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No puede decidir la Ssa que los heridos de bala vayan a hospitales militares, dice De la Peña

 

El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos respondió a trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), que piden que los heridos de bala sean atendidos en hospitales militares y de la Marina, que esa no es una determinación que pueda tomar la Secretaría de Salud.
“Nosotros tenemos que atender a todo paciente que llega a nuestros servicios, lo único que pedimos es que siempre tengamos protección para el personal médico y paramédico”, dijo el funcionario en la inauguración de la segunda Semana de salud bucal en la Secundaria Técnica No. 67, en la colonia San Isidro, al poniente de Acapulco.
Por otra parte, De la Peña Pintos informó que a la dependencia no ha llegado ninguna solicitud del Congreso local para que informe de la deuda que tienen con los proveedores de la construcción, que atendieron centros de salud en el estado a través del programa federal Seguro Popular.
El pasado 6 de noviembre, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso local desestimó la solicitud presentada a la Mesa Directiva por proveedores de la Secretaría de Salud, quienes piden la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para el pago de las obras del Seguro Popular.
En esta sesión se determinó pedir a la dependencia estatal que entregue un reporte detallado de la deuda que enfrenta con los constructores, quienes solicitaron a la comisión su intervención para que les paguen.
Consultado vía telefónica, el secretario de Salud dijo que hasta este miércoles no ha llegado a su oficina ningún documento que le pida esa información, y ayude a deliberar si deben o no exhortar al gobernador para que cubra la deuda.
Los diputados dijeron que debe comprobarse si fueron construidos o rehabilitados los centros de salud, y pidieron a las dos partes en conflicto que entreguen toda la documentación.
De la Peña Pintos reconoció que aún no cuenta con la información detallada sobre la deuda, sino sólo con el monto general, y dijo que los proveedores están siendo atendidos por la Subsecretaría de Finanzas, “todo se está analizando, tenemos un monto general, pero el detalle se está analizando”, dijo.
El monto general de la deuda que enfrenta la Secretaría de Salud es de 3 mil 850 millones de pesos, que se les debe pagar a proveedores de 70 empresas.
A pregunta expresa sobre si ha tenido acercamiento con los proveedores, para explícales la situación actual de la dependencia, dijo que no se han reunido, ya que todo “ha sido a través de la Subsecretaría de Finanzas”.

Cancela el alcalde de Iguala una audiencia pública con el comité Los Otros desaparecidos

Integrantes del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada Los Otros Desaparecidos de Iguala entregaron la tarde de ayer un pliego petitorio al alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza, en el que le solicitaron apoyos para familiares de más de 400 víctimas de desaparición, así como una reunión con ellos en la iglesia de San Gerardo.
Para las 2:40 de la tarde de ayer se tenía programada una audiencia entre integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos y el alcalde Albarrán Mendoza, entre las audiencias públicas que éste ofreció ayer en el auditorio del Palacio municipal, pero la reunión fue cancelada y reprogramada para otra fecha que no se precisó.
Se supo que, después de las audiencias públicas, el priista Esteban Albarrán se reuniría en privado en la sala de presidencia con el comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, encuentro del que no se conoció más información.
A pesar de la cancelación de la audiencia con el alcalde, dos integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos se acercaron al edil y le entregaron el pliego de peticiones, el cual firmó de recibido.
Dijeron al alcalde que el grupo de los otros desaparecidos no busca una audiencia en privado, sino que verbalmente y por escrito le pidieron reunirse en la parroquia de San Gerardo con todos los familiares de víctimas de desaparición forzada, que los conozca y escuche sus necesidades en la asamblea del próximo martes 17 de noviembre.
Esteban Albarrán asumió el compromiso, aunque no se programó alguna fecha para el encuentro.
En el pliego de peticiones, los familiares de desaparecidos le dan a conocer al alcalde una breve reseña desde la integración del comité en noviembre de 2014, después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, hasta la fecha, periodo en el que han logrado el registro de 400 víctimas de desaparición forzada y la recuperación de 104 cuerpos en fosas clandestinas al poniente de esta ciudad en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), “puesto que la desconfianza en las autoridades municipales y estatales es mucha”, dice el documento.
Le dicen que una de las prioridades es la seguridad, al ser un grupo muy vulnerable, “es el motivo por el cual nos gustaría que usted conociera a los integrantes del comité, para que pueda tener un panorama de los problemas que rodean a la ciudad de Iguala”.
Entre las peticiones le solicitan al alcalde dos vehículos para transportarse los domingos de día de búsqueda de fosas y desayunos para la comisión de 20 o 30 familiares que sube a las búsquedas ese día, así como becas para los hijos de los desaparecidos, créditos a la palabra para emprender negocios familiares ante la precaria situación en que quedaron las familias, empleos para los familiares en las áreas y departamentos del Ayuntamiento de acuerdo a sus perfiles, incorporar a las familias a los diferentes programas sociales que manejan los tres órdenes de gobierno y acceder a proyectos productivos.
Asimismo, piden apoyos para trámites que las familias requieren en el Registro Civil, descuentos y condonaciones en el pago de servicios públicos, entrega de despensas a las familias integrantes del comité, ser considerados en programas de empleo temporal, apoyos para gastos de servicios funerarios cuando alguna familia lo requiera y contar con su presencia en algunas de las reuniones de cada martes en la parroquia de San Gerardo.
Todas son peticiones que también se plantearon al alcalde interino Silviano Mendiola Pérez, pero que ninguna fue atendida.

Hallan campesinos tres osamentas humanas en Chalma, municipio de Atlixtac

Tres osamentas humanas fueron encontradas en las inmediaciones de la comunidad de Chalma, municipio de Atlixtac.
Según fuentes policiacas, campesinos de la comunidad acudieron a cortar leña a un predio en las inmediaciones de la comunidad y hallaron entre la tierra el hueso de una pierna humana.
Los campesinos dieron parte a la Policía Municipal y ministerial, quienes acudieron al lugar y confirmaron que había restos humanos.
También acudieron autoridades municipales y agentes del Ministerio Público de Chilapa de Álvarez, quienes llevaron a cabo excavaciones en el lugar.
Durante la remoción de la tierra hallaron más restos humanos; una de las tres osamentas tenía puesta una bermuda roja, además hallaron un par de zapatos negros y unos botines.
De acuerdo con información del Servicio Médico Forense (Semefo), las tres osamentas corresponden a hombres, y tienen aproximadamente cinco meses de haber perdido la vida.
Los restos humanos fueron trasladados al Semefo de Chilpancingo para realizar las pruebas de ADN.
La comunidad de Chalma se encuentra cerca de Tlatlautiquepec, municipio de Atlixtac, en el camino que se dirige a Zapotitlán Tablas.

Lanza convocatoria para que vecinos ocupen plazas de 100 policías municipales en Chilpancingo

La Secretaría de Seguridad Pública municipal de Chilpancingo convocó a vecinos para ser policías municipales, tras la declaración del alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, quien pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores reponer a 100 policías municipales que fueron dados de baja con el programa Mando Único.
La Secretaría de Seguridad Pública municipal dijo que hay 100 vacantes para que los vecinos concursen y sean policías municipales.
De acuerdo con fuentes policiacas, en marzo del año pasado se inició la depuración de la Policía Municipal para integrarla al programa Mando Único; 320 policías participaron en los exámenes de control y confianza, 70 aprobaron e incorporaron a 50 nuevos policías.
El secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, Esteban Espinoza Montoya solicitó al gobierno del estado 200 policías estatales, para reforzar la seguridad en la capital.
En marzo del 2014, los policías municipales fueron acuartelados para su evaluación, y ese día inició la operación Juntos por Chilpancingo, en la que participaron 300 policías federales y 200 estatales, quienes tomaron el control de la seguridad de la ciudad.

Ante la violencia en Chilapa, cancelan familiares de desaparecidos marcha y boteo

 

A seis meses de la incursión de civiles armados a la Chilapa, entre el 9 y el 14 de mayo, familiares de desaparecidos programaron una marcha y un boteo para este miércoles, pero la cancelaron ante la seguridad y el repunte de la violencia en la región.
Ayer, una vez más, familiares de 55 desaparecidos en este municipio se reunieron en el centro de la cabecera municipal, donde su vocero, José Díaz Navarro informó que habían programado actividades para recordar que hace seis meses comenzaron a exigir la aparición de sus familiares, de los que hasta ahora desconocen de su paradero, para seguir exigiendo a las autoridades estatales y federales que coadyuven y localicen pronto a sus desaparecidos.
El vocero informó que tenían programada una marcha y un boteo en la entrada de Chilapa, en el lugar conocido como El Arco, pero ante la violencia que se ha desatado en la región, sobre todo desde hace un mes, cuando ha habido el mayor número de asesinatos, los familiares decidieron no realizar estas actividades, “por ahora”.
El vocero explicó que 85 por ciento de los familiares que acuden a las reuniones son mujeres y niños que vienen de comunidades de Chilapa.
Manifestó que por este motivo no quisieron que las familias se expusieran más de lo que ya están expuestas al exigir a las autoridades la aparición con vida de sus parientes.
El brote de violencia que agudizó desde hace un mes, también ocasionó que los familiares cancelaran su visita a la Ciudad de México, donde se reunirían con el subprocurador de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gustavo Salas Chávez, este martes para recibir información sobre 14 desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo.
Díaz Navarro señaló qué, incluso, este miércoles durante la reunión llamaron al subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para preguntarles si ya tenían respuesta a su solicitud, pero no les respondieron las llamadas.
Este lunes se cumplieron nueve meses de que civiles armados irrumpieron en Chilapa, y desaparición al menos 30 vecinos, aunque solamente 16 se han reportado.
A esta lista se sumaron más desaparecidos de antes del 9 y de después del 30 de mayo, y sus familiares siguen exigiendo su aparición inmediata ante autoridades federales sin obtener ninguna respuesta.

Regresa la competencia náutica del Balsas luego de que pistoleros irrumpieron en 2009

 

En 10 días se llevará a cabo el maratón del Reto Náutico del Balsas 2015 en Tierra Caliente, para lo cual se anunció que reforzarán la seguridad en los puntos de llegada y comunidades de paso, como garantía para los pilotos, luego de que en el 2009 hombres con armas largas irrumpieron en la clausura del evento y robaron una lancha con todo y camioneta.
Este miércoles el comité organizador anunció en una conferencia de prensa en Tlapehuala, que será una competencia “parecida” al antiguo Maratón Náutico del Balsas, pero que ahora también entrarán a las aguas del río Cutzamala, pasando por Tlapehuala, Coyuca de Catalán, Altamirano, Cutzamala de Pinzón y por territorio colindante con Michoacán.
En la conferencia de prensa estuvieron Antonio Villafuerte y Carlos Rodríguez quienes son pilotos de Altamirano y parte del comité organizador, y confirmaron la participación de 23 embarcaciones en la competencia, que será el cierre del campeonato nacional sobre río.
Antonio Villafuerte expresó que “el principal motivo por el que la gente no quería venir o tenía miedo es por el asunto de la seguridad, después de lo que ocurrió en el 2009. Ahora hemos platicado con la Policía Federal y el Ejército para que nos den el apoyo”.
Dijo que habrá presencia militar y policiaca en todos los puntos de llegada, que hablaron con el coronel del Ejército y se harán recorridos en las comunidades por donde pasarán las embarcaciones.
Para la llegada y salida de los competidores, se prevén llegadas a Teloloapan y por el otro extremo a Tejupico, estado de México, y desde ahí habrá una caravana con militares para arribar a Altamirano y así garantizar la seguridad de los competidores.
También dijo que recibieron apoyo de los ayuntamientos de Pungarabato, Tlapehuala y Cutzamala, que patrocinarán varios de los gastos de la competencia.
El Maratón Náutico del Balsas se llevó a cabo durante más de 25 años, pero en el 2009 hombres armados irrumpieron en la clausura y se robaron una lancha con todo y la camioneta donde la remolcaban.
La nueva competencia ya no la hará el club Aztlán como antes, sino el Nitalia. No cuenta con presupuesto de la Secretería de Turismo como el anterior que recibía medio millón de pesos, por lo que el mismo comité buscó a los patrocinadores del evento.

Denuncian empleados despedidos de la alcaldía de Zihuatanejo que no les pagan su finiquito

 

Ex trabajadores de lista de raya de la Dirección Municipal de Obras Públicas denunciaron que el gobierno municipal “les está dando largas”, para darles una respuesta sobre su petición de que les paguen su finiquito, pues dijeron que este miércoles acudieron al Ayuntamiento como se los pidió el viernes pasado Arturo Arzeta Serna, secretario particular del alcalde Gustavo García Bello, pero la respuesta que recibieron fue que será hasta mañana viernes en la tarde cuando puedan hablar con el presidente municipal.
Los 57 trabajadores de la lista de raya fueron notificados el 2 de noviembre que estaban despedidos, después de que trabajaron cuatro semanas sin que les pagaran, por lo que acudieron al Ayuntamiento para saber cuánto les iban a dar de finiquito, pues algunos trabajadores llevaban 16 años trabajando para el gobierno municipal, y les dijeron que acudieran este miércoles, pero ayer el secretario particular del alcalde les dijo que regresaran el viernes por la tarde.
Uno de los ex trabajadores, Casimiro Zapien Peñaloza expresó, “sólo nos están dando largas”, pues el viernes pasado el mismo secretario particular les aseguró que serían recibidos por el alcalde, “pero ahora nos salió con que el presidente municipal anda muy ocupado y que sólo puede atendernos el viernes a las siete de la tarde, nosotros hemos estado pidiendo que nos paguen lo que nos corresponde y nada más, pero nos traen que vengan tal día, vengan después”.
Comentó que los 57 despedidos vivían únicamente de su salario, “ahorita todos estamos sin trabajo, muchos compañeros están desesperados porque estamos sin cobrar desde hace más de cinco semanas; hay mucha desesperación porque no hay trabajo en otros lados y nuestras familias quieren comer, tenemos hijos que nos piden dinero para la escuela, y sin trabajo, ¿de dónde?”.
Por su parte, la regidora perredista de Desarrollo Social y Participación de la Mujer, Ana Lilia Jiménez Rumbo al igual que otros regidores solicitaron a la Oficialía Mayor y a la Dirección de Recursos Humanos la información sobre los trabajadores municipales despedidos, “pero han dicho que tienen la indicación de no darnos esa información”, dijeron.
“Creo que tenemos que ser responsables y junto con otros compañeros regidores hemos firmado un documento que vamos a presentar en la próxima sesión de Cabildo para que se someta a votación y si es que así lo decide la mayoría, tenemos la responsabilidad y la obligación de revisar el caso, de reconocer y de liquidar a los ex trabajadores, no ha habido disposición de los funcionarios encargados del tema y se los dije en su cara”, aseguró la regidora.
Jiménez Rumbo, expresó que no hay interés en reconocer a los ex trabajadores, “entonces, en la próxima sesión de Cabildo vamos a hacer esa propuesta; tengo claro que hay mucha gente que sí estaba en lista de raya que era aviadora, pero también es real que hay muchísima gente en lista de raya que es la que trabaja, que tiene necesidad, que depende de aquí y que no es justo que sea despedida”.

Se quejan joyeros de Petatlán de bajas ventas por la inseguridad y la falta de vigilancia

 

Comerciantes de oro de Petatlán que tienen sus locales frente al santuario del Padre Jesús de Petatlán, en el centro de esa cabecera municipal, denunciaron que luego de que inició la actual administración que encabeza el alcalde perredista Arturo Gómez Pérez, han bajado sus ventas porque no hay vigilancia policiaca, y deben cerrar sus negocios mucho más temprano.
Por su parte, el alcalde dijo que ante la necesidad de darle seguridad a toda la población, “no podían estar tres elementos de la Policía Municipal vigilando una sola calle”.
Los joyeros dijeron que durante la administración del ex alcalde Jorge Ramírez Espino, tenían vigilancia permanente frente a sus negocios, pero que pocos días después de que el nuevo presidente municipal tomó la estafeta, “dejaron de mandar a los policías, ya no tenemos vigilancia, por ese motivo, tenemos que cerrar más temprano, eso nos ha repercutido en nuestros ingresos por las bajas ventas”.
Uno de los comerciantes dijo que se sienten desprotegidos sin los policías frente a sus negocios, “nos sentimos vulnerables porque, literalmente, todo nuestro capital está invertido en nuestros negocios; nos estamos organizando para hablar con el presidente municipal sobre este asunto, porque para nosotros la seguridad es muy importante”.
En consulta telefónica, el presidente municipal, Arturo Gómez Pérez declaró que el hecho de que ya no haya policías municipales cuidando de manera permanente los negocios de venta de joyas de oro no es el motivo de las bajas ventas de los comerciantes, “desde que yo llegué (a la alcaldía) me di a la tarea de revisar la nómina y la funcionalidad de cada una de las áreas; y nos dimos cuenta de que prácticamente en el tema de seguridad teníamos muchas deficiencias, en el tema de patrullas y equipo, y que también que existían tres elementos asignados a estar frente a las joyerías, cuando hay que reconocer que son negocios particulares y que la seguridad la tenemos que prestar a toda la ciudadanía; ¿qué hice yo?, dar la indicación de que estos elementos dieran recorridos por el centro, tenemos patrullajes en patrullas, en bicicleta y de policías a pie; pero sí, pues no de manera particular estamos atendiendo un lugar en especial”.
Dijo que en Petatlán hay 100 policías municipales, y trabajan 50 en cada turno.
Añadió que “a escasos 20 metros de las joyerías” hay dos policías municipales las 24 horas del día que resguardan el Palacio municipal y la Casa de la Cultura, además de los patrullajes que mencionó, “pero sí estoy en la revisión de que los elementos que tenemos y todo el equipo con el que contamos sirva para tener patrullajes; por supuesto que en las áreas donde hay comercio como son las joyerías y las taquerías, pero también tenemos que atender otras áreas, colonias y avenidas principales de Petatlán”.
“Es por eso que a lo mejor hoy les ofenda a ellos que no estén tres policías parados enfrente de las joyerías”, dijo

El comandante de la PIM extorsiona pero si se queda lo respetará, dice el alcalde de Coyuca

El presidente municipal de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, señaló que si las autoridades estatales determinan que debe permanecer en el municipio el comandante de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) Abel Álvarez Martínez, lo respetará.
“Si quieren dejar al que está pues también lo pueden hacer, yo solamente acompañé a una parte de los que se han ido a manifestar”, expuso.
Consultado en la salida de la puerta dos de Casa Guerrero, donde participó en una reunión con el secretario de Finanzas y Admiración, Héctor Apreza Patrón, el alcalde dijo que la población acusa al comandante de “hacerla de todo”.
Detalló que el comandante y los policías de la PIM trabajan como si fueran jueces, ministerios públicos, tránsitos y policías federales de caminos.
“Al conductor que no lleva licencia no lo infraccionan, lo extorsionan”, señaló.
Este martes cerca de mil vecinos de Coyuca de Catalán marcharon y protestaron en las instalaciones regionales de la Fiscalía estatal, donde está la oficina de la Policía Ministerial, para exigir el cambio del comandante de la PIM, al que acusan de extorsionar a la gente.
El funcionario explicó que la población pide la salida del comandante, por ello decidió apoyar a la comunidad y participar en la marcha.
Comentó que cuando iniciaron las quejas de la población, llamó a su oficina al comandante para que respondiera a las acusaciones, pero éste lo dejó plantado.
A pregunta expresa sobre si solicitó ayuda al gobierno del estado para que interviniera en el caso, dijo que se entablarían los canales de comunicación pertinentes para dar solución al caso.
También se le preguntó si él tenía alguna propuesta para suplir a Abel Álvarez Martínez, pero sólo contestó que “hay buenos elementos” dentro de esa corporación de la que en un tiempo él formó parte.
Aseguró que si se llega a hacer el cambio, aceptará al nuevo comandante que se designe, pero reiteró que en la corporación existe gente capacitada, pero que si quieren dejar al que está, “pues lo pueden hacer”.

Cuatro detenidos por el asesinato de un maestro en Tecpan; acusan a la esposa 

Cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron detenidos por la Policía Ministerial en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande, por una orden de aprehensión por el homicidio calificado de un maestro jubilado.
Según un boletín de la Fiscalía General del Estado (FGE), los detenidos son Víctor Manuel Suárez Carrera, Alfonso García Basilio, Gildardo Vázquez Pérez y la esposa de la víctima, María Elena Maldonado Tapia, quienes son acusados de ser los autores intelectuales y materiales del homicidio.
Los acusados fueron consignados ante un juzgado penal y fueron internados en el penal de Tecpan de Galeana; los hechos fueron integrados en la carpeta judicial C-06/2015.
En el boletín se precisa que la esposa de la víctima, María Elena Maldonado Tapia planeó privar de la vida a su esposo junto con su hermano Gildardo, aduciendo que recibía malos tratos, violencia física y psicológica.
Gildardo Vázquez Pérez se contactó con Víctor Suárez Carrera, a quienes la esposa de la víctima les entregó 40 mil pesos como anticipo, y el resto de los 100 mil pesos que acordaron se los entregaría cuando el homicidio estuviera consumado.
Se indicó en el boletín que María Elena acordó con sus cómplices informarles cuándo saldría de su casa con su esposo para que fueran interceptados.