se conmemoró el domingo, mientras que el director de la CAPASEG, Facundo Gastélum informó que hay 6 mil 700 poblaciones que necesitan un “traje a la medida” para acceder al servicio. Al mismo tiempo hubo dos bloqueos en Chilpancingo para exigir el suministro, uno en la colonia del PRI, donde vecinos cerraron el puente El Capricho y otro en la colonia San Juan (imagen), en el bulevar del río Huacapa Foto: Jessica Torres Barrera

Aún hay personas en Guerrero sin acceso
al agua potable, reconoce Evelyn Salgado

En una transmisión en línea por el Día Mundial del Agua, el director de la CAPASEG señala que 6 mil 700 poblaciones necesitan un “traje a la medida” para tener agua entubada

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció que hay comunidades sin acceso al agua potable en el estado, en una transmisión en línea por el Día Mundial del Agua, que se conmemoró el domingo 22 de marzo.
El director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum, señaló que 6 mil 700 poblaciones, de 1 a 15 mil habitantes, necesitan un “traje a la medida” para acceder al líquido vital, pero que en unos casos está muy lejos mientras que en otros no existe agua superficial ni a 10 ni a 15 kilómetros, ni subterránea, que sólo les quedan realizar acciones de captación de lluvia que son muy costosas y complejas.
En su intervención, Salgado Pineda destacó el avance en obras hidroeléctricas desde 2022, en los 85 municipios. En total, 11 mil tomas domiciliarias, 565 metros de tubería para la atención a 68 mil guerrerenses, más 5 mil descargas de drenaje domiciliarias.
Gastélum Félix precisó que los tres órdenes de gobierno participan en la construcción de infraestructura, sin embargo, advirtió que los sistemas de agua potable requieren de energía eléctrica y que no hay la cultura ciudadana de que la ciudadanía pague la “pequeña aportación”, para tener sistemas municipales eficientes y sostenibles en el tiempo.
Como muestra de la funcionalidad de los sistemas, sólo enseñó una gráfica donde se indica que en 59 municipios la infraestructura de agua potable está habilitada, que el tandeo se realiza una o dos veces a la semana; en 23.2 por ciento es todos los días, menos de una cuarta parte; en 17 por ciento se realiza cada tercer día, y en casos como Chilpancingo y Apaxtla, puede tardar más de 45 días.
Entre los retos de la institución, Gastelum destacó que es importante acelerar la rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola en las unidades y distritos de riego en todo el país, sobre todo en Guerrero, donde hasta 75 por ciento del agua disponible se destina a la agricultura.
“Tenemos que hacer más eficientes (los sistemas de riesgo) para liberar volumen que podamos dirigir al abasto público urbano”, dijo.
Asimismo, dijo que falta seguir impulsando acciones para sancionar a quien desperdicie el agua o la contamine, así como campañas para reforestar partes altas y medias en las cuencas.
Además de continuar con el proceso de atención a fugas y redes de distribución de agua en las principales ciudades, como Acapulco y Chilpancingo, que se hace de manera permanente, así como impulsar mecanismos para reutilizar el agua de uso doméstico en actividades agrícolas, con tratamiento.
Destacó el lema oficial para el Día Mundial del Agua 2026: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”. En este sentido, anunció que este año en Guerrero la CAPASEG va a enfocar sus acciones en 55 proyectos para comunidades rurales, ya no en las grandes urbes, para beneficiar a 68 mil guerrerenses.
Informó que hay 6 mil 769 poblaciones con menos de 15 habitantes, “a cada una hay que hacerle un traje a medida para hacerle llegar el agua”.
Para estas poblaciones, dijo que deben proyectar y construir la infraestructura para cada asentamiento, que en algunos casos no existe agua superficial ni a 10 ni a 15 kilómetros, tampoco subterránea, que sólo quedan las acciones para captar agua de lluvia, que son costosas y complejas.
Salgado Pineda llamó a cuidar el agua, a reportar fugas a los ayuntamientos, a no contaminar el agua de ríos y lagunas, donde siempre observan algún tipo de basura. “Cuidar el agua es una responsabilidad compartida”.
Añadió que con 43 obras de procesamientos se están tratando 601 litros por segundo de aguas residuales, que significa dejar de verter más de 5 mil pipas de agua contaminada a los cuerpos de agua.

Bloquean vecinos de la capital el puente
El Capricho para exigir el servicio de agua

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Vecinos de la colonia del PRI, ubicada al poniente de la capital, bloquearon este lunes por mas de hora y media el puente conocido como El Capricho, para demandar el suministro de agua entubada.
Los cerca de 20 vecinos de esa colonia se manifestaron a partir de las 9 de la mañana en esa transitada avenida, que cruza de oriente a poniente la capital, en la zona comercial que se encuentra cerca de las instalaciones de la 35 Zona Militar.
De acuerdo con los vecinos, desde hace más de dos meses no les han abierto las llaves de la red de agua, y han tenido que comprar pipas para abastecerse, lo cual les parece injusto, porque están pagando de manera puntual sus recibos.
Maricela Campos, una de las vecinas que se manifestó, denunció que desde hace dos meses no les han enviado el agua y que en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) les han dicho que deben esperarse hasta que les toque el “tandeo”.
Explicó que no es posible que estén pagando de manera puntual el servicio sin que lo tengan, “nosotros tratamos de estar pagando de manera puntual, pero el Ayuntamiento no nos está garantizando el servicio. Y eso no se vale”, reprochó.
Los vecinos retiraron el bloqueo a la vialidad después de las 10 y media de la mañana, cuando funcionarios de la Capach les informaron que por la tarde les abrirían las válvulas y que, en caso contrario, les repartirían el agua en pipas.
Después de las 5 de la tarde, vecinos de la colonia San Juan, ubicada al norponiente de la capital, bloquearon el carril de norte a sur del encauzamiento del bulevar del Huacapa.
Los vecinos de esta zona de la capital denunciaron que desde hace tres meses no les abren las válvulas.
Rafaela Durán informó que han tenido que comprar pipas hasta en mil 500 pesos, para a abastecerse de agua.
Luego de una hora de bloquear la vía, personal de la Capach llegó a informarles que por la noche les abrirían las válvulas.

El Ejército insiste en que ya entregó todo sobre Ayotzinapa: Sheinbaum

El Ejército insiste en que ya entregó todo sobre Ayotzinapa: Sheinbaum

 

Responde en la mañanera a pregunta sobre el fallo del juez que ordenó que la institución armada dé al GIEI la información contenida en 853 folios. Anuncia la presidenta que solicitó a la ONU que recomiende a especialistas que puedan “apoyar” en las investigaciones del caso. Demandan los padres de los 43 no más trabas y que se cumpla la resolución judicial

 

 

 

Ciudad de México y Chilpancingo e Iguala, Guerrero, 24 de marzo de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo ayer que la Secretaría de la Defensa Nacional insiste en que ya entregó toda la información que tenía en su poder producto de las labores de inteligencia en Iguala, y que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa consideran que puede llevar a conocer lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 con los normalistas desaparecidos.

Además de la insistencia de los padres, el 19 de febrero, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió el juicio de amparo 1350/2023 y ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información, que está contenida en 853 folios.

“Sedena lo que dice, y es lo que sostiene, es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar, desde hace tiempo, que todo sea entregado”, expresó la presidenta.

Sheinbaum casi descartó que vuelvan a la investigación del caso Ayotzinapa los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que el Ejército debe entregar los folios según la resolución del juez. La presidenta dijo que por consultas que se han hecho, los integrantes del GIEI no estarían muy abiertos a los actuales esquemas de investigación.

En cambio, Sheinbaum planteó que pedirá a la ONU que recomiende especialistas que participen en las investigaciones.

“Lo que hice fue pedirle a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, que pudiera presentarnos algunos expertos.

“A partir de que llegamos, en su momento, solicitamos al fiscal Gertz Manero que se cambiara al fiscal del caso Ayotzinapa.

“Entró un nuevo fiscal, que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente; entre ellos, una valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche y los días posteriores, que se analizaron, pero, desde la perspectiva de este nuevo fiscal, no con suficiente análisis.

“Esto ha llevado a nuevas detenciones, a nuevos sitios de búsqueda y a otras investigaciones con nuevas detenciones.

“Entonces, en esta perspectiva es que nosotros planteamos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, que pudiera apoyar con expertos internacionales.

“Los expertos que estuvieron en el GIEI, hay algunos padres de familia que siguen pidiendo que estén. Ellos –como ustedes saben– tenían una visión. Nosotros hemos preguntado, a través de (el subsecretario) Arturo Medina, si estarán dispuestos a abrir este nuevo esquema de investigación que se está haciendo, y no están muy abiertos a ello. Entonces, todavía se sigue platicando con ellos.

“Pero lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado son expertos, que recomiende Naciones Unidas, para que puedan dar certeza, digamos, de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho, tiene las suficientes herramientas.

“Lo que es cierto es que ha llevado a nuevas detenciones y nuevas líneas de investigación”.

También en la conferencia de ayer, la presidenta confirmó que se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis de la resolución de un tribunal colegiado de Tamaulipas, que en 2018 ordenó crear una comisión para la investigación y la justicia del caso Iguala.

La presidenta Sheinbaum calificó ayer de “muy cuestionable” esa resolución, “pero lo tiene que decidir la Corte”.

Explicó por qué es cuestionable la orden del tribunal de Tamaulipas: “ahí se liberó a muchas personas presuntamente por haber sido torturados, pero se liberó a otros que no necesariamente habían vivido tortura y que pudieran haber tenido información. Esto se explicó de manera muy amplia en su momento con el presidente López Obrador, ese proceso está en la Corte”.

Ante las preguntas de la re-portera de Proceso, que en un mo-mento causaron aparente confusión, la presidenta adelantó que dedicará un apartado especial para hablar sobre el caso Ayotzinapa.

 

Informará la Fiscalía, dice sobre la funeraria de Iguala

 

Sobre la revisión que llevaron a cabo padres y madres de los 43 en la funeraria El Ángel en Iguala donde se encontró una bolsa con restos óseos humanos, la presidenta dijo que la Fiscalía General de la República se encargará de reportar al respecto.

“Para abrirlo ya públicamente y que se conozca más a detalle, yo sí quisiera que fuera la propia Fiscalía, el fiscal, para que no interfiera en la propia investigación”, dijo la presidenta.

Sheinbaum expuso que en su momento la funeraria apareció en las investigaciones del GIEI, además de que se consideró que operaba de forma irregular, pero el Grupo consideró que no había más que investigar.

“Las nuevas investigaciones, en efecto, no quiero yo dar más información porque no sé si interfiere en las propias investigaciones, llevaron a este lugar que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene ya desde hace varios meses”, precisó.

La presidenta agregó que se detuvo a los dueños de la funeraria y que hay una “investigación muy profunda” y que encomendó al subsecretario de Gobernación a que les explicara a padres y madres de los 43.

Este domingo, el abogado Isidoro Vicario Aguilar informó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa dio a conocer a padres y madres de los 43 el hallazgo de una bolsa con restos óseos humanos que data del 2014, en la funeraria El Ángel en Iguala.

Las funerarias El Ángel y Rueda fueron aseguradas en octubre pasado por la Unidad, además de que sus dueños, Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo, Rodolfo Rueda Mazón fueron detenidos.

 

 

 

 

 

Demandan los padres de los 43 no más trabas y que el Ejército entregue los documentos

 

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Isidoro Vicario Aguilar pidió que las autoridades del Estado mexicano lejos de poner obstáculos para llegar a la verdad, tendrían que dar cumplimiento a la resolución que ordena al Ejército entregar 853 documentos generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) con sede en Iguala.

El 4 de marzo se conoció que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, Alan Arriola Padilla ordenó al Ejército entregar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) un total de 853 documentos de inteligencia que generó en Iguala, durante 2014.

El Juez dictó esta orden judicial al conceder el amparo, presentado el 15 de agosto de 2023, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, contra la negativa de dar acceso y entregar toda la información generada por instancias militares de inteligencia (El Sur, 5 de marzo).

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, no descartó que el Ejército haya recurrido a la petición de un recurso de revisión contra la sentencia, para lo cual tenía un plazo de 10 días, y éste lo conocería en segunda instancia un Tribunal Colegiado o incluso la Suprema Corte, de lo cual dijo, hasta las 10 de la noche de este lunes no tenían información si es que el Ejército ya se inconformó, porque no habían sido notificados.

Declaró que los padres piden que “tanto la Sedena (Defensa) como las otras autoridades responsables, tendrían que dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez, porque no es un capricho, sino que tienen que acatar a cabalidad una resolución judicial, y se tiene que cumplir”.

Agregó que las autoridades responsables, en este caso el Ejército, como parte del Estado mexicano tiene que mostrar voluntad para que se esclarezca el caso Ayotzinapa, un caso emblemático de violaciones graves de derechos humanos, “entonces, todas las instituciones deberían de aportar para esclarecer el hecho”.

Pidió que, “lejos de que las autoridades pongan obstáculos, tendrían que dar cumplimiento a esa resolución, lejos de que las autoridades responsables, en este caso el Ejército, se inconforme, no, más bien tendría que mostrar esa voluntad como una institución parte del Estado mexicano en esclarecer este caso”.

Apeló a que las instituciones del Estado mexicano aporten la información para esclarecer el caso de los 43, y no poner más obstáculos en el sentido de recurrir a un recurso de revisión, como en estas resoluciones que se han dictado a favor de los padres.

Aclaró que no sólo es un interés particular de los padres y las madres de los 43 jóvenes desaparecidos, sino que es de interés del pueblo de México conocer la verdad de lo que ocurrió en Iguala hace más de 11 años.

De lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que la Defensa Nacional dice que se ha entregado toda la información en su posesión, el abogado de los padres lamentó la insistencia de “proteger a una institución de la que hay datos y elementos de que oculta o de que tiene información”.

Destacó que los padres no pretenden manchar la imagen del Ejército como institución, pero que, si hay responsables directos en el caso Ayotzinapa, la propia institución tiene que poner a disposición de las autoridades competentes a los implicados.

“Lo único que se quiere es acercarse a la verdad, saber lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, saber el paradero de los 43 estudiantes, y no manchar una institución, dejarla en mal y mucho menos pelear contra las instituciones del Estado mexicano”, enfatizó.

 

 

 

 

 

Los detenidos en Iguala por la FGR aún no están acusados de la desaparición de los 43

 

Los detenidos en los cateos a las funerarias y casas de Iguala por la Fiscalía General de la República (FGR) desde octubre pasado, entre ellos el nutriólogo Irving Arroyo y el director de Tránsito y Movilidad, Mauro Antonio Mosso Benítez, están por diversos delitos pero no han sido vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, y representante legal de los padres de los 43 normalistas, Isidoro Vicario Aguilar informó que las autoridades federales que investigan el caso no les notificaron de las detenciones que se han ejecutado en Iguala porque los detenidos no están siendo procesados por la desaparición de los estudiantes.

El viernes una comisión de madres y padres acompañados por sus representantes legales participaron en una diligencia en las instalaciones de la funeraria El Ángel que comparte espacio con el Servicio Médico Forense (Semefo), que estaba concesionado a la familia Rueda desde 2011.

En la diligencia les informaron del hallazgo de una bolsa con restos humanos etiquetada de 2014 que estaba entre otros restos de diferentes fechas que no han sido reclamados o entregados a sus familiares, además del hallazgo de un horno clandestino con manchas en el piso de presunta grasa humana, ropa y otros objetos como una prótesis y un colchón quemado.

Isidoro Vicario declaró que las autoridades federales que investigan el caso les informaron que no fueron notificados de las últimas detenciones realizadas en Iguala porque esas personas no están siendo procesadas por la desaparición de los 43 jóvenes.

A pregunta directa de las detenciones ejecutadas en octubre de los dueños de las funerarias Rueda y El Ángel, Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo Rodolfo Rueda Mazón, del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, y del director de Tránsito, Mauro Antonio Mosso Benítez, Vicario Aguilar dijo que de acuerdo con la información que les dieron las autoridades no están procesados por el delito de la desaparición de los 43 muchachos.

“De esas detenciones no nos notificaron, lo que dicen las autoridades es que están siendo procesados por delitos diversos y no por la desaparición de los 43”, indicó el abogado.

En declaraciones ofrecidas por teléfono el domingo, Vicario Aguilar explicó que lo que las autoridades les informaron es que a esas personas las detuvieron, “porque las encontraron en esos lugares y es por delitos diversos, no por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

Las órdenes de cateo ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial que investiga el caso Ayotzinapa, derivan de información aportada por testigos protegidos y detenidos que han señalado las propiedades y las casas, y a esas personas las detuvieron por estar en el lugar al momento de la ejecución judicial.

Registros de El Sur indican que el 9 de marzo fueron detenidos los dueños de las funerarias, colocando en sus propiedades sellos por los delitos contra la salud porque presuntamente les hallaron droga y por desaparición forzada, este último en las instalaciones donde se investigan los hornos crematorios y el hallazgo de una bolsa con restos humanos.

Mientras que al nutriólogo Irving Arroyo, fue detenido el 26 de noviembre en un cateo en su casa en la colonia Nicolás Bravo, y de acuerdo con las autoridades federales, se le encontró un arma y presunta droga. Sus familiares también han informado que su vinculación a proceso fue por esos delitos y no por el caso Ayotzinapa.

En tanto que el director de Tránsito, Mauro Mosso, fue detenido el 3 de marzo en su casa del fraccionamiento Villas del Rey, a quien durante la operación le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador, dosis de droga y equipo de comunicación.

De acuerdo con los oficios pegados en la puerta de la casa del ex funcionario, que de acuerdo con vecinos antes había sido rentada a otras personas, se informó que “dicho inmueble se encuentra relacionado con las actividades delictivas de la organización delictiva Guerreros Unidos, pues en el mismo se llevan a cabo reuniones y tratos de trasiego de drogas”. Asimismo, “lo relaciona con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala”.

 

Campaña de apoyo al nutriólogo

 

Familiares del nutriólogo Irving Arroyo, detenido el 26 de noviembre y recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano en el Estado de México, iniciaron este domingo una campaña para recolectar firmas en la plataforma Change.org con la intención de visibilizar el caso y exigir a las autoridades en México que haya respeto al debido proceso.

“Hoy más que nunca la voz de todos importa. Se ha creado una petición en Change. org para el caso de Irving, con el objetivo de seguir visibilizando la importancia de un proceso justo, basado en hechos y con respeto al debido proceso”, dice la petición que hasta las 9:30 de la noche había logrado 440 firmas.

“Irving es nutriólogo y ha trabajado desde el 2013 en el Centro de Salud Agustín Batalla (de Iguala), donde es ampliamente reconocido por su vocación de servicio, ética profesional y compromiso con la salud de la comunidad. A lo largo de los años, ha impactado positivamente la vida de muchas personas, brindando orientación, apoyo y atención con un profundo sentido humano”, se lee en parte de la petición difundida en la ONG.

 

 

 

 

Redacción, Juan Luis Altamirano y Alejandro Guerrero/Foto: Cuartoscuro

 

Reconecta con la Paz

Hace algunas semanas hablamos en este espacio sobre la estrategia integral de seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, una estrategia que parte de la convicción de que la seguridad no se construye únicamente desde la reacción, sino desde la prevención, la atención a las causas y la reconstrucción del tejido social. Hoy quiero detenerme en uno de los programas que refleja el cambio de enfoque que se está impulsando: Reconecta con la Paz.
No se trata de un programa asistencial ni de una medida punitiva disfrazada, sino de un mecanismo que acompaña a personas que ya están dentro del sistema penal, es decir, ya cometieron un delito, pero que tienen la posibilidad de no seguir un camino de criminalización permanente estando en prisión, son de los cambios que se dieron en el Sistema Penal Acusatorio. En términos concretos, opera en el marco de la suspensión condicional del proceso, se implementa y ejecuta por parte de las y los jueces. Ahora bien esta estrategia de Reconecta con la Paz tiene prácticamente los mismos requisitos que establece un juzgador en el ámbito de los delitos del ámbito local o federal, por ejemplo, el delito se considere como no grave, lo cometa un adolescente en conflicto con la ley o una persona joven de 18 hasta 35 años, que han cometido el delito por primera vez, puede enfrentar su proceso en libertad esto siempre autorizado por el juez. El Estado no se limita a imponer penas y esperar su cumplimiento, sino que interviene de manera activa para que esas condiciones se conviertan en una oportunidad real de reinserción social.
Durante muchos años, el sistema penal se diseñó bajo una lógica binaria: castigar o absolver, con muy poco espacio para intervenir en las causas que originaron la conducta y con escaso margen para evitar que una primera falta se convirtiera en una trayectoria delictiva. Reconecta con la Paz rompe con esa inercia al asumir que detrás de muchas conductas hay contextos sociales, familiares e incluso culturales que pueden tener su explicación de la conducta violenta que puede tener un joven para ser primodelincuente, nos hemos encontrado que la ausencia de redes familiares o comunitarias así como el consumo de alguna o algunas sustancias psicoactiva, desde el alcohol hasta el cristal son las causas más recurrentes que se han encontrado en esta estrategia. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone este modelo convencida de que las y los jóvenes merecen ser incorporados a una sociedad humanista, que lo comprende, lo recibe, le abre las puertas y le ayuda a una reinserción social, y que la justicia no sólo debe sancionar, sino también reintegrar.
Por eso, el mecanismo no sustituye al juez ni modifica las condiciones impuestas, no invade competencias ni altera el proceso, lo que hace es darles contenido. A través de acompañamiento psicosocial, actividades educativas, culturales y deportivas, trabajo comunitario (pintar escuelas, banquetas, barrer calles, reforestar, asistir a una terapia de atención al consumo de drogas), se construyen rutas concretas para que las personas cumplan con sus obligaciones derivadas del acto delictivo, al mismo tiempo que reconstruyen su proyecto de vida, lo que no sólo impacta en su trayectoria individual, sino también en la seguridad de las comunidades en las que viven.
El objetivo es reducir esa probabilidad de reincidencia, pero también facilitar su integración social, fortalecer el vínculo comunitario y evitar que el paso por el sistema penal se convierta en una barrera permanente que cierre rutas para una vida plena y feliz.
Este enfoque se sostiene en el modelo de justicia restaurativa, que coloca en el centro a nuestras chicas y chicos, ellos son el corazón de nuestro quehacer desde Reconecta, no sólo se atiende las causas que generaron esa conducta violenta, se les construye un grupo de apoyo con un tutor a cargo que da seguimiento a través del Manual Fénix para otorgarle una nueva comunidad donde sus pares, es decir jóvenes que igual que ellos han cometido por primera vez un delito no grave, se convierten en su familia y red de apoyo permanente que se acompañan fraternalmente. Se trabaja con la reparación del daño, la responsabilidad y la reconstrucción del tejido social, y que parte de una idea sencilla pero profundamente transformadora: la seguridad también se construye evitando que las personas vuelvan a delinquir. Cada caso de reincidencia que se previene es una víctima menos, cada joven que encuentra una alternativa distinta a delinquir logra una persona, familia, sociedad más fuerte, y cada proceso que se encauza de manera distinta es una muestra de que el Estado puede actuar con eficacia sin renunciar a una visión humanista.
Reconecta con la Paz no es un esfuerzo aislado, implica la coordinación entre los órdenes de gobierno, fiscalías, poderes judiciales, defensorías, instituciones sociales y distintas dependencias del Estado. Es decir, articula capacidades que históricamente han operado de manera fragmentada para intervenir de forma integral en un mismo caso, entendiendo que la prevención no es responsabilidad de una sola institución, sino un esfuerzo compartido que exige coherencia, coordinación y continuidad.
En ese sentido, el enfoque que ha impulsado la Presidenta al colocar la atención a las causas en el centro de la política de seguridad marca una diferencia de fondo frente a modelos que durante años apostaron únicamente por la estigmatización, criminalización y ausencia de un gobierno que incluyera y diera todo aquello que buscan jóvenes de bajos recursos o en contextos de violencia o de consumo problemático de sustancias.
Cabe señalar que Reconecta con la Paz se implementó en la Ciudad de México, siendo jefa de gobierno la doctora Sheinbaum, ahí se comprobó que de cada diez jóvenes que entran y concluyen este modelo no reinciden 9.5, además de haber ganado el “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2024”. Recordemos siempre que no habrá paz duradera si no se construyen alternativas reales para quienes hoy están en riesgo de repetir el ciclo delictivo. Lo segundo que no he comentado es que es el único programa que tengo en la Consejería Jurídica de Atención a las Causas, esto es un verdadero privilegio, apoyar a las y los jóvenes que he aprendido a querer desde cualquier entorno social y a ser actora que abona a la construcción de la paz en nuestro país.
En nuestro bello estado de Guerrero también se puede Reconectar con la Paz, estamos en la ruta de poder realizar las visitas institucionales que nos permitan implementarlo y trabajar desde la posibilidad real de ofrecer alternativas, porque cuando el Estado decide acompañar en lugar de abandonar, intervenir antes de que el daño se repita y apostar por la reintegración en lugar de la exclusión, se cambia la lógica de cómo se construye la seguridad en el país.
Nos leemos el siguiente martes.

@EsthelaDamian

 

Empresarios y caballos de Troya

Ninguno de los dos grandes empresarios que apoyaron a Francisco Cervantes a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial en 2022, pudieron anticipar lo que sucedería: su entrega total al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y menos aún que en el proceso, la parte más oscura del régimen vinculada con el crimen organizado, fuera penetrando al llamado CCE y colocando a sus piezas en todo el país. Cervantes, servil como pocos, no vio lo que estaba sucediendo ante tanta genuflexión cuando comenzaron a infiltrar empresarios ligados al crimen organizado en los consejos réplica en el país.
En el sector empresarial hay quienes detectaron la presencia de empresarios con dudoso respaldo, y están contratando empresas que les ayuden a investigarlos. Pero hay muchos más que aún no se han percatado que su medio ha sido infiltrado. Tampoco está claro si en el CCE, que agrupa a 14 organizaciones cúpula del sector privado que representan cerca del 80 por ciento de la riqueza nacional, se han percatado del cáncer que comienza a infectarlos ante la estrategia de políticos y criminales que están dispuestos a disputarles el poder económico.
Las organizaciones delincuenciales y los políticos que son parte de su estructura –en algunos casos cabezas de ellas–, que nacieron como parte de la economía alterna criminal que se construyó durante el gobierno de López Obrador, son una faceta más de la penetración salvaje de estas mafias que están queriendo apoderarse de todas las áreas productivas en México, como parte de esta evolución que han tenido a lo largo de los años, primero a nivel local con el control de las policías, que se fue ampliando de los municipios a los estados en las áreas de finanzas, obras y aguas, mientras que iban avanzando en la imposición de regidores, alcaldes, diputados y otros cargos de elección popular.
Las redes empresariales vinculadas al crimen organizado han servido como caballos de Troya en el sector privado, al abrirse las puertas para el lavado de dinero, para identificar en dónde estaban las vulnerabilidades del gremio para las actividades ilícitas y cobros de piso, así como para controlar el cabildeo con las autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Hay aspectos más delicados, como conseguir imponer a los representantes patronales en las mesas de negociación con los patrones en el IMSS y el Infonavit. No existe, hasta donde se sabe, ninguna investigación federal sobre la penetración del crimen organizado en el sector empresarial, ni cómo se facilitó su desdoblamiento desde altas esferas del CCE para encontrar a los responsables de ello.
Sin embargo, en Estados Unidos comenzaron a seguir varias pistas y los primeros objetivos de inteligencia sobre quienes hay investigaciones en curso son:
–Iván Antonio Pérez, director general de Desarrollo Económico Municipal de Ciudad Juárez, que lleva la relación empresarial de al menos una aspirante al gobierno de Chihuahua.
–Olivaldo Pérez Gómez, que preside la filial en Tijuana de la Cámara Nacional de Comercio, la CANACO, que está respaldado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila –a quien Washington mantiene la cancelación de su visa–, y que tiene como principal apoyo a Fernando Castro Trenti, que aspira a ser gobernador de Baja California, y que tiene abierta una investigación en Estados Unidos por presuntamente haber abierto las puertas de Argentina a varias organizaciones criminales mexicanas, cuando se desempeñó como embajador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que trajo capitales del kirchnerismo a México.
–Guillermo Romero Rodríguez, que perdió hace dos años la alcaldía de Mazatlán al contender por una coalición encabezada por el PAN, que incluía al PRI, al PRD y al Partido Sinaloense, que fundó Héctor Melesio Cuén, que llevaba las relaciones políticas de Ismael El Mayo Zambada, y que fue asesinado en julio de 2024, cuando junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, iban a tener una reunión con el entonces jefe del Cártel de Sinaloa.
–Guillermo Salgado Mendoza, presidente de la Canaco en La Paz, Baja California Sur, apoyado por Alonso Gutiérrez Martínez, subsecretario de Turismo y Economía estatal.
El sector empresarial, como tal, no había sido sujeto de ninguna investigación específica en Estados Unidos, y los casos en donde se involucró a empresarios fue a nivel individual, pero no como parte de una estrategia del crimen organizado para infiltrar sus organizaciones cupulares y cámaras, que está sucediendo en la actualidad.
El caso más importante de todos, históricamente hablando incluso, fue el de Casa de Bolsa Vector, fundada y dirigida por Alfonso Romo, que de acuerdo con las autoridades estadunidenses lavó dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación. La relevancia de Romo es que durante más de una década fue el enlace de López Obrador con el sector empresarial, quien al llegar a la Presidencia lo nombró jefe de Oficina. Romo debió haber pensado que podría monetizar todos los años de apoyo a López Obrador, sin darse cuenta que el régimen lo estaba utilizando para lavar dinero.
El crimen organizado no podría funcionar sin sus interfaces empresariales para el lavado de dinero –a través de la industria de la construcción–, la logística –mediante el transporte de terrestre y marítimo, principalmente–, y el sistema financiero –utilizando instituciones financieras, como sucedió con Vector, CIBanco e Intercam el año pasado, y otros de mayor envergadura como el banco Wachovia, que lavó millones de dólares para cárteles mexicanos y les abrió la puerta del sistema financiero en 2004.
Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadunidenses, son del tipo llamado “empresario híbrido”, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas, como sucedió a finales del año pasado con el dueño del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, cuyo emporio incorporaba un negocio criminal, el contrabando de combustible.
La penetración del crimen organizado en el sector empresarial tomó al sector privado desprotegido, ante la falta de mecanismos de cumplimiento, el compliance en un gran número de empresas, para fortalecer el gobierno corporativo, disponer de instrumentos para prevenir el fraude y regulaciones anti-corrupción, así como la adherencia de los estándares internacionales y ciberseguridad.
Las investigaciones en Estados Unidos son un baño helado y una llamada de alerta para los empresarios sobre la calidad de sus liderazgos, para evitar que en el futuro inmediato sirvan de coartada para expandir las redes criminales en sus narices.

rrivapalacio2024@gmail.com
X: @rivapa_oficial

 

Un país sin testigos

En México, el poder fáctico no sólo asesina a periodistas como sistema. Está vaciando el territorio de testigos. No se trata solamente de un lamentable crimen generalizado que lleva décadas contra un todo un gremio. Es un golpe directo contra la posibilidad de que una comunidad se conozca a sí misma. Cada reportero atacado, amedrentado, censurado, desaparecido o asesinado en México no deja únicamente una familia rota o una redacción en duelo. Deja un hueco en el registro de lo que ocurre en el tejido social. Allí donde alguien nombraba extorsiones, retenes, policías coludidos, alcaldes, rutas de trasiego, desaparecidos, se instala después una zona ciega. El periodismo local –precario, mal pagado, sin seguridad social, sin relevo– es el último dispositivo que convierte la experiencia cotidiana y dispersa de la violencia en un relato público. Cuando éste se rompe, no sólo se pierde una voz: se pierde la continuidad de lo real. La vida sigue, pero sin archivo. Sin memoria compartida. Sin posibilidad de contraste. Un territorio sin testigos no es un territorio en silencio: es un territorio administrado por la versión más fuerte, por quien puede imponerla sin resistencia desde el poder.
A esta lógica de silenciamiento se suma otra, más turbia: la criminalización. La detención reciente de Ubaldo Segura Pantoja, activista, locutor y periodista comunitario de la Montaña de Guerrero, acusado por protestar en 2014 por la desaprición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y trasladado a un penal federal de máxima seguridad, reabre una pregunta incómoda: ¿qué se castiga realmente? Según reportes de medios y organizaciones, su trayectoria está ligada a la defensa de comunidades y a la documentación de conflictos sociales en la región. Hoy, esa misma biografía es leída como expediente penal. A quien narra también se le puede neutralizar mediante procesos judiciales que desplazan el foco, desgastan y envían un mensaje punitivo. El efecto es el mismo: reducir el margen de lo decible.
Desde 2 mil han sido asesinados al menos 176 periodistas en posible relación con su labor, y decenas más permanecen desaparecidos, de acuerdo con datos de Artículo 19. Sólo en 2024 se documentaron 639 agresiones. Una cada 14 horas. Y la impunidad supera el 84 por ciento. No son sólo datos, son un patrón. Hay informes, mecanismos, fiscalías, botones de pánico, escoltas. Hay un aparato institucional que se presenta todas las mañanas como garante de la libertad de expresión. Y, sin embargo, el saldo no se mueve. La violencia contra la prensa dejó de ser una anomalía y se volvió una constante administrada. No es que el sistema falle: funciona así. Absorbe el golpe, lo normaliza, lo incorpora. Los cuerpos de los comunicadores se vuelven un piso sobre el que se gobierna.
En marzo de 2026, en menos de 48 horas, fueron baleados dos comunicadores en Oaxaca y Nuevo León. En febrero, reporteros que cubrían episodios de violencia fueron perseguidos, amenazados y despojados de su equipo en una misma jornada. Y en Guerrero, el periodista indígena me’phaa Rolando Sánchez Quintero –que documenta la violencia en su comunidad– fue objeto de allanamientos e intimidación: hombres forzaron su casa, arrojaron piedras, vigilaron su domicilio. Estos ataques –denuncia Artículo 19– no son hechos aislados, sino parte de un entorno sistemático de hostigamiento contra quienes informan desde territorios marginados. No siempre matan. A veces basta con acercarse de noche, con dejar señales, con recordar que pueden volver. El mensaje es el mismo: deja de mirar, deja de escribir, deja de nombrar.
El sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum no inaugura la violencia, pero la continúa sin modificar su estructura. Según el recuento del centro de investigación Propuesta Cívica, desde octubre de 2024 han sido asesinados al menos 12 periodistas. La lista arranca con Mauricio Cruz Solís, asesinado en Uruapan; Patricia Ramírez González, en Colima; Alejandro Gallegos León, Cayetano de Jesús Guerrero; y se extiende a casos como el de Miguel Ángel Beltrán, encontrado con un mensaje intimidatorio en Durango. Cada nombre es una geografía: Michoacán, Colima, Tabasco, Estado de México, Veracruz. Cada caso, una constante: la cercanía entre el periodista y los poderes que documenta. Según Artículo 19, al menos nueve asesinatos ya corresponden al actual gobierno federal. Aunque Propuesta Cívica documenta 12 casos. No es una excepción: es continuidad.
Ese riesgo tiene geografía y tiene jerarquía. Se concentra fuera de la capital, en redacciones mínimas, en cabinas de radio, en páginas digitales sostenidas por dos o tres personas, en periodistas independientes que trabajan solos. En regiones indígenas o periféricas, además, la agresión no sólo castiga una publicación: busca cancelar la posibilidad misma de narrar. Allí donde callan a la prensa local, prospera la colusión. El pacto ya no necesita ocultarse. Sin relato público, la corrupción deja de ser escándalo y se vuelve método. Sin testigos, la violencia deja de ser noticia y se convierte en administración territorial.
Y mientras tanto, desde el centro del país, la presidenta Sheinbaum repite cada mañana la palabra “libertad”. Reportes de Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras muestran que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de las zonas de guerra en el mundo. La contradicción no es retórica: es material. Se habla de derechos mientras se acumulan agresiones. Se invoca la libertad mientras se multiplican las zonas de silencio.
No se trata únicamente de solidaridad con un gremio. Se trata de algo más básico: el derecho de una sociedad a no vivir a ciegas. Porque donde desaparecen los periodistas locales no aparece el silencio. Aparece una sola versión de la realidad. Y esa versión desde el poder jamás informa: se impone.

 

Sobre las densidades del presidente

 

(Segunda de dos partes)

Me propuse, por mero despliegue del músculo lector, hundirme en dos obras que antaño me parecieron capitales para mi oficio. En esos años de primeras lecturas, hace ya treinta veranos, entendía de otra manera el trabajo de escribir; me ponía, por decirlo de una manera simple, metas muy altas para poder narrar lo que a mí me gustaba o, mejor dicho, para describir lo que yo sabía y lo que me entusiasmaba. Antes de llegar a estos libros, tuve como punto de apoyo Under the volcano (1947), de Malcolm Lowry. Con esta novela asumí un poco mejor lo que yo tenía dentro, pero no lograba nombrarlo; también me preguntaba, ¿qué pasaría si yo dejara que esa magia oscura llevara las riendas de mi existencia? Bueno, pensaba en ese libro como si fuera un amigo y lo dejaba reposar en mi mente durante un año. Cada octubre emprendía la relectura y lograba siempre entender que para crear un libro como éste se necesitaba disciplina, pero era indispensable comprender de primera mano la magia oscura. Asumí eso, es decir, creí que yo conocía la magia oscura, entonces me topé con otros textos de largo aliento que me abrieron un panorama más técnico, mucho más realista y lleno de una vivencia que yo no tenía y, tal vez, eso los atesoro.
La primera lectura que tuve, ya con la meta en la literatura, fue The grapes of wrath (1939), de John Steinbeck. Tuve acceso al ejemplar de la editorial Edhasa y la traducción estuvo a cargo de Hernán Guerra Canévaro. Este libro del que yo abrevaba se publicó en 1978 y lo conseguí a principios de los años 90, en la extinta librería Cristal. A la par de esa novela combinaba cosas de la época: Guillermo Fadanelli, Gualupe Loaeza, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Alvaro Enrigue, Mario González Suárez y tantos otros más que me daban senderos para recorrer, pero tomaba como un guía a Steinbeck. El impacto fue tremendo al conocer la vida pobre de campesinos de Estados Unidos. La labor del traductor en ésta —y otras tantas obras que yo leía en aquel tiempo— resultó determinante para asumir (una ilusión que he ido derrumbando en la medida que leo versiones originales) que conocía muchas novelas escritas en inglés. Lo emocionante de este ejercicio de relectura podría entenderse mejor si uno asume que se trata de un descubrimiento asistido sólo por la curiosidad. Es decir, emprendí de nuevo la lectura de The grapes of wrath porque al nadar en esa agua asumí que no conocía la historia; la experiencia fue mucho más atractiva en el idioma original. Leí con la certeza de que estaba frente a un libro nuevo. No fue lo mismo recordar los balbuceos de los personajes durante largas caminatas, sino asumir que hay fragmentos repletos de poesía, una voz poética en medio de esta tragedia económica —más que una Gran Depresión hablo de un proceso de empobrecimiento social— que delimita y potencia la novela en cuestión. Los personajes tienen anhelos, muchos conflictos internos y se yerguen en grupo gracias al ideal del bienestar. Recordaba los extensos y memorables pasajes de la familia Joad por la carretera 66. Iban de Oklahoma hacia Los Ángeles. En mi mente, aquella lectura asistida por el trabajo de Guerra Canévaro era un poco pesada al momento de referir diálogos de pretensiones poéticas y muy preciso en los hechos trazados por el autor. El fraseo de algunos personajes me daba la impresión de estar en una película de Ismael Rodríguez, porque entre los Joad y Nosotros los pobres había pocas diferencias. Pude aseverar entonces que la labor de Guerra Canévaro es buena, con algunas licencias, claro está, pero buena a secas. De igual manera logré confirmar que la voz narrativa de Steinbeck posee alcances poéticos memorables, una voz omnisciente que acoge, dirige y suelta los personajes con maestría, una verdadera lección para quienes intentan aprender a diferenciar la paja del trigo. Ergo: una forma de asumir lo que sí es literatura. También confirmo que la dificultad de “acercar” a los lectores la obra de Steinbeck es compleja. Como lector atribuyo el don de lo literario a esta voz narrativa que dice, por ejemplo: “El hombre con un solo ojo los observa irse, atraviesa el cobertizo de metal hasta la choza. Está oscuro ahí dentro. Él tanteó las cosas para llegar hasta el colchón, colocado sobre el piso, y se estiró; se puso a llorar sobre la cama”. Estas líneas me ayudan a poner sobre la discusión un hecho, que más allá de lo literario, hay una bandera política en la novela, algo que termina ganándole al autor y en cierta forma disminuye el poder de su oficio. No es una mala novela, pero no le sienta bien romantizar la pobreza. Durante la relectura de Las uvas de la ira me adentré en un libro más viejo que el de Steinbeck: L’ennemi (1928), de Irene Nemirovsky. Contrapongo a los autores, a los libros y entiendo que hay ciertas formas de adentrarse en la literatura, pero siempre está bien definida la postura política. A Nemirovsky no le ciega la guerra; a Steinbeck sí, la pobreza. En el caso de Steinbeck, no puede negarse el talento, yo le tengo mucho respeto, pero no sé si ahora, a mi edad, podría considerar a este libro como ejemplar. Me sigue gustando más The pearl (1947), pero en The grapes of the wrath la cuestión técnica es aleccionadora. Un bisoño aprendería mucho al conocer este libro, pero un lector avezado e incluso perverso sabe que una novela así tiene una loable meta (denunciar la miseria y afiliarse de manera panfletaria a una ideología); tal vez el autor no debería ser excesivo e insistente con la pobreza. Debería evitar tanta repetición en el mensaje para salir de la miseria: “¿Cómo podemos vivir sin nuestras vidas? ¿Cómo podríamos saberlo sin nuestro pasado? No, déjalo. ¡Quémalo! Ellos se sentaron y miraron entre sí y lo quemaron dentro de su memoria. ¿Cómo será no saber qué tierra hay al otro lado de la puerta? Como si tú despertaras en la noche y supieras –y supieras que el sauce no está allá? ¿Puedes vivir sin el sauce? Bueno, no. Tú no puedes. El sauce eres tú. El dolor sobre el colchón allá –el temible dolor– eso también eres tú”.
Los aspectos que no abundan en contra de un sistema capitalista (que ensombrece la vida) son un placer, en especial, la progresión dramática, el recorrido emocional de los personajes y la potencia de las frases, herramientas ideales para mostrar el poder de esto que para efectos prácticos llamamos literatura: algo que conmueve, analiza y agranda el conocimiento de lo humano. Pero la pregunta que permeó esta relectura es de otra índole: ¿alguien publicaría en una editorial comercial esta novela ahora? Yo temo que no. Sí es así, ¿qué tipo de lección es ésta? Una relacionada con el ninguneo del grandioso pasado literario, porque todo lo pasado tenía otro peso, otra envergadura y otro tono. Poesía una ambición asombrosa. Eso anuda la siguiente novela que tomé como base hace treinta años, pero ahora ya no tiene vigencia, salvo para quienes intentan, desean y anhelan ser escritores. De eso escribo la siguiente entrega.

@FederìVite
@monsieur_vate