Astudillo debe preocuparse por la delincuencia, no por las policías comunitarias, dice Bruno

 

El gobierno estatal debe preocuparse por la proliferación de la delincuencia, no de las policías ciudadanas y comunitarias que se organizan por la vida, señaló el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio sobre las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El gobernador dijo que los últimos hechos de violencia en la Sierra de Leonardo Bravo, se deben a la proliferación de policías comunitarias que “van y entran en confrontación con el pueblo”, y que “ya se salieron de control”.
En este sentido, el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Braulio Pimentel Antunez aclaró que los ciudadanos tienen derecho a organizarse frente la ineficacia de los gobiernos y las corporaciones policiacas coludidas con los criminales.
El coordinador de la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís pidió a las autoridades que valoren las experiencias de los pueblos para atender la crisis social.
El sábado, el gobernador llamó a los alcaldes a poner toda la atención cuando nazca una policía comunitaria, porque tiene sus límites, “y ya se salió del orden, se salió de control”, expresó en relación al homicidio del comisario y secretario de Polixtepec, en la sierra de Chichihualco, seguido de una balacera que dejó tres presuntos sicarios muertos, siete heridos de la UPOEG, y la comunidad abandonada por sus pobladores.
En consulta telefónica, Bruno Plácido Valerio lamentó que el gobierno esté más preocupado por la organización de los ciudadanos que por la proliferación de la delincuencia, pero reconoció que tampoco es un asunto sólo de las autoridades, y que también le corresponde a la sociedad buscar la solución.
Señaló que en esta crisis de inseguridad, sin distingo de partido o nivel económico, se debe centrar el debate en cómo erradicar a la delincuencia, sin confrontación.
“Es un momento de solidaridad, de unificar un frente para erradicar a la delincuencia, llamar a todos los actores para buscar entre todos una salida, hay que verlo como un problema de todos, no sólo de gobierno”.
Así como la Iglesia llamó a un gran diálogo con los actores (incluyendo a los líderes de cárteles del narcotráfico), Plácido Valerio informó que está buscando a la Iglesia, a transportistas, ganaderos, comerciantes, porque “somos una sociedad que está en crisis, somos un foco rojo; vamos a darle la vuelta a la página”.
Se reservó de hablar de los grupos de la Policía Ciudadana que operan en la sierra de Leonardo Bravo, y aseguró que hoy convocará a la prensa para hablar del caso en Chilpancingo.
No obstante, se supo que las comunidades de la Unión de Comisarios por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo de la Sierra, que hace dos años se unió a la Policía Rural, también conformó grupos de policías comunitarios con el respaldo de la UPOEG.

Mejores resultados que todas las corporaciones juntas: Pimentel

El consejero Braulio Pimentel, de la CRAC de San Luis Acatlán, recordó que pese a los errores, la Policía Comunitaria ha dado mejores resultados que todas las corporaciones policiacas juntas, a los largo de muchos periodos de gobierno.
Señaló que la organización de los pueblos es una reacción natural ante la incapacidad de las autoridades de garantizar seguridad que “hasta se coaligan con la delincuencia, como lo demostró el caso de Iguala”, el 26 y 27 de septiembre.
Indicó que la garantía de resultados es porque los policías comunitarios son nombrados en asambleas y reuniones amplias, más que cualquier otro sistema de seguridad, como el Mando Único que incorpora a todos los cuerpos policiacos, los tres niveles de gobierno y militares.
Estimó que si el Mando Único no incluye un ingrediente de participación ciudadana, nunca va a funcionar “porque el sistema está muy corrompido”. Propuso a las autoridades pedir información de toda las expresiones se seguridad comunitaria, en lugar de buscar alternativas en Estados Unidos o Colombia.
Recordó que las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán son un referente nacional e internacional, por el trabajo honorario de los pueblos “este sistema es la alternativa, un prototipo incluso para las regiones que no son indígenas”.
A los alcaldes, les pidió que estén más atentos de los criminales que de nuevos grupos de policías comunitarias, porque desde la federación están imponiendo secretarios de Seguridad Pública y por ahí se les puede infiltrar la delincuencia.

Algunos usan la figura comunitaria para trasiego de droga: FUSDEG

Salvador Alanís aclaró que si bien al gobierno le toca defender a las instituciones en el tema de seguridad, el pueblo también tiene voz y voto.
Recordó que los pueblos que se levantaron en armas es porque el Estado no les dio otra opción, no garantizó la seguridad, pero todos los policías comunitarios preferirían llevar una vida tranquila, dejar el servicio comunitario que sólo trae problemas, amenazas y ha costado muchas vidas de sus compañeros; “no es deseo nuestro armarnos y pelearnos con la gente mala”.
No obstante, declaró que hay grupos que aprovechan el buen nombre de los policías comunitarios para el trasiego de mariguana y amapola, “de eso se tienen que cuidar con lupa las autoridades”.
Aseguró que en los 62 pueblos donde trabaja el FUSDEG no se dedican a la producción de drogas, pero demandan a las autoridades que dé alternativas de empleo a las familias de la región. Por lo tanto, no tienen miedo a la regulación ni a la revisión de sus estructuras.
Sin embargo, insistió en que los tres niveles de gobierno no han tenido capacidad de eliminar a los grupos criminales que hacen daño en Guerrero, “se han visto rebasados en todas las grandes ciudades”.
Pero el día que comiencen a reducir los índices de criminalidad, “con gusto dejamos la playera y nos quedamos como vecinos vigilantes”. Consideró que este gobierno tiene una gran tarea, “ojalá podamos aportar lo aprendido, que permita interlocución para intercambiar experiencias”, expresó Salvador Alanís.

Reorganizarán el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena

 

Dirigentes fundadores del desaparecido Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena Negra y Popular, que tuvo su auge en la década de 1990 y que se dividió en el 2005, iniciaron pláticas éste domingo para unificar el movimiento de los pueblos originarios ante el olvido en que los mantienen los tres niveles de gobierno.
Con ese fin, ayer se reunieron dirigentes indígenas de nueve municipios de la zona Norte, Montaña, Centro y Costa Chica.
De entrada acordaron llevar sus proyectos de obras y servicios a la Cámara de Diputados para que sean considerados en el presupuesto de 2016. También acordaron convocar a una marcha-caravana hacia la ciudad de México en diciembre.
Asistieron a la primera reunión que se llevó a cabo en el teatro hundido de la Alameda Granados Maldonado, 12 dirigentes de los municipios de San Luís Acatlán, Chilapa de Álvarez, Zitlala, Huitzuco de los Figueroa, Tepecoacuilco, Copalillo, Olinalá, Acatepec y Tecoanapa.
Entre algunos de los dirigentes indígenas estuvo el presidente municipal de Copalillo, el petista Getulio Ramírez Chino; el ex procurador de Defensa de los Campesinos, Marcelino Díaz de Jesús; el ex alcalde de Acatepec por el desaparecidos Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Antonio González García; el ex candidato a presidente municipal de Chilapa por el Partido Humanista, Maximino Silviano González.
Ramírez Chino informó que el objetivo principal de la reunión era la reconstitución del Consejo. “Nosotros vemos que hay la necesidad de reorganizarnos y retomar el movimiento indígena, no podemos seguir dispersos. Ya tuvimos la mala experiencia de que en el Consejo cada quien jalara por su lado y desde entonces no podemos salir adelante como pueblos indígenas”, expresó al final de la reunión.
Dijo que en este primer encuentro acordaron que en diciembre próximo (aún no acordaron fecha) van a tener la segunda reunión pero que antes, los que asistieron ayer van a llevar un paquete de proyectos “de gran impacto” a la Cámara de Diputados para que los diputados federales los tomen en cuanta en el presupuesto para 2016.
Dijo que también en diciembre llevarán a cabo una marcha-caravana hacia la ciudad de México para exigir respuestas a sus peticiones, pues “nuestros pueblos indígenas están olvidados y abandonados por los tres órdenes de gobierno desde la tormenta tropical Manuel y hay muchos pueblos que nunca les arreglaron sus caminos, sus escuelas, ni sus puentes”, denunció.
Declaró que en Copalillo no ha sido re-construido el puente que se llevó el río de Tlalcozotitlán y que siete comunidades si-guen incomunicadas y sus habitantes tienen que pasar el río sobre puentes colgantes.
Informó que en la reunión que tuvieron los alcaldes con el gobernador Héctor Astudillo Flores el sábado, solicitó reunirse con el secretario de Educación y con el de Salud porque en su municipio hay muchos enfermos y pide la construcción de un hospital regional. También denunció que hay muchos problemas en el sector educativo, porque hay aulas que no tienen maestros o maestros que no tienen aulas.
El alcalde petista informó que también pidió una reunión con la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), “porque hay muchos caminos abandonados”.
A su vez, Antonio González García explicó que la propuesta de reorganizar a los pueblos indígenas es, “porque hay muchas necesidades y enfermedades”.
Añadió que las condiciones de ahora son muy diferentes a las de 1990, “ahora necesitamos hospitales, universidades, becas para los estudiantes, por ejemplo”.
Dijo que este es un movimiento que apenas está surgiendo “pero después será como una bola de nieve, va a ir creciendo”.
En la reunión estuvo también el diputado del PT Fredy García Guevara, aunque sólo como coadyuvante para la gestoría de las organizaciones y reconoció que hay muchas demandas que no se les han resuelto a los pueblos indígenas y que la mayoría son del sector educativo y de salud.
El ex candidato a alcalde de Chilapa por el Partido Humanista, Máximo Silvano González dijo que la intención es fortalecer el movimiento indígena.
Agregó que allí, en su municipio, hay muchos problemas relacionados con salud y educación, pero sobre todo de inseguridad.
Añadió que hay expedientes técnicos de pavimentación de carreteras, pero que las obras no se han hecho, porque no hay un seguimiento, y lo que se pretende ahora es estar pendientes para que se hagan.
Asimismo, Marcelino Díaz de Jesús dijo que lo más importante es que los pueblos indígenas ya se están volviendo a juntar, e hizo un llamado a las organizaciones indígenas y representantes que en su momento integraron el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena para que se vuelvan a articular en un solo Consejo.
Informó que las gestiones van a comenzar en el Congreso de la Unión para que se apruebe un mayor presupuesto para las regiones indígenas del estado. Dijo que van a presionar por medio del senador Sofío Ramírez y que van a buscar a los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Advierte grupo del Tecnológico de la Costa Grande que hoy abrirá la escuela a como dé lugar

 

Alumnos opositores al movimiento de la toma de las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Costa Grande (ITCG) en Zihuatanejo dijeron que este lunes recuperarán a como dé lugar la escuela.
Ayer, estudiantes de la carrera de Arquitectura, en voz del alumno de quinto semestre Francisco Javier Vidal Caballero, dijeron a los reporteros que abrirán la escuela que desde el 12 de octubre el grupo de alumnos encabezados por Héctor Hugo Gómez Ponce mantiene cerrada en demanda de la destitución del director, Alfonso Miguel Cruz, por no hacer caso a las necesidades que hace más de un año le entregaron por escrito y por incurrir en presuntos actos de corrupción.
El alumno Vidal Caballero rechazó que sean un grupo de choque como los llamó el senador Armando Ríos Piter; somos un grupo de estudiantes que exige a los compañeros que tienen tomadas las instalaciones que las liberen para tener clases.
Dijo que es una minoría de compañeros que está afectando a más de mil 300 alumnos del Tecnológico y nos estamos atrasando en el semestre.
Dijo que la semana pasada intentaron dialogar con los estudiantes que encabeza Gómez Ponce, pero éstos se negaron, “nosotros les hemos pedido que nos muestren las pruebas con las que acusan al director para apoyarlos y sumarnos al paro, pero no nos han mostrado nada, y hemos intentado hablar con ellos, pero no se han prestado”.
Dijo que es un grupo minoritario el que tiene cerrado el Tecnológico, y a como dé lugar este lunes por la mañana quitarán el portón, para que puedan entrar los trabajadores administrativos y maestros. “Somos una comunidad estudiantil de poco más de mil 300 alumnos y estamos perdiendo clases; el 80 por ciento de los estudiantes tramita becas para poder estudiar y el proceso está por cerrarse”, manifestaron su preocupación por conservar su beca.
El alumno dijo que hay alumnos que terminaron su carrera, pero están en el proceso de titulación y no pueden concluir porque está cerrado el plantel.
Agregó “queremos decirle a los compañeros del paro que muchos de nosotros aprovechamos la temporada de vacaciones de diciembre para trabajar y poder conseguir dinero para pagar nuestra escuela”.
A pregunta expresa, rechazó que estén siendo manipulados por el presidente del consejo estudiantil, Erwin López Escobar, quien es identificado como incondicional del director Alfonso Miguel, “hemos tenido reuniones con él en donde hemos coincidido en que es necesario tener clases, pero nada más; no somos un grupo de choque como nos han llamado en los medios de comunicación”.
Añadió que no es verdad que con esta acción estemos incitando a la violencia, no vamos en plan de agredir a nadie, dijo.

Aprueba el Cecop que se reciba a Astudillo en los Bienes Comunales de Cacahuatepec

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) aprobaron iniciar el diálogo y recibir al gobernador Héctor Astudillo Flores en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, a fin de buscar el desarrollo de las comunidades que mantienen su rechazo a la presa.
En la asamblea dominical en la comunidad de La Concepción, los pobladores se quejaron del incumplimiento de las gravilleras Agregados de la Costa Chica y de la empresa de Alfredo Valle, para realizar las obras sociales en las localidades a las que se comprometieron para seguir la explotación del río.
En declaraciones telefónicas, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, informó que en la asamblea los comuneros dieron su consentimiento para que el gobernador visite los Bienes Comunales y que escuche sus necesidades, además de replantear los Acuerdos de Cacahuatepec en un diálogo en el que intervenga el arzobispo Carlos Garfias Merlos.
El 1 de noviembre, el vocero se encontró brevemente con Astudillo Flores en el Centro de Convenciones, donde se presentó la revisión del Plan Nuevo Guerrero, y le pidió una audiencia para plantear acciones para las comunidades.
Dos días después el vocero se reunió con el asesor y operador político del gobernador, César Flores Maldonado, y con el arzobispo para elaborar la agenda para la reunión.
Ayer también se acordó que una comisión asista al XII Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), que se realizará del 10 al 12 de noviembre en Jalcomulco, Veracruz. La organización se fundó hace 12 años en los Bienes Comunales.
En otro tema, Suástegui Muñoz informó que se podrían romper los acuerdos con las gravilleras y prohibir la extracción de material pétreo del río Papagayo, porque los propietarios no cumplieron los compromisos hechos en una asamblea pasada.
Adelantó que el Cecop conformará una cooperativa y que los propios comuneros extraigan el material pétreo del río de manera sustentable y así no afectar más su cauce.
El 27 de septiembre, en asamblea se acordó que las empresas podrían seguir extrayendo material pétreo a cambio de obras sociales y el pago de una cooperación voluntaria mensual. Además de pagar 500 mil pesos de la cooperación de meses atrasados.

Reinstalará el Ayuntamiento a cinco de 13 trabajadores despedidos, informa dirigente

El secretario general de la llamada Sección 65 del SUSPEG, no reconocida por el Ayuntamiento ni por el propio sindicato, Jorge Luis Ortiz Ochoa, informó que el gobierno municipal reinstalará a cinco trabajadores de lista de raya que fueron despedidos y que de otros ocho quedó pendiente su situación laboral.
En declaraciones por teléfono, Ortiz Ochoa explicó que los trabajadores despedidos, tres de ellos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), uno de regidurías, sin precisar de qué partido, y otro más de la Dirección de Conservación y Mantenimiento, serán reinstalados en sus áreas tras un acuerdo con autoridades municipales.
Agregó que otro acuerdo respetado fue el otorgamiento de las vacaciones, permisos y días festivos a los trabajadores, “solamente hay que actualizar el documento de la administración pasada para que se respeten sus derechos”.
Comentó que 18 empleados de la Coordinación de Servicios Públicos estuvieron a la “deriva” el miércoles pasado, porque se desconocía dónde iban a laborar, si en la misma área o en la Zonatur, pero dijo que hoy se reinstalan en su zona habitual.
Indicó que el martes es la fecha límite para que sean reinstalados los cinco trabajadores y que en caso contrario se radicalizarán sus protestas.
Ortiz Ochoa declaró que quedó pendiente la reinstalación de ocho empleados de lista de raya que demandaron al Ayuntamiento por despido hace tres años; “se está viendo si aceptan la reinstalación o un pago de salarios caídos”.
Manifestó que esa sección continuará el diálogo con la administración para que se respeten los derechos de los trabajadores.
Ortiz Ochoa dijo que a la reunión del sábado no asistió el secretario general Daniel Meza Loeza, sólo el director de Gobernación, Juan San Román Ortiz, y el ex director de Transporte y ahora asesor del gobierno, Juan Larequi Radilla.
El martes, unos 60 trabajadores de la sección 65 del SUSPEG, no reconocida por el Ayuntamiento, tomaron el Palacio Federal para exigir la reinstalación de 13 empleados de lista de raya que fueron despedidos.

Evitar la tala de un amate del Zócalo, exigen Guerreros Verdes a Ecología municipal

Integrantes de la asociación ambientalista Guerreros Verdes colocaron una cinta verde, con la leyenda: “Arbol protegido por la ciudadanía”, en un amate del Zócalo, donde se lleva a cabo la remodelación.
Allí cuatro integrantes de la asociación tuvieron un altercado verbal con comerciantes de la zona que denunciaron que las raíces del árbol están dañando sus locales.
Los ambientalistas pidieron al director de Ecología municipal, Joel Tacuba, que frene lo que parece ser el inicio de la tala del árbol.
Allí, la integrante de la agrupación, Irma Sánchez Viveros, contó que derivado del malestar de un sector de la población por la remodelación del Zócalo, ellos se manifestaron por el intento de trabajadores de la obra de quitar el árbol del callejón que se dirige a la calle Ignacio Ramírez.
Propuso que las autoridades municipales cuiden el árbol, “porque si se poda y se cortan las raíces que dañan los negocios se puede preservar”.
La señora, que se trepó al amate descalza, fue auxiliada por tres de sus compañeros para colocar una cinta de tela color verde y en la que en letras amarillas se leía: “Árbol protegido por la ciudadanía”.
En julio de 2014, Guerreros Verdes recabaron firmas para la preservación de los árboles del Zócalo, porque en los planos y en la maqueta de las obras de remodelación, a cargo del gobierno federal, no estaban integrados.
Ayer en la obra, que debió finalizar su tercera etapa en marzo, antes del Tianguis Turístico, se observó a trabajadores abriendo el piso e insertando tubería frente al edificio donde estaba el restaurante La Flor de Acapulco. En la esquina con dirección a la calle Ignacio Ramírez hay un módulo de policías y atrás de éste el amate que fue envuelto por las cintas verdes.
La jardinera del árbol está cuarteada y la herrería ornamental doblada por el tronco, incluso entre las grecas sobresale la corteza que se incrustó en el metal.
Tanto el módulo, la jardinera y parte del pasillo que conduce a la calle Ignacio Ramírez están cercados por estructuras de madera para evitar el paso de las personas. El adoquín dsel piso ya se levantó y se observó que algunas raíces se cortaron.
Los ambientalistas criticaron que al cortar las raíces muy cercanas al tronco se podrían afectar su estabilidad.
Sánchez Viveros contó que antes de subirse al árbol, discutió con los locatarios de la zona que dijeron estar de acuerdo en que se cortara el árbol porque las raíces ya afectaban el piso de sus negocios.

Se incorporarán 10 nuevas colonias a la base de Catastro, informa su director

El director de Catastro e Impuesto Predial, Alfonso Calderón Velázquez, informó que 10 nuevas colonias se incorporarán a la base catastral y, aunque no dijo cuánto sería lo que se recaudaría, precisó que no impacta mucho porque su monto es de tres salarios mínimos, es decir unos 274 pesos por año.
El funcionario dijo que no se contratará a ninguna empresa para hacer el cobro del predial, pues el municipio cuenta con seis agencias recaudadoras y hay 180 trabajadores que están exclusivamente para la recaudación que es variable; “son tiempos difíciles, no hay mucho ingreso, en enero y febrero estará mejor”.
“Son varias las colonias que deben de ser dadas de alta, tenemos entre 10 y 15 colonias que se pueden incorporar”, dijo el director y precisó que son pocos los contribuyentes que ingresarían, unos 2 mil, a los 251 mil que están ya en el padrón de la dependencia y que sería “mínimo el impacto” de los ingresos.
Abundó que en esas colonias la mayoría son viviendas que “pagan tres salarios mínimos, es decir 274 pesos al año, eso no impacta el ingreso, lo que impacta son los morosos, que son el 60 por ciento y nos ayudará mucho si se regularizan”.
Explicó que el diagnóstico real se tendrá en enero del próximo año, cuando se haga la revisión de viviendas.
En declaraciones por teléfono, Calderón Velázquez detalló que se pretende “basarnos en la tabla de valores porque los costos son diferentes. Aquí la gente se confunde por la tarifa o el precio comercial y no es lo mismo, a lo mejor comercialmente se cotizan de una forma u otra, pero catastralmente es distinto y aquí la Progreso tiene una tabla más baja que Costa Azul”.
Los nombres de las colonias dijo que no los tenía, pero “se están capturando, algunas son fracciones de colonias que ya están pero no están los nombres de las personas. Un ejemplo es Palma Sola, que ya está en la base catastral pero una fracción ya quedó y es lo que se está capturando y algunas son colonias nuevas del área de la periferia”.
“Estamos en revisión de un buen número de viviendas de las 25 zonas en que está dividido el municipio, son distintas y estamos revisando las más pobladas como el Centro, Progreso, Jardín, La Zapata, Ciudad Renacimiento para que paguen de acuerdo con su base y el tipo de inmueble”, agregó el director y mencionó que son 251 mil contribuyentes que están en el padrón.
De la revisión, declaró que es “porque hay muchas colonias irregulares, estamos revisando y queremos regularizarlos, aquí la gente por falta de información no lo hace y estamos pidiendo informes a las dependencias que se encargan de la regularización de la tenencia para que nos hagan llegar los listados e incorporarlos, a fin de revisar por zonas que el impuesto que se paga sea acorde con la superficie de terreno y construcción”.
El funcionario dijo que ya comenzó la modernización de Catastro, que llevan varias semanas trabajando.
“Ahorita se están haciendo las primeras pruebas del sistema, de hecho todo noviembre será de ensayo y pruebas para que en seis meses funcione toda la modernización”, puntualizó el director de Catastro.
Del dictamen que aprobó el Cabildo el lunes para firmar un acuerdo con Banobras para modernización de Catastro, Calderón Velázquez indicó que “se hará una revisión interna de las oficinas y tener actualizado todo el sistema”, y adelantó que en seis meses habrá un control total de “todas las cuentas catastrales del municipio”.

Auditar a la cooperativa Rerum Novarum, piden los defraudados al gobernador

Defraudados de la cooperativa de ahorro y préstamos Rerum Novarum, ubicada en la colonia Icacos, pidieron una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores para solicitar una auditoría en la caja de ahorro, porque en la administración pasada no hubo respuesta a la petición.
En declaraciones por teléfono, el integrante de la comisión liquidadora de los defraudados, Oscar Guatemala Palma, dijo que pidió la intervención del gobernador en un escrito enviado el 8 de octubre y hasta ayer no tenía respuesta.
Agregó que el escrito tiene dos peticiones: la primera una audiencia con Astudillo Flores y la segunda que éste instruya al secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, a que realice la auditoría a la caja de ahorro.
Añadió que la solicitud ya venció su término y estimó que hoy o mañana tendrá respuesta de las autoridades del estado, “hemos actuado de manera institucional, por si hay una posible manifestación ellos ya tienen el antecedente”.
Guatemala Palma indicó que también solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y del Fidecomiso Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago) retomar el asunto de la indemnización a los defraudados, “como hay nuevo gobernador, hay nuevas autoridades”.
Aunque, dijo que antes del convenio el gobierno del estado debe de realizar la auditoría a la cooperativa, que cuesta unos 400 mil pesos, para que recuperar el dinero de 862 socios y no los más de seis mil defraudados que tienen la demanda por separado.
Detalló que después del convenio entre el gobierno del estado y el fidecomiso se dará a conocer el porcentaje que aportarán ambos para pagar a los defraudados.
Guatemala Palma indicó que del auto de formal prisión contra la gerente Josefina Chávez González, el 26 de octubre, “no está en nuestras manos, todas las demandas se están ratificando, solamente faltan algunos testimonios”.
Criticó que el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez “solamente nos hizo dar vueltas y largas, aunado a mesas de trabajo, minutas firmadas, pero sin concretar nada”.
Los defraudados de Rerum Novarum bloquearon en dos ocasiones el bulevar de Las Naciones y otra la Costera, para insistir en que el entonces gobernador Ortega Martínez realizara la auditoría para firmar el convenio con el Fipago y recuperar su dinero.

Baches, hoyos y fugas dificultan la circulación en calles aledañas a la SSP y en el centro

En las calles aledañas y frente a la Secretaría de Seguridad Pública municipal hay baches y otras vialidades del Centro están destrozadas, lo que dificulta la circulación de automóviles.
En un recorrido por las calles del Centro se observó que la carpeta asfáltica tiene baches, zanjas, boquetes y socavones.
Los desperfectos se ubican en las calles Sonora, Vasco Núñez de Balboa, Andrés de Urdaneta, 18 de Marzo, Durango y Diego Hurtado de Mendoza.
Decenas de baches hay frente a la Secretaría de Seguridad Pública y en toda la avenida Sonora, mientras que en la Vasco Núñez de Balboa siguen los desperfectos sobre todo frente a las oficinas provisionales de la Jurisdicción Sanitaria 07 y atrás del llamado Edificio Inteligente.
Una calle intransitable es la Urdaneta, porque la vialidad está completamente en terracería tras el deterioro de la carpeta asfáltica que la administración pasada del estado dejó inconclusa, a pesar que será el par vial del Acabús.
Sobre la calle 18 de Marzo, en la colonia Progreso, cerca del Mercado Central, hay una zanja en medio de la vialidad y una fuga de agua potable que no ha sido reparada por la CAPAMA desde hace un mes.
En la avenida Durango, atrás de la iglesia San Cristóbal, se constató que hay baches que dificultan la circulación de los automóviles.
Los trabajadores del Departamento de Rehabilitación de Vialidades y Bacheo, que depende de la Dirección de Obras Públicas, ya repararon el boquete de la calle Tadeo Arredondo, la zanja de la calle José Valdez Arévalo y unos tramos de la Vía Rápida y de la calle Diego Hurtado de Mendoza.
El pasado 4 de octubre, el presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre dio el banderazo inicial al programa emergente de Bacheo, en la calle Velázquez de León, y la rehabilitación en la carpeta asfáltica abarcaría el centro.

No atiende Salud la petición de basificar a los trabajadores de Vectores, denuncian

A casi dos meses del inicio el paro de los trabajadores del área de Vectores, de la Secretaría de Salud del estado, y la toma del edificio de la Jurisdicción Sanitaria 07, los integrantes del Movimiento de los 63 señalaron que en el segundo encuentro que tuvieron con funcionarios de las oficinas centrales, no se atendió su petición primordial, que es la basificación de los trabajadores que fumigan y abatizan en Acapulco, para atacar la larva y el mosco que transmite chikungunya.
El campamento que instalaron los trabajadores desde su primer día, ya está organizado con espacios definidos para actividades como dormitorio, cocina y una sala donde hay mesas de plástico, en las que platican, juegan con su celular, comen o leen.
En la pared, que colinda con el extinto cine playa hornos, se adaptaron unas parrillas de gas sobre cajas de madera. La cortina de herrería que tienen los ventanales de la planta baja del edificio, se adaptó para colocar allí su alacena, donde lo mismo se observan latas de productos como chiles en vinagre o salsa de tomate, también sobre las repisas entrepuestas a la cortina, como cuelgan bolsas con arroz y frijol.
Del edificio contiguo desbrozaron más de diez metros, además de lavar la banqueta que regularmente tenía malos olores. También adaptaron los espacios entre la banqueta y el inmueble, para usarlo como baño.
Desde el 13 de septiembre que tomaron el edificio, se mantienen en la explanada sin entrar a las oficinas.
En los primeros días sólo tenían lonas que los cubrían, como techo, al frente siguen las pancartas en las que se lee: “Compañeros eventuales de Guerrero, únanse a la lucha”, “¿qué prefieres, que te den lo que ellos quieren o lo que te mereces?” y “a la población, gracias por la comprensión y cooperación. Paro laboral Vectores Movimiento 63”.
La representante de los manifestantes, Isabel Miranda, consideró que a dos meses del movimiento “estamos un poquito más cerca que las autoridades ya vengan a ver nuestro compromiso, que tuvimos con el secretario Edmundo Dantes Escobar”.
Dijo que una vez por semana han ido funcionarios de la nueva administración a intentar resolver su situación, pero estas dos últimas veces sólo ofrecen seguir trabajando, pero como trabajadores de contrato.
Quienes han acudido son el jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud estatal, Marcos Marváez, y el delegado administrativo de la Jurisdicción Sanitaria 07, Julio Ortiz.
Isabel Miranda dijo que el acercamiento es para instalar mesas con los trabajadores, la última vez que se reunieron fue el martes, cuando se les expuso que hay casos de sus compañeros que tienen más de 10 años trabajando en el departamento de Vectores y no han sido basificados. También les reclamaron que ni la Secretaría de Salud estatal ni el sindicato, les llamó para tramitar su base laboral.
Isabel Miranda insistió en que se retome el compromiso del nuevo secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para que sean incluidos en el próximo proceso de formalización que emita la Secretaría de Salud federal.