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Anuncian campesinos de Zihuatanejo protestas contra la expropiación de sus tierras por el Fonatur

 

Este domingo, en asamblea general campesinos del núcleo agrario Zihuatanejo aprobaron nueve acciones denominadas “La ruta crítica por la reivindicación de los derechos violados por el Fondo Nacional de Turismo”, entre éstas manifestarse de manera pacífica, a partir del próximo fin de semana, con letreros en inglés y en español, en la zona hotelera de Ixtapa, donde se encuentran parte de las 480 hectáreas que les fueron expropiadas en 1973 y de las que hasta la fecha no han recibido su indemnización.
Ayer, el presidente del comisariado ejidal de Zihuatanejo, Jorge Luis Reyes López, dio a conocer que en la asamblea se discutió el tema de las acciones que deben de emprender “a la brevedad posible” para conseguir que el Fonatur les pague la indemnización de sus 480 hectáreas expropiadas y en donde actualmente es la zona hotelera de Ixtapa y la marina.
Reyes López dijo que en total son nueve actividades, que son continuar con el juicio contra el Fonatur que desde hace 16 años se ventila en el Tribunal Unitario Agrario número 52; buscar al gobernador Héctor Astudillo Flores para pedirle que sea mediador entre los ejidatarios y el organismo federal y retomar el diálogo que quedó inconcluso desde hace más de dos años; en este punto el presidente del comisariado ejidal recordó que Astudillo asumió el compromiso de mediar ante el Fonatur en una reunión de campaña precisamente en la casa ejidal de Zihuatanejo, y que a la fecha no ha sido posible que los reciba para atender esta promesa.
Otra de las acciones es conseguir una audiencia con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, para que les ayude a mediar con el Fonatur.
Jorge Luis Reyes dijo que el director general jurídico de la Procuraduría Agraria, Germán Mendoza Palomo, los apoya para que Rosario Robles les abra un espacio en su agenda y plantearle el problema.
Asimismo, a partir de la semana próxima los integrantes de la mesa directiva del ejido darán conferencias de prensa a nivel local, estatal y nacional, para dar a conocer a los medios de información escritos y electrónicos cuál es el problema con el Fonatur mediante la entrega de una síntesis ejecutiva del expediente del juicio agrario.
De la misma manera, los campesinos socializarán este conflicto a nivel local a través de una campaña y reuniones constantes, también a partir de la semana próxima, a la sociedad de Zihuatanejo, prestadores de servicios turísticos, organizaciones no gubernamentales, líderes formales y de opinión, con el objetivo de explicarles los antecedentes y la situación actual que enfrentan contra el Fonatur.
Y tienen planeado entregar una síntesis ejecutiva con la opinión del gobierno del estado sobre este problema dada en el año 2014.
Y todo lo anterior, subrayó Reyes López, es para que los habitantes de este puerto estén avisados de que los fines de semana los ejidatarios, en grupos pequeños, llevarán a cabo protestas pacíficas en Ixtapa, en donde exhibirán en las aceras de las calles de la zona hotelera, mantas y pancartas en inglés y español informándole a los turistas que caminan en tierras robadas por el Fonatur al ejido de Zihuatanejo.
Agregó que si después de esto, siguen sin ser escuchados y atendidos, llevarán su protesta pacífica al edificio del Fonatur en la Ciudad de México en una fecha que decidirá la asamblea próximamente.
Asimismo, los campesinos establecerán comunicación con organismos y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para tener una plataforma de denuncia en el escenario internacional; “es importante para nosotros informar cómo desde hace 43 años, el gobierno federal nos robó nuestras tierras y desde hace 16 años hemos emprendido una lucha legal que hasta ahora ha sido infructuosa”.
Reyes López señaló que la mayoría de los ejidatarios son adultos mayores “que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias porque durante 43 años han esperado que el Fonatur les cumpla con la indemnización pactada y no están dispuestos a morirse sin antes haber visto que se les hizo justicia”.

Repondrán procedimiento de Gonzalo Molina por “violación flagrante” al debido proceso

 

El abogado del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla Gonzalo Molina González, quien se encuentra recluido en la cárcel de Chilpancingo, Hegel Mariano Ramírez informó que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) determinó reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria de su cliente, porque se cometió en su perjuicio una “violación flagrante a las garantías de adecuada defensa y debido proceso”.
En un boletín el abogado precisa que se dio al resolver el recurso de apelación que Gonzalo y su defensa interpusieron en contra del auto de formal prisión que le decretó el juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo.
Dentro de la causa penal 157/2013-II que se tramita ante el juez Avimael Rodríguez Nava se instruye un proceso penal en contra de Gonzalo Molina por lesiones agravadas, privación de la libertad personal, robo específico y terrorismo.
Acusan al dirigente a raíz de una confrontación entre policías comunitarios y municipales ocurrida el 26 de agosto del 2013, cuando los primeros hacían un mitin frente al Ayuntamiento de Tixtla para exigir la liberación de la coordinadora Nestora Salgado García, detenida por marinos días antes.
Inconforme con el auto de formal prisión, Gonzalo y su defensa interpusieron el recurso de apelación, el cual se turnó a la Primera Sala Penal del TSJ.
Mariano Ramírez informó que el 4 de febrero del 2016 se celebró la audiencia de vista en la cual la defensa presentó los agravios del auto de formal prisión que le decretó el juez Cuarto Penal.
Al emitir su resolución, misma que le fue notificada a Gonzalo y a su defensa este jueves, la Primera Sala Penal determinó que lo procedente es reponer el procedimiento a partir de la declaración de Gonzalo Molina González, debido a que dentro del plazo constitucional de 72 horas el juez omitió admitir y desahogar las pruebas que ofrecieron el inculpado y su defensa.
Las pruebas son: los careos con quienes lo acusan, el entonces director de Seguridad Pública Rubén Reyes Cepeda, los policías municipales Raúl Castejón Temelo, Gabriel Morales Ramírez, Martín Cebrero Martínez, Rosendo Morales Demetrio, Bonifacio García Portillo y el entonces síndico municipal David Martínez Valadez; el interrogatorio que la defensa formulará a los denunciantes y presuntos agraviados, testimonios a favor de Molina González y algunas documentales de buena conducta y de su pertenencia a la CRAC.
Por lo tanto ordena al juez penal a que admita y desahogue las pruebas referidas y dentro del plazo de 72 horas vuelva a resolver la situación jurídica de Molina González, que además de éste enfrenta otros tres procesos penales.
El abogado manifestó que con la resolución de la sala y los términos en que debe reponerse el procedimiento, es una oportunidad para aportar mayores elementos probatorios al juez que desvirtúen los señalamientos dolosos en contra de Gonzalo, “debido a que la Policía Comunitaria siempre ha actuado con espíritu de servicio al pueblo, no con actos terroristas ni con fines delincuenciales”.
Agregó que es una oportunidad política para que las autoridades propicien un acercamiento con los actores que intervinieron en estos hechos, para buscar canales de diálogo y reconciliación, en lugar de judicializar los conflictos sociales que motivan procesos absurdos como el que enfrenta el promotor comunitario y otros integrantes de la CRAC, de modo que cuando resuelvan su situación jurídica le decreten la libertad, pero al mismo tiempo se creen las condiciones para que el sistema comunitario deje de ser criminalizado a capricho de los gobernantes en turno.

Confirman libertad de Aurora Molina

Por otro lado, dentro del Toca Penal I-38/2016, la misma Primera Sala Penal confirmó el Auto de libertad que con fecha 25 de marzo de 2014, el juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dictó a favor de Aurora Molina González, hermana de Gonzalo, dentro del expediente 157/2013-II, por los mismo delitos por los que se procesa a Gonzalo.

Denuncian esposas de policías desaparecidos de Iguala que les suspendieron el pago de salarios

 

Esposas de seis policías municipales desaparecidos entre 2013 y 2014 durante el periodo del ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, que son integrantes del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada Los Otros Desaparecidos de Iguala, denunciaron que el gobierno del priista Esteban Albarrán Mendoza les suspendió a partir de la segunda quincena de marzo el pago del salario de sus esposos, y ahora sólo les ofrece mil pesos al mes.
Las mujeres informaron que el 31 de marzo que se presentaron a cobrar como lo han hecho desde la ausencia de sus parejas, no les pagaron.
Pidieron la omisión de sus nombres, pero informaron que sus cónyuges eran policías municipales y desaparecieron entre 2013 y 2014.
Una de las esposas informó que Albarrán Mendoza tiene conocimiento de su situación, pues desde el principio de su gobierno le presentaron las copias de las denuncias y las averiguaciones previas presentadas en la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR), como muestra de la desaparición.
Cobraban entre 3 mil 560 y 4 mil pesos a la quincena, según el grado que tenía cada uno de los policías.
Con una actitud “burlona” el director de Recursos Humanos, Ricardo Leal Núñez y el asesor jurídico del alcalde, Alfonso Arteaga Damasio les informaron que la suspensión de sus pagos fue debido a que sus esposos no se habían presentado a las evaluaciones requeridas por la Comisión Estatal de Seguridad Pública para su acreditación para la Policía Única, y que el gobierno municipal no ha notificado a la dependencia la situación de ausencia de esos agentes, agregaron.
Una de las afectadas dijo que ahora el ofrecimiento que les hicieron es de un apoyo económico de mil pesos al mes o ingresar a laborar para el Ayuntamiento, y les dieron las opciones de El Rastro, “en el mercado a barrer pasillos”, en la Dirección de Limpia o Parques y Jardines.
Las también integrantes del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala calificaron esta acción Esteban Albarrán como una “revictimización”, e informaron que esos recursos son el único ingreso que tenían para el sustento de sus familias.

Coloca la PGR más sellos al lavado de autos vinculado a Guerreros Unidos en Iguala

Ayer al mediodía agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) colocaron sellos de “aseguramiento” en el autolavado El Peque, que está a una cuadra de donde fue el ataque a los normalistas de Ayotzinapa.
El inmueble está relacionado a la carpeta de investigación de este caso y también de otros ataques, ahí dos personas fueron ejecutadas.
Los agentes acudieron sigilosa y rápidamente, colocaron dos nuevos sellos en donde el 16 de julio de 2015 la Fiscalía por medio de la Unidad de Investigación Cinco había colocado los sellos de aseguramiento en relación a la carpeta de investigación número 12060010500918160715.
El autolavado está en la esquina de las calles Benito Juárez y 10 de abril de la colonia Juan Álvarez, ahí se constató la colocación de los sellos por el agente del Ministerio Público (MP) federal de la PGR.
El sello número B-013183 indica que la propiedad está relacionada con la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/046/2016.
El autolavado está cerrado con cadenas y candados y no funciona desde el 16 de julio de 2015 cuando fue asegurado tras el último ataque en el lugar, donde un par de jóvenes armados dispararon e hirieron a los taxistas Ramiro Ochoa Ochoa de 44 años, quien recibió una balazo en el pie derecho y a Víctor Manuel Martínez González de 69 años.
Según fuentes de la Policía Federal (PF) y tras las investigaciones del caso Ayotzinapa, se determinó que el autolavado se llama El Peque porque una célula delictiva que operaba para el grupo Guerreros Unidos tenía el sobrenombre de Los Peques, a esa organización se le adjudica el ataque y desaparición de los normalistas, y al parecer el inmueble es propiedad de uno de un integrantes del grupo criminal.
Entre febrero y julio de 2015 en el autolavado  hubo cinco ataques en los que dos personas fueron asesinadas y otras cinco resultaron heridas.
El 25 de febrero del 2015 hombres armados atacaron el autolavado y ejecutaron a un ex funcionario priista de nombre Luis Acosta Beltrán, y un empleado del negocio resultó herido. El ataque se lo adjudicó el grupo Sierra Unida de Guerrero y dejó un mensaje en el que decía “vamos por todos” en amenaza a Guerreros Unidos.
En este negocio el 25 abril del año pasado fue atacado y asesinado a balazos el ingeniero Gustavo Alejandro Gómez de 50 años de nacionalidad argentina, quien se supo que era socio de la empresa minera Media Luna, que está en la comunidad de Nuevo Balsas, municipio de Cocula.
En ese ataque resultaron heridos los lavacoches Salvador Reyes Linares de 28 años y  Eduardo Hernández Islas de 41 años.

Piden comisarios de Tlacoachistlahuaca su Policía Rural a funcionarios estatales

La mañana del viernes una comisión de comisarios de Tlacoachistlahuaca, de la región Costa Chica, tuvieron una reunión con funcionarios estatales en la Secretaría General de Gobierno para pedirles la creación de la Policía Rural en sus comunidades.
El 15 de marzo una comisión de ocho comisarios del municipio de Tlacoachistlahuaca solicitó por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal la asesoría para la creación de su policía.
El grupo es encabezado por don Melquiades, quien por seguridad no quiso dar su nombre completo, y detalló que debido a la violencia en el municipio y sus comunidades los habitantes acordaron solicitar el asesoramiento para la conformación del cuerpo policiaco.
Ayer los comisarios encabezados por don Melquiades se presentaron en la Secretaría General de Gobierno para continuar con el procedimiento necesario para resolver su petición.
Don Melquiades recordó que en el municipio se han registrado hechos violentos, “un poco de todo”, como pasa en el resto del estado, por eso es necesaria la conformación de la Policía Rural, cuyo proyecto fue impulsado en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Explicó que los comisarios de 14 anexos del municipio de Tlacoachistlahuaca se organizan en asamblea para determinar cuántos policías rurales se necesitan para dar seguridad.
“Apenas estamos planteando cuántos necesitamos, estamos organizando una asamblea para que se comente ahí como cuantos elementos son necesarios”, expuso.

Sólo 59 de 236 aspirantes a policías de Chilpancingo cumplen los requisitos, revelan

La Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo informó que entre enero y marzo han tenido más de 236 solicitudes para ingresar a la Policía Municipal, pero sólo 59 aspirantes cumplen los requisitos y fueron enviados a hacer el examen de control de confianza para integrarse a la corporación.
La dependencia informó en un boletín de prensa que la convocatoria continúa abierta para los interesados en formar parte de la corporación, y que hay 180 plazas disponibles para policías municipales.
Dio a conocer que los aspirantes que cumplieron con los requisitos fueron enviados a la Universidad Policial del Estado de Guerrero (Unipol) y de acuerdo a sus resultados del examen podrían ser aceptados en la corporación.
El boletín señala que los interesados pueden consultar más información en la página de Facebook de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo.

Hay constantes asaltos y no hay vigilancia, se quejan colonos de La Puerta Geo en Ixtapa

Vecinos de la colonia La Puerta Geo, atrás de la zona hotelera de Ixtapa, denunciaron que han sido víctimas de constantes robos y asaltos y se quejaron que no hay recorridos de vigilancia de las corporaciones policiacas.
Los colonos que pidieron la omisión de sus nombres por temor a represalias aseguraron que tan sólo en el mes pasado ocurrieron cuatro asaltos en las avenidas del Padre, Valle del Silencio y Valle de las Flores, informaron que hombres jóvenes asaltan con armas blancas en los días de quincena.
Una de las vecinas aseguró que no hay recorridos de los policías por eso hay “más facilidades” para los ladrones, demandó a las autoridades que los policías vigilen más ya que los robos y asaltos ocurren a cualquier hora del día.
Fuentes de la Dirección Seguridad Pública municipal revelaron que debido a que no tienen armas le han pedido al coordinador regional de Seguridad Pública estatal que los apoye con patrullajes en esa zona, “pero tal parece que atienden otro tipo de servicios porque tenemos reportes constantes de robos y asaltos en los fraccionamientos habitacionales que están por esa zona, lamentablemente la Policía Municipal no puede hacer más que presenciar porque no se tiene el armamento”.

En el primer trimestre del año 54 autos y 20 motos fueron robados en la capital: SSP

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal de Chilpancingo informó que en el primer trimestre del año se reportaron 54 automóviles y 20 motocicletas robadas en la capital.
La dependencia señaló que en los cinco meses de trabajo que lleva la actual administración, ha recuperado siete vehículos y cuatro motocicletas, el año pasado encontraron 23 unidades, 16 vehículos y siete motocicletas.
La SSP indicó que en enero, febrero y marzo del año pasado, en la dependencia se recibió el reporte de 60 automóviles y 26 motocicletas robadas, lo que significa que el número de robos es similar en este año.
Pidió a la población denunciar de manera inmediata estos ilícitos y colocar los chips que ofrece la administración municipal en conjunto con el Registro Público Vehicular (Repuve), para que el vehículo pueda ser ubicado en caso de robo.

Extorsionan telefónicamente a comerciantes de tres municipios de Tierra Caliente, informan

En la última semana comerciantes de Altamirano, Coyuca de Catalán y Tlapehuala reportaron que personas que se identificaron como miembros de la delincuencia organizada les han llamado para exigirles dinero, y las autoridades estiman que los extorsionadores operan fuera de la región de Tierra Caliente.
Los delincuentes exigen hasta 20 mil pesos, sin embargo aceptan 5 mil y piden a los comerciantes que les depositen el dinero en cuentas bancarias.
En Coyuca de Catalán y Altamirano las llamadas las hacen a nombre de “José Pineda”, un nombre que se ha difundido en diferentes medios de comunicación, y quien es el jefe de la plaza del grupo delincuencial Los Caballeros Templarios.
En Tlapehuala llaman a nombre de Jhony Hurtado Olascoaga, El pez, quien es jefe de plaza del grupo criminal La Familia Michoacana.
Los números que fueron reportados ante la Policía Federal (PF) y el Ejército son 7471350029, 7441538011, 287140565, 6674243694, 7471350465, 7471350466, 4928935625, 3314484711 y el 7442534938.
Algunos comerciantes que pagaron la extorsión reportaron que en las llamadas los amenazaron de que los sicarios iban a ir a sus locales, pero que finalmente les harían “el favor de no presentarse con su gente armada, sino que mejor hicieran un depósito bancario”.
En todos los casos el dinero fue depositado a nombre de Ricardo Ivan Suárez López en el número de cuenta 2959547169 de Bancomer. Se desconoce el lugar donde se cobra el dinero depositado.
El movimiento de los depósitos está plenamente registrado en el banco y tiene el historial correspondiente de la persona que cobra el dinero, y de quien es el titular de la cuenta.
En ninguno de los casos se ha reportado que algún grupo llegue a los negocios a exigir el cobro del dinero.
Las autoridades policiacas comentaron a las víctimas que reportaron los números, que los responsables de las llamadas son foráneos y que probablemente estén operando desde otras ciudades.
Los afectados son diversos, desde pequeños negocios hasta casas particulares. Los comerciantes no han denunciado formalmente por temor a represalias.

Acuerdan continuar el bloqueo comunidades afectadas por la mina Media Luna en Cocula; cumple 10 días

Pobladores y pescadores de la comunidad de Nuevo Balsas, Cocula, y de las comunidades que los apoyan, acordaron en asamblea continuar con el bloqueo de los accesos a la minera Media Luna hasta que responda a sus demandas; ayer cumplieron 10 días de protesta en demanda de una indemnización ante la contaminación.
En declaraciones vía telefónica la tarde de ayer, un representante de los pescadores informó que, tras la asamblea de la noche del jueves, cuando se dio a conocer a los vecinos la propuesta del secretario general de Gobierno, Floreció Salazar Adame, con quien se reunió una comisión más de cuatro horas en la sala de capacitación de la mina, el acuerdo por mayoría fue seguir en los bloqueos de los tres accesos y el campamento de los mineros de forma indefinida.
El jueves, desde las 10:50 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, se reunieron con la comisión de pescadores y habitantes de Nuevo Balsas, donde los enviados del gobierno estatal les pidieron que levanten los bloqueos cinco o 10 días para dejar operar la mina, y que en ese periodo de tiempo se entablarían las mesas de negociación.
La fuente consultada, que pidió el anonimato por las acciones penales emprendidas por la mina contra los plantonistas, dijo que los pobladores rechazaron el ofrecimiento porque lo consideran como una estrategia de la mina que en ese lapso de tiempo se puede abastecer de material como el cianuro, víveres y suministros que necesitaría para seguir la explotación de oro y plata, en caso de que la gente les vuelva a cerrar los accesos, y recordó que en el bloqueo que hubo en septiembre la empresa minera usó la misma estrategia.
Declaró que ante la actitud del gerente de la mina, David Alduenda, que se ha negado a negociar con los pobladores y, “aventó la amenaza de que a ver quién aguanta más, y ahora se trata de un juego de resistencia para ver quién aguanta más, si el bloqueo o mina”.
Informó que hay más represalias contra los trabajadores de la mina que han apoyado el bloqueo, ya que supieron que, a través de cámaras de seguridad de la mina y de personal de la empresa, han registrado los nombres de los trabajadores que han visto en los bloqueos, por lo que no descartaron que haya más despidos.
La fuente consultada informó que se agregará a la minuta de peticiones que no haya represalias contra ninguno de los trabajadores de Media Luna.
Dijo que, hasta la tarde de ayer la situación en los diferentes bloqueos era pacífica y descartó la posibilidad de que vayan a intentar entrar al complejo minero, ante la sugerencia de sus abogados para no darle “armas” a la mina, que use en su contra.
Sin dar fecha, habló que una comisión de pescadores y pobladores que acudirá al Congreso del estado para solicitar la intervención de los diputados en este conflicto, ante la contaminación que hace la mina del agua del río y el aire, y su negativa a negociar la indemnización de los pobladores afectados.
Advirtió que la postura de los habitantes de Nuevo Balsas, la Fundición, Atzcala, Real de Limón y San Nicolás, es de no quitarse de los bloqueos y seguir de forma indefinida, “ya estamos aquí y no nos vamos a quitar”.