Recuerdan activistas la lucha por emitir en Guerrero la Alerta de Violencia de Género

Las feministas Marina Reyna Aguilar, Flor Dessire León Hernández, Alejandra Cárdenas Santana y Lourdes Chávez, durante la presentación del libro, en una sala del Palacio Cultura Ignacio Manuel Altamirano en el centro de Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Activistas, académicas, y periodistas presentaron el libro Tejiendo nuestra historia en Guerrero, en la que se incluyen relatos sobre la experiencia personal de las actoras que encabezaron la demanda de la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y entre las que están los desencuentros y las resistencias del Estado.
La presentación del libro se realizó en el palacio de Cultura Ignacio Manuel Altamirano, al que asistieron decenas de personas principalmente mujeres. Ahí una de las presentes, la feminista y académica Rosa Icela Ojeda Rivera leyó unos párrafos de este libro, en el se señala que la persistencia de la violencia feminicida en el estado excede los esfuerzos de la sociedad civil, de las mujeres y de las feministas, “incluso de la legislación”.
En la presentación del libro participó como moderadora la periodista y reportera de El Sur Lourdes Chávez Ramírez, quien también colaboró en su creación.
En esta actividad se recordó que fue hasta la última década del siglo pasado cuando en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se reconoció y se legisló lo que en aquel momento solo se definía como “violencia intrafamiliar”.
Precisamente en los 90 grupos de académicas, políticas y activistas que impulsaron las primeras acciones a favor de las mujeres en los gobiernos y el Congreso del estado como el Movimiento de Solidaridad Contra la Violencia Sexual (Mosocovis), otros con perfiles de izquierda como Mujeres por la Democracia, la Caja de Pandora, y con la llegada de más diputadas al Poder Legislativo se creó la Comisión Especial de la Mujer y se promulga la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
Y desde 2014 se inició la lucha por la despenalización del aborto “en una coyuntura que al final fue poco favorable” y en 2016, se aglutinaron nuevamente mujeres activistas por la vida y la libertad de las mujeres “ante la violencia feminicida” en una Alianza Feminista del estado que demandó al gobierno estatal por no garantizar seguridad y justicia a las víctimas de la violencia feminicida.
Finalmente, como resultado, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) emitió el 22 de junio de 2017 la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado de Guerrero para ocho municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort, y el siguiente año se solicitó que Chilpa se incluyera en esta alerta ante las muertes violentas de mujeres que estaban ocurriendo.
La maestra emérita de la Universidad Autónoma de Guerrero Luz Alejandra Cárdenas Santana fue una de las presentadoras, destacó el trabajo de las promotoras de la alerta y de las antecesoras que iniciaron a hablar de la violencia contra las mujeres.
Recordó uno de los primeros desencuentros que tuvieron con el entonces secretario general de Gobierno del estado Florencio Salazar Adame les dijo que no se podía emitir la declaratoria, porque el secretario de Gobernación federal le dijo que en los lugares en los que se había emitido se incrementaron los asesinatos de mujeres.
Y que incluso desde el gobierno “decían que éramos enemigas del estado de Guerrero porque queríamos ahuyentar al turismo”.
En el mismo sentido, la feminista Liduvina Gallardo Suástegui dijo que el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores “se resistía a aceptar la alerta, el argumento era eso, que íbamos a espantar al turismo”, por lo que tuvieron que iniciar un proceso de sensibilización y “explicarles con bolitas y palitos” en lo que consistía la alerta.

 

 

Faltan recursos para atender la violencia hacia la mujer, reconoce el gobierno estatal

La presidenta de Tlalixtaquilla , Raquel García Orduño, la de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, la regidora de Tlapa, Edith Parra Zurita, al fondo la síndica procuradora de Tlacoapa, Carolina Cantú Morales en el salón donde se desarrolló un taller del IEPC el sábado en Tlapa Foto: Carmen González Benicio

Daniel Velázquez

Las acciones para atender el problema de la violencia hacia la mujer se detienen por la falta de recursos para mantenerlas vigentes y por la violencia criminal, se indica en las explicaciones incluidas en los programas de acciones estratégicas del gobierno estatal para atender las dos alertas de violencia de género.
El pasado 29 de noviembre, en el Periódico Oficial del Estado se publicaron, por separado, los programas estatales de acciones estratégicas: uno para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado y otro para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida.
Guerrero tiene dos alertas por violencia contra la mujer, la primera emitida el 22 de junio de 2017, por la Secretaría de Gobernación, que es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa, Zihuatanejo y desde el 2 de octubre de 2018, se integró Chilapa a los municipios alertados.
La segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado fue declarada el 5 de junio de 2020, y tiene que ver con el trato desigual a personas que tienen o creen tener el mismo derecho a algo en determinada situación, en este caso, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Falta dinero

En el Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, se identifica como necesario “crear un programa de atención a hombres generadores de violencia, basado en la perspectiva de género, tomando como base el modelo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen-cia Contra las Mujeres (Conavim)”.
Al pie de esta medida, se precisa que desde junio están “completamente suspendidos” el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, el Programa de Acciones de Preven-ción de la Violencia en el Noviazgo en la Adolescencia y Juventud, y el Programa de Prevención de la Violencia Sexual en el Ámbito Comunitario en las y los Adoles-centes, porque no hay dinero.
Se explica que dichos programas eran financiados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), organismo al que se le redujo el presupuesto, “provocando que las actividades grupales, que se estaban desarrollando durante este primer periodo 2022, quedaran completamente suspendidas”.
Otra de las acciones donde se alude a la falta de dinero, para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, también está dentro de las medidas de prevención diseñadas por el gobierno estatal, la cual establece que se debe “generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres guerrerenses víctimas de violencia”, pero al pie de la misma se incluye la leyenda: “Dado que las secretarías responsables y coadyuvantes no tienen un recurso específico para el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia, estas medidas proponen que cada una de las secretarías aporte los recursos que pudiera tener disponibles para la integración de un fondo de recursos concurrente, destinado al empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia en todo el estado de Guerrero. Los recursos requeridos por el programa, dependerán de los aportes que realicen las secretarías que participan”.
Se refiere son General de Gobierno, Secretaría Técnica de la Gobernadora, y como coadyuvantes Secretaría de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Dirección General de Transporte.

La inseguridad

Entre las medidas de seguridad que se presentan como acciones a realizar, está la de “diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones se solicita: Reforzar los patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el rastreo por georreferenciación; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento”.
De los nueve municipios alertados, en el plan de acciones estratégicas elaborado por el gobierno estatal, sobre el municipio de Chilapa se advierte: “La situación que se vive en el municipio, en relación con la delincuencia organizada, es que hay localidades a las que no se puede acudir a difundir la prevención de la violencia hacia las mujeres”.

Las acciones estratégicas

El Programa Estatal de Acciones Estratégicas para la atención de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, incluye 21 medidas, algunas de observancia general para los nueve municipios alertados y otras específicas, para cada uno.
El programa incluye ocho medidas de prevención, con 55 acciones específicas; en seguridad, son cinco medidas con acciones específicas por municipio, una de las medidas es “crear y fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como cédulas municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género”.
Otra de las acciones es “crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá incluir asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes”.
En las medidas de justicia están “fortalecer la Fiscalía General del Estado, particularmente las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, así como la especializada en delitos sexuales y de violencia familiar y la de desaparición forzada de personas no localizadas, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadenas de custodia y servicios periciales, con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos”.
También se asume la tarea de “conformar un grupo-unidad especializada, encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta unidad, se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivos o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones, con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos”.
Entre las cuatro medidas de reparación del daño, que incluyen 17 acciones, se prevé “determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Guerrero. Para la definición de la reparación simbólica, se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas”, para lo cual se detalla que se presentará una iniciativa en el Congreso local, en enero de 2023.
Otra de las acciones que se realizarán es elaborar el Protocolo del Plan Individualizado de Reparación Integral del Daño, brindar asistencia a familiares de víctimas a través del trabajo social, de manera permanente, desde 2023 y hasta 2027.
El Programa Estatal de Acciones Estratégicas incluye 13 medidas y 56 acciones, las cuales debieron empezar a desarrollarse durante este 2022 y concluirán en el 2023.
En el documento se precisa que con las modificaciones al Código Penal para el estado, número 499, sobre la despenalización del aborto en mayo de este año, “se han eliminado los obstáculos legales que impedían a las mujeres, adolescentes y niñas incluidas las víctimas de violencia sexual, accedan al aborto legal, seguro y gratuito, motivo por el cual, se da por cumplida la Medida de Prevención 1 de la Resolución emitida el 5 de junio de 2020”, pero están pendientes por cumplir con la fracción sexta del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 39 y 44 de la Ley 553, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Las medidas a ejecutar están enfocadas a la prevención, de la cual es responsable la Secretaría de Salud; en seguridad corresponde a la Fiscalía General del Estado y reparación del daño, al poder Judicial estatal.

 

Marchan en Chilpancingo e Iguala contra feminicidios y por justicia; piden alerta de género en los 81 municipios

 

Mujeres marcharon por las principales calles de las ciudades de Chilpancingo e Iguala para reclamar justicia para la joven nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, y para exigir que el gobierno del estado que declare la Alerta de Violencia de Género en los 81 municipios.
En Iguala se vio a unas 250 mujeres que exigieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores y del alcalde Herón Delgado Castañeda, para que se garantice la seguridad de las mujeres y no ocurra un feminicidio más.
A las 6:10 de la tarde un grupo de 60 mujeres partió del monumento de Las Banderas hacia el Zócalo capitalino, y al grito de justicia avanzaban ante la mirada de los vecinos a su paso.
Mientras lanzaban consignas como “amiga, hermana si te pega no te ama”, “ni una más, ni una más, ni una asesinada más” y portaban cartulinas en las que se leía “Yo no quiero ser la próxima Magdalena, ¿y tu?”, “A la sociedad el indigna más una mujer libre que una mujer asesinada”, avanzaban rumbo a la plaza primer Congreso de Anáhuac.
Participaron integrantes del colectivo Camina Violeta, estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) e integrantes de organizaciones feministas de la capital del estado, quienes al llegar al Zócalo improvisaron un mitin en el que señalaban la omisión del gobierno para brindar seguridad a las mujeres de Guerrero.
La movilización del martes en Taxco logró concentrar a más de 3 mil personas que exigían justicia para la familia y la víctima, pero en Chilpancingo se vio poca participación.
Al llegar a la plancha del Zócalo una mujer que participó en la movilización dijo que la muerte de Magdalena Aguilar fue culpa y responsabilidad del Estado, ya que pasó nueve días desaparecida sin que las autoridades la buscaran.
“Antes de que nos maten o nos violen en la calle nos mata el gobierno con esas falsas promesas de atendernos, esas instituciones que no le sirvieron a Magda, por eso exigimos justicia para Magda, porque Magda somos todas”, exclamó.
La vocera del colectivo, Yolotzin Jaimes dijo que la realidad en Guerrero es que la creciente violencia hacia las mujeres durante los primeros 24 días ha dejado a 20 asesinadas.
“Exigimos que el MP de Taxco dé la cara, que sean destituidas esas personas que no atendieron y ejercieron violencia institucional, necesitamos responsables, ayer estuvimos en Taxco tocamos las puertas del Ministerio Público y nos fueron cerradas”, mencionó.
Agregó que con esta movilización se demuestra la colectividad y rabia, para que los 81 Ayuntamientos destinen presupuesto para la prevención y atención contra la violencia de género.
“Exigimos que los institutos municipales atiendan dignamente a las mujeres, exigimos que no haya negligencia, que cuando una mujer, una de nosotras, cuando es acusada, va a interponer la denuncias no sea revictimizada, dejen de decir la calle oscura o la ropa, dejen de decir que nos gusta el coqueteo, porque el acoso en la calle, en el trabajo, nos lacera todo los días”, agregó.

“Queremos salir a la calle con la seguridad de no ser asesinadas o desaparecidas”, reclaman en Iguala

Las organizadoras de la marcha en Iguala, que son parte de las organizaciones Alianza Feminista y del colectivo Camina Violeta demandaron que se destinen y apliquen recursos del estado y la federación para que se dé cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género emitida en ocho municipios del estado, en el que se incluye Iguala.
La marcha de protesta y solidaridad para Magdalena Aguilar y su familia inició a las 5:40 de la tarde del monumento a La Patria Trigarante, recorrió la avenida Vicente Guerrero y las céntricas calles Independencia, Obregón y Aldama, hasta llegar al monumento a la Independencia donde hubo un mitin.
En la marcha que duró cerca de una hora las participantes mostraron mantas y cartulinas de apoyo a Magda y de exigencia de justicia a las autoridades.
Al frente se vio una lona con el texto: “Marcha por Magdalena Aguilar. Exigimos justicia. Ni una más, Justicia para Magda, Vivas nos queremos”, “ni una menos”, “todas somos Magda, queremos justicia. Pedimos justicia para Magda” y “Calladita no estás más guapa”. ¿Hasta cuándo ser mujer seguirá siendo un peligro? Basta, no más mujeres asesinadas”.
También fueron coreando diferentes consignas y se vio a trabajadoras de la Secretaría de Salud, que en algunos casos fueron compañeras de Magda durante sus prácticas y pasantías como Nutrióloga en el centro de salud de Taxco. Además participaron empleadas del Ayuntamiento de Iguala.
“Ni una más, ni una asesinada más… ni una más, ni una desaparecida más”, “Señor, señora, no seas indiferente se mata a las mujeres en su frente”, “Mujer escucha, únete a la lucha” y “No, no, no me da la gana ser asesinada por quién dice que me ama”, fueron algunas de las consignas que corearon.
Antes del inicio de la movilización, una de las organizadoras, Jazmín Cortés Barrera dijo que la marcha no es convocada por ningún partido político, “simplemente somos mujeres que expresamos nuestra libertad, mujeres que queremos salir a la calle con la seguridad de no ser asesinadas o desaparecidas”.
Frente a la sede del Ayuntamiento el contingente hizo una parada para hacer algunas demandas. Corearon a pregunta de una de las participantes que llevaba un megáfono “¿qué queremos?… justicia, justicia, justicia”.
Jazmín Cortés denunció que desconocen las acciones que han implementado los gobiernos estatal y municipal por la alerta de género, y demandó acciones para que no sigan ocurriendo más asesinatos en contra de mujeres, “exigimos a las autoridades que en verdad trabajen, que en verdad apliquen los recursos y que se invierta cada peso que llega de la federación para la alerta y programas que de verdad erradiquen la violencia hacia las mujeres”.
“Estamos aquí exigiendo justicia por Magda, porque hoy tiene nombre, ella es Magda, una mujer que no necesitaba morir para que hubiera marchas. Hoy estamos aquí para reclamar justicia por Magda y por todas las mujeres asesinadas”, dijo tras recordar los dos casos de mujeres que fueron asesinadas la semana pasada en la colonia Mártires del SNTE, al sur de Iguala.
“Ellos son nuestras autoridades y nos deben de proteger porque tenemos que regresar a nuestras casas sanas y salvas. Queremos salir a las calles de Iguala y sentirnos seguras, por eso hoy estamos manifestándonos la mujeres de Iguala porque estamos pidiendo justicia por Magda y cada una de las mujeres que han sido asesinadas”, reclamó.
Denunció la falta de interés de las autoridades para resolver los feminicidios que ocurren en el estado, y demandó que se implementen acciones de la alerta de género que realmente erradiquen la violencia hacia las mujeres.
Al alcalde de Iguala, Herón Delgado le exigieron que informe de las medidas de seguridad que implementa su gobierno para las mujeres, y que voltee los ojos a estos casos.

Demandan justicia de un caso de feminicidio en 2012

Durante el mitin en el monumento a la Independencia, una mujer, madre de Itzel Cristina Rompan Ramírez de 21 años, que fue asesinada por su novio en 2012, caso que fue calificado como feminicidio, exigió al gobierno que encuentre y castigue al hombre que mató a Magda.
“Le hago un llamado al gobernador Héctor Astudillo, porque sé que él nos va a ayudar. Estos niños no van a quedar desamparados”, dijo la mujer que agradeció al gobernador por el apoyo que le brindó en su caso.
Cristina Ramírez Quevedo narró a El Sur, que su hija fue asesinada el 19 de junio de 2012 por su entonces novio, José Fulgencio Vega Soto, quien la violó, la estranguló y después la colgó con una cuerda del cuello para simular que la joven de 21 años se había suicidado.
Dijo que tras una investigación que duró dos años, “pesó más el dinero que la verdad y la justicia”, pues el joven fue puesto en libertad por el juez César Abraham Calderón Torres, “porque lamentablemente no tuve dinero para comprar poderes judiciales”.
Dijo que apenas hace un año, luego de mucho tiempo de lucha y solicitar la intervención del gobernador Héctor Astudillo, nuevamente se libró otra orden de aprehensión en contra del asesino de su hija, quien dijo que anda prófugo y hasta donde saben huyó a Guatemala.
La marcha y el mitin concluyeron a las 7 de la noche bajo el acuerdo de que estarán convocando a más acciones de protesta por el caso de Magdalena Aguilar y otros feminicidios ocurridos en el estado.

 

Desalojan a comerciantes del viejo mercado central de Ayutla que se negaban a mudarse al nuevo

Policías municipales y empleados del Ayuntamiento de Ayutla encabezados por la presidenta municipal, Hortensia Aldaco Quintana, del PVEM, desalojaron violentamente a comerciantes del mercado del centro de la cabecera, y con maquinaria pesada destrozaron algunos locales para obligarlos a trasladarse al nuevo centro de abasto, ubicado en la salida a Cruz Grande.
Durante el desalojo, golpearon a unas 12 mujeres, quienes en la tarde presentaron su denuncia ante el Ministerio Público, informaron las afectadas, vía telefónica, quienes, además, informaron de la agresión mediante un video enviado al reportero vía WhatsApp.
Las comerciantes se niegan a cambiarse al nuevo mercado, debido a que con el sismo del 19 de septiembre tuvo cuarteaduras y no se ha hecho un dictamen de Protección Civil, denunciaron.
La presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, condenó que se haya ejercido violencia contra mujeres en un municipio en el que se declaró una alerta de género, y anunció que presentarán la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que en el transcurso del día se habían comunicado vía telefónica con el delegado del organismo en Guerrero, Hipólito Lugo Cortés.
Las comerciantes denunciaron que el desalojo por policías municipales y empleados del Ayuntamiento fue encabezado por la presidenta municipal, Hortensia Aldaco Quintana; el director de Seguridad Pública, Jesús Castro Apreza; el comandante de la Policía Municipal, Martín Ramos Morales; el director de Obras Públicas, Moisés Sánchez Guzmán; y el director de Protección Civil, Reveriano Flores.
Los policías y funcionarios llegaron a las 9 de la mañana al mercado que se encuentra a un costado del Palacio municipal, en el centro de esa cabecera municipal, y arremetieron a empujones con escudos contra más de 100 comerciantes que se niegan a trasladarse al nuevo mercado.
Según Obtilia Eugenio, en la agresión resultaron 12 mujeres golpeadas. Informó que a la hora de la agresión había mujeres, quienes trataron de impedir el desalojo.
Las comerciantes fueron replegadas y con un trascabo los empleados destruyeron los locales.
La comerciante, Wendy Molina Carrillo denunció que en la tarde los comerciantes se habían retirado por completo del antiguo mercado y que la máquina seguía destruyendo los locales. Agregó que las autoridades municipales les habían cortado la energía eléctrica, y se quejó de que a ella se le echaría a perder la carne que vende y que tiene almacenada en refrigeradores.
Explicó que la alcaldesa los quiere cambiar al nuevo mercado al sur de la cabecera, en la salida hacia Cruz Grande, y que no se niegan al traslado, pero que piden que se revisen las instalaciones afectadas con el sismo del 19 de septiembre.
Declaró que el estudio no se ha hecho, o cuando menos no les han dado a conocer los resultados, y que habían convenido que en tanto no estuvieran seguros de que no corren riesgos, seguirían en las antiguas instalaciones del centro de la cabecera municipal; sin embargo, ayer, sin aviso fueron desalojados violentamente.
Denunció que son unos 350 comerciantes los que se niegan a mudarse en tanto no haya un estudio de riesgos de las nuevas instalaciones, y que sólo unos 20 ya están en el nuevo edificio.
Explicó que a muchos que se niegan al traslado, la alcaldesa ya les quitó los locales a los que tenían derecho en las nuevas instalaciones, con el argumento de que “son revoltosos”, y que ya no tienen a dónde ir a vender ahora que han sido desalojados del antiguo mercado.
A su vez, la comerciante Eneida Lozano Reyes denunció que la alcaldesa pretende construir en la zona donde estaba el mercado una plaza comercial, en la que no están considerados los comerciantes locales.
El mercado que comenzó a ser demolido ayer tenía 40 años funcionando en ese lugar, de acuerdo con los comerciantes desalojados.