Recuento de un conflicto que lleva 11 años

 Zacarías Cervantes Chilpancingo Las rivalidades políticas por los espacios de poder entre las organizaciones priístas Antorcha Campesina y la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) han provocado en el municipio de Zapotitlán Tablas por lo menos una docena de asesinatos de integrantes de la segunda, cuya dirigencia responsabiliza a miembros de Antorcha Campesina.

Mientras que para Antorcha Campesina, al menos nueve de sus integrantes han muerto a manos de miembros de la LARSEZ.

Uno de los hechos más violentos ocurrió el 11 de mayo, cuando cinco indígenas de la LARSEZ fueron asesinados a machetazos por policías estatales y municipales, cuando los agentes pretendían rescatar al alcalde panista Silvino Moso Porfirio, al momento que era retenido para sustituir a tres miembros de Antorcha Campesina que el munícipe liberó.

Esa noche fueron asesinados Paulino García Amado, Avelino Silva Merino, Roque Ramos Mejía, Silvestre Morán García e Hipólito García Amado.

A lo largo de este año también han muerto los larsistas María Domínguez Aguilar, Juan Felipe Rodríguez, Florentino García Amado Virginia Melo Juárez, Roberto Rodríguez Flores, y apenas la semana pasada Alfredo García Mentado.

Según el dirigente de la LARSEZ, Marcial Dircio Ortega, todos crímenes están relacionados con la masacre de los cinco miembros.

Dircio Ortega ha denunciado que en todos los casos se trata de agresiones de Antorcha Campesina, e incluso que la noche del 11 de mayo de 2003 participaron miembros de esa organización en la masacre.

Aun cuando existen cuando menos siete órdenes de aprehensión en contra de un igual número de policías estatales y municipales que participaron en los hechos, la Policía Judicial del Estado no ha ejecutado ninguna, a pesar de que los dirigentes larsistas señalan que los homicidas se encuentran en el municipio.

Asimismo, la semana pasada, la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó al juez de Tlapa que libere una orden de aprehensión en contra del alcalde Silvino Moso Porfirio; el síndico procurador Jesús Vázquez Pérez, y el regidor Ernesto Melo Candia, quienes son señalados de haber participado en los hechos, sin embargo el documento no ha sido expedido.

El recuento de Antorcha

Para la dirigencia de Antorcha Campesina, la violencia en ese municipio comenzó en 1993. Y es que el 18 de diciembre de ese año fueron baleados, en Ayotoxtla, los antorchistas Martín Aguilar Avilés y Angel Avilés Vázquez, asimismo fueron colgados Eliseo Aguilar Avilés, Melesio Aguilar Guzmán y Juvenal Aguilar.

Al día siguiente murió también el campesino Esteban Menecio Rosendo.

Los cuatro últimos fueron acusados de cometer asaltos, aunque según denunció en ese entonces la dirigencia de Antorcha Campesina, se trató de un hecho planeado por el cacique Rosendo Bolaños, para contrarrestar la presencia de esa organización que iba en aumento.

Esos seis asesinatos fueron, a partir de entonces, el parteaguas de un ambiente de violencia y de tensión que aún se vive.

Para Antorcha Campesina, a 11 años de esos hechos, cuando menos nueve de sus miembros han sido asesinados sólo en las localidades de Ayotoxtla y Escalerilla Lagunas, y otros 32 han sido retenidos, golpeados y torturados por miembros de la LARSEZ.

Uno de los casos que provocaron la movilización de los antorchistas fue la muerte por tortura del campesino Pablo García Nayo, quien junto con Herminio Catalán Sánchez, Rafael de Jesús Refugio y Onofre Mayo Merino fueron secuestrados por larsistas el 1 de junio de 2002.

Como consecuencia de los golpes que recibieron, García Nayo falleció dos días después.

Pero las más recientes víctimas antorchistas son Benjamín Parra García y su esposa Otilia Trujillo, quienes fueron baleados el 27 de abril.

Parra García era activista de Antorcha Campesina en la región, y quien exigía aplicar la ley contra Cornelio Jerónimo Dircio, Francisco Aurelio García y Gonzalo Parra García, los cuales encabezaron el secuestro y mataron al campesino García Nayo.

Según la organización, también hay toda una cadena de allanamientos, robos y destrucción de viviendas, tomas de inmuebles, amenazas y bloqueos de carretera por parte de los larsistas, de quienes sus dirigentes cuentan con el respaldo y la protección de las autoridades estatales.

Señalan que una de las evidencias, es el hecho de que el dirigente Marcial Dircio Ortega fue, hasta junio de 2002, delegado de Gobernación en la zona, a pesar de que encabezaba algunos ataques.

Dircio Ortega fue detenido en junio de 2002, por el delito de portación de arma de fuego. El dirigente larsista fungía en ese tiempo también como precandidato del PRI a la Presidencia Municipal.

El subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia e el Estado, Antonio Nogueda Carvajal, admitió que todos estos hechos de violencia en este municipio de La Montaña están relacionados entre sí por las venganzas políticas entre la LARSEZ y Antorcha Campesina.

Pero hasta ahora la actuación de la PGJE no ha sido definitiva en la aplicación de la ley.