El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, arremetió ayer contra el ex procurador Alberto López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque que sufrieron normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo en la Autopista del Sol, donde fueron asesinados dos estudiantes.
También lo señaló de haber intervenido para que se integrara de manera deficiente la averiguación correspondiente a esos hechos para obtener “protección federal” y manipular las pruebas que existían en su contra.
Ayer se publicó en estas páginas un desplegado de López Rosas, quien era procurador de Justicia cuando fueron asesinados los dos estudiantes de Ayotzinapa, en el que manifestó que a cinco años de esos hechos prevalece la impunidad y exigió la reapertura de la investigación de ese caso.
También acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “de ese tiempo” de proteger a policías federales que participaron en el desalojo y que, a diferencia de los estatales y ministeriales, no fueron detenidos ni procesados.
En respuesta, Xavier Olea calificó como “ignominioso y lamentable” lo señalado en el desplegado, y criticó que López Rosas esté exigiendo “lo que él, por su supina ignorancia en la materia de mérito, no pudo resolver”.
Olea Peláez aseguró que el ex procurador carece “de altura de miras” para demandar la reapertura de la investigación y señalar que prevalece la impunidad.
Mediante un comunicado, el fiscal aseguró que la actual administración de la FGE ha redoblado esfuerzos por la justicia, sin amiguismo ni corrupción, lo que, aseguró, sí ocurrió cuando el ahora coordinador de asesores del alcalde de Acapulco estaba al frente de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el gobierno de Ángel Aguire Rivero.
“Las averiguaciones previas y las carpetas de investigación se integran conforme a derecho, y no como antaño se hacía conforme a los intereses mezquinos de su titular”, dice el comunicado, y negó que se haya protegido a policías federales, como lo expresó en el desplegado López Rosas.
“La auténtica verdad es que el ex procurador aquél día (el 12 de diciembre de 2011) ante su ignorancia jurídica y política se equivocó y, con su manifestación en los medios de difusión, pretende lavarse las manos, cuando todo Guerrero sabe que desde su escritorio – porque de ahí no se movía–, ordenó la agresión a los estudiantes”.
El fiscal indicó que luego de ordenar el ataque, en el que perdieron la vida los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el entonces procurador se empeñó en manipular las pruebas que existían en su contra.
Explicó que si bien la justicia federal “les otorgó (a los inculpados) la protección federal”, esto ocurrió por supuestas deficiencias en la averiguación que se integró, por intervención de López Rosas.
Además expresó que la Procuraduría carecía de elementos que tuvieran preparación suficiente en materia penal y constitucional para integrar adecuadamente las indagatorias.
“Al efecto, resulta de explorado derecho, que en atención a que se juzgó a los servidores públicos que fueron oportunamente procesados, resulta hoy imposible volver a integrar una nueva indagatoria o carpeta de investigación por esos hechos, puesto que ello violentaría las garantías constitucionales de los gobernados, sean quienes sean, puesto que existe ya una resolución de amparo”, dice el boletín.
Por esta situación, Olea Peláez señaló que no se puede acusar que existe impunidad en el caso, toda vez que sólo se cumple la ley.
Finalmente, dijo que el trabajador de la gasolinera Eva II, Gonzalo Rivas Cámara, quien sufrió heridas tras el incendio de una despachadora de combustible, fue una víctima de su actuación como procurador “y un héroe” reconocido post mortem por el Senado con la medalla Belisario Domínguez.