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Impunidad en las desapariciones de los 70 permitió que ahora resurgieran, dice un oficial de la ONU

El oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos señaló que Guerrero representa “dos momentos lacerantes” de la desaparición forzada de personas: la guerra sucia y la actualidad, durante su participación en la Tercera Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido en la Facultad de Filosofía y Letras.
Precisó que las diferencias de hace cuatro décadas con la fecha actual es que hace 40 años dos instancias federales ejercían la desaparición forzada como método de represión política, particularmente contra las disidencias de izquierda. Ahora se está perpetrando por una multiplicad de actores del Estado, incluso agentes de Tránsito y de Inmigración que han entregado a gente detenida a grupos de la delincuencia.
El funcionario participó como ponente en el segundo y último día de la jornada conmemorativa del Día del Estudiante que organiza el Colectivo Revueltas desde 2014, y coincidió con la denuncia de estudiantes de la escuela de Artes del asesinato de su compañero Raymundo Darwin Barrientos, ocurrido el día anterior.
García Campos expresó su conmoción por el homicidio dado que en su anterior visita a Guerrero, en el foro Las voces de la víctimas de un Estado fallido, hace dos semanas, conoció el asesinato de otro alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jahaziel Gálvez.
En la conferencia señaló que “desgraciadamente” Guerrero expresa la síntesis de dos momentos lacerantes por la desaparición forzada, “una práctica que se cometió desde los años 70 (la década de 1970), que no ha sido atendida por el Estado y que ha permitido el resurgimiento de la misma con niveles particularmente consternadores”.
En el contexto de la guerra sucia se puede hablar de la desaparición forzada como método de represión política contra disidencias de izquierda que optaron por la lucha armada o por el ejercicio de las libertades democráticas, y como brazo ejecutor a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Dirección General de Seguridad, explicó.
Consideró que entonces la descentralización política bastó para que el método de control y temor “cesara en su intensidad”, pero fue insuficiente para que los actores responsables rindieran cuentas, se revelara la verdad de lo ocurrido y se hiciera la reparación del daño.
Ahora ya no son hechos exclusivos de la Sedena o de Gobernación, sino de una multiplicidad de actores estatales omisivos, en un contexto de mayor complejidad que en los años 70.
“Las autoridades que perpetran de manera directa la conducta o la cometen de manera indirecta por consentimiento o aquiescencia, hacen posible que actores privados sean los que cometan actos de aprehensión de las víctimas. Esta dualidad de autoridades indolentes que han dejado de atender la función primaria de ofrecer seguridad, se ha convertido en factor de permisibilidad para que actores privados realicen actos de desaparición”.
Añadió que se estima que 30 por ciento de las desapariciones que ocurren en el país son niños y niñas, detenidos con distintos modos de operación. Como ejemplo señaló que hay registros de que agentes de Tránsito que entregan a personas a bandas de la delincuencia, y que agentes migratorios aprenden a migrantes centroamericanos a los que no se les vuelve ver, y que se presume son blancos de las redes de trata de personas.

Se necesitan respuestas estructurales ante la inoperancia del sistema de justicia

El oficial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alan García confirmó que Guerrero fue epicentro de la desaparición forzada y que el problema permanece y se extendió a otras entidades de la República, como un “brote endémico”.
Opinó que México precisa respuestas estructurales para resolver la inoperancia del sistema de justicia, para identificar a las personas que han sido desaparecidas y decir cuál fue su destino o paradero.
“En el caso de que hayan sido ultimadas que se verifique con mecanismos científicos la identidad, y que los restos sean de manera dignificada entregados a familiares, que se mantenga viva la memoria y se honre el legado de estas víctimas”.
Sin embargo, en el país las búsquedas “son fundamentalmente de escritorio” y en los servicios forenses “la ciencia está ausente”, denunció.
Advirtió que el Estado mexicano está jugando su reputación en la elaboración de una estrategia de cambios institucionales y normativos, “que aún no están a la altura del gran desafío”.
Destacó la contribución actores fundamentales en este proceso: las víctimas que reivindican sus demandas con protestas, organizaciones de la sociedad civil que promueven y entienden los derechos humanos, organismos internaciones que ya iniciaron un ciclo intenso de escrutinio y que han dado al Estado un catálogo amplio de recomendaciones para remontar el momento crítico que enfrenta, y la academia que está colocando sus saberes y conocimiento al servicio de la causa. En este último bloque colocó también a la población estudiantil.

Respaldo a los presos de la CRAC y a la universitaria Lucy Baltazar

A la actividad en Ciudad Universitaria acudieron también la esposa e hija del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, para dar su testimonio de la lucha de los familiares desde la aprehensión del luchador social ocurrida el 6 de noviembre de 2013.
La señora Ausencia Honorato Vázquez dijo que antes de la detención de su esposo ella no conocía nada de la lucha social, pero a él siempre le gustó apoyar a los campesinos y a los maestros, gestionar apoyos al campo y servicios en su barrio El Fortín, en Tixtla.
Recordó que como promotor de la CRAC acudió a los pueblos a organizar a la gente, que se interesó en formar policías comunitarias porque cuando llamaban a las policías municipal o estatal por problemas en los pueblos nunca llegaban, no obstante fue detenido en una excesiva operación de la Policía Estatal en Tixtla.
Añadió que durante tres días no supo en dónde se encontraba recluido, hasta que recibió una llamada del penal federal de Miahuatlán, Oaxaca.
“Desde que lo conozco a él le ha gustado la lucha y eso no le gusta al gobierno”, denunció con sencillez.
La mamá de la estudiante Lucy Baltazar Miranda, la señora Hermininia Miranda pidió apoyo a la comunidad universitaria para conseguir la libertad de su hija, una joven detenida y trasladada a un penal de máxima seguridad a pocos días de concluir la licenciatura de Artes, en 2014, como alumna de excelencia de la UAG.
En un escrito leído por una joven a su lado, señaló el origen humilde de la universitaria, que trabajó desde pequeña para sostenerse y apoyar a sus hermanos menores, descargando fruta, elaborando alimentos, vendiendo discos y en últimas fechas, tomando fotografías.
Está detenida en el penal federal de Coatlán del Río en el Estado de México, y se sabe muy poco de su detención porque la familia no tiene información del caso.
Informó que buscaron apoyo en las instituciones estatales pero un caso de humanidad fue complemente politizado, y Lucy continúa escribiendo cartas, pintando cuadros, escribiendo poesía, “sigue dándole al arte como un método de resistencia, seguimos organizándonos para que lo que le ha pasado a ella no quede en olvidó”.
Uno de los organizadores de la Jornada del Estudiante Detenido Desaparecido recriminó que ayer habría verbenas en Ciudad Universitaria para celebrar con música y alcohol el día del estudiante, auspiciadas por los directivos y el rector Javier Saldaña Almazán, quien no se pronunció por la joven detenida ni por los estudiantes asesinados en días recientes. No obstante llevó a la prensa la denuncia del ataque a su camioneta.

Guerrero es un territorio de dolor por las desapariciones, dice representante de la ONU en foro en el Congreso

Durante el foro Las víctimas de un Estado fallido, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Alan García calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” debido a las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos” y dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015 durante la irrupción de civiles armados, así como los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, son apenas la punta del iceberg que dan una idea de dónde y con quién estuvo el Estado en esos hechos.
El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez dijo que en la entidad la macro criminalidad se conjuga por la intervención de la delincuencia organizada y el Estado quienes han colocado a Guerrero como la primera entidad en desaparecidos y fosas clandestinas del país.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que en Guerrero se vive una “escena dantesca” y que el Ejército tiene permiso para matar desde la década de la guerra sucia (1970), lo que se agravaría si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, en tanto que el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada denunció que quienes practican la violencia y violan los derechos humanos son los grupos de poder fácticos tolerados por las autoridades.
El foro Las Víctimas de un Estado Fallido; desaparecidos, ejecutados y desplazados, fue organizado por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos), con motivo de los dos años de la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, del 9 al 14 de mayo, días en los que 30 ciudadanos fueron desaparecidos y de los cuales existen 16 denuncias formales.
Fue en la biblioteca del Congreso local pero fue desdeñado por los diputados locales que no asistieron a escuchar a los familiares de las víctimas, ni de los representantes de los organismos de derechos humanos.
Al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García habló de la desaparición de personas pero comenzó con una condena ante el asesinato de Miriam Rodríguez del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, ejecutada la noche del miércoles, dijo que este crimen “sacude la conciencia de quienes abrazamos la causa de los derechos humanos”.
Calificó a Guerrero como “un territorio de dolor” pero también de muchísima resistencia ante las ejecuciones, desapariciones y la “violación masiva a los derechos humanos”.
Dijo que lo que se vivió en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015 durante la irrupción de civiles armados, junto a los ataques a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, son apenas la punta del iceberg de un problema mucho más complejo en materia de desaparición de personas.
También los puso como ejemplo de violación masiva a los derechos humanos, “y uno se pregunta en dónde estuvo y con quién estuvo el Estado ese día”.
Para Alan García hablar de desaparición de personas, de desplazamientos y ejecuciones “es sin duda, hablar de tres de las violaciones más críticas a los derechos humanos”.
Destacó que la desaparición de personas ha tenido dos momentos, el de la guerra sucia que tuvo en Guerrero su epicentro, y el contexto actual de inseguridad y violencia.
Explicó que en la guerra sucia era un método de represión política instrumentado en contra de la disidencia de izquierda, y que es una asignatura que sigue vigente y aguarda una respuesta.

De 2007 a 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones, informa la CNDH

Antes Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), disertó sobre el contenido del informe que presentó ese organismo en abril sobre las desapariciones y las fosas clandestinas, que calificó como una problemática “compleja, dolorosa, lacerante e indignante para todos porque no hace distinciones de razas, credos, religiones y lo más grave, no ha sido erradicada”.
Destacó que las desapariciones constituyen una forma compleja de violaciones a derechos humanos que debe de ser encarada y comprendida de manera integral, “pues estamos ante una múltiple y continuada violación de distintos derechos reconocidos en los principales instrumentos internacionales”.
Las cifras de este informe establecen que de 2007 a octubre de 2016 se registraron 29 mil 903 de desapariciones. Del total 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal. El 82.7 por ciento del total se concentra en 11 entidades del país, entre ellas Guerrero, que reportó mil 155 casos de desaparición durante ese tiempo.
En cuanto a las fosas clandestinas, Ismael Eslava dijo que es preocupante también el hallazgo de “un número importante” de fosas clandestinas con cadáveres o restos humanos.
Agregó que la CNDH documentó que muchas ocasiones la búsqueda y localización de las fosas clandestinas es realizada por los familiares de las víctimas de desapariciones, “ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y de procuración de justica”.
Frente a casi un centenar de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y desplazados el visitador de la CNDH reconoció que los familiares que se han convertido en verdaderos investigadores, “que sin ningún tipo de recursos han acudido por sus propios medios a los distintos lugares para buscar a sus seres queridos, y como consecuencia exponen su integridad, a pesar de que esta actividad le corresponde a la autoridad”.
En cuanto a las cifras informó que del 1 de enero del 2007 a septiembre del 2016 se localizaron 855 fosas clandestinas de las que se exhumaron mil 548 cadáveres, de los cuales 155 son mujeres y mil 53 hombres. En 343 casos no se proporcionó el género.
Asimismo 621 eran mayores de edad, 28 menores de 18 años y en 899 casos no se señala el indicador. De los mil 548 cadáveres exhumados al corte de la información para la elaboración del informe, se habían identificado 796 cadáveres.
Del total 195 fosas se localizaron en Guerrero de las que se exhumaron 326 cadáveres, con lo que se ubicó en la entidad con el mayor número de fosas clandestinas encontradas, reconoció el visitador de la CNDH.

Cisis humanitaria: Centro Prodh

El presidente del Centro Prodh, Mario Patrón disertó sobre macro criminalidad. Dijo que en 10 años en la denominada guerra contra el crimen organizado, en México la violencia ha provocado desaparecidos y muertos más que en cualquier conflicto bélico, lo que coloca al país en una crisis humanitaria con sus 60 mil personas desaparecidas y 160 mil asesinadas.
Añadió que las víctimas se siguen acumulando ya sea por la impunidad, la falta de capacidad de las autoridades o por la corrupción, la falta de instituciones sanas, además de los problemas estructurales. Añadió que todo eso provoca graves violaciones a los derechos humanos.
Explicó que la macro criminalidad se entiende como la que se comete por el crimen organizado con la suma de las instituciones públicas.
Citó como ejemplos de macro criminalidad los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 donde murieron 6 personas, tres de ellos estudiantes, y desaparecieron 43 normalistas. También la irrupción de civiles armados en Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015, que dejó más de 30 desaparecidos.
Explicó que en ambos casos el crimen organizado contó con el contubernio de las autoridades federales, “esa es la macro criminalidad, la suma de las instituciones del poder público con el crimen organizado”.
Insistió que ambas acciones sólo pudieron suceder mediante la connivencia de las instituciones públicas con el crimen organizado, porque ¿dónde estaban las corporaciones federales, estatales y municipales cuando ocurrieron estos hechos?