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No hay reversa en la certificación de policías, responden el síndico y el secretario de Seguridad

El síndico procurador Ilich Lozano Herrera y el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sandoval Vázquez, aseguraron que no hay reversa en el proceso de certificación de la policía, y que el municipio está en espera de que el gobierno federal dé una fecha para continuar el programa.
Consultados por separado, Lozano Herrera aceptó que más de 500 policías que no pasaron los exámenes trabajan en diferentes áreas, pero sin armas, porque el Ayuntamiento no tiene dinero para liquidarlos. “No es un problema de fácil resolución (que tampoco) la administración pasada pudo resolver”.
El jueves El Sur publicó que el diputado local de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, alertó que hay riesgo que en Acapulco haya una reversa en el proceso de certificación policiaca porque los efectivos que no pasaron los exámenes están en funciones.
Lozano Herrera respondió: “al tema de la policía nunca se le va a dar reversa, estamos en un mecanismo de coordinación y no estamos pretendiendo para nada darle reversa. Lo que intentamos hacer es mejorar las cosas de la vez pasada y que derivó en un conflicto, es a lo que no queremos llegar, a un conflicto con nuestra policía”.
Abundó que otro de los problemas que presenta el municipio es la situación financiera, “no es un problema de fácil resolución, por ello la anterior administración no pudo resolverlo, liquidar a más de 500 policías no es fácil, se necesita ayuda federal y en esa plática estamos con el gobierno federal, porque no nada más es que nos ayuden a valorar quiénes son aptos para estar dentro de la corporación, necesitamos ayuda financiera”.
Reconoció que los policías que no están certificados siguen en funciones en la Secretaría de Seguridad Pública en diferentes áreas, pero no armados, aunque no podía dar una cifra debido a que no tenía el dato, pero que el Ayuntamiento requiere dinero para liquidar y no los tiene.
Lozano Herrera reiteró que están gestionando en la Secretaría de Gobernación Federal y en la Comisión Nacional de Seguridad Pública “entrar al proceso de revaluación, para lograr de una manera definitiva saber qué policías son aptos y cuáles no para trabajar en la corporación”.
Detalló que no quieren que los policías vuelvan a parar labores, “como se hizo en la administración anterior, nosotros creemos que Acapulco necesita seguridad, protección, y en ese entendido es que hemos hecho una nueva planeación de la seguridad”, y por ello la división en el tema de la Coordinación de Movilidad y Transporte.
Aseguró que sería peor para la ciudadanía que otra vez la policía estuviera en paro laboral, de manera que por ello este gobierno pretende dar transparencia al proceso, porque según los policías en la administración pasada éste “no se hizo de manera adecuada, porque no les mostraron los exámenes y sólo notificaban que estaban dados de baja”.
Lozano Herrera dijo que este gobierno quiere garantizar el

derecho mínimo del trabajador y “si es una cuestión de la federación, el derecho que tiene la persona que va a ser dado de baja es un derecho mínimo, el saber si pasó o no el examen, es un tema elemental que debemos ser cuidadosos, hay exigencias dentro de los policías que son justas”.
Afirmó que esperarán que la Federación dé fecha para los exámenes.

Parte de la permanencia la certificación: Sandoval

Por su parte, Sandoval Vázquez aseguró que el actual gobierno no está dando reversa al proceso de certificación y va a continuar porque es parte de la permanencia del policía en la corporación, y actualmente trabajan con armas “únicamente los certificados”, que son más de 400 agentes.
Dijo que un aproximado de 500 a 600 policías de los mil 200 que tiene la corporación no pasaron los exámenes de control y confianza que se les aplicaron el año pasado.
“Respeto al diputado, pero la verdad es que no entiendo el comentario, no lo sé, pero lo que me compete es lo que puedo comentar, si usted ya está certificada no le pueden quitar la certificación, si ya pasó el examen de confianza y evaluación, y tiene el documento donde dice que ya pasó, no porque otros no lo hagan va perder la certificación”, indicó.
Sandoval Vázquez explicó que la Secretaría de Seguridad Pública tiene más de 700 armas de fuego, pero que no todas se utilizan porque los policías deben de estar autorizados, “están en custodia del municipio desde julio del año pasado”.
Detalló que el proceso de evaluación debe ser “constante, y cuando termine un bloque, a los seis meses, volverlos a mandar, porque son partes de los cronogramas establecidos desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque no es que ya se hizo y se vuelve a esperar, todos nosotros estamos evaluando una vez al año”.
El jefe policiaco reiteró que habrá vigilancia en las escuelas, y recordó que antes de que la Secundaria Técnica 200 suspendiera labores, en coordinación con la Gendarmería se hicieron pláticas de prevención del delito, mochila segura, y que se seguirá con la vigilancia.
Sandoval Vázquez informó que se dará seguridad en los centros comerciales para prevenir que van a estar abiertos durante este fin de semana, con motivo del Buen Fin, para evitar que haya la comisión de algún delito.

Está estancada la certificación de los policías, dice el dirigente Lemus Beltrán

El representante de la Asamblea de los policías municipales, Jesús Lemus Beltrán, dijo que no hay avance en la certificación de los policías municipales aunque tampoco reversa, y que todos los agentes regresaron a trabajar por un convenio con las autoridades, aunque se les reiniciarán los estudios de control y confianza.
El miércoles, el diputado local del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, alertó que hay riesgo de que en Acapulco haya una reversa en el proceso de certificación de la policía, porque los agentes que no aprobaron la certificación ya están en funciones.
En declaraciones a reporteros al finalizar la toma de protesta del nuevo presidente de la Barra de Abogados Mariano Otero, Rigoberto Gallegos Contreras, Lemus Beltrán manifestó que Mejía Berdeja no conoce la situación del proceso de certificación de los policías, que se impugnó por medio de amparos en la administración del ex alcalde Luis Walton Aburto, porque los resultados de los estudios se manipularon para castigar a aquellos agentes que levantaron la voz para exigir sus derechos laborales.
Aunque aclaró que el gobierno federal no emitió una declaración de nulidad del proceso de certificación de los efectivos.
Comentó que el gobierno federal este año, no precisó fecha, decidió repetir el proceso de certificación de los policías, “no es de reversa el proceso, se trata de un acto de justicia y de claridad”.
Indicó que el proceso de certificación de los policías fue nacional y no una iniciativa del ex alcalde Luis Walton Aburto, quien solamente colaboró en enviar a los agentes a la ciudad de México para los estudios de control y confianza, los que “después manipularon para beneficiar algunos y castigar a otros”.
Lemus Beltrán indicó que el proceso de certificación para los efectivos, en el caso de Acapulco, se redujo, pues los agentes reprobaron el requisito socioeconómico porque están en el Buro de Crédito a causa del adeudo de las empresas de crédito a las que no les pagó el gobierno municipal anterior.

Entrega de becas, despensas y láminas, piden comerciantes al Ayuntamiento

Unos 15 integrantes de la Coalición de Comerciantes y Prestadores de Servicios de Acapulco, encabezados por José Luis Ávila Vázquez, pidieron al gobierno municipal apoyo con becas, despensas para madres solteras y láminas, durante una mesa de trabajo que tuvieron con el subsecretario de Asuntos Políticos, Felipe Kuri Sánchez.
La reunión se realizó en la sala de Cabildo y ahí Kuri Sánchez les dijo a los comerciantes que son pocos los recursos que hay por fin de año, pero que en lo que se pueda ayudar lo harán.
En el caso de las despensas del DIF, indicó que falta que lleguen los productos, y respecto a las láminas que será el próximo año cuando haya presupuesto.
Agregó que “tienen que estar listos para cuando las ventanillas para recibir solicitudes estén abiertas, ustedes entreguen sus peticiones”, pero les aclaró a los presentes que una sola persona no puede estar en varias programas “deben de escoger a la que más lo va a beneficiar”.
“Tenemos otra reunión y esperamos que en esa sí esté el secretario de Desarrollo Social, Víctor Aguirre, para que nos apoye con becas escolares, Empleo Temporal, apoyo a madres solteras, entre otros como láminas, cemento y tinacos. Ojalá que se nos resuelva de manera positiva”, dijo por su parte el presidente de la coalición de comerciantes, Ávila Vázquez.
Indicó que los comerciantes tienen confianza de que esta administración dará solución a los problemas sociales y a los ciudadanos que confiaron en él con su voto el pasado 7 julio, “esperamos que nos den solución, que no tengamos que andar dando vueltas como en la administración pasada”.
Durante la mesa de trabajo, además de Kuri Sánchez, estuvo el subsecretario de Desarrollo Social, Genaro Bernal Ortega, quien les explicó a los comerciantes que las ventanillas para recibir solicitudes para los programas sociales no están abiertas, que será el próximo año cuando se apruebe el presupuesto, pero los invitó a tener listas sus solicitudes.

Plantón de comerciantes y transportistas; acusan a los policías federales de abuso de autoridad

 

Unos 500 comerciantes y transportistas se plantaron en las oficinas centrales de la Policía Federal, ubicadas en la Costera, para exigir la aplicación de las 17 demandas contra los agentes por el delito de abuso de autoridad.
A las 10:30 de la mañana, los inconformes se congregaron en la banqueta y posteriormente rodearon el edificio de Costera 125, donde se encuentran las oficinas de esta policía.
Los manifestantes, encabezados por los abogados Alfredo Pérez Zárate y Jesús Lemus Beltrán, fueron atendidos por el comisario estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí Martínez, y acordaron una mesa de trabajo, aunque no precisaron la fecha.
Antes, los abogados entraron a las oficinas centrales de la Policía Federal para hablar con un representante, y después salieron con Lomelí Martínez para explicar la inconformidad y el acuerdo.
El agente exhortó a las personas que son víctimas de los policías federales y la Gendarmería a denunciar para comenzar las investigaciones, porque aseguró que hasta ayer no hay pruebas de los supuestos delitos.
El abogado Pérez Zárate explicó que él tiene en su despacho 10 demandas contra la Policía Federal y Gendarmería.
Denunció que allanamientos a domicilios y establecimientos, así como supuestas detenciones arbitrarias.
Lemus Beltrán comentó que en su despacho tiene siete demandas contra los agentes federales por los delitos de abuso de poder y allanamiento.
Los abogados, acompañados de transportistas y comerciantes, pidieron detener los abusos de los efectivos federales, o en caso contrario realizarán movilizaciones en la ciudad.
Después de una hora, los comerciantes y transportistas se retiraron afuera del inmueble.

Llega a Acapulco el buque médico militar Arco de La Paz, de China; sólo ofrecerá consultas médicas

Ayer ancló en Acapulco el barco médico militar Arco de La Paz, de China, y se desconocía si se brindarían consultas o asesorías médicas como se había anunciado.
La intención inicial era que los médicos chinos que vienen en el buque practicaran 20 cirugías ambulatorias durante su estancia y visitas médicas en albergues de adultos mayores y en las Villas de los Niños. Sin embargo el martes, el director municipal informó que por falta de permisos ya no se harían cirugías.
A la 1 de la tarde se permitió el acceso a la embarcación a funcionarios municipales y estatales para recibir a la tripulación. Antes de iniciar el acto protocolario el ministro consejero de la embajada de China, Lin Ji, contó que el buque médico tiene dos misiones: “un intercambio de experiencias con la Armada de México y ofrecer servicios médicos al pueblo de Acapulco, claro, son servicios médicos fundamentales o básicos”.
Abundó que se harán chequeos integrales y diagnósticos, aunque reconoció que por reglamentos y normativas “estrictas” de México no se darán tratamientos; “lamentable no se puede hacer pero se tiene esa capacidad, incluso cirugías”.
Al insistirle sobre si hubo alguna descoordinación o falta de comunicación entre las autoridades sanitarias para dar consultas y tratamientos como lo han hecho en otros países, respondió que ellos son respetuosos a las normas locales, “cada país tiene sus propios reglamentos”.
Destacó que el barco está equipado para la atención médica y en su tripulación hay 85 doctores y enfermeras que pueden ofrecer todo tipo de diagnósticos y cirugías.
Lin Jing dijo que desde 2010, el Arco de la Paz ha recorrido 20 países, e indicó que por primera vez llegaron al continente americano y antes de Acapulco estuvieron en San Diego, en Estados Unidos.
La embarcación zarpó desde hace dos meses de China y ha llevado sus servicios a países como Indonesia, Malasia y Nueva Zelanda.
Informó que después de Acapulco anclarán en Barbados y en Perú.
El barco cuenta con 398 tripulantes, incluyendo los 85 médicos y enfermeras.
De acuerdo con un boletín del gobierno municipal, el barco ha visitado 25 países y regiones, y brindado servicios médicos a más de 90 mil personas.
Las actividades que realizarán los médicos chinos serán en el buque este sábado, domingo y lunes, en el muelle de la Administración Portuaria Integral, a partir de las 7:30 de la mañana para la atención matutina y para el turno vespertino a partir de la 1 de la tarde.
Los especialistas chinos estarán dando orientaciones médicas gratuitas en Pie de la Cuesta y en Ciudad Renacimiento, y hoy se iniciará en la cancha de basquetbol de Pie de la Cuesta a las 7:30 de la mañana, y el sábado en la cancha techada de basquetbol de la unidad deportiva Jorge Campos de Renacimiento. El buque estará hasta el 18 de noviembre.
Al acto protocolario, al que no se permitió la entrada a la prensa, se observó que llegaron el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos; el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza; el director de Salud municipal, Eger Gálvez Pineda y los regidores de la Comisión de Salud y Bienestar Social, la panista Gloria Sierra López, el priísta Rodolfo Escobar Ávila y la petista Alma Juárez Altamirano.

El Acabús afectaría la estabilidad de unos mil 800 negocios, advierten empresarios

 

Integrantes de cámaras empresariales de Acapulco advirtieron que el proyecto del Acabús pone en riesgo la estabilidad de unos mil 800 negocios, al generar caos vial entre la zona Tradicional del puerto y la avenida Cuauhtémoc, por la restricción en las zonas de estacionamiento y la falta de claridad en la aplicación de normas viales.
Los comerciantes hicieron un llamado al gobernador Héctor Astudillo para que en conjunto con el gobierno municipal se instalen mesas de trabajo para llegar a acuerdos para armonizar el sistema del sistema operativo y la ciudadanía.
El presidente de la Federación de Cámaras de Comercios, Servicios y Turismo del Estado de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, señaló que locatarios de las avenidas Cuauhtémoc y Costera, en la zona Tradicional, dejaron de trabajar durante tres o cuatro meses, mientras se construyó la infraestructura para el sistema de transporte, lo que provocó el cierre definitivo de 850 negocios.
Advirtió en conferencia de prensa que con la aplicación de un nuevo reglamento que restringe el uso de un carril de la Costera y uno de la avenida Cuauhtémoc, se afectará a más negocios.
“Vamos a terminar cediendo el estacionamiento en una gran parte de las áreas comerciales de Acapulco. Arriba de mil 800 empresas verían afectadas sus operaciones, pues su principal herramienta de ventas es el estacionamiento”, dijo Martínez Sidney.
Criticó que existe desinformación entre la población por las nuevas normas que aunque no han entrado en vigor, ya comenzaron a aplicar.
Puntualizó que todo un carril será destinado al uso del Acabús, por lo que la vialidad se afectará. “Tenemos el gran problema de que las banquetas están tomadas por vendedores ambulantes y puestos semifijos, por las arterias por donde el Acabús estará circulando, la vialidad quedará asfixiada”, señaló el empresario.
En la conferencia, también estuvo la presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera, Laura Caballero Rodríguez quien informó que el daño con el cierre de los negocios, generó el desplazamiento las familias que vivían de lo que generaban sus empresas.
Detalló que del cierre de empresas, se dejaron de generar 2 mil 400 empleos formales para la zona Náutica del puerto.
Los comerciantes hicieron un llamado al gobernador Héctor Astudillo, para que en conjunto con el gobierno municipal, sean instaladas mesas de trabajo para llegar a acuerdos para armonizar el sistema del sistema operativo y la ciudadanía.
Caballero Rodríguez recalcó que “tenemos el gran problema de que las banquetas están tomadas por vendedores ambulantes y puestos semifijos, por las arterias donde el Acabús estará circulando. La vialidad quedará asfixiada por el comercio informal y sin el estacionamiento”.
Informaron que tienen cuantificados 86 comercios semifijos de diferentes giros tan sólo en el Zócalo, donde también se desarrollan trabajos de remodelación desde mayo del año pasado, y que por las labores, bajaron sus cortinas 18 negocios en menos de un año.
Puntualizaron que de acuerdo al desarrollo de las mesas de trabajo, solicitarán a los gobiernos estatal y municipal o federal, la aplicación de incentivos fiscales o condonación de adeudos en los periodos en los que se desarrollan los trabajos de construcción del Acabús.
La construcción del Acabús comenzó el 26 de marzo de 2012. Como lo dio a conocer este medio, la directora del sistema de transporte, Silvia Zapata dijo que el Acabús comenzará sus operaciones en enero del año entrante.

Ofrecen sólo 400 vacantes en la cuarta Feria del Empleo en Chilpancingo

 

El secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Óscar Rangel Miravete, coincidieron en la importancia de generar más empleo para combatir la inseguridad que se registra en el estado y en particular en Chilpancingo.
Ayer por la mañana fue inaugurada la cuarta Feria del Empleo organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que participaron 27 empresas, en su mayoría trasnacionales y franquicias, que ofrecieron sólo 400 vacantes.
La feria se realizó en el salón Pérgolas, ubicado en la calle Galeana, a donde llegaron 300 personas, en su mayoría jóvenes que no han concluido sus estudios de licenciatura.
En su discurso en la inauguración, Morlet Berdejo enfatizó que el trabajo y el estudio son las medidas preventivas para que “desaparezcan actos vandálicos y de delincuencia en el estado”.
“Este tema de la seguridad sabemos cómo está en especial Chilpancingo, creemos que la única manera para terminar con la inseguridad es precisamente con trabajo”, explicó.
Calificó al estado como uno de mayor retraso educativo, laboral, cultural “y no se diga en la materia de seguridad”, por lo que reiteró que la mejor solución es abonar al empleo.
Por su parte, el secretario del Trabajo coincidió en que una de las soluciones para combatir el problema de inseguridad que se ha registrado en los últimos años en Guerrero, es a través de la generación de empleos.
Morlet Berdejo insistió en que en el estado se han registrado distintos tipos de violencia, no sólo la generada por el crimen organizado, sino la delincuencia “común” como asaltos, robos e incluso mencionó los cierres de carreteras, aunque no los llamó bloqueos.
Agregó que está comprometido a abonar en la solución del problema de inseguridad que ha sido persistente en Chilpancingo, y que lo hará desde su trinchera, generando los empleos necesarios para ayudar en esta situación.
Recordó que su dependencia cuenta con las facilidades para ofrecer empleos a quien lo solicite, por lo que aprovecho para agradecer el voto de confianza que le dio al gobernador Héctor Astudillo Flores.
En la feria participaron 27 empresas que ofrecían a jóvenes y adultos trabajos como repartidor de gas, supervisor, choferes, policías bancarios, meseros, lavaplatos, cajeros, vendedor de seguros.
En las mesas colocadas para las personas que relazaban las entrevistas, tenían letreros con el nombre de su empresa, así como los empleos disponibles.
María Sánchez Nava, de 35 años, visitó al Feria del Empleo junto con su hijo de 3 años, quien se aferraba con su pequeña mano a su pantalón negro mientras ella recorría las 10 mesas donde se realizaban las entrevistas.
De las opciones que tenia disponible era trabajar como cajera en una tienda Oxxo, y elaborar emparedados, ya que sólo pudo terminar la educación media superior.
“No sé para qué puedo trabajar, porque ya me cansé de limpiar casas y necesito más dinero. El próximo año mi hijo entra al jardín (de niños)”, explicó.
Comentó que las opciones no eran muchas, pero la necesidad era demasiada para seguir trabajando por un salario que no le da prestaciones de ley como el seguro médico.
Durante su visita se enfrentó por primera vez a tres entrevistas de trabajo, de las cuales le dijeron que no estaban interesados en contratarla, por lo que decidió buscar por “otro lado”.
Otro de los interesados en encontrar empleo era Omar Mejía, egresado de la carrera químico biólogo, pero su única opción era ser cajero en una compañía de préstamos o en una farmacia, ya que no quería portar una arma en la empresa de Servicio Panamericano.
“Llevo casi un año desempleado, quiero dejar de ser una carga para mis papás, les costó mucho darme la carrera y la verdad creí que había elegido bien, pero sin experiencia y sin buenas relaciones pues no llegas nada lejos”, agregó.
Las tiendas participantes eran Oxxo, Soni Gas, 100% Natural, Dish, Automóviles de Iguala, Construcción Magoot, Walldos Dollar, Bonafont, Audiocel, Servicio Panamericano y Jobamex, entre otras.

Bloquean ejidatarios y transportistas en obras de la carretera en Metlapil

 

Ejidatarios de Los Órganos bloquearon por una hora la vía de acceso a las obras de la carretera en construcción que comunicará la autopista de cuota Metlapil con la Costa Grande.
Los inconformes señalaron que la empresa Mota-Engil no cumplió con los trabajos de mitigación para evitar erosión en terrenos aledaños, no ha pavimentado las calles aledañas del poblado –donde se desarrollan las labores como se comprometieron– y el polvo que se genera con el traslado de materiales provocó enfermedades respiratorias de los habitantes en Los Órganos, poblado ubicado a 10 minutos en coche de la zona suburbana del puerto.
A la protesta, que comenzó con unas 40 personas, se sumaron transportistas de carga pesada que señalaron que la empresa les adeuda ocho semanas de trabajo.
El líder transportista afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Ruffo Ávila Morales, dijo que no habían querido detener la obra pues tiene un avance lento.
“Ya nos deben ocho semanas y los compañeros necesitan mantener a sus familias, nos han dicho que se va a pagar el fin de semana pero ese fin de semana no llega, por eso decidimos sumarnos al paro”, explicó el representante de los transportistas.
La empresa Mota–Engil ganó el contrato para construir el libramiento al poniente en Acapulco en 2012, mediante la licitación emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuando Ángel Aguirre Rivero era gobernador, e involucra un tramo de 8.5 kilómetros entre La Venta y Bajos del Ejido.
Los inconformes acordaron reunirse con representantes de la empresa en la comisaría del poblado el próximo miércoles, aunque no especificaron la hora, y también solicitaron la presencia de representantes del gobierno estatal.
El ejidatario Sebastián Salinas Navarro comentó que habían solicitado a los representantes de la obra una reunión para discutir el plazo para resolver las afectaciones, entre las que mencionó un deterioro en los caminos que conducen a la vía por el poblado y por donde ingresan los materiales al tramo en construcción.
Sin embargo, señaló que los representantes de la empresa no hicieron caso a sus peticiones desde hace “varios días”, por lo que decidieron bloquear con coches y un camión el acceso a la obra, en el carril de sentido sur a norte de la carretera México-Acapulco, a unos 200 metros de las obras del nuevo hospital.
Este es el segundo bloqueo en menos de un año que realizan trabajadores a esa obra.
Como lo publicó este medio, el 4 de junio pasado, transportistas y empleados de la SCT denunciaron que Mota Engil y JB Construcciones mantenían adeudos que superaban los 2 millones y medio de pesos.
Transportistas de carga pesada y acarreo de materiales afiliados a la CTM suspendieron el servicio en el tramo carretero en construcción para exigir el pago de la deuda, originada por los servicios otorgados durante un mes.
El contratista Aureliano Guzmán mostró ese día documentos con membretes de la empresa JB Construcciones, subcontratada por Mota-Engil, en los que se leía el nombre del hermano del actual secretario de Turismo estatal, Francisco Rodríguez Escalona, como solicitante de materiales para los trabajos y representante de la empresa JB Construcciones, empresa que debía el salario a 70 trabajadores.

Habilitará el Ayuntamiento a Puerto Mío para embarque de turistas en diciembre

El secretario general del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Homero Rodríguez Rodríguez, dijo que ante la inoperatividad del muelle principal, el gobierno municipal planea que la terminal marítima del desarrollo turístico Puerto Mío se utilice para embarque y desembarque de turistas durante la temporada vacacional de diciembre.
El muelle principal de Zihuatanejo, que tiene casi 40 años de haber sido construido, está cerrado desde octubre debido a los daños en su estructura, de acuerdo con dictámenes de la Dirección de Protección Civil municipal.
De manera provisional, los turistas y locales que viajan en lancha a la playa Las Gatas embarcan en una plancha alterna ubicada detrás de la Capitanía de Puerto.
De la posibilidad de que el propietario del desarrollo turístico Puerto Mío preste sus instalaciones para la temporada de diciembre, el secretario del Ayuntamiento indicó que “es una opción para las vacaciones nada más, por las embarcaciones grandes que no pueden acercarse a la playa o a la plancha habilitada como muelle”.
Dijo que los lancheros y los prestadores de servicios podrán utilizar el muelle de Puerto Mío, “si así lo quiere el dueño y si así lo quieren los pescadores”.
A pregunta expresa sobre la inconformidad de pescadores y lancheros por el desarrollo Puerto Mío, al considerarlo un proyecto avasallador y contra quien han luchado para que se retire un espigón de piedra que esa empres construyó en 1999, el funcionario municipal señaló: “el propietario tiene los permisos, la autoridad federal es la que ha otorgado los permisos, esa cuestión no compete al municipio”.
“Es una opción que se les da a los pescadores y seguridad a los turistas para que embarquen y desembarquen, no tiene que ver nada el conflicto de interés entre ellos, aparte es opcional, no se les va a obligar, si hay alguien que puede embarcarse ahí y pone en riesgo al turista en otro lado será responsabilidad de cada propietario de lanchas”.
Rodríguez aseguró que se ha hablado con el dueño de Puerto Mío, “ha habido pláticas, todavía no se ha concretado nada pero se va a seguir en pláticas para definir si sí o no se va a facilitar ese muelle; no se puede condonar ningún impuesto a la empresa y no tenemos dinero en el municipio para pagar una renta aunque desconozcamos de cuánto sería una renta si es que ellos solicitan una renta”.
Rechazó que el muelle de Puerto Mío vaya a ser utilizado como terminal marítima toda vez que no hay una fecha definida para la reconstrucción del muelle principal, “no porque nosotros seguimos por el camino institucional de buscar los recursos para la obra y él tiene su muelle, él tendrá sus permisos y él lo utilizará con aquellas embarcaciones que así lo requieran, pero no le estamos ni facilitando ni abriendo el camino porque el muelle municipal se va a tener que hacer (…) es otro tipo de muelle el que tienen ellos, el que consideramos que tiene que ser viable es el que tenemos nosotros ya reconstruido”.

El pueblo de pescadores contra Puerto Mío

En 1989 se asentó en Zihuatanejo la empresa denominada Inmobiliaria Punta del Mar SA de CV, cuya razón comercial es conocida desde entonces como Puerto Mío.
Los inversionistas representados legalmente por el ex piloto de automovilismo, Héctor Alonso Rebaque Rangel, con permisos autorizados desde la ciudad de México, consiguieron apropiarse de una extensión de 31 mil metros cuadrados en la zona conocida como cerro de la Escalerilla, cuya playa conocida como la playa del Almacén fue desaparecida por completo luego de que los empresarios, en 1990 consiguieron a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una concesión por 10 años para construir, operar y explotar una marina privada.
En 1992, la empresa tramitó y consiguió las autorizaciones federales para construir un desarrollo turístico en la bahía, en una superficie de casi 5.50 hectáreas en el cerro del Almacén, cuyo proyecto contempla la construcción de hoteles, condominios, villas, área comercial, una marina para poco más de 100 posiciones, servicios generales, clínica spa, alberca, cancha de tenis, restaurantes, centros nocturnos y áreas verdes.
En 1994, los empresarios de Puerto Mío consiguieron dos nuevas autorizaciones más, en ambas ocasiones, fueron autorizadas por el entonces Instituto Nacional de Ecología.
A finales de 1996, los pescadores de la cooperativa pesquera Vicente Guerrero encabezaron el primer movimiento opositor contra Puerto Mío, pues la empresa empezó la construcción en la bahía de un espigón de piedras de 89 metros para un muelle de cruceros. A esta inconformidad se sumaron vecinos de la zona, pues junto con la construcción del espigón, Puerto Mío terminó por desaparecer la playa El Almacén, que fue convertida en una gasolinera, la cual años después fue cerrada también ante la protesta social por el derrame de combustible a la bahía.
La protesta de los pescadores consiguió detener la construcción del espigón sólo durante un tiempo, pues en 1999, valiéndose de sus influencias ante el gobierno federal, los inversionistas consiguieron que de nueva cuenta les renovaran la autorización para seguir los trabajos, por lo que los vecinos otra vez se organizaron como grupo ambientalista opositor a través de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ) cuya principal demanda ha sido el retiro del muro de piedra de la bahía.
Con meses de anticipación el gobierno federal y el municipal anunciaron que para la temporada de cruceros 2004-2005 (estaba programado el arribo de 72 barcos para esa temporada), los grandes buques fondearían en la bahía pero los cruceristas no bajarían en el muelle principal tal como lo habían hecho desde hace años, sino que a partir de esa fecha, llegarían a Puerto Mío.
Y de nueva cuenta, ambientalistas, comerciantes, pescadores, lancheros y prestadores de servicios, emprendieron una lucha social para impedir que los inversionistas siguieran adelante con la intención de privatización.
Fueron varias reuniones ríspidas entre los inconformes y las autoridades de los tres niveles de gobierno, en donde en todo momento, los ambientalistas argumentaron que la declaración de cumplimiento o certificación del muelle de Puerto Mío fue ilegal por carecer de fundamentación.

Reparará la Segob los daños a Los Avispones este año por el ataque en Iguala, dice Campa Cifrián

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se comprometió a que este año el gobierno federal va a reparar el daño al equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, tras el ataque la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
El funcionario se reunió con las víctimas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), y al final del encuentro indicó que los padres de los futbolistas sobrevivientes de la agresión pidieron ser informados del curso de las investigaciones del atentado que ocurrió la misma noche de los ataques a alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa por sicarios y policías municipales.
Esa noche fueron asesinadas seis personas: tres normalistas, el chofer del camión de Los Avispones y un adolescente de ese equipo de tercera división, así como una mujer que pasó por el lugar en un taxi. También hubo una veintena de heridos y 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos por agentes que siguen desaparecidos.
En entrevista anunció que habrá penas más severas en desapariciones forzadas que en homicidios, porque en los últimos años “delincuentes y algunas corporaciones de seguridad consideraron que les convenía más matar y desaparecer que sólo matar”.
Adelantó que en Washintong tuvieron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para el seguimiento de las desapariciones forzadas en el país, cuando se mencionó que una organización civil de derechos humanos internacional informó que a Guerrero se le conoce en Europa con el mote de fosalandia, debido a los cientos de entierros clandestinos que se han descubierto desde los crímenes de Iguala.
En entrevista colectiva informó que en el encuentro presentaron una relación de 31 víctimas del camión de Los Avispones, algunas mortales, algunas heridas y que estuvieron en los hechos (sobrevivientes).
Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dan seguimiento a la investigación, se dio la orden de evitar la salida de todos los camiones de Iguala, y a este autobús lo atacaron a balazos desde ambos lados de la carretera, en movimiento.
Campa Cifrián añadió que se programaron reuniones de trabajo de aquí a fin de año para atender todas las obligaciones del Estado, entre otras, con los subprocuradores para que les den cuenta de la investigación, porque los padres cuestionaron el trato diferenciado que han tenido respecto de las víctimas de Ayotzinapa.
De la reparación del daño precisó que van a comenzar con las víctimas mortales, y el compromiso es que sus familiares serán atendidos antes de que termine el año. El adolescente de 15 años muerto en el tiroteo fue David García Evangelista.
Aclaró que las indemnizaciones serán de acuerdo a los parámetros de ley y los estándares internacionales, entre las acciones de reparación se encuentra un acercamiento con la federación de fútbol para los jóvenes cuyo proyecto de vida es ese deporte.
Confirmó que el caso de los Avispones se llevó con el caso de Ayotzinapa a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y la investigación está en marcha.
Campa Cifrián dijo que el viernes se reunió con el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el procurador.
De la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que responsabilizó a los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez de la violencia en el estado porque no formaron nuevas policías, añadió que ha sido dificil la coordinación en el caso de Guerrero.
No obstante destacó la nueva coordinación con el estado y los municipios, y que el gobernador Héctor Astudillo Flores estuvo al comienzo del encuentro con los familiares del equipo de Los Avispones.
En cuanto a la versión de que Guerrero es conocido como Fosalandia en Europa, Campa reconoció focos rojos en términos de desaparecidos, que presumiblemente están en las fosas clandestinas.
Declaró que “en algún momento los delincuentes y en algunos casos corporaciones de seguridad no sólo se coludieron, consideraron que les convenía, más que matar, desaparecer personas y desde entonces hemos tenido en los últimos años un problema grave de desapariciones”.
Se le recordó que las desapariciones forzadas en Guerrero vienen desde la guerra sucia de la década de 1970, y respondió que se está trabajando desde la experiencia internacional en una nueva ley.
La política pública de este gobierno es que el castigo por desaparición forzada debe ser mucho peor incluso que al castigo del homicida, porque hace un enorme daño a la sociedad.
Explicó que las desapariciones forzadas son el único caso donde la certidumbre de la muerte representa una parte de la solución de un problema, “siendo terrible la muerte de un familiar, estar seguro de que el desaparecido murió es un consuelo, pues estamos trabajando para hacer todas las modificaciones a la ley, de manera tal que para el infractor sea más gravoso una desaparición que un homicidio”.
Dijo que se tuvo una reunión bilateral con Estados Unidos, donde estuvo el responsable de la integración del registro de desaparecidos en Estados Unidos, que trabaja en el área de investigación (El FBI), donde se convino apoyo técnico para tener un registro confiable de desaparecidos.
Agregó que en EU se han registrado a la fecha unas 86 mil personas desaparecidas (no del tipo forzado como en México, que se establece cuando hay intervención de funcionarios públicos), de esa cifra, en los últimos años ubicaron a 44 mil.
De la llamada telefónica de un normalista donde mencionan que un grupo de narcotraficantes que opera en Tixtla quiso entrar a la Normal Rural de Ayotzinapa por estudiantes, dijo que la obligación del Ministerio Público es investigar todos los elementos que “legalmente se obtengan” para llegar a la verdad y que se haga justicia.
Al insistir si el espionaje telefónico a un dirigente estudiantil no representa una violación a sus derechos humanos, respondió que los estudiantes ni los representantes lo han planteado a los funcionarios de gobierno.
Aseguró que todas las medidas que dictó la CIDH para los padres y los estudiantes se están atendiendo, y quien se encarga de investigar sobre todo este tema son los expertos.
Detalló que el trabajo de los expertos incluye la investigación, las tareas de búsqueda donde convinieron allegar todos los medios tecnológicos para fortalecer la localización, incluso con fosas y con restos, así como la atención a las víctimas.

Aguirre y Ortega tuvieron “otras prioridades” en vez de combatir a la delincuencia, afirma

El subsecretario Campa Cifrián, señaló que en varias regiones de Guerrero hay focos rojos por la violencia y las desapariciones forzadas.
Aseguró, como acusó el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, que Ángel Aguirre y después Rogelio Ortega como gobernadores tuvieron otras “prioridades locales” en vez de establecer líneas de acción para combatir a la delincuencia.
Insistió en que en los últimos años el gobierno federal tuvo dificultades para establecer una coordinación con el gobierno de Guerrero en tareas de seguridad pública.
Al hablar sobre el caso del municipio de Chilapa, en donde este martes en la noche fueron asesinadas seis personas, cinco de ellas, familiares del ex director de la Policía Municipal, Silvestre Carreto, mencionó que en las investigaciones de la PGR a raíz de las denuncias de las desapariciones forzadas que se dieron en mayo pasado tras la incursión de 300 hombres armados que se identificaron como policías comunitarios, hay información relacionada con el desempeño del ex jefe policiaco.
“En la investigación que se realiza del caso Chilapa se investiga una vinculación del funcionario del Ayuntamiento”, señaló Campa.
Familiares de los desaparecidos acusan al ex director de la Policía Municipal de estar vinculado con un grupo de la delincuencia.