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Por adeudos y atraso en contratos, la baja de ingresos en Vía Pública y Saneamiento

El director de Vía Pública, Jaime Soria Villa, justificó que los ingresos en esa dependencia bajaron porque está pendiente que tres empresas paguen sus permisos y falta cobrar el refrendo de 70 vendedores semifijos de la avenida Costera y la realineación de vendedores en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.
Por su parte, el director de Saneamiento Básico, José Alberto Alonso Gutiérrez, aseguró que la baja en la recaudación se debe a dos factores, el retraso en los contratos para recolectar la basura en negocios y la competencia desleal de empresas recolectoras de basura.
Ayer El Sur informó que de acuerdo con el Comparativo de los Ingresos recaudados durante el periodo 1 de enero al 30 de septiembre del 2015, con el mismo periodo en el 2016, que la Secretaría de Finanzas entregó a regidores seis dependencias tuvieron menos ingresos, entre ellas la Policía Auxiliar Preventiva, Vía Pública, Mercados, Ecología, Saneamiento Básico y Parquímetros.
El director de Vía Pública, Soria Villa, declaró que hubo una disminución debido a que hay tres empresas que tienen espacios publicitarios en la vía que aún no han pagado sus permisos, y “como ellos programan sus pagos no se ha reflejado”, además de que está pendiente que paguen sus permisos los artesanos y pabelloneros (vendedores semifijos de raspados)”.
“En la Colosio falta cobrar el refrendo, para poder lograr un aumento”, agregó el funcionario, y es que explicó que en el caso de los pabelloneros no se les ha cobrado hasta que estén “certificados”, tengan sus gafetes y que su preparación de alimentos están limpios, “son como 60 o 70 de la avenida Costera”.
Explicó que en el caso de vendedores de raspados ellos se programan a finales de mes o en los primeros días, y con eso espera recurar los ingresos.
Soria Villa informó que tienen pendiente la alineación de vendedores en la Colosio, “son 40, se ha retenido el refrendo ya que estamos en pláticas de reordenarnos, para que cumplan su refrendo”.
Mientras que el director de Saneamiento Básico, José Alonso Gutiérrez, declaró que son dos las causas por las que bajó el ingreso, una de ellas la contratación de servicios de recolección de basura con las empresas se retrasó por falta de facturación.
Otro de los problemas es la competencia desleal de las empresas recolectoras de basura, y por eso motivo se lleva a cabo el programa Respeto por Acapulco, para detectar aquellas empresas que no cumplan con la disposición final de los residuos sólidos.
“Hubo un retraso de contratos con 100 empresas que se atrasaron, por ello una plática con los regidores y expusimos la situación de hacer más ágil el proceso de contratación”, declaró el funcionario, que reconoció que están un 12 por ciento debajo de lo que se pretendía recabar en comparación con el año pasado.

 

 

Toman constructores siete horas las oficinas del Inifed; exigen el pago de adeudos por obras de 2014

Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guerrero cerraron por siete horas las oficinas del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed) en Acapulco, para exigir el pago de la deuda que la dependencia federal mantiene desde 2014 por la reconstrucción de 136 escuelas afectadas por la tormenta Manuel, en 2013, de un total de 200 contratos firmados, y que ocasionó la quiebra de 106 constructoras guerrerenses.
Durante el cierre de las oficinas que ocupan la planta baja de Villas Kimberly, ubicadas en el bulevar Las Palmas, los inconformes demandaron también la destitución del coordinador de las obras educativas del Plan Nuevo Guerrero, Juan José Limón Villalaz, a quien entregaron el inmueble una vez que supieron que el director general del Inifed, Carlos Colunga González, los atenderá el próximo jueves.
El representante de los constructores en la entidad, Sergio Isaac Reyes Carbajal, informó por teléfono que acordaron la entrega de las oficinas a las 6 de la tarde, aunque no especificó si será en Acapulco o en la Ciudad de México.
Explicó que la reunión con Colunga González servirá para programar fechas para el pago que podría alcanzar los 200 millones de pesos, pues además mantienen adeudos, por 727 millones 975 mil 658 pesos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Salud (SSA) e incluso ayuntamientos como el de Acapulco.
“El Ayuntamiento debe 11 millones, la Secretaría de Salud 45 millones”, detalló.
Reyes Carbajal reclamó que después de la conferencia de prensa que ofrecieron la semana pasada en Chilpancingo, en la denunciaron la quiebra de las empresas, no ha habido un acercamiento con las dependencias.
“Ya estamos cansados de cómo se maneja la situación, no hay una respuesta clara, hay ambigüedades, hay indicaciones que al siguiente día las cambian, se adeuda poco más de 100 millones de pesos a 106 empresas pero el monto puede aumentar a unos 200 millones”, detalló sobre el Inifed.
Indicó que hubo un depósito de la Secretaría de Hacienda en cuentas de Banobras para cubrir tales adeudos, pero que los trámites para agilizar la liberación del dinero no se concluyen porque no hay personal suficiente que supervise las obras que ya fueron terminadas, pues tampoco les han pagado desde el año pasado.
Agregó que la falta de supervisión para los trabajos mantiene incompletos los procesos para justificar los expedientes de que las obras fueron terminadas.
“Tengo entendido que en mayo fueron liberados algunos recursos pero no se ha mandado la documentación para que se hagan los pagos. Son los problemas, primero, en las oficinas no avanzan los trámites (y) por eso es que pedimos el cambio y en la Ciudad de México también exigimos que (la Secretaría de) Hacienda libere los recursos, por eso estamos pidiendo la reunión para saber cómo están los procedimientos y si ya se liberaron o no los recursos”, detalló.
Unos 40 integrantes de la CMIC llegaron a las 9:30 de la mañana a las oficinas y colocaron tres lonas en diferentes partes del edificio y en los árboles, con mensajes dirigidos al presidente Enrique Peña Nieto.
“Los constructores de Guerrero solicitamos su intervención para el pago de trabajos del Inifed ocasionados por los fenómenos meteorológicos Ingrid-Manuel (Fonden); “Al gobernador, Héctor Astudillo Flores los constructores de Guerrero solicitamos la renuncia del ingeniero Juan José Limón Villaláz, encargado de la coordinación del Plan Nuevo Guerrero; y al secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer: “secretario de Educación Pública, los constructores de Guerrero exigimos trato justo honesto y despida a J. J. Limón”, se leía en las lonas.
Debido a la ausencia de funcionarios que los atendieran en la oficina, a las 12:20 del día los inconformes pidieron a los trabajadores que salieran de las oficinas.
Diez minutos después y una vez que quienes tenían las llaves de los dos accesos a la oficina colocaron sus propias cadenas en las dos puertas, para posteriormente colocar una cinta de plástico con la leyenda “obra en proceso”.
En declaraciones por teléfono por la tarde, Sergio Reyes dijo que “hubo intermediación del gobernador” Héctor Astudillo para que las oficinas fueran liberadas.
“Él sabe que es una situación que debe atender, aunque no ocurrió en su periodo. Él es intermediario de esto. Por eso entregamos las oficinas”, declaró.

La deuda de 200 millones con la CMIC es por retraso del Fonden, dice el delegado de la SCT

Alfonso Marín Amezcua

Chilpancingo

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en Guerrero, Eduardo Rodríguez Abreu, informó que la dependencia federal no ha liquidado el adeudo 200 millones de pesos con las constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC), debido a que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sigue sin autorizar formalmente los recursos económicos por el programa de la tormenta Trudy, en 2014.
Integrantes de la CMIC en Guerrero denunciaron hace una semana que los gobiernos federal, estatal y de Acapulco adeudan 727 millones 975 mil 658 pesos a más de 200 constructoras guerrerenses, a los cuales la SCT debe 200 millones de pesos correspondientes al programa Trudy.
En entrevista telefónica al respecto, Rodríguez Abreu explicó que Fonden está informado del adeudo que mantiene la dependencia federal, ya que continuamente han reportado la falta de pagos a las constructoras guerrerenses de la CMIC.
Mientras que el presidente de la CMIC en Guerrero, Sergio Reyes Carbajal, se ha comunicado con la SCT para agilizar la liberación del presupuesto, “por lo que considero que pronto va a resolverse el tema de Trudy”, dijo, sin especificar la fecha en la que podrían hacerse los pagos.
Detalló que el adeudo no rebasa los 200 millones de pesos, y aclaró que el adeudo de la SCT es solamente por la tormenta Trudy, ya que de las contingencias por Manuel, en 2013, fueron liquidados los adeudos, “y si se debe algo es porque están en finiquitos de algunos números y un proceso de cierre presupuestal donde los finiquitos serán revisados a detalle”.
Consultado sobre la razón por la que sigue atrasado el pago por la reparación de los caminos rurales dañados por la tormenta tropical Trudy, donde incluso se emitió una declaratoria de emergencia para 36 municipios de Guerrero, Rodríguez Abreu indicó que la SCT depende únicamente del presupuesto con el que cuente el Fonden.
“En este caso la SCT no tiene un programa especial sino que depende de los recursos que sean autorizados y aprobados en el Fonden, así se hacen los pagos”, dijo.
A pregunta expresa acerca de si hay algún motivo específico sobre el atraso de los recursos, el funcionario federal respondió que desconocía las razones del Fonden, “desconozco la causa, pero lo más seguro es que le da prioridad a las cosas más urgentes en el país, pues no solamente es Guerrero,  hablamos de muchos eventos que se han generado y todos de la misma bolsa”.
Aunque agregó que la CMIC ha sido informada de todo el proceso, ya que luego de un acuerdo a nivel nacional entre el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el presidente nacional de la CMIC, Gustavo Arballo Luján, que firmaron un convenio, se  acordaron reuniones mensuales para evaluar temas de adeudos, adjudicaciones y programas a ejecutar, “por eso no hay nada que no se sepa sobre los eventos y obras programadas, manejamos todos los temas de infraestructura y hay una buena relación y conocimiento de los hechos”.
Rodríguez Abreu indicó que desconoce el motivo de la denuncia de Reyes Carbajal, “posiblemente se deba a que a más de un año del adeudo de Trudy no se han hecho los pagos y justamente también se deba a que no hay mucho trabajo”.
En el caso de la SCT, mencionó que fueron ejecutadas 75 obras en caminos provisionales, mencionadas como obras emergentes o “inmediatas”, en zonas afectadas de la Costa Chica y La Montaña.
Mientras que por Manuel se trabajaron mil 35 caminos rurales, 128 puentes rurales, 5 carreteras federales y 11 puentes federales.
En el caso de Trudy, remarcó que todo lo federal fue autorizado y ejercido, mientras que de lo rural siguen sin ejercerse los 200 millones de pesos del Fonden, donde para temas rurales el gobierno estatal designa el 50 por ciento del presupuesto y la federación el otro 50 por ciento.
De la denuncia del presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de Guerrero (AECG), José Luis Cuevas Pano, quien aseguró que las grandes obras de la SCT y de la Conagua vienen etiquetadas por contratos millonarios para consorcios foráneos que buscan beneficiar a constructoras de familiares de funcionarios federales, Rodríguez Abreu lo negó y dijo que la información en materia de licitación y obras es manejada de manera “transparente y disponible para cualquier autoridad en los sistemas”.
Ante los adeudos que han denunciado los integrantes de la CMIC, hoy realizarán una protesta en Acapulco, afuera de las oficinas del Inifed, debido al adeudo por 100 millones, 436 mil pesos  que mantiene la dependencia por el Plan Nuevo Guerrero a 100 constructoras guerrerenses, y por el millón 627 mil pesos por la reconstrucción de seis empresas por el programa Escuelas Dignas.

Agilizará el gobierno estatal la demanda contra empresas que adeudan obras, dice líder sindical

El secretario general del Sindicato de Transporte y de Construcción de Coyuca de Benítez, que depende de la CTM, Rufo Ávila Varela, informó que el gobierno del estado se comprometió a agilizar la demanda por fraude contra dos empresas constructoras que abandonaron las obras de rehabilitación de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en 2014, y no pagaron a ese sindicato y al de Atoyac.
En declaraciones por teléfono, el líder sindical reclamó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no consideró la fianza que depositan las empresas que ganan la licitación de una obra, “nos dijeron que no aplica porque nosotros somos sindicatos, que el rubro se considera en caso de trabajos mal hechos”.
Comentó que las autoridades se comprometieron a agilizar la demanda por el delito de fraude, interpuesta desde hace un año, contra las constructoras Unión de Contratistas, de la Ciudad de México, y Duos Comercializadora, de Puebla, “estas empresas ya están boletinadas”.
Contó que las autoridades amenazaron a los trabajadores para que desistieran de la suspensión de los trabajos en ambos municipios, pues incurrirían en un delito.
Ávila Varela criticó que la SCT no apoyara económicamente a ambos sindicatos por el adeudo que dejaron las dos empresas, “se justifican porque nosotros somos sindicatos y no empresas”.
Los constructores fueron atendidos por el delegado de la SCT, Eduardo Abreu Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Rafael Navarrete Quezada.
El pasado 9 de febrero, trabajadores del Sindicato de Transporte y de Construcción del Municipio de Coyuca de Benítez bloquearon de manera intermitente y por seis horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, frente a la comunidad Cayaco-Camalote, para exigir el pago de 2 millones 900 mil pesos a la SCT por los trabajos de rehabilitación de la vía federal en 2014.