Jubilados de la delegación D-IV-14, adherida a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), denunciaron que el gobierno estatal pretende despojarlos de las prestaciones que les corresponden, con el argumento de que no hay recursos, pero en realidad éstos son desviados por funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en colusión con dirigentes del sindicato.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el secretario general de la delegación D-IV-14, Ángel Silva Narciso, acompañado de unos 20 jubilados del sector educativo que se retiraron hace más de tres años, acusó a “los mal paridos gobernantes” de adueñarse de los recursos que le corresponden al gremio.
Señaló que el responsable directo del fraude a los jubilados es el gobierno estatal, ya que las prestaciones “son pocas y hoy nos las quieren arrebatar, nos las quieren quitar poco a poco”.
Precisó que las prestaciones en riesgo son por parte del Programa de Previsión Social, mediante el cual los jubilados recibían un bono de 300 pesos mensuales, que se les adeuda desde hace seis meses por la presunta falta de recursos; un bono que se entrega en noviembre, de 2 mil pesos, del que tampoco se ha informado sobre el pago, y otro más en mayo.
Denunció que el bono de indemnización por jubilación, de 30 mil pesos, se adeuda a unos 5 mil trabajadores que se retiraron en 2015 y 2016. Aseguró que es extranjera la empresa que maneja los recursos que se generan por los intereses de los préstamos y no hay un responsable directo que pueda informarles sobre los procesos. Aunque saben que sí se hacen los depósitos correspondientes.
Por otra parte, expresó que le preocupa que el bono decembrino, que entrega el gobierno federal y asciende a 9 mil pesos para los jubilados, no se pague el 19 de diciembre de este año, como se acostumbra.
Reclamó que la Comisión de Jubilados y Pensionados del SNTE y el secretario general de la sección 14, Javier San Martín Jaramillo, no han hecho nada para exigir los pagos que se le adeudan a los trabajadores que ya se retiraron del Servicio Profesional Docente.
Añadió que desde que el ex alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, está al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hay procesos burocráticos de un municipio a otro.
Por último, aseguró que los recursos que se les adeudan a los jubilados son cerca de 2 mil millones de pesos, pero éstos han sido desviados con fines políticos por los dirigentes de la sección 14 del SNTE, como el subsecretario de Educación Básica, Emiliano Díaz Román, y el ex secretario general, José Hilario Ruiz Estrada, por lo que llamó al gobierno estatal a regularizar los pagos pendientes, de lo contrario “tendremos que movilizarnos”.
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Protesta el Sutcobach en la dirección del subsistema; exige el pago de prestaciones
Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) se manifestaron en la Dirección General, ubicada en la avenida Benito Juárez en la capital, para rechazar la evaluación del Servicio Profesional Docente, la reforma educativa y exigir el pago de prestaciones a los empleados.
A las 12:30 del día, unos 20 integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Sutcobach, encabezados por el secretario general, Alfredo Ramírez García, llegaron a la Dirección General y exigieron respeto a los derechos de los trabajadores, el pago de prestaciones que se les adeudan a ellos y a jubilados del subsistema.
Los manifestantes portaban una lona que dice: “Sutcobach, por la abrogación de las reformas neoriberales, ¡hasta la victoria siempre!”.
Ramírez García dijo que las autoridades han incumplido con la revisión de plantilla, la elaboración de horarios de los académicos de manera bilateral, el pago salarial de unos 50 trabajadores, plazas de familiares de trabajadores administrativos que se han jubilado o pensionado, los trabajadores con 28 y 30 años de servicio, por lo que las gestiones deben de realizarse.
También exigió la publicación de la convocatoria de basificaciones y recategorizaciones para trabajadores administrativos, que se asignen plazas a familiares de empleados que se han jubilado, fallecido o retirado, según lo establece el contrato colectivo de trabajo.
Dijo que desde mayo, las autoridades no han pagado prestaciones a los trabajadores, como el pago de becas de licenciatura y otras, “no vemos voluntad de diálogo, ni voluntad de resolver los problemas del Colegio de Bachilleres”.
Pidió que si el director general, Juan Carlos Martínez Otero Gallegos, no resuelve los problemas del Sutcobach, debería renunciar, ya que la próxima semana el sindicato hará manifestaciones en la capital, para exigir que se cumplan sus demandas. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
Piden jubilados estímulos; protestan afuera del acto con el gobernador por del Día del Maestro
Maestros jubilados y pensionados protestaron afuera del Centro de Convenciones Mundo Imperial, cuando el gobernador Héctor Astudillo encabezaba el acto por el Día del Maestro.
Cerca de 70 maestros pidieron que se les pague el estímulo a la jubilación y los seguros de vida pendientes desde el año pasado.
El representante Ricardo Jimón Campos dijo que los jubilados son víctimas de las consecuencias de la reforma educativa, porque debido a esa reforma se vieron obligados a jubilarse.
La protesta también obedeció a la preocupación porque la sección 14 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció la publicación de una próxima convocatoria del estímulo a la jubilación, pues el adeudo también es de 2015 y hay todavía casos de 2014.
Estimó que hay mil 200 jubilados afectados y la participación en la protesta de este lunes era de una comisión de maestros de Acapulco.
Con tres lonas colocadas en las rejas del centro de convenciones, llegaron los maestros a las 8 de la mañana, una hora antes de la recepción a los proferoes que recibieron reconocimientos por el Día del Maestro.
La segunda demanda es la agilización de trámites de pensiones, el cual avanza “lo que sí tenemos problemas es en el pago de nuestros seguros, que esos no tienen discusión porque lo generamos desde el primer día que empezamos a trabajar”. Uno de los seguros, el llamado colectivo, no se les ha entregado. El Pago de Previsión Social (PPS) tampoco se les ha entregado.
La maestra jubilada Guadalupe Eugenio Feliciano dijo que han seguido los protocolos pactados con el gobernador, sin obtener resultado, “sin embargo notamos con mucha tristeza e indignacion, que a pesar de que nos hemos guiado conforme a las recomendaciones emitidas por ellos, la sección 14 está emitiendo informaciones para que compañeros se sigan jubilando”. Lo que se traduce en el incremento de los adeudos, en todos los rubros, que mantiene el gobierno del estado.
Llamó a los próximos a jubilarse a “que se preparen”, pues la pensión les llegará después de cinco meses.
La representante de los jubilados, dijo que ellos terminaron el trámite de retiro a finales del año pasado, y luego de seis meses siguen sin recibir su pensión.
Minutos antes de las 10 de la mañana, una comisión de jubilados entró a entregar su pliego petitorio al gobernador del estado, para que se dé cumplimiento a las demandas expuestas. Informaron que la próxima semana tentativamente se reunirían en una mesa de trabajo, para desahogar los puntos expuestos.
Hasta un año podría pasar para que el Acabús tenga utilidades, dice funcionario
El jefe de la oficina del gobernador Héctor Astudillo Flores, Alejandro Bravo Abarca, informó que hay un fondo para cubrir los adeudos que tiene el Acabús y se hará un esquema de pagos.
El funcionario estatal explicó que dichos sistemas de transporte tienen una curva de maduración que es de hasta un año, en el que se trabaja con déficit.
Consultado vía telefónica, el jefe de la oficina del gobernador, quien le da seguimiento a la operación del Acabús por parte del gobierno del estado, explicó que todos los sistemas de transporte tienen una curva de maduración que va de 10 a 12 meses, para empezar a funcionar sin problemas.
Indicó que dicha curva está dentro de los estudios que se hicieron para poner en funcionamiento el transporte; “en cuatro meses los sistemas de este tipo no operan con utilidades”.
Bravo Abarca consideró que no es un fracaso que a cuatro meses de su arranque el Acabús tenga problemas para el pago de facturas, “quien diga eso está completamente equivocado”.
Expuso que el Fideicomiso Acabús, que es el que administra los recursos, fue creado con un fondo y de ahí se hará un esquema para pagos a quien se le debe, como es a la empresa Dina por mantenimiento y al proveedor de combustible.
Al comentarle que el Acabús funciona con menos camiones desde la semana pasada, Alejandro Bravo negó que sea así, “se supone que hay una frecuencia de acuerdo con la demanda, sobre eso va a trabajando el sistema”, que es la información que el tiene.
Indicó que no sabe de que haya camiones parados por falta de diesel, “probablemente los que están en mantenimiento sí”.
Desde la semana pasada, según informaron trabajadores del Acabús, se opera con menos camiones debido a que la empresa Dina dejó de darles el mantenimiento porque les deben 9 millones de pesos.
También el proveedor de diesel dejó de dar el servicio por una deuda de 11 millones de pesos, lo que obligó a cambiar de proveedor y los camiones van a una gasolinera ubicada en el poblado de Tunzingo, saliéndose de la ruta.
Bravo Abarca agregó que se trabaja para disminuir la evasión de pago de los usuarios que tiene actualmente el Acabús, de 8 por ciento, así como poner más puntos de venta.
De la queja de los socios del Acabús de que hay invasión de rutas en las que circulan para Renacimiento, Zapata y Cine Ríos a Costera, el funcionario estatal respondió que ya se encarga la Dirección de Transporte.
La cartera vencida es de 600 millones, informa Finanzas de la CAPAMA
El director de Finanzas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Guillermo Galeana Salas, informó que se han emitido unas 100 mil cartas-invitación a clientes, en las que se les pide que paguen el servicio y así recuperar la cartera vencida, que asciende a 600 millones de pesos.
Ayer en declaraciones a reportes, Galeana Salas admitió que se tiene una nómina alta en la CAPAMA, que se tienen 300 empleados adultos mayores que ya no desempeñan bien su labor pero que no se quieren jubilar, además de que el organismo no tiene los recursos para liquidarlos.
“Enviamos 100 mil cartas, utilizamos el Servicio Postal Mexicano para ello y hemos tenido respuesta de entre 20 y 30 por ciento de los usuarios”, declaró el director de Finanzas, que aceptó que al principio en las cartas enviadas la “redacción era agresiva”, y se cambió a petición de los consejeros.
Galeana Salas explicó que la actual administración recibió una cartera vencida de 600 millones de pesos, de los cuales 250 millones son de usuarios que tienen más de cinco años que no pagan y “como lo establece la ley, podemos hacer una promoción de prescripción”.
Agregó que en la zona turística entre un 15 por ciento de los usuarios adeudan al organismo y se les ha hecho el llamado para que paguen, “y están cooperando con nosotros en el sentido de que estamos cambiando los medidores viejos por unos modernos”.
“La cartera vencida se trata de recuperar, las anteriores administraciones contrataban despachos pero actualmente no tenemos ninguno, los autorizados para eso son el área jurídica y cobranza”, dijo.
Pidió a los ciudadanos que si alguien los visita y se presenta como empresa externa lo denuncie, y es que precisó que el gobierno “no viene a hostigar al contribuyente, se le pide que pague para poder brindarle un mejor servicio”.
“Se inicio una investigación, se está armando porque no puedes llegar al Ministerio Público y anteponer algo sin pruebas. No nada más son los departamentos de cobranza externa, hay una camioneta blanca circulando con gente, que no es de la CAPAMA”, reveló Galeana Salas, por ello pidió que se reporte para que se hagan las investigaciones necesarias.
Admitió que se recibió y sigue una nómina “alta” porque hay empleados que tienen cinco, 10, 15 y hasta 30 años de servicio y “la CAPAMA no está para liquidar gente, sería algo irresponsable agarrar y liquidar, es por eso que se mantiene la nómina”.
Galeana Salas abundó que el organismo tiene unos 300 empleados adultos mayores que ya no desempeñan bien su labor y se podría pedir su renuncia, pero que éstos no se quieren retirar.
Sostuvo que esta administración va al día en los pagos al ISSSPEG, “se debe anterior sí y porqué aguantaron no sé, son cosas que en su momento mis antecesores no lo hicieron, lo que buscamos es no incrementar la deuda del ISSSPEG y negociar los pagos”.
“En la CAPAMA no tengo aviadores, que había no sé (…) posiblemente había cuando llegamos y se fueron”, dijo.
Agregó: “se ha reducido un poco la nómina, empezamos a buscar gente no apareció y son pocos, 5 o 10 personas y no se presentaban se les dio de baja”.
Galeana Salas admitió que se sigue debiendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) más de 73 millones de pesos de adeudo institucional, por lo que el organismo se amparó, más los 3 millones que se deben de esta administración.
Del panel solar para ahorrar en el consumo de energía eléctrica, Galeana Salas dijo que el alcalde Evodio Velázquez hace gestión en la federación porque el organismo no tiene recursos para adquirirlo; “se necesitan 100 hectáreas de terreno en plano para poner los paneles solares y reducir el consumo de luz, y sería de un 90 y la inversión es alta”.
Aclaró que la paramunicipal no cuenta con un terreno de 100 hectáreas, pero se ha visto una zona ejidal para tener la recepción del sol y se consideró en el presupuesto, pero con el recorte federal “será muy difícil hacer en una sola etapa”.
En otros temas, se le preguntó si han pagado obras a empresas del director general de la paramunicipal, Javier Chona, y respondió que: “la verdad en este año no he pagado a ninguna, de octubre a la fecha no he pagado ninguna obra a empresas que se diga que son del arquitecto”.
Sobre el recorte federal, Galeana Salas indicó que no le afecta a la CAPAMA porque depende de la recaudación por el servicio de agua, pero tal vez sí en la cuestión de la infraestructura porque el organismo depende de recursos de la Conagua y la CAPASEG.
De la aportación a la Cruz Roja, dijo que se sigue donando y que al ciudadano que no quiera cooperar no se le cobra; “llega tu recibo y si dices no quiero darle un peso a la Cruz Roja no se lo das, en tu recibo no aparece”.
“Parece que es rencilla entre familias”, dice el alcalde del ataque en la fiesta
El presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre lamentó los hechos violentos ocurridos ayer por la madrugada en una boda en el poblado de Tres Palos, que dejó tres muertos, y dijo que “parece que es una rencilla entre familias”.
Luego de la premiación del Medio Maratón Internacional, que se realizó en el parque de La Reina, sobre la reunión con contratistas el alcalde explicó que se acordó una gestión con el gobierno del estado, y aseguró que el 85 por ciento de la obra pública de este año se dio a empresas de Acapulco y 15 por ciento a algunas de otros municipios del estado.
De los hechos ocurridos en el poblado de Tres Palos, donde hombres armados irrumpieron en una boda y mataron a tres personas, y donde hubo también cuatro heridos, declaró que “hay que revisar a qué se debe, parecería que es una rencilla entre familias”.
Insistió en que son hechos lamentables y su gobierno esperará los resultados de las autoridades investigadores, “esto lo debe atender la instancia pertinente”.
Abundó que desde su gobierno “aportaré todo lo que deba aportarse”.
En Chilpancingo, en declaraciones a reporteros se le preguntó a Evodio Velázquez de los hechos de violencia en Tres Palos y respondió que no se deben bajar los brazos para dar seguridad, que se tienen que cerrar filas con acciones que dejen precedente de “unidad” que no se vean temas partidarios.
Por la mañana, en Acapulco y al preguntarle sobre los dos soldados levantados el sábado 29 de octubre, en la colonia Progreso, y hallados asesinados el domingo 30, indicó que “por supuesto lo lamentamos, estamos sumando todas las acciones con el Grupo de Coordinación Guerrero y el Grupo de Coordinación Acapulco, haciendo la parte operativa que corresponde”.
El alcalde adelantó que esta semana será importante para la gestión de recursos en el presupuesto federal de 2017; “lo digo y lo sostengo, se me hace inadmisible que en un municipio como el nuestro, que estamos haciendo el intento y poco a poco va caminado un tema, ahora resulta que nos quitan el recurso para la prevención del delito y nos quitan una parte de seguridad y nos preocupa bastante”, porque es obra, educación y salud.
De las colonias Progreso y Ciudad Renacimiento, que tienen el mayor número de homicidios pese a la inversión de prevención del delito, aclaró que no son los mismos, “no digo que no haya, digo que hay pero no los mismos que cuando empezó este problema o cuando llegó este gobierno, tengo las tablas estadísticas de cómo ha ido bajado poco a poco”.
El pasado martes 1 de noviembre, El Sur informó que de acuerdo con un conteo de homicidios dolosos de este año, las colonias Progreso y Ciudad Renacimiento tienen un mayor número de asesinatos y dos son las colonias donde, desde 2013, se invierten recursos de prevención del delito.
“Los delitos de alto impacto han bajado, los delitos del orden común han bajado y creo que hay que ser muy responsables porque no es echar las campanas al vuelo, hay muchos problemas y si no nos dotan de recursos o presupuesto será peor, será muy complicado y creo que hay que cerrar filas gobierno del estado y federación”, dijo.
Los contratistas
Velázquez Aguirre dijo que en la reunión del sábado con los contratistas se acordó una mesa de trabajo para gestionar recursos en el gobierno del estado.
Aclaró que el 85 por ciento de la obra de Acapulco se le da empresas locales y el 15 por ciento de otros municipios, “todo se quedó en Guerrero”.
Abundó que el gobierno demostró a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que un 39 por ciento de las acciones para obra pública se dio a sus integrantes, y no hay empresas nuevas.
Recordó que la administración pasada les pagó 25 millones de pesos pero fue gracias al aporte que dio el gobierno del estado de 15 millones de pesos, “en los tres años se dieron 10 millones y nosotros hemos dado 8.5 millones de pesos de ese adeudo, que no es del gobierno municipal actual, es un adeudo del 2012-2011 y es complicado que nosotros hoy estemos en una condición de poder pagar todo de un jalón”.
El alcalde admitió que es una deuda institucional; “la deuda de mi gobierno de este año lo que haga falta, a lo mejor un requisito que son 11 millones de pesos, se va a hacer todo lo posible para que prontamente se pueda liberar, y por otra parte, de la deuda que no se adquirió en mi gobierno sino en 2011-2011, estamos buscando que en febrero hagamos otro abono de acuerdo con las condiciones presupuestales”.
Evodio Velázquez reiteró que habrá más cambios en su gobierno, que ya hubo algunos “trascendentales” en Finanzas y Planeación. “Espero que al finalizar el año ya entremos al próximo con un nuevo empuje, es bueno que los gobiernos se oxigenen y vamos oxigenar para ir con fuerza en 2017 y terminar la recta final”.
Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF, Perla Edith Martínez, el alcalde dio los premios de primer, segundo y tercer lugar a los participantes de la carrera, en las categorías de cinco10 y 21 kilómetros.
Precisó que el deporte y la cultura son importantes para reducir los índices de inseguridad.
Por adeudos y atraso en contratos, la baja de ingresos en Vía Pública y Saneamiento
El director de Vía Pública, Jaime Soria Villa, justificó que los ingresos en esa dependencia bajaron porque está pendiente que tres empresas paguen sus permisos y falta cobrar el refrendo de 70 vendedores semifijos de la avenida Costera y la realineación de vendedores en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.
Por su parte, el director de Saneamiento Básico, José Alberto Alonso Gutiérrez, aseguró que la baja en la recaudación se debe a dos factores, el retraso en los contratos para recolectar la basura en negocios y la competencia desleal de empresas recolectoras de basura.
Ayer El Sur informó que de acuerdo con el Comparativo de los Ingresos recaudados durante el periodo 1 de enero al 30 de septiembre del 2015, con el mismo periodo en el 2016, que la Secretaría de Finanzas entregó a regidores seis dependencias tuvieron menos ingresos, entre ellas la Policía Auxiliar Preventiva, Vía Pública, Mercados, Ecología, Saneamiento Básico y Parquímetros.
El director de Vía Pública, Soria Villa, declaró que hubo una disminución debido a que hay tres empresas que tienen espacios publicitarios en la vía que aún no han pagado sus permisos, y “como ellos programan sus pagos no se ha reflejado”, además de que está pendiente que paguen sus permisos los artesanos y pabelloneros (vendedores semifijos de raspados)”.
“En la Colosio falta cobrar el refrendo, para poder lograr un aumento”, agregó el funcionario, y es que explicó que en el caso de los pabelloneros no se les ha cobrado hasta que estén “certificados”, tengan sus gafetes y que su preparación de alimentos están limpios, “son como 60 o 70 de la avenida Costera”.
Explicó que en el caso de vendedores de raspados ellos se programan a finales de mes o en los primeros días, y con eso espera recurar los ingresos.
Soria Villa informó que tienen pendiente la alineación de vendedores en la Colosio, “son 40, se ha retenido el refrendo ya que estamos en pláticas de reordenarnos, para que cumplan su refrendo”.
Mientras que el director de Saneamiento Básico, José Alonso Gutiérrez, declaró que son dos las causas por las que bajó el ingreso, una de ellas la contratación de servicios de recolección de basura con las empresas se retrasó por falta de facturación.
Otro de los problemas es la competencia desleal de las empresas recolectoras de basura, y por eso motivo se lleva a cabo el programa Respeto por Acapulco, para detectar aquellas empresas que no cumplan con la disposición final de los residuos sólidos.
“Hubo un retraso de contratos con 100 empresas que se atrasaron, por ello una plática con los regidores y expusimos la situación de hacer más ágil el proceso de contratación”, declaró el funcionario, que reconoció que están un 12 por ciento debajo de lo que se pretendía recabar en comparación con el año pasado.
Toman constructores siete horas las oficinas del Inifed; exigen el pago de adeudos por obras de 2014
Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guerrero cerraron por siete horas las oficinas del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed) en Acapulco, para exigir el pago de la deuda que la dependencia federal mantiene desde 2014 por la reconstrucción de 136 escuelas afectadas por la tormenta Manuel, en 2013, de un total de 200 contratos firmados, y que ocasionó la quiebra de 106 constructoras guerrerenses.
Durante el cierre de las oficinas que ocupan la planta baja de Villas Kimberly, ubicadas en el bulevar Las Palmas, los inconformes demandaron también la destitución del coordinador de las obras educativas del Plan Nuevo Guerrero, Juan José Limón Villalaz, a quien entregaron el inmueble una vez que supieron que el director general del Inifed, Carlos Colunga González, los atenderá el próximo jueves.
El representante de los constructores en la entidad, Sergio Isaac Reyes Carbajal, informó por teléfono que acordaron la entrega de las oficinas a las 6 de la tarde, aunque no especificó si será en Acapulco o en la Ciudad de México.
Explicó que la reunión con Colunga González servirá para programar fechas para el pago que podría alcanzar los 200 millones de pesos, pues además mantienen adeudos, por 727 millones 975 mil 658 pesos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Salud (SSA) e incluso ayuntamientos como el de Acapulco.
“El Ayuntamiento debe 11 millones, la Secretaría de Salud 45 millones”, detalló.
Reyes Carbajal reclamó que después de la conferencia de prensa que ofrecieron la semana pasada en Chilpancingo, en la denunciaron la quiebra de las empresas, no ha habido un acercamiento con las dependencias.
“Ya estamos cansados de cómo se maneja la situación, no hay una respuesta clara, hay ambigüedades, hay indicaciones que al siguiente día las cambian, se adeuda poco más de 100 millones de pesos a 106 empresas pero el monto puede aumentar a unos 200 millones”, detalló sobre el Inifed.
Indicó que hubo un depósito de la Secretaría de Hacienda en cuentas de Banobras para cubrir tales adeudos, pero que los trámites para agilizar la liberación del dinero no se concluyen porque no hay personal suficiente que supervise las obras que ya fueron terminadas, pues tampoco les han pagado desde el año pasado.
Agregó que la falta de supervisión para los trabajos mantiene incompletos los procesos para justificar los expedientes de que las obras fueron terminadas.
“Tengo entendido que en mayo fueron liberados algunos recursos pero no se ha mandado la documentación para que se hagan los pagos. Son los problemas, primero, en las oficinas no avanzan los trámites (y) por eso es que pedimos el cambio y en la Ciudad de México también exigimos que (la Secretaría de) Hacienda libere los recursos, por eso estamos pidiendo la reunión para saber cómo están los procedimientos y si ya se liberaron o no los recursos”, detalló.
Unos 40 integrantes de la CMIC llegaron a las 9:30 de la mañana a las oficinas y colocaron tres lonas en diferentes partes del edificio y en los árboles, con mensajes dirigidos al presidente Enrique Peña Nieto.
“Los constructores de Guerrero solicitamos su intervención para el pago de trabajos del Inifed ocasionados por los fenómenos meteorológicos Ingrid-Manuel (Fonden); “Al gobernador, Héctor Astudillo Flores los constructores de Guerrero solicitamos la renuncia del ingeniero Juan José Limón Villaláz, encargado de la coordinación del Plan Nuevo Guerrero; y al secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer: “secretario de Educación Pública, los constructores de Guerrero exigimos trato justo honesto y despida a J. J. Limón”, se leía en las lonas.
Debido a la ausencia de funcionarios que los atendieran en la oficina, a las 12:20 del día los inconformes pidieron a los trabajadores que salieran de las oficinas.
Diez minutos después y una vez que quienes tenían las llaves de los dos accesos a la oficina colocaron sus propias cadenas en las dos puertas, para posteriormente colocar una cinta de plástico con la leyenda “obra en proceso”.
En declaraciones por teléfono por la tarde, Sergio Reyes dijo que “hubo intermediación del gobernador” Héctor Astudillo para que las oficinas fueran liberadas.
“Él sabe que es una situación que debe atender, aunque no ocurrió en su periodo. Él es intermediario de esto. Por eso entregamos las oficinas”, declaró.
La deuda de 200 millones con la CMIC es por retraso del Fonden, dice el delegado de la SCT
Alfonso Marín Amezcua
Chilpancingo
El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en Guerrero, Eduardo Rodríguez Abreu, informó que la dependencia federal no ha liquidado el adeudo 200 millones de pesos con las constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC), debido a que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sigue sin autorizar formalmente los recursos económicos por el programa de la tormenta Trudy, en 2014.
Integrantes de la CMIC en Guerrero denunciaron hace una semana que los gobiernos federal, estatal y de Acapulco adeudan 727 millones 975 mil 658 pesos a más de 200 constructoras guerrerenses, a los cuales la SCT debe 200 millones de pesos correspondientes al programa Trudy.
En entrevista telefónica al respecto, Rodríguez Abreu explicó que Fonden está informado del adeudo que mantiene la dependencia federal, ya que continuamente han reportado la falta de pagos a las constructoras guerrerenses de la CMIC.
Mientras que el presidente de la CMIC en Guerrero, Sergio Reyes Carbajal, se ha comunicado con la SCT para agilizar la liberación del presupuesto, “por lo que considero que pronto va a resolverse el tema de Trudy”, dijo, sin especificar la fecha en la que podrían hacerse los pagos.
Detalló que el adeudo no rebasa los 200 millones de pesos, y aclaró que el adeudo de la SCT es solamente por la tormenta Trudy, ya que de las contingencias por Manuel, en 2013, fueron liquidados los adeudos, “y si se debe algo es porque están en finiquitos de algunos números y un proceso de cierre presupuestal donde los finiquitos serán revisados a detalle”.
Consultado sobre la razón por la que sigue atrasado el pago por la reparación de los caminos rurales dañados por la tormenta tropical Trudy, donde incluso se emitió una declaratoria de emergencia para 36 municipios de Guerrero, Rodríguez Abreu indicó que la SCT depende únicamente del presupuesto con el que cuente el Fonden.
“En este caso la SCT no tiene un programa especial sino que depende de los recursos que sean autorizados y aprobados en el Fonden, así se hacen los pagos”, dijo.
A pregunta expresa acerca de si hay algún motivo específico sobre el atraso de los recursos, el funcionario federal respondió que desconocía las razones del Fonden, “desconozco la causa, pero lo más seguro es que le da prioridad a las cosas más urgentes en el país, pues no solamente es Guerrero, hablamos de muchos eventos que se han generado y todos de la misma bolsa”.
Aunque agregó que la CMIC ha sido informada de todo el proceso, ya que luego de un acuerdo a nivel nacional entre el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el presidente nacional de la CMIC, Gustavo Arballo Luján, que firmaron un convenio, se acordaron reuniones mensuales para evaluar temas de adeudos, adjudicaciones y programas a ejecutar, “por eso no hay nada que no se sepa sobre los eventos y obras programadas, manejamos todos los temas de infraestructura y hay una buena relación y conocimiento de los hechos”.
Rodríguez Abreu indicó que desconoce el motivo de la denuncia de Reyes Carbajal, “posiblemente se deba a que a más de un año del adeudo de Trudy no se han hecho los pagos y justamente también se deba a que no hay mucho trabajo”.
En el caso de la SCT, mencionó que fueron ejecutadas 75 obras en caminos provisionales, mencionadas como obras emergentes o “inmediatas”, en zonas afectadas de la Costa Chica y La Montaña.
Mientras que por Manuel se trabajaron mil 35 caminos rurales, 128 puentes rurales, 5 carreteras federales y 11 puentes federales.
En el caso de Trudy, remarcó que todo lo federal fue autorizado y ejercido, mientras que de lo rural siguen sin ejercerse los 200 millones de pesos del Fonden, donde para temas rurales el gobierno estatal designa el 50 por ciento del presupuesto y la federación el otro 50 por ciento.
De la denuncia del presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de Guerrero (AECG), José Luis Cuevas Pano, quien aseguró que las grandes obras de la SCT y de la Conagua vienen etiquetadas por contratos millonarios para consorcios foráneos que buscan beneficiar a constructoras de familiares de funcionarios federales, Rodríguez Abreu lo negó y dijo que la información en materia de licitación y obras es manejada de manera “transparente y disponible para cualquier autoridad en los sistemas”.
Ante los adeudos que han denunciado los integrantes de la CMIC, hoy realizarán una protesta en Acapulco, afuera de las oficinas del Inifed, debido al adeudo por 100 millones, 436 mil pesos que mantiene la dependencia por el Plan Nuevo Guerrero a 100 constructoras guerrerenses, y por el millón 627 mil pesos por la reconstrucción de seis empresas por el programa Escuelas Dignas.
Agilizará el gobierno estatal la demanda contra empresas que adeudan obras, dice líder sindical
El secretario general del Sindicato de Transporte y de Construcción de Coyuca de Benítez, que depende de la CTM, Rufo Ávila Varela, informó que el gobierno del estado se comprometió a agilizar la demanda por fraude contra dos empresas constructoras que abandonaron las obras de rehabilitación de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en 2014, y no pagaron a ese sindicato y al de Atoyac.
En declaraciones por teléfono, el líder sindical reclamó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no consideró la fianza que depositan las empresas que ganan la licitación de una obra, “nos dijeron que no aplica porque nosotros somos sindicatos, que el rubro se considera en caso de trabajos mal hechos”.
Comentó que las autoridades se comprometieron a agilizar la demanda por el delito de fraude, interpuesta desde hace un año, contra las constructoras Unión de Contratistas, de la Ciudad de México, y Duos Comercializadora, de Puebla, “estas empresas ya están boletinadas”.
Contó que las autoridades amenazaron a los trabajadores para que desistieran de la suspensión de los trabajos en ambos municipios, pues incurrirían en un delito.
Ávila Varela criticó que la SCT no apoyara económicamente a ambos sindicatos por el adeudo que dejaron las dos empresas, “se justifican porque nosotros somos sindicatos y no empresas”.
Los constructores fueron atendidos por el delegado de la SCT, Eduardo Abreu Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Rafael Navarrete Quezada.
El pasado 9 de febrero, trabajadores del Sindicato de Transporte y de Construcción del Municipio de Coyuca de Benítez bloquearon de manera intermitente y por seis horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, frente a la comunidad Cayaco-Camalote, para exigir el pago de 2 millones 900 mil pesos a la SCT por los trabajos de rehabilitación de la vía federal en 2014.