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Llega un helicóptero por los retenidos por la autodefensa, pero los vecinos no los liberan

En San Miguel Totolapan el movimiento de autodefensa se negó a liberar al resto de los retenidos, luego de que entregó a policías del estado a la mamá del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero. Sólo dejó ir a una mujer.
Ayer los ciudadanos que formaron la autodefensa, policías federales y estatales se reunieron, los agentes del gobierno pidieron la libertad de los retenidos por el movimiento, quienes respondieron que los soltarán, pero demandaron que en tres días haya resultados del combate al grupo criminal de El Tequilero.
Ayer en la mañana la autodefensa dialogó con familiares de una de las mujeres que se encontraban retenidas y después de varios minutos acordaron dejarla en libertad. Salió de la casa que era la sede de la Comandancia de la Policía Municipal, pero que ahora ocupa la audefensa que está pintada de azul y blanco y ahí escribió al frente la leyenda de Movimiento por la Paz.
Cerca de las 10 de la mañana llegó la Policía del Estado a San Miguel Totolapan, a diferencia de otras ocasiones cuando rodea la zona donde están las autodefensas, ahora se quedó en ese punto, y se quedaron varios grupos en la zona.
A las 11 y media llegaron 10 patrullas de la PF, al mismo tiempo se vio a un helicóptero de esa corporación que aterrizó en una cancha deportiva y ahí se quedó. El motivo era pedir la liberación de los retenidos y llevárselos en la aeronave a la ciudad de México para presentarlos ante un agente del Ministerio Público federal, según los reportes.
Sin embargo las condiciones de diálogo no lo permitieron, pues las autodefensas piden resultados concretos de la búsqueda y detención del grupo criminal Los Tequileros, y garantías del gobierno de que de verdad se hará la operación que el gobernador anunció desde hace más de una semana en San Jerónimo, en Ajuchitlán, en contra de ese grupo.
El grupo pidió públicamente tres días para que las autoridades muestren acciones y resultados, “una muestra de que están combatiendo al grupo” contra el que se están enfrentando.
“Ahí están en la entrada de San Miguel todos los ministeriales dormidos desde el miércoles en la gasolinera, en la sombra. La verdad no sé qué le digan al gobernador, si están trabajando, si de verdad están buscando algo, o no sabemos si esas son las órdenes reales del gobernador, de quedarse dormidos en la gasolinera sin hacer nada”, le reclamaron los vecinos a los policías federales.
Pese a que fueron varias las horas de diálogo, a las 3 de la tarde se retiró el helicóptero, vacío. No hubo acuerdos y los policías federales se retiraron del lugar, aunque los policías federales se mantuvieron.

Desabasto de víveres

A pesar de que poco a poco las tiendas comienzan a reactivarse en sus ventas, hay desabasto en San Miguel Totolapan porque no hay suficientes distribuidores que quieran ir a esa localidad a vender.
Algunos miembros de las autodefensas están llamando a empresas distribuidoras de Altamirano para que surtan esa localidad. Las empresas piden que ahí se abran las puertas al comercio y que les garanticen que no habrá presión de cobros de piso o secuestros si acuden.
También buscan que se reactive el transporte en la ruta que va a Poliutla y que los une con la carretera federal a Arcelia y a Altamirano, que lleva más de 6 meses parado debido a amenazas de la delincuencia organizada.
Las escuelas están cerradas por miedo de los maestros. Tampoco hay actividades en el centro de salud.

Se levantan en armas en Totolapan tras el secuestro de un ingeniero y retienen a la mamá de El Tequilero

En San Miguel Totolapan un grupo de vecinos se levantó en armas para exigir la liberación del ingeniero Isauro de Paz Duque, quien fue levantado la noche del domingo cerca del poblado de Valle Luz, y acusaron al líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, como el responsable del hecho.
Los manifestantes retuvieron en la comandancia del lugar a supuestos informantes de criminales (halcones) y entre ellos aprehendieron a la mamá de El Tequilero así como a una regidora del PRI, María del Carmen Barrera Navarro.
En las comunidades El Coco y la Laja municipio de Ajuchitlán del Progreso se reportaron más hombres levantados en armas, en apoyo al movimiento de San Miguel Totolapan y en contra de El Tequilero.
En un video que subieron a las redes sociales, vecinos de La Laja y El Coco reportaron ya entrada la noche que organizaron una autodefensa.
“Nos han humillado, nos han matado a nuestras familias”, dicen en el video y se pronuncian en apoyo a la gente de San Miguel Totolapan y terminan su video gritando “viva San Miguel Totolapan”.
Las comunidades de La Laja y el Coco se ubican en una ruta en dirección a la presa Las Garzas y en un punto colindante con el municipio de San Miguel Totolapan.
Mientras tanto en San Miguel Totolapan cerca de la 1 de la tarde se agruparon más de 100 personas en la plaza principal y comenzaron una manifestación. Llevaban cartulinas y mantas exigiendo que el gobernador Héctor Astudillo Flores cumpla su compromiso de brindar orden y paz, que fue su frase de campaña y pidieron su intervención para liberar al secuestrado.
Según versiones oficiales la noche del domingo Isauro de Paz fue a la comunidad de Valle Luz y ahí fue secuestrado por hombres armados. La gente acusó a El Tequilero como el responsable.
La víctima ha trabajado con una constructora en varias obras importantes de la localidad, principalmente con el Ayuntamiento, así como con varias obras federales mediante diputados perredistas, principalmente. Según la relación de contratos 2015 de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, en ese año tuvo cinco proyectos a su cargo.
Luego de algunos minutos de protesta el grupo acordó sacar las armas. Se reunieron con diferentes rifles y pistolas y de pronto comenzaron a retener a personas que aseguraron están relacionadas con el grupo criminal Los Tequileros. Se llevaron incluso a empleados municipales.
El ocupó la comandancia de la policía que lleva dos años sin funcionar. Ahí metieron a los retenidos, a algunos en las celdas y a otros en el patio.
Se llevaron a la regidora priista María del Carmen Barrera Navarro, a quien acusaron de tener nexos con El Tequilero. También informaron que tenían retenida a la mamá del líder criminal.
La comandancia se ubica a dos cuadras de la plaza principal. Ahí llegaron soldados del Ejército e intentaron desarmar a uno de los manifestantes, pero luego de una discusión con el grupo se retiraron.

“Ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada”

El grupo se identificó como una autodefensa de vecinos de San Miguel Totolapan. Hicieron un pronunciamiento en el cual advirtieron, “ya no estamos dispuestos a seguir de espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada. Ya no queremos que se sigan violentando nuestros derechos humanos, ya no queremos que nuestro municipio, nuestra región y nuestro estado de Guerrero siga siendo un valle de lágrimas de las madres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia y la inseguridad”.
“El gobierno se ha mostrado incapaz de restablecer la paz de nuestro pueblo. Nos pronunciamos como un movimiento totolapense por la paz. Demandamos la liberación de los levantados y secuestrados, que cese la violencia y se restablezca la paz como lo anhelamos y lo deseamos todos, y nos negamos a seguir bajo el yugo de la delincuencia”.
También habló la esposa del hombre secuestrado, la señora Yadira Guillermo García quien le envió un mensaje a El Tequilero y al gobernador: “Nosotros tenemos aquí a la mamá del señor llamado El Tequilero, pido un intercambio a cambio de la vida de mi esposo le entregaremos a su mamá. Así como me entregue a mi esposo así le entregaré a su mamá, pero lo quiero sano y salvo, pero de lo que nos llegue a pasar a mi y a todo el grupo que aquí se manifiesta, responsabilizamos al señor Héctor Astudillo Flores ya que nunca has hecho nada por este pueblo, se ha hecho de la vista gorda, ya estamos cansados, todo el pueblo está cansado de que se llevan a gente inocente, le pido que regrese sano y salvo”.

“Son inocentes” dicen vecinas de La Gavia y enfrentan a la nueva autodefensa

Cerca de las 4 de la tarde llegó un grupo de mujeres a San Miguel Totolapan a exigir airadamente la liberación de los retenidos en la comandancia policiaca y hubo conatos de golpes.
Primero entró el Ejército a la cabecera municipal y detrás de ellos venían dos camionetas con unas 30 mujeres procedentes de La Gavia.
Las mujeres entraron hasta la comandancia con un joven y un señor de la tercera edad. Reclamaron la liberación de los retenidos, porque son “gente inocente”. Pero el otro grupo los acusó de hacer labores de halconeo.
Hubo un intento por retener al único hombre que llevaban pero las mujeres lo defendieron con machetes y hubo un conato de violencia. El Ejército y la Policía del Estado que habían permanecido a una y dos cuadras de distancia como observadores se acercaron a intervenir.
Agentes de ambas corporaciones hicieron un llamado para que liberaran a los retenidos y dejaran las armas, pero la gente se negó.
Hubo reclamos de su abandono a la seguridad en el municipio de San Miguel Totolapan.
Después de varios minutos de diálogo se acordó que liberarían a la mayoría de las personas, y que mantendrían solamente a la mamá de El Tequilero hasta que sea liberado el hombre secuestrado.
Sin embargo a las 8 de la noche no habían liberado a nadie había unas 20 personas retenidas en la comandancia.

Era una mujer el cuerpo hallado en la orilla del río Balsas en Ajuchitlán; estaba desaparecida

 

El cuerpo que al principio se informó que era de un hombre y que estaba atorado en unas ramas en la orilla del río Balsas en la comunidad de San Lorenzo, municipio de Ajuchitlán, resultó ser de una mujer del pueblo de Changata que está río arriba y pertenece al mismo municipio.
Valeria Solís Maturana de 35 años fue reconocida por un tatuaje, trabajaba en el mismo pueblo en una tienda. Reportaron que desde el jueves se encontraba desaparecida. Informaron que la habían levantado pero nadie reportó nada y el hecho se mantuvo en hermetismo.
Acerca del caso se informó que la mujer tenía un tatuaje en el brazo izquierdo.
El cuerpo tenía cuatro impactos de bala en diferentes partes del cuerpo así como las manos atadas a la espalda. Vestía un short negro, un cinturón rosa, sandalias rosas, una blusa de colores y una blusa negra así como un tatuaje de la santa muerte.
El cuerpo quedó en el Ministerio Público (MP) en Coyuca de Catalán. No se conoce acerca de los responsables y de los motivos del homicidio.
Changata está aproximadamente a 5 kilómetros río arriba de San Lorenzo.

Encuentran un hombre ejecutado a balazos y atado en la orilla del río Balsas en Ajuchitlán

Un hombre ejecutado a balazos fue hallado a orillas del río Balsas en la comunidad de San Lorenzo en las colindancias con Changata, municipio de Ajuchitlán del Progreso. La víctima tenía los pies amarrados.
Según el reporte policiaco, los hechos fueron denunciados alrededor de las 4 de la tarde cuando el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años estaba atorado entre unas ramas en la orilla del río Balsas.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar y encontraron el cadáver que tenía aproximadamente tres días de haber sido asesinado. Nadie del pueblo lo identificó.
El cuerpo tenía al menos cuatro orificios de impactos de bala en la espalda y fue trasladado al Ministerio Público (MP) en Iguala.
San Lorenzo está aproximadamente a 15 kilómetros de la cabecera municipal, sobre la carretera estatal que une a Ajuchitlán con Coyuca de Catalán.
Se estimó que el cuerpo pudo haber sido tirado kilómetros antes, en las colindancias de los municipios de Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, la zona de mayor violencia y disputa entre los grupos de la delincuencia .

Anuncia el fiscal nuevo operativo para “detener” al Tequilero; lleva despensas a San Jerónimo

El fiscal de Guerrero, Xavier Olea estuvo de nuevo en la comunidad de San Jerónimo el Grande del municipio de Ajuchitlán del Progreso y llevó despensas y en medio de un centenar de protestas por los secuestros masivos anunció un nuevo operativo para “detener” al Tequilero.
Cerca de la 1 de la tarde Xavier Olea arribó acompañado del jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca, además del secretario de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes.
Al momento de llegar ya lo esperaban alrededor de 200 personas de las cuales 100 de ellas tenían cartulinas con mensajes de protesta, había mensajes dirigidos al gobernador pidiendo que cumpliera con “el orden y la paz”, otras que exigían más seguridad, pero también había otras con mensajes directos para Xavier Olea que decían “No cumpliste fiscal”, y otras “Olea Mentiroso”.
La participación de los representantes del gobierno fue concreta y corta. Primero confirmaron que se mantendrán 20 agentes con dos patrullas que pondrán su base en San Jerónimo y harán recorridos a San Cristóbal, poblado del lado norte que colinda con Ajuchitlán.
También se anunció que el próximo viernes se reunirán varias dependencias de seguridad en Guerrero en la capital para comenzar un operativo para detener a Raibel Jacobo de Almonte mejor conocido como “El tequilero” y a quien responsabilizan de los secuestros masivos.
El fiscal reviró su versión de que le daría “pa’ bajo” al Tequilero y fue concreto en decir que la intención del operativo será “detener” pero ya no “acabarlo” ni tampoco “darle pa’ bajo” como dijo en su primera visita.
Pero en San Jerónimo la gente no reaccionó igual que la primera visita. Ahora, las participaciones eran interrumpidas por gritos de mujeres que exigían “seguridad”. En más de una ocasión el jefe de la oficina del gobernador tuvo que hacer llamados para que escucharan los mensajes y las propuestas.
También llegaron cerca de 300 despensas del DIF para repartir entre la gente. Los vecinos del pueblo confirmaron que San Jerónimo sufre de una pobreza fuerte. Vendieron terrenos, vendieron carros y sacaron sus ahorros para pagar el rescate de sus familiares.
Finalmente pagaron 200 mil por cada uno. Juntaron 1 millón de pesos en total para cubrir la deuda. “Esto nos tiene en el suelo. Estamos empeñados. No sólo vendimos todo, lo poco que vamos a ganar el siguiente año ya lo tenemos comprometido a pagar, y el del siguiente también. Todo está comprometido. Todo nos quitaron”, expresaron los vecinos.
Después de la reunión que se hizo en la cancha deportiva donde aterrizó el helicóptero, el fiscal se apartó a una casa donde se reunió con algunos de los secuestrados y con familiares. Dialogó con ellos y se anunció algunos apoyos de reactivación económica en cortoplazo pero no se dieron detalles.
Algunos de los que fueron plagiados confirmaron que en su cautiverio los tuvieron con los ojos vendados y que escuchaban voces de personas que monitorean las redes sociales, veían videos del levantamiento armado en San Jerónimo y después los sicarios los obligaban a identificar los rostros de las personas (que se levantaron en armas) e hicieron una lista y lanzaron amenazas contra ellos.
“Díganles que vamos a ir, y nos vamos a traer a sus mujeres y a sus hijas para que aprendan a respetar”, dijeron los sicarios a los secuestrados quienes sólo vieron a personas haciendo una lista de nombres.
Esto ha provocado una mayor actividad en el pueblo de la gente que sale a patrullar las calles. “Estamos saliendo en las noches, a pie y en carro. Si vemos algún vehículo extraño lo paramos y les preguntamos a donde van. Sobre todo diciéndoles con mucho respeto los motivos del problema”, dijo uno de los que forma la autodefensa en el pueblo.
Señalan que la Policía Estatal les ha pedido que si ven algo raro que mejor los llamen y no sae metan en problemas. “pero de aquí a que vengan, mejor reaccionamos”, expresaron.
Los vecinos le informaron públicamente a los enviados del gobierno del estado que el grupo de autodefensa se mantiene en el pueblo, porque no se sienten seguros ni con la presencia de la Policía Estatal.

Aún no hay resultados ni seguridad a dos años de la llegada de la PF a Tierra Caliente

 

Este lunes la Policía Federal (PF) cumplió dos años de hacerse cargo total de la seguridad en la región de Tierra Caliente, sin cumplir las metas a corto plazo y con severas muestras de abandono en la mayoría de los municipios.
Desde el 5 de diciembre del 2014, el gobierno federal anunció el desarme total de todas las policías municipales en los nueve Ayuntamientos que conforman Tierra Caliente, tras descubrirse que en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa participaron policías municipales de Iguala que estaban coludidos con delincuentes del grupo criminal de Guerreros Unidos. Además algunos municipios del estado de México y Michoacán también fueron desarmados.
La medida se planteó en un comunicado en el que decía que pondrían bajo investigación a todas las corporaciones municipales de la región, considerando que podrían estar infiltradas (por la delincuencia organizada), a cambio la PF y la Gendarmería se encargarían de la seguridad en estos municipios.
La PF instaló su base de operaciones en cada municipio con apoyo del Ejército. Contrató de uno a dos hoteles en cada localidad, tres tienen albercas y algunos son los que brindan las mayores comodidades en esos municipios.
El primer objetivo del operativo era brindar seguridad en los municipios porque “las policías locales no podían dar considerando que estaban infiltradas”, se anunció en 2014.
Durante el primer año del operativo hubo homicidios muy sonados como el asesinato de un juez en Altamirano a 50 metros de la puerta del 34 Batallón y plena luz del día. El homicidio de un sacerdote de Altamirano. Además se dio el incremento de los secuestros en San Miguel Totolapan y Ajuchitlán.
El operativo quedó en evidencia cuando en noviembre del 2015, el entonces alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte denunció el estado de inseguridad y de extorsiones que se vivía incluso con la presencia de la PF.
El 5 de diciembre del 2015 la Gendarmería arribó por primera vez a Tierra Caliente con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y el vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Renato Sales Heredia, para relanzar el operativo Tierra Caliente que ya tenía un año funcionando pero que aceptaron que tenía severas deficiencias.
El los ajustes del operativo incluía la presencia de más de 500 agentes de la Gendarmería y su primer objetivo era brindar seguridad al alcalde Ambrosio Soto quien había denunciado amenazas de la delincuencia organizada y quien fue asesinado el 23 de julio de este año.
Previamente, a una cuadra del hotel donde se hospedaba la Gendarmería secuestraron al esposo de la síndica de Pungarabato, Rosalba Rendón Andrade.
En marzo la PF y la Gendarmería retiró el 90 por ciento de sus agentes.
Los policías federales y gendermes retornaron a Tierra Caliente cuatro meses después luego del homicidio del alcalde de Pungarabato, regresaron con otro fuerte número de agentes quienes duraron un mes y medio y se volvieron a retirar.
En el segundo año del operativo hubo más de 50 secuestros y al menos en cuatro casos fueron masivos, entre Arcelia, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso.
La PF regresó con sólo 80 agentes a Tierra Caliente y se instalaron recientemente entre los municipios de Arcelia, Pungarabato y Coyuca de Catalán.
En noviembre la PF envió documentos a los Ayuntamientos de Pungarabato, Coyuca y Tlapehuala anunciando que terminaba con el operativo de la seguridad en Tierra Caliente, pero que seguiría colaborando dando seguridad pero bajo otras estrategias.
Esto incrementó la solicitud de Ayuntamientos como Arcelia, Tlapehuala y Coyuca de Catalán de que les regresen las armas para volver a restablecer las corporaciones municipales pero siguen sin resolverles.

 

Hay escuelas cerradas y falta de médicos debido a la violencia en Ajuchitlán, dice el alcalde

 

 

En Ajuchitlán hay calma debido a la presencia del Ejército y de la Policía del Estado que llegó después del secuestro masivo en la comunidad de San Jerónimo el Grande, aseguró el presidente municipal Onofre Santana Ramírez.
En Coyuca de Catalán dijo que por el momento hay calma en el municipio y que mucho tiene que ver la llegada de los militares a reforzar la seguridad.
“La situación es igual que en otros municipios, desafortunadamente nos han tocado los secuestros masivos en Ajuchitlán, el miedo es latente entre la gente, sabemos que la inseguridad no bajará de manera inmediata ni el miedo de la gente, hay una tensa calma en el municipio que espero yo que se prolongue por mucho tiempo”, expuso.
“En San Jerónimo sí hay reportes de escuelas cerradas pero ya se está atendiendo, sí hay (falta de) médico también se está atendiendo este tema y estamos esperando que todo vuelva la calma”, señaló el alcalde.
En Ajuchitlán se han reportado dos secuestros masivos en los últimos cuatro meses. En uno de ellos se llevaron a 10 vecinos de San Marcos y en San Cristóbal y después a 10 más en San Jerónimo el Grande, que luego la cifra se redujo a siete.
Onofre Santana dijo que para Ajuchitlán es importante atender a la gente, pues confirmó que llegaron vecinos del pueblo a solicitar diversos servicios.
Por otro lado reportó que no tendrá problemas para el pago de los aguinaldos y que no pedirá prestado, sin embargo dejará de pagar los laudos laborales. La deuda por las demandas es de más de 50 millones de pesos.

Pagaron rescate por la liberación de los cinco secuestrados en Ajuchitlán, informan vecinos

 
La Policía Estatal permanecerá en San Jerónimo el Grande del municipio de Ajuchitlán del Progreso, luego de que el jueves 17 de noviembre unos 30 hombres armados del grupo criminal de Los Tequileros irrumpieron ahí y se llevaron secuestrados a 10 vecinos.
El 21 de noviembre tres de los pobladores fueron liberados y ayer se informó que soltaron a cinco vecinos más, que según el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, son todos los secuestrados que tenía el grupo criminal Los Tequileros.
Vecinos de la localidad confirmaron que pagaron un rescate por la liberación de los secuestrados, y que el monto fue mucho menor al que les estaban pidiendo, de 4 millones de pesos, pero no especificaron la cantidad que pagaron.
La mañana de este miércoles llegaron a San Jerónimo el Grande policías ministeriales e hicieron diversas investigaciones sobre la liberación de los plagiados.
También se observó a 10 patrullas de la Policía Federal (PF) que se dirigieron a San Jerónimo para solicitar información, y los pobladores dijeron que era la segunda ocasión que veían policías federales en el pueblo.
En ese lugar todavía hay temor ante el secuestro, y la gente todavía no hace sus actividades de manera normal.
En el pueblo se reportó que algunas de las personas que fueron secuestradas se salieron por temor a represalias.
Mientras tanto la Policía Estatal confirmó que tiene órdenes de permanecer en el pueblo para brindar la tranquilidad de la gente.

Siguen cerradas las escuelas

Este lunes se va a analizar el caso de las escuelas que permanecen cerradas desde hace 15 días.
El delegado de Educación, Timoteo Arce Solís dijo que le están dando todo el apoyo a los profesores para concentrarlos en sus supervisiones, en lo que se calma la situación en esa localidad.
“No sabemos todavía si alguno pida que sea cambiado de sede. No tenemos tal petición, precisamente por eso tenemos que platicar, con la intención de que se reabran las escuelas”, dijo Timoteo Arce.
En San Jerónimo el Grande hay un jardín de niños, una primaria y una telesecundaria. Y es justamente la telesecundaria a donde llegan estudiantes de otros pueblos cercanos, considerando que no hay otras escuelas a las que se pueda acudir.
Además desde ese pueblo hay alumnos que van a Tlapehuala a estudiar, sin embargo la combi de transporte público en la que se trasladaban fue quemada por los delincuentes después de que la utilizaron para llevarse a los secuestrados.
El delegado dijo que será el viernes cuando se reunan con los maestros y analicen la situación una vez que se tiene conocimiento del regreso de los secuestrados, y que la primera intención es “lograr que a la brevedad se habrán las escuelas nuevamente”.

 

Llegan 80 soldados a Tierra Caliente; van a Ajuchitlán tras el secuestro masivo

Cerca de 80 soldados de la Policía Militar llegaron este lunes a Tierra Caliente para incorporarse al municipio de Ajuchitlán del Progreso, y reforzar la seguridad tras la petición del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ayer al mediodía se pudo ver un convoy militar que llegó a Ciudad Altamirano y dos horas los soldados hicieron compras.
Llegaron en aproximadamente 20 unidades, se estima que se establezcan en Ajuchitlán del Progreso para hacer recorridos en las zonas de conflicto, sobre todo en las colindancias con San Miguel Totolapan.
Se espera también que este grupo ingrese a la comunidad San Jerónimo el Grande, donde secuestraron a 10 personas el jueves 17 de noviembre, y que siguen sin aparecer siete de ellos, raptados por el grupo criminal Los Tequileros.
La Policía Militar estuvo en Altamirano dos horas recorriendo los centros comerciales para comprar insumos personales, los soldados también fueron a los bancos y después se retiraron a Ajuchitlán sobre la carretera de Coyuca de Catalán. San Jerónimo se ubica del otro lado del río, por el lado de Tlapehuala.
Este grupo viene a reforzar la seguridad en el municipio de Ajuchitlán del Progreso donde ya opera la Policía del Estado con un grupo en San San Jerónimo el Grande, y la Policía Federal comenzó a incrementar sus rondines en las zonas rurales en las cercanías de esa comunidad.
El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que aunado a los trabajos de seguridad de la Policía del Estado, la Policía Federal y ahora el Ejército también hay un grupo de investigación antisecuestros apoyado por efectivos de la Procuraduría de Michoacán, para localizar a los siete secuestrados.
Esta operación de búsqueda se da después de que los vecinos de este poblado se levantaron en armas para organizar una autodefensa, que se mantiene de manera discreta vigilando desde algunos cerros y cerca del poblado, pero no dentro donde hay policías estatales.

Aún no llega la Policía Federal a la zona conflictiva; no hay noticias de los siete secuestrados de San Jerónimo

La Policía Federal (PF) que llegó a la región de Tierra Caliente para reforzar la seguridad apenas alcanzó para cubrir las zonas urbanas de los municipios como Pungarabato, Ajuchitlán y Coyuca de Catalán, los policías federales no han hecho alguna operación especial en la zona de conflicto entre Ajuchitlán y San Miguel Totolapan.
En Arcelia se quedaron 10 patrullas y otras 20 se instalaron entre Pungarabato y Coyuca de Catalán en el hotel Bugambilias sobre la carretera federal de Altamirano a Coyuca de Catalán. El hotel cuenta con instalaciones remodeladas y cuenta con alberca.
El otro grupo se quedó en el hotel Aranzari Princess de Coyuca de Catalán en la entrada a la ciudad, el edificio tiene cuatro niveles y por lo general los policías federales establecen un comedor amplio que usan como base regional.
En Pungarabato y en Coyuca de Catalán se les ha visto en constantes recorridos durante el día y la noche. Salen en convoy para hacer los recorridos, en las zonas urbanas principalmente.
En Ciudad Altamirano donde se realiza la expo feria 2016, la PF hace rondines por las noches y luego continúa sobre las principales vías que conectan a esa zona comercial con las vialidades primarias.
En las comunidades de la ruta que conduce al poblado de San Jerónimo el Grande del municipio de Ajuchitlán no hay informes de la presencia de la PF, solamente hay policías estatales que mantienen un grupo en esa localidad.
Hace nueve días en la comunidad de San Jerónimo el Grande ingresaron unos 30 hombres armados y se llevaron secuestrados a 10 vecinos, tres fueron liberados posteriormente y a la fecha no se sabe nada del resto de los plagiados.
La gente del pueblo se levantó en armas. Aún cuando hay presencia de la PF los pobladores mantienen la vigilancia en caminos rurales cercanos y en las lomas, esto les permite tener visión sobre los puntos por donde consideran que ingresaron los hombres armados en esa ocasión.
En San Jerónimo el Grande comenzó un operativo de la Policía Ministerial con agentes del estado de Michoacán quienes buscan a los siete vecinos que permanecen secuestrados. Los agentes buscan por tierra y aire considerando que podrían tenerlos en algún cerro del municipio de San Miguel Totolapan.
Este domingo se observó todavía al grupo ministerial en la base de Coyuca de Catalán, por lo menos hasta el medio día.
No hay informes del paradero de los secuestrados. Aun así los familiares no informan si hay negociaciones. En la reciente visita del fiscal, Xavier Olea dijo que los secuestradores están pidiendo medio millón por cada uno de los secuestrados, y por el séptimo piden un millón de pesos. Los secuestrados son en su mayoría campesinos.